Centenares de padres han pedido ayuda a los servicios sociales ante una convivencia problemática· "Son chicos que no asumen normas, que no han recibido límites", dice un experto
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 13/05/2007
A finales de abril, una madre asturiana llamada Mónica López pidió en televisión que los servicios sociales de su comunidad se hiceran cargo de su hija de 13 años. Se sentía incapaz de controlar su rebelde adolescencia. La petición se repite en otros puntos de España. Centenares de familias han solicitado lo mismo que Mónica y, en al menos 154 ocasiones, la Administración ha considerado que los problemas entre padres e hijos eran tan graves como para ingresar temporalmente a los niños en centros. Esto sólo ocurre en algunas comunidades como Madrid, Asturias y Castilla-La Mancha. En otras, bajo el argumento de que son los padres los que deben velar por el bienestar de sus hijos, jamás se les aparta de ellos.
"No puedo ya más con mi hija; quédense con ella, por favor". Ésta fue la petición que hizo Mónica López, madre de una adolescente de 13 años, a los servicios sociales asturianos a finales del pasado abril. Lanzó su desesperación a los medios de comunicación.
La mujer relataba que la niña tenía, desde hacía años, un comportamiento agresivo dentro de la familia y fuera de ella, que se fugaba con su novio, que robaba y que estaba absolutamente fuera de control, por lo que deseaba que la reeducaran en un centro. La comunidad autónoma está interviniendo con la familia para ver cuál es la mejor solución.
El caso de Mónica López no es único. Como ella, centenares de familias acudieron a sus comunidades autónomas en 2006 con la misma historia: relatando su incapacidad para hacerse cargo de un hijo supuestamente incontrolado e incontrolable. A veces, con malos tratos incluidos. En al menos 154 casos las autoridades consideraron que era necesario llevar al menor a un centro para poder trabajar con la familia por separado: con el hijo por un lado y con el resto de la familia, por otro. Siempre con la idea de que vuelvan a estar juntos lo antes posible, aunque esto no siempre es factible. Hay más casos, pero algunas comunidades no llevan un registro. En algunos supuestos hay trastornos mentales detrás, pero en otros se trata sencillamente de jóvenes sin límites y de una convivencia que se va deteriorando hasta romperse por completo.
Para que una comunidad autónoma asuma la tutela de un niño o adolescente, éste tiene que estar en "situación de desamparo", como exige la ley. Esto implica retirar a los padres la patria potestad -la capacidad para decidir sobre lo que afecta al menor-.
Otra posibilidad es la guarda. Es una figura para dar apoyo temporal a menores que no pueden ser bien atendidos por sus padres, por circunstancias graves. La comunidad se queda con ellos, pero la patria potestad la sigue teniendo la familia. En la interpretación y aplicación de estos términos radica la discrepancia entre las comunidades. Tener a un hijo fuera de control, ¿implica que no tienen capacidad para cuidarlo, que está desamparado? ¿Apartar al menor es necesario para protegerlo o es malo para él?
La respuesta de los servicios sociales varía enormemente según las regiones. Algunas, como Madrid, Castilla-La Mancha y Asturias, consideran que a veces es necesario separar al hijo de los padres, aunque sólo como un último recurso. "Hay veces que las relaciones están tan deterioradas que juntos no pueden reconstruir la convivencia", opina un portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Otras, como Canarias, sostienen que la comunidad puede ofrecer todo tipo de asistencia y ayuda, pero que no puede asumir la tutela y llevarlos a un centro. "Son niños que tienen una familia que les puede y debe cuidar", explican. Finalmente, hay comunidades, como Valencia y Cataluña, que afirman no tener ningún caso como el de la madre asturiana.
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha introduce un elemento interesante para el debate: "El problema muchas veces no son los niños en sí mismos, sino las pautas de convivencia en la familia. Son chicos que no asumen normas, que no respetan la figura de los padres, que no han recibido límites, que no saben valorar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Así que lo que hay que conseguir no es sólo que ellos se porten mejor, sino que todos aprendan a relacionarse de otra manera y a comunicarse. En ocasiones todo proviene de tensiones de pareja, entre los padres, que repercuten en los hijos. Es muy importante identificar el foco del problema".
