PeaceEl sistema educativo venezolano enfrenta el gran reto de generar una cultura de paz en un ambiente desbordado de conflictos, que han rebasado las puertas de los centros escolares
David González 22/MAY/07 CARACAS, VE
Daniel De Abreu, estudiante de 15 años de edad, estaba en un aula de la unidad educativa Simón Bolívar de Los Teques, Miranda, cuando recibió un disparo en la ingle. Un docente lo llevó en automóvil al hospital Victorino Santaella de la ciudad. Dalia de De Abreu, madre del muchacho, llegó al centro de salud en un taxi apenas se lo permitió el tránsito de la capital mirandina, complicado aquella tarde por la lluvia. La mujer había despedido a su hijo a las 6:30 am cuando iba a clases; pero a las 2:05 pm la llamaron por el teléfono celular. "Estaba tranquila, haciendo unas diligencias, porque Daniel estaba estudiando. Se supone que hechos como estos no deben pasar en una escuela".
De Abreu murió al día siguiente, después de haber sido sometido a cuatro operaciones. Cumplirá cuatro meses de fallecido el miércoles. Su madre ha escuchado muchas cosas en ese tiempo.
Dice que los compañeros que estaban con su hijo lo dejaron solo luego de la detonación y que el adolescente se las arregló como pudo para salir del salón y pedir auxilio a los profesores.
"El muchacho que disparó confesó, dijo que lo hizo accidentalmente. Lo he visto, está libre y estudiando. Mi hijo era tranquilo, se portaba bien, tenía derecho a recibir educación y ahora está enterrado".
La familia De Abreu ha atravesado una experiencia sobre cómo la inseguridad y la violencia pueden cruzar las puertas de los planteles y ocasionar consecuencias fatales. El alcance del problema, para muchos, es una incógnita; aunque hay noticias sobre uso de armas blancas y de fuego, sobre robos de bienes y dinero, sobre distribución de drogas y sobre resolución no pacífica de conflictos en distintas escuelas. Dos semanas después de la muerte de De Abreu las autoridades enfrentaron nuevos incidentes con armas en centros educativos.
La Policía Metropolitana entregó en febrero pasado a la Fiscalía a tres estudiantes del colegio Fe y Alegría de La Rinconada, Caracas, que se pasaban de mano en mano un bolso con una pistola desarmada, según las autoridades. Ese mes, en el sector El Rincón de Los Teques, la Policía de Miranda debió intervenir en la unidad educativa Guarenas porque un estudiante llevaba un revólver calibre 38, que era solicitado por la policía científica desde hace 9 años. No hubo, en esos episodios, un desenlace semejante al del alumno del colegio Simón Bolívar.
En septiembre de 2005 se desarrolló en Valencia, Carabobo, un congreso sobre seguridad escolar organizado por la alcaldía de la ciudad, la policía municipal y el consejo local de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los participantes, más de 200, propusieron en la declaración final crear una red nacional para hacer seguimiento estadístico de los hechos violentos en los centros educativos. "No podemos seguir desconociendo las verdaderas dimensiones, manifestaciones y la dinámica misma de tan complejo problema", se señaló en la Declaración de Valencia. Una de las principales inquietudes era definir la tipología de aquellos actos que se contarían dentro del registro del fenómeno general.
"Hubo consenso en que era necesaria una herramienta así para comprender mejor el asunto sobre el que se han hecho pocas investigaciones", recuerda Antonia Padrón de Melet, asesora de la Dirección de Relaciones Comunitarias de la Policía de Valencia, y quien recibió el testigo después de la muerte del criminólogo Andrés Berti, promotor del congreso.
La Dirección de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Justicia creó el año pasado 159 comités preventivos estudiantiles en centros educativos "con alto índice de violencia", según se indicó en la memoria y cuenta entregada en 2007. Se hicieron talleres para 2.414 padres y 16.640 alumnos.
Muchas dimensiones
El Centro para la Paz y los Derechos Humanos y Cecodap elaboraron en julio de 2005 un estudio sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes. Advertían que no existían estadísticas confiables y que había un gran subregistro por falta de denuncias y una percepción general de los hechos violentos, en sus manifestaciones no delictuales, como normales. En el documento se citó un estudio realizado por un observatorio de derechos humanos en un liceo caraqueño: los propios alumnos construyeron los cuestionarios y recogieron la información. Casi un tercio identificó la violencia como el principal problema.
Un joven manifestó que había abandonado los estudios después de tener "problemas de vándalos". En el relato señala que no se dejó someter a la voluntad de otro compañero y, en la reacción, comenzó a ser visto como un alumno "mala conducta". El desenlace del conflicto fue marginarse de la población escolarizada. Otro testimonio es el de un muchacho de educación básica que jugaba baloncesto con sus compañeros en una cancha hasta el momento en que los estudiantes de diversificada lo sacaron a la fuerza. "Me fui donde mi tío, le pedí la pistola, primero me dijo que no, pero cuando le expliqué me la dio, me llegué al liceo donde estaba él, le saqué la pistola, lo humillé, le dije que aprendiera a respetar a los menores".
Oscar Misle, investigador de Cecodap, una organización defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, explica que la violencia en centros escolares es una manifestación visible de un problema cuyo origen no puede atribuirse a una sola causa: "Desde el hogar se impone la referencia del castigo físico, y se valida el criterio de que pegar es una opción válida para corregir. De ese modo se da una luz verde a la agresión como una opción para cumplir con las expectativas".
Misle añade que la escuela construyó un modelo en el que prevalece la transmisión de información de una manera vertical, del profesor al alumno, que no deja espacios para ejercer los derechos a disentir, a opinar y a ventilar sentimientos. Cree que el mensaje de los medios de comunicación y de los recursos de entretenimiento, como los videojuegos, completan un discurso en el cual la destrucción del otro es banalizada. Así, la violencia, por esas vías y por otras, se expresa a través de un arma de fuego, de una riña grabada y difundida en Internet (moda de algunos colegios privados); de la discriminación de los que son diferentes; y del "chalequeo", definido por Misle como la burla y diversión a costa de los demás.
María de Queipo, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, advierte que el problema traspasa las fronteras del país. "Hay un mundo que ha privilegiado las cuestiones materiales, el hedonismo y ha dejado de un lado al ser humano. Nosotros luchamos por rescatar a la persona en un contexto lleno de antivalores. No estamos en un paraíso terrenal hoy, pero estamos dando los pasos correctos". Hace un mes y una semana se remitió una comunicación al Ministerio de Educación para solicitarle al ministro Adán Chávez una entrevista sobre el tema. No se obtuvo respuesta alguna para la petición escrita.
Nuevos paradigmas
Anahí Arizmendi, miembro del Consejo Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, afirma que no puede generalizarse en la percepción del problema: "Ni hay violencia en todos los centros educativos, ni son violentos todos los estudiantes de aquellos planteles donde han ocurrido hechos como esos".
Arizmendi señala que han sido creadas más de 200 defensorías escolares que se han constituido como instancias para impulsar la resolución de conflictos por vías no violentas.
Una segunda política ha sido fomentar el cambio de los reglamentos escolares por las llamadas normas de convivencia, en cuya redacción participa el estudiantado. "Está claro que las soluciones son más duraderas si a los alumnos se les incorpora en procesos como estos", agrega la consejera, quien además preside la Fundación Caracas para los Niños de la Alcaldía Mayor de Caracas. La promulgación de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente ha sido, para Arizmendi, clave para establecer derechos y obligaciones.
La Declaración de Valencia proponía un cambio de enfoque de los reglamentos disciplinarios para lograr la paz escolar. Cecodap, además, asesora a los planteles Fe y Alegría para la creación de los llamados centros escolares de ciudadanía y convivencia como una herramienta para la prevención de la violencia.
"Esa es una realidad social que afecta a todo el país de una manera u otra", dice Carlos González, oficial III de la Policía Escolar de la Policía de Caracas, y la cual cubre 120 escuelas del municipio capitalino. "Consideramos que somos la punta de lanza de la prevención", añade el funcionario.
Un muchacho que estudiaba en un colegio privado de El Paraíso perdió el año escolar luego que uno de sus compañeros le intentó robar. Su hermana relató la historia: "Él tenía su grupo de amigos en el liceo y un compañero que a veces salía con ellos empezó a fastidiarlo y a decirle que le vendiera sus zapatos. Mi hermano le dijo que no los estaba vendiendo. Al día siguiente, su compañero llegó con una pistola y, a la salida, le dijo que se los diera o lo mataba".
El adolescente fue cambiado a un colegio militar.
Política nacional
El hallazgo del arma dentro del colegio Fe y Alegría de La Rinconada fue una experiencia amarga.
"Era la época de carnavales y todos estábamos pendientes de que los estudiantes no entraran con huevos, ni con bombas de agua", recuerda Betty Vásquez, directora de la institución. La docente tiene 26 años de trabajo en el colegio y nunca había tenido noticias de nada parecido. Avisar a la policía fue duro: "La ley no sólo fija derechos, sino también responsabilidades para todos".