Todos los psicólogos consultados coinciden en esta idea básica: no se trata de llevar al hijo a que lo arreglen, sino que los padres tienen que pensar qué pueden hacer ellos para mejorar la relación.
Las comunidades y Ayuntamientos insisten en la necesidad de prevenir y recomiendan a las familias que acudan a los servicios sociales o pidan ayuda -terapia psicológica, escuelas de padres o mediación intergeneracional- en cuanto comiencen los problemas para que no se llegue a la situación extrema de la madre asturiana. Es lo que han hecho Milagros y Sandra. Madre e hija elaboraron un decálogo de derechos y deberes de padres e hijos en unas sesiones de mediación en su colegio a través de un programa del Ayuntamiento de Madrid y aseguran que salieron con "nuevas herramientas" para afrontar los problemas de la convivencia.
¿Hay ahora más conflictos familiares que los que tuvieron otras generaciones? "Es una sociedad muy distinta de la de hace 20 o 30 años", señala Mercedes Navarro, secretaria de Acción Social, el Menor y la Familia de Murcia. "Hay mucha libertad, pero para que pueda ser bien ejercida hay que saber hasta dónde llega. No es buen método educativo dejar a los niños hacer lo que quieren, porque se pierden, no toleran las frustraciones de la vida y les cuesta asumir que no siempre pueden ganar y que hay reglas de comportamiento que deben seguir". Esas normas son las que establecieron Milagros y Sandra en su catálogo de derechos y deberes para ambas. Por ahora, lo están cumpliendo. elpais
El día en que se fue la hija de Carmen
Durante años una madre gallega trató sin éxito de que atendieran a su hija en un centro. Pero la Administración sólo la ingresó cuando cometió un delito
La hija de Carmen se le ha ido de casa y de las manos. "No acepta las normas: sólo quiere libertad y espacio", explica derrotada. Desde los 13 años la niña no ha dejado de fugarse y, finalmente, ha alcanzado la mayoría de edad en un centro de menores en donde cumple condena por robo, fruto de una de sus múltiples escapadas. Únicamente al delinquir, la Administración se ha hecho cargo de ella. Tras un periplo de cinco años en busca de ayuda, sus padres han recibido por respuesta de la Xunta de Galicia un continuo "no está desamparada, tiene familia" que los ha dejado a solas con el problema: su hija.
María -nombre bajo el que Carmen S. preserva la identidad de su hija- se ha pasado la adolescencia en conflicto. Sus padres la adoptaron cuando tenía 10 años creyendo que la rescataban de un pasado de carencias afectivas. "Pero esto [la adopción] no determina nada", se apresura a matizar la madre.
Tras cinco años de frustraciones, Carmen ha llegado a la conclusión de que el problema de María no es una cuestión educacional; de que no tiene nada que ver el cóctel hormonal adolescente que la dispara en busca de libertad y discotecas. Lo de su hija, dice, es un problema psiquiátrico: "Sólo es feliz sin normas, porque no está bien". Y en busca de esa anchura permisiva, la niña, educada en un "buen colegio privado", protagonizó la primera fuga a los 13 años. Estuvo dos días en la calle hasta que la policía la devolvió a casa. El tiempo suficiente para la desinhibición total: alcohol, drogas y sexo. Desde entonces, las escapadas fueron continuas.
Al auxilio solicitado por los padres, la Vicepresidencia de la Xunta ha contestado invariablemente que "la niña no está desprotegida, sino que tiene una familia que la quiere". Pero con amor familiar, entre crisis y fugas, María se ha pasado la adolescencia destruyéndose. Sólo una especialista consiguió algo con ella: ocho meses sin echarse a la calle, aunque con desayuno y cena en un hospital del que sólo salía para ir a las clases. Fue la psiquiatra quien les advirtió de que en este caso no existía un problema que requiriera reeducación, sino que la chica padecía "personalidad límite".