Vásquez dijo que se hace énfasis especial en la educación en valores y en evitar que los conflictos de los barrios que rodean a la institución tengan réplicas dentro del plantel. "Aquí se tienen que olvidar de esas cosas y respetar a los demás". La educadora expresa que la creación de los centros de convivencia favorece un clima armónico.
Misle considera que debe formularse una política nacional con respuestas integrales sobre la materia. Los cuerpos de policía, como la de Libertador, han asumido la tarea de llevar charlas preventivas y didácticas sobre los temas referidos a la violencia, a los derechos y obligaciones derivados de la Lopna, a la prevención del consumo de drogas en las aulas. También han desarrollado la política de crear brigadas escolares como un mecanismo de participación y de creación de identidad para los estudiantes.
La Policía Escolar de Libertador tiene 15 años de antigüedad y, según González, el trabajo y la presencia ha contribuido a prevenir hechos lamentables.
Las escuelas, junto con la familia, la comunidad y el Estado, enfrentan el desafío de generar una cultura de paz en un ambiente en el que la violencia penetra todos los espacios. Después de la muerte de De Abreu, el Ministerio de Educación nombró una comisión para reestructurar la unidad educativa Simón Bolívar.
El equipo, en principio, no fue bien acogido por el estudiantado. Se cambiaron horarios y se concertaron controles para evitar nuevos incidentes, aunque la comunidad demandaba detectores de metales en la entrada. "Uno de los objetivos era restituir la armonía", explica Subdelina Martínez, miembro de la comisión.
Dalia de De Abreu perdió la confianza en la institución y sacó a su otro hijo, que también estudiaba allí. Se ha dedicado a hacer seguimiento de la actuación de las autoridades. No le queda sino demandar que se haga justicia.
Proponen perímetro de seguridad
El intercambio de disparos comenzó poco antes de las 5:00 pm, cuando todavía había algunos alumnos en la escuela nacional Felipe Tejera ubicada en la planta baja del bloque 38 del 23 de Enero, Caracas. Un enfrentamiento entre bandas obligó a los profesores a resguardar a los alumnos en un punto seguro de la institución, donde hay alumnos de primera, segunda y tercera etapa.
"Nos echamos al piso porque no sabíamos de dónde venían las balas", relata el profesor Simón Bastardo, encargado de impartir clases de inglés.
Los estudiantes pedían que contactaran a sus padres y madres para que no se acercaran al perímetro del centro educativo. El personal obrero aseguró las dos puertas de entrada y salida en medio de los disparos.
"Los niños se asustaron mucho, debimos calmarlos y al día siguiente adelantamos la salida por previsión. Aquí nunca llegó apoyo policial de ningún tipo", añade el docente. El hecho ocurrió el viernes 4 de mayo.
Los alumnos de la escuela han sufrido otros percances. Extraños que han penetrado en las instalaciones y han robado a los alumnos en la propia sede de la escuela nacional. "Han sido casos aislados pero han ocurrido", añade.
Las escuelas no están a salvo del entorno. Los participantes en el congreso de seguridad escolar realizado en Valencia en septiembre de 2005 propusieron a las alcaldías del país que emitieran decretos para crear perímetros especiales alrededor de los colegios para evitar la cercanía, entre otras cosas, de ventas de lotería; casa de juego de azar; licorerías; comercios informales; depósitos de basura; o lugares donde se celebren matinés, entre otros. El objetivo es uno: "Garantizarle un escenario armónico, saludable y seguro donde puedan ejercer con dignidad su derecho a la educación y al disfrute de sus espacios". Pero la meta no siempre se conseguirá.
La Policía de Valencia ha propuesto el concepto de la seguridad escolar como una pedagogía preventiva. "Los muchachos deben estar preparados para saber cuáles son los riesgos de su entorno y cómo conducirse frente a estos", explica Antonia Padrón de Melet, asesora de la Dirección Relaciones Comunitarias de la institución. Defiende el criterio de que la seguridad escolar debería ser un eje transversal del currículo en la educación básica.
La distribución de drogas constituye una de las principales preocupaciones dentro de los planteles. Jhonny Yépez, de 42 años de edad, es sargento de la Policía Metropolitana y acumula 23 años de experiencia en programas con escuelas. "Hace poco descubrimos una adolescente en un liceo de Coche que tenía dentro del cuaderno cinco envoltorios de cocaína", relata el funcionario, cuyo teléfono celular está en las libretas de los directores y directores de los centros educativos de la jurisdicción. Los organismos de seguridad constantemente reportan detenciones de personas que venden drogas a estudiantes. Apenas ejemplos recientes: la Guardia Nacional reportó en marzo la aprehensión en Barquisimeto de miembros de una banda que tenía 250 envoltorios de cocaína y crac; la institución militar, ese mes, realizó una inspección sorpresa en el liceo Simón Bolívar de San Cristóbal para verificar si había sustancias prohibidas en el centro educativo.
Uno de los métodos de distribución es usar jóvenes no escolarizados, que suelen merodear en las puertas de los planteles.
Los robos a la salida y entrada también afectan a las instituciones escolares. El colegio San Rafael, ubicado en Pagüita, Caracas, tiene una plaza solitaria al lado. "Aquí han asaltado a estudiantes, profesores, a padres, a todo el mundo", suelta Siria Martínez, directora de la institución, para apoyar los relatos que ofrecen dos obreros.
En otros colegios se han identificado casos de alumnos que han ofrecido información a personas externas que finalmente cometen los robos. Las policías que no tienen personal permanente en la institución suelen aplicar patrullaje en los centros bajo su jurisdicción a las horas de entrada y salida.
La experiencia internacional
La Organización de Naciones Unidas divulgó en el año 2006 un estudio sobre la violencia contra niños y niñas. Un capítulo presenta una aproximación al tema desde las escuelas y otros ambientes educativos en América Latina, con información de 10 países entre los cuales no se encontraba Venezuela.
El análisis preliminar se fundamentaba en testimonios de niños, niñas y adolescentes. El castigo corporal por parte de los maestros, los abusos de los estudiantes de mayor edad y la discriminación por el origen pobre son señaladas como formas de violencia por los más pequeños.
La imposibilidad de expresar opiniones e ideas, el maltrato verbal, el chantaje y el acoso sexual son citados por los adolescentes como agresiones lamentablemente comunes. El texto cita una investigación realizada por la Unesco en 14 capitales de Brasil. En ésta fueron consultados 30.000 estudiantes de 300 escuelas. Se llegó a las conclusión de que la violencia afecta el ambiente escolar, reduce el rendimiento del estudiantado y del cuerpo docente y tiene una incidencia directa sobre la deserción escolar.
Las medidas disciplinarias, la agresividad en las relaciones entre alumnos y profesores, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de reglas claras de organización y la desconexión entre familia, comunidad y escuela; aparecían como factores asociados al problema.
Una de las respuestas a los resultados del estudio fue la creación del programa "Abriendo Espacios". Éste permitiría, fundamentalmente, mantener abiertas las puertas de los centros educativos los fines de semana; días cuando la violencia contra niños, niñas y adolescentes tiene mayor incidencia. También describe un programa aplicado en las escuelas de Medellín, Colombia, basado en el desarrollo de pautas para la convivencia en la ciudad desde la más temprana infancia. Investigadores del Programa para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL) hicieron un inventario de programas contra la violencia escolar en Suramérica en el año 2003. Sólo en los casos de Perú, Brasil y Colombia las iniciativas respondían a políticas nacionales.
Los hallazgos de ese estudio son citados en el informe sobre violencia de la ONU. Se señala, de tal manera, una serie de variables que pueden ser consideradas al momento de diseñar un plan de intervención estatal que pueda ofrecer resultados relevantes: la democratización interna de la escuela, la formación de profesores y alumnos para enfrentar situaciones de conflicto, el procesamiento efectivo de los problemas para evitar la impunidad y la participación de la familia y la comunidad en el tratamiento de los problemas.
La incorporación de conceptos como el civismo, la democracia y los derechos humanos en los currículos es una de las claves a largo plazo para el éxito de este tipo de iniciativas.
En Venezuela, sin embargo, sólo esporádicamente dichos valores se colocan en la lista de intereses de la opinión pública.
Educación sexual
La pornografía infantil -o la explotación sexual con fines comercialesse convirtió en 2007 en un quebradero de cabezas que obligó a la Fiscalía a abrir investigaciones en Caracas, Táchira, Falcón, Lara, Zulia y Carabobo. La existencia de redes que se lucran con imágenes de liceístas y estudiantes se configuró como una fuente de inseguridad contra el normal ejercicio del derecho a la educación.
"Los casos están en manos de los órganos de justicia y esperamos resultados", señala Anahí Arizmendi, miembro del Consejo Nacional de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes.
La necesidad de fortalecer la educación sexual en los distintos ámbitos ha quedado de relieve. "Ese es un punto básico", señala Oscar Misle, director de Cecodap, organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Junto con el Grupo de Orientación en Salud Sexual y Reproductiva ejecuta un plan piloto educativo en 10 instituciones caraqueñas.