"Es la historia de mi hija", señala Carmen sobre cada caso de adolescente con problemas que ve en televisión o en prensa, "sólo que todos lo achacan a la adolescencia. Y mi hija tiene una enfermedad". Por ello, reclama una granja terapéutica como sustituto del tranquilizante que toma y de la habitación-jaula que le construyeron en casa, "con barrotes y una puerta laminada en acero". elpais
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 13/05/2007
A finales de abril, una madre asturiana llamada Mónica López pidió en televisión que los servicios sociales de su comunidad se hiceran cargo de su hija de 13 años. Se sentía incapaz de controlar su rebelde adolescencia. La petición se repite en otros puntos de España. Centenares de familias han solicitado lo mismo que Mónica y, en al menos 154 ocasiones, la Administración ha considerado que los problemas entre padres e hijos eran tan graves como para ingresar temporalmente a los niños en centros. Esto sólo ocurre en algunas comunidades como Madrid, Asturias y Castilla-La Mancha. En otras, bajo el argumento de que son los padres los que deben velar por el bienestar de sus hijos, jamás se les aparta de ellos.
"No puedo ya más con mi hija; quédense con ella, por favor". Ésta fue la petición que hizo Mónica López, madre de una adolescente de 13 años, a los servicios sociales asturianos a finales del pasado abril. Lanzó su desesperación a los medios de comunicación.
La mujer relataba que la niña tenía, desde hacía años, un comportamiento agresivo dentro de la familia y fuera de ella, que se fugaba con su novio, que robaba y que estaba absolutamente fuera de control, por lo que deseaba que la reeducaran en un centro. La comunidad autónoma está interviniendo con la familia para ver cuál es la mejor solución.
El caso de Mónica López no es único. Como ella, centenares de familias acudieron a sus comunidades autónomas en 2006 con la misma historia: relatando su incapacidad para hacerse cargo de un hijo supuestamente incontrolado e incontrolable. A veces, con malos tratos incluidos. En al menos 154 casos las autoridades consideraron que era necesario llevar al menor a un centro para poder trabajar con la familia por separado: con el hijo por un lado y con el resto de la familia, por otro. Siempre con la idea de que vuelvan a estar juntos lo antes posible, aunque esto no siempre es factible. Hay más casos, pero algunas comunidades no llevan un registro. En algunos supuestos hay trastornos mentales detrás, pero en otros se trata sencillamente de jóvenes sin límites y de una convivencia que se va deteriorando hasta romperse por completo.
Para que una comunidad autónoma asuma la tutela de un niño o adolescente, éste tiene que estar en "situación de desamparo", como exige la ley. Esto implica retirar a los padres la patria potestad -la capacidad para decidir sobre lo que afecta al menor-.
Otra posibilidad es la guarda. Es una figura para dar apoyo temporal a menores que no pueden ser bien atendidos por sus padres, por circunstancias graves. La comunidad se queda con ellos, pero la patria potestad la sigue teniendo la familia. En la interpretación y aplicación de estos términos radica la discrepancia entre las comunidades. Tener a un hijo fuera de control, ¿implica que no tienen capacidad para cuidarlo, que está desamparado? ¿Apartar al menor es necesario para protegerlo o es malo para él?
La respuesta de los servicios sociales varía enormemente según las regiones. Algunas, como Madrid, Castilla-La Mancha y Asturias, consideran que a veces es necesario separar al hijo de los padres, aunque sólo como un último recurso. "Hay veces que las relaciones están tan deterioradas que juntos no pueden reconstruir la convivencia", opina un portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Otras, como Canarias, sostienen que la comunidad puede ofrecer todo tipo de asistencia y ayuda, pero que no puede asumir la tutela y llevarlos a un centro. "Son niños que tienen una familia que les puede y debe cuidar", explican. Finalmente, hay comunidades, como Valencia y Cataluña, que afirman no tener ningún caso como el de la madre asturiana.
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha introduce un elemento interesante para el debate: "El problema muchas veces no son los niños en sí mismos, sino las pautas de convivencia en la familia. Son chicos que no asumen normas, que no respetan la figura de los padres, que no han recibido límites, que no saben valorar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Así que lo que hay que conseguir no es sólo que ellos se porten mejor, sino que todos aprendan a relacionarse de otra manera y a comunicarse. En ocasiones todo proviene de tensiones de pareja, entre los padres, que repercuten en los hijos. Es muy importante identificar el foco del problema".