Las instituciones oficiales también han promovido campañas formativas para contrarrestar y crear conciencia entre la población escolarizada. En muchas instituciones educativas se ha restringido el uso de los teléfonos celulares, con cuyas cámaras se grabaron escenas de sexo explícito. Además se ha comenzado a aplicar la ley, aprobada por la Asamblea Nacional, para la protección de la infancia y la adolescencia ante el uso de Internet. Hay preocupación de los padres y las autoridades por el alcance que pueda tener el fenómeno de la prostitución. En Carabobo, este año, se inició una investigación por la supuesta presencia de una red que abarcaba 30 colegios.
Testimonios
Profesor
"En los últimos años hemos visto una flexibilización general del sistema educativo, tanto en los métodos educativos. El docente es un simple facilitador y los estudiantes tienen cada vez menos contenciones. El sistema propicia la indisciplina y refuerza conductas desviadas, sobre todo violentas. Ahora vemos a estudiantes amenazando a profesores con denuncias de maltrato por sólo decomisar celulares. Se sienten cada vez más protegidos, pero no tienen madurez para manejar esos nuevos derechos".
Estudiante
"En mi colegio nos obligaron a llevar morrales transparentes o de malla para evitar el ingreso de objetos prohibidos. No creo que haya sido para evitar armas porque nunca se ha visto un episodio así. Creo que es para evitar que llevemos celulares, juegos de video, mp3 o ipods. En el colegio me siento seguro. Aunque a la salida hemos optado por irnos en grupo porque casi siempre atracaban a las muchachas. Una vez a una compañera le quitaron los libros porque era lo único de valor que tenía".
Profesora
"He estado en escuelitas pequeñas, en barrios pobres, y me acostumbré a convivir con cierto nivel de violencia entre los muchachos. Pero me ha impresionado ver cómo en colegios privados de clase alta, donde no existen carencias económicas, se registra una violencia de casi la misma intensidad. Los estudiantes se amenazan con armas blancas, usan la violencia para imponerse al resto y la situación empeora cada año.
Aunque no les falte dinero, tienen otras carencias".
Estudiante
"No he vivido la violencia dentro del colegio.
Si hay peleas es porque los muchachos se pelean por las novias. Pero casi siempre las hacen afuera, a cuadras del colegio y nunca terminan mal.
Son peleas de niños. Fuera del colegio hay más peligro. La semana pasada me robaron una pulsera y el celular a unos metros del colegio y el ladrón me cortó con una navaja en el antebrazo. Menos mal que sólo me rozó. A los estudiantes de esta zona siempre nos atracan después de mediodía, a la hora de salida".
Profesor
"Tenemos una población de estudiantes presionada económica y políticamente. Los chamos ven en su casa a los padres alterados y reproducen esa conducta en los salones de clase.
Reflejan la tensión política, sobre todo desde hace cuatro años, y eso se ve tanto en el colegio privado como en el liceo público. Son más hostiles entre ellos y hasta con los profesores".
Madre
"En el colegio donde tengo a mi hijo me siento tranquila. No he escuchado nunca noticias sobre hechos de violencia dentro del plantel, que sean distintos a los que han podido suceder entre muchachos o niños en cualquier época. Fuera del colegio siento que hay problema de seguridad. Cuando van saliendo, los roban, les quitan los bolsos o los celulares y eso sí me causa preocupación". www.el-nacional.com
David González 22/MAY/07 CARACAS, VE
Daniel De Abreu, estudiante de 15 años de edad, estaba en un aula de la unidad educativa Simón Bolívar de Los Teques, Miranda, cuando recibió un disparo en la ingle. Un docente lo llevó en automóvil al hospital Victorino Santaella de la ciudad. Dalia de De Abreu, madre del muchacho, llegó al centro de salud en un taxi apenas se lo permitió el tránsito de la capital mirandina, complicado aquella tarde por la lluvia. La mujer había despedido a su hijo a las 6:30 am cuando iba a clases; pero a las 2:05 pm la llamaron por el teléfono celular. "Estaba tranquila, haciendo unas diligencias, porque Daniel estaba estudiando. Se supone que hechos como estos no deben pasar en una escuela".
De Abreu murió al día siguiente, después de haber sido sometido a cuatro operaciones. Cumplirá cuatro meses de fallecido el miércoles. Su madre ha escuchado muchas cosas en ese tiempo.
Dice que los compañeros que estaban con su hijo lo dejaron solo luego de la detonación y que el adolescente se las arregló como pudo para salir del salón y pedir auxilio a los profesores.
"El muchacho que disparó confesó, dijo que lo hizo accidentalmente. Lo he visto, está libre y estudiando. Mi hijo era tranquilo, se portaba bien, tenía derecho a recibir educación y ahora está enterrado".
La familia De Abreu ha atravesado una experiencia sobre cómo la inseguridad y la violencia pueden cruzar las puertas de los planteles y ocasionar consecuencias fatales. El alcance del problema, para muchos, es una incógnita; aunque hay noticias sobre uso de armas blancas y de fuego, sobre robos de bienes y dinero, sobre distribución de drogas y sobre resolución no pacífica de conflictos en distintas escuelas. Dos semanas después de la muerte de De Abreu las autoridades enfrentaron nuevos incidentes con armas en centros educativos.
La Policía Metropolitana entregó en febrero pasado a la Fiscalía a tres estudiantes del colegio Fe y Alegría de La Rinconada, Caracas, que se pasaban de mano en mano un bolso con una pistola desarmada, según las autoridades. Ese mes, en el sector El Rincón de Los Teques, la Policía de Miranda debió intervenir en la unidad educativa Guarenas porque un estudiante llevaba un revólver calibre 38, que era solicitado por la policía científica desde hace 9 años. No hubo, en esos episodios, un desenlace semejante al del alumno del colegio Simón Bolívar.
En septiembre de 2005 se desarrolló en Valencia, Carabobo, un congreso sobre seguridad escolar organizado por la alcaldía de la ciudad, la policía municipal y el consejo local de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los participantes, más de 200, propusieron en la declaración final crear una red nacional para hacer seguimiento estadístico de los hechos violentos en los centros educativos. "No podemos seguir desconociendo las verdaderas dimensiones, manifestaciones y la dinámica misma de tan complejo problema", se señaló en la Declaración de Valencia. Una de las principales inquietudes era definir la tipología de aquellos actos que se contarían dentro del registro del fenómeno general.
"Hubo consenso en que era necesaria una herramienta así para comprender mejor el asunto sobre el que se han hecho pocas investigaciones", recuerda Antonia Padrón de Melet, asesora de la Dirección de Relaciones Comunitarias de la Policía de Valencia, y quien recibió el testigo después de la muerte del criminólogo Andrés Berti, promotor del congreso.
La Dirección de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Justicia creó el año pasado 159 comités preventivos estudiantiles en centros educativos "con alto índice de violencia", según se indicó en la memoria y cuenta entregada en 2007. Se hicieron talleres para 2.414 padres y 16.640 alumnos.
Muchas dimensiones
El Centro para la Paz y los Derechos Humanos y Cecodap elaboraron en julio de 2005 un estudio sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes. Advertían que no existían estadísticas confiables y que había un gran subregistro por falta de denuncias y una percepción general de los hechos violentos, en sus manifestaciones no delictuales, como normales. En el documento se citó un estudio realizado por un observatorio de derechos humanos en un liceo caraqueño: los propios alumnos construyeron los cuestionarios y recogieron la información. Casi un tercio identificó la violencia como el principal problema.
Un joven manifestó que había abandonado los estudios después de tener "problemas de vándalos". En el relato señala que no se dejó someter a la voluntad de otro compañero y, en la reacción, comenzó a ser visto como un alumno "mala conducta". El desenlace del conflicto fue marginarse de la población escolarizada. Otro testimonio es el de un muchacho de educación básica que jugaba baloncesto con sus compañeros en una cancha hasta el momento en que los estudiantes de diversificada lo sacaron a la fuerza. "Me fui donde mi tío, le pedí la pistola, primero me dijo que no, pero cuando le expliqué me la dio, me llegué al liceo donde estaba él, le saqué la pistola, lo humillé, le dije que aprendiera a respetar a los menores".
Oscar Misle, investigador de Cecodap, una organización defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, explica que la violencia en centros escolares es una manifestación visible de un problema cuyo origen no puede atribuirse a una sola causa: "Desde el hogar se impone la referencia del castigo físico, y se valida el criterio de que pegar es una opción válida para corregir. De ese modo se da una luz verde a la agresión como una opción para cumplir con las expectativas".
Misle añade que la escuela construyó un modelo en el que prevalece la transmisión de información de una manera vertical, del profesor al alumno, que no deja espacios para ejercer los derechos a disentir, a opinar y a ventilar sentimientos. Cree que el mensaje de los medios de comunicación y de los recursos de entretenimiento, como los videojuegos, completan un discurso en el cual la destrucción del otro es banalizada. Así, la violencia, por esas vías y por otras, se expresa a través de un arma de fuego, de una riña grabada y difundida en Internet (moda de algunos colegios privados); de la discriminación de los que son diferentes; y del "chalequeo", definido por Misle como la burla y diversión a costa de los demás.