Todos los psicólogos consultados coinciden en esta idea básica: no se trata de llevar al hijo a que lo arreglen, sino que los padres tienen que pensar qué pueden hacer ellos para mejorar la relación.
Las comunidades y Ayuntamientos insisten en la necesidad de prevenir y recomiendan a las familias que acudan a los servicios sociales o pidan ayuda -terapia psicológica, escuelas de padres o mediación intergeneracional- en cuanto comiencen los problemas para que no se llegue a la situación extrema de la madre asturiana. Es lo que han hecho Milagros y Sandra. Madre e hija elaboraron un decálogo de derechos y deberes de padres e hijos en unas sesiones de mediación en su colegio a través de un programa del Ayuntamiento de Madrid y aseguran que salieron con "nuevas herramientas" para afrontar los problemas de la convivencia.
¿Hay ahora más conflictos familiares que los que tuvieron otras generaciones? "Es una sociedad muy distinta de la de hace 20 o 30 años", señala Mercedes Navarro, secretaria de Acción Social, el Menor y la Familia de Murcia. "Hay mucha libertad, pero para que pueda ser bien ejercida hay que saber hasta dónde llega. No es buen método educativo dejar a los niños hacer lo que quieren, porque se pierden, no toleran las frustraciones de la vida y les cuesta asumir que no siempre pueden ganar y que hay reglas de comportamiento que deben seguir". Esas normas son las que establecieron Milagros y Sandra en su catálogo de derechos y deberes para ambas. Por ahora, lo están cumpliendo. elpais
Durante años una madre gallega trató sin éxito de que atendieran a su hija en un centro. Pero la Administración sólo la ingresó cuando cometió un delito
La hija de Carmen se le ha ido de casa y de las manos. "No acepta las normas: sólo quiere libertad y espacio", explica derrotada. Desde los 13 años la niña no ha dejado de fugarse y, finalmente, ha alcanzado la mayoría de edad en un centro de menores en donde cumple condena por robo, fruto de una de sus múltiples escapadas. Únicamente al delinquir, la Administración se ha hecho cargo de ella. Tras un periplo de cinco años en busca de ayuda, sus padres han recibido por respuesta de la Xunta de Galicia un continuo "no está desamparada, tiene familia" que los ha dejado a solas con el problema: su hija.
María -nombre bajo el que Carmen S. preserva la identidad de su hija- se ha pasado la adolescencia en conflicto. Sus padres la adoptaron cuando tenía 10 años creyendo que la rescataban de un pasado de carencias afectivas. "Pero esto [la adopción] no determina nada", se apresura a matizar la madre.
Tras cinco años de frustraciones, Carmen ha llegado a la conclusión de que el problema de María no es una cuestión educacional; de que no tiene nada que ver el cóctel hormonal adolescente que la dispara en busca de libertad y discotecas. Lo de su hija, dice, es un problema psiquiátrico: "Sólo es feliz sin normas, porque no está bien". Y en busca de esa anchura permisiva, la niña, educada en un "buen colegio privado", protagonizó la primera fuga a los 13 años. Estuvo dos días en la calle hasta que la policía la devolvió a casa. El tiempo suficiente para la desinhibición total: alcohol, drogas y sexo. Desde entonces, las escapadas fueron continuas.
Al auxilio solicitado por los padres, la Vicepresidencia de la Xunta ha contestado invariablemente que "la niña no está desprotegida, sino que tiene una familia que la quiere". Pero con amor familiar, entre crisis y fugas, María se ha pasado la adolescencia destruyéndose. Sólo una especialista consiguió algo con ella: ocho meses sin echarse a la calle, aunque con desayuno y cena en un hospital del que sólo salía para ir a las clases. Fue la psiquiatra quien les advirtió de que en este caso no existía un problema que requiriera reeducación, sino que la chica padecía "personalidad límite".
"Es la historia de mi hija", señala Carmen sobre cada caso de adolescente con problemas que ve en televisión o en prensa, "sólo que todos lo achacan a la adolescencia. Y mi hija tiene una enfermedad". Por ello, reclama una granja terapéutica como sustituto del tranquilizante que toma y de la habitación-jaula que le construyeron en casa, "con barrotes y una puerta laminada en acero". elpais