María de Queipo, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, advierte que el problema traspasa las fronteras del país. "Hay un mundo que ha privilegiado las cuestiones materiales, el hedonismo y ha dejado de un lado al ser humano. Nosotros luchamos por rescatar a la persona en un contexto lleno de antivalores. No estamos en un paraíso terrenal hoy, pero estamos dando los pasos correctos". Hace un mes y una semana se remitió una comunicación al Ministerio de Educación para solicitarle al ministro Adán Chávez una entrevista sobre el tema. No se obtuvo respuesta alguna para la petición escrita.
Nuevos paradigmas
Anahí Arizmendi, miembro del Consejo Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, afirma que no puede generalizarse en la percepción del problema: "Ni hay violencia en todos los centros educativos, ni son violentos todos los estudiantes de aquellos planteles donde han ocurrido hechos como esos".
Arizmendi señala que han sido creadas más de 200 defensorías escolares que se han constituido como instancias para impulsar la resolución de conflictos por vías no violentas.
Una segunda política ha sido fomentar el cambio de los reglamentos escolares por las llamadas normas de convivencia, en cuya redacción participa el estudiantado. "Está claro que las soluciones son más duraderas si a los alumnos se les incorpora en procesos como estos", agrega la consejera, quien además preside la Fundación Caracas para los Niños de la Alcaldía Mayor de Caracas. La promulgación de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente ha sido, para Arizmendi, clave para establecer derechos y obligaciones.
La Declaración de Valencia proponía un cambio de enfoque de los reglamentos disciplinarios para lograr la paz escolar. Cecodap, además, asesora a los planteles Fe y Alegría para la creación de los llamados centros escolares de ciudadanía y convivencia como una herramienta para la prevención de la violencia.
"Esa es una realidad social que afecta a todo el país de una manera u otra", dice Carlos González, oficial III de la Policía Escolar de la Policía de Caracas, y la cual cubre 120 escuelas del municipio capitalino. "Consideramos que somos la punta de lanza de la prevención", añade el funcionario.
Un muchacho que estudiaba en un colegio privado de El Paraíso perdió el año escolar luego que uno de sus compañeros le intentó robar. Su hermana relató la historia: "Él tenía su grupo de amigos en el liceo y un compañero que a veces salía con ellos empezó a fastidiarlo y a decirle que le vendiera sus zapatos. Mi hermano le dijo que no los estaba vendiendo. Al día siguiente, su compañero llegó con una pistola y, a la salida, le dijo que se los diera o lo mataba".
El adolescente fue cambiado a un colegio militar.
Política nacional
El hallazgo del arma dentro del colegio Fe y Alegría de La Rinconada fue una experiencia amarga.
"Era la época de carnavales y todos estábamos pendientes de que los estudiantes no entraran con huevos, ni con bombas de agua", recuerda Betty Vásquez, directora de la institución. La docente tiene 26 años de trabajo en el colegio y nunca había tenido noticias de nada parecido. Avisar a la policía fue duro: "La ley no sólo fija derechos, sino también responsabilidades para todos".
Vásquez dijo que se hace énfasis especial en la educación en valores y en evitar que los conflictos de los barrios que rodean a la institución tengan réplicas dentro del plantel. "Aquí se tienen que olvidar de esas cosas y respetar a los demás". La educadora expresa que la creación de los centros de convivencia favorece un clima armónico.
Misle considera que debe formularse una política nacional con respuestas integrales sobre la materia. Los cuerpos de policía, como la de Libertador, han asumido la tarea de llevar charlas preventivas y didácticas sobre los temas referidos a la violencia, a los derechos y obligaciones derivados de la Lopna, a la prevención del consumo de drogas en las aulas. También han desarrollado la política de crear brigadas escolares como un mecanismo de participación y de creación de identidad para los estudiantes.
La Policía Escolar de Libertador tiene 15 años de antigüedad y, según González, el trabajo y la presencia ha contribuido a prevenir hechos lamentables.
Las escuelas, junto con la familia, la comunidad y el Estado, enfrentan el desafío de generar una cultura de paz en un ambiente en el que la violencia penetra todos los espacios. Después de la muerte de De Abreu, el Ministerio de Educación nombró una comisión para reestructurar la unidad educativa Simón Bolívar.
El equipo, en principio, no fue bien acogido por el estudiantado. Se cambiaron horarios y se concertaron controles para evitar nuevos incidentes, aunque la comunidad demandaba detectores de metales en la entrada. "Uno de los objetivos era restituir la armonía", explica Subdelina Martínez, miembro de la comisión.
Dalia de De Abreu perdió la confianza en la institución y sacó a su otro hijo, que también estudiaba allí. Se ha dedicado a hacer seguimiento de la actuación de las autoridades. No le queda sino demandar que se haga justicia.
Proponen perímetro de seguridad
El intercambio de disparos comenzó poco antes de las 5:00 pm, cuando todavía había algunos alumnos en la escuela nacional Felipe Tejera ubicada en la planta baja del bloque 38 del 23 de Enero, Caracas. Un enfrentamiento entre bandas obligó a los profesores a resguardar a los alumnos en un punto seguro de la institución, donde hay alumnos de primera, segunda y tercera etapa.
"Nos echamos al piso porque no sabíamos de dónde venían las balas", relata el profesor Simón Bastardo, encargado de impartir clases de inglés.
Los estudiantes pedían que contactaran a sus padres y madres para que no se acercaran al perímetro del centro educativo. El personal obrero aseguró las dos puertas de entrada y salida en medio de los disparos.
"Los niños se asustaron mucho, debimos calmarlos y al día siguiente adelantamos la salida por previsión. Aquí nunca llegó apoyo policial de ningún tipo", añade el docente. El hecho ocurrió el viernes 4 de mayo.
Los alumnos de la escuela han sufrido otros percances. Extraños que han penetrado en las instalaciones y han robado a los alumnos en la propia sede de la escuela nacional. "Han sido casos aislados pero han ocurrido", añade.
Las escuelas no están a salvo del entorno. Los participantes en el congreso de seguridad escolar realizado en Valencia en septiembre de 2005 propusieron a las alcaldías del país que emitieran decretos para crear perímetros especiales alrededor de los colegios para evitar la cercanía, entre otras cosas, de ventas de lotería; casa de juego de azar; licorerías; comercios informales; depósitos de basura; o lugares donde se celebren matinés, entre otros. El objetivo es uno: "Garantizarle un escenario armónico, saludable y seguro donde puedan ejercer con dignidad su derecho a la educación y al disfrute de sus espacios". Pero la meta no siempre se conseguirá.
La Policía de Valencia ha propuesto el concepto de la seguridad escolar como una pedagogía preventiva. "Los muchachos deben estar preparados para saber cuáles son los riesgos de su entorno y cómo conducirse frente a estos", explica Antonia Padrón de Melet, asesora de la Dirección Relaciones Comunitarias de la institución. Defiende el criterio de que la seguridad escolar debería ser un eje transversal del currículo en la educación básica.
La distribución de drogas constituye una de las principales preocupaciones dentro de los planteles. Jhonny Yépez, de 42 años de edad, es sargento de la Policía Metropolitana y acumula 23 años de experiencia en programas con escuelas. "Hace poco descubrimos una adolescente en un liceo de Coche que tenía dentro del cuaderno cinco envoltorios de cocaína", relata el funcionario, cuyo teléfono celular está en las libretas de los directores y directores de los centros educativos de la jurisdicción. Los organismos de seguridad constantemente reportan detenciones de personas que venden drogas a estudiantes. Apenas ejemplos recientes: la Guardia Nacional reportó en marzo la aprehensión en Barquisimeto de miembros de una banda que tenía 250 envoltorios de cocaína y crac; la institución militar, ese mes, realizó una inspección sorpresa en el liceo Simón Bolívar de San Cristóbal para verificar si había sustancias prohibidas en el centro educativo.
Uno de los métodos de distribución es usar jóvenes no escolarizados, que suelen merodear en las puertas de los planteles.
Los robos a la salida y entrada también afectan a las instituciones escolares. El colegio San Rafael, ubicado en Pagüita, Caracas, tiene una plaza solitaria al lado. "Aquí han asaltado a estudiantes, profesores, a padres, a todo el mundo", suelta Siria Martínez, directora de la institución, para apoyar los relatos que ofrecen dos obreros.
En otros colegios se han identificado casos de alumnos que han ofrecido información a personas externas que finalmente cometen los robos. Las policías que no tienen personal permanente en la institución suelen aplicar patrullaje en los centros bajo su jurisdicción a las horas de entrada y salida.
La experiencia internacional
La Organización de Naciones Unidas divulgó en el año 2006 un estudio sobre la violencia contra niños y niñas. Un capítulo presenta una aproximación al tema desde las escuelas y otros ambientes educativos en América Latina, con información de 10 países entre los cuales no se encontraba Venezuela.
El análisis preliminar se fundamentaba en testimonios de niños, niñas y adolescentes. El castigo corporal por parte de los maestros, los abusos de los estudiantes de mayor edad y la discriminación por el origen pobre son señaladas como formas de violencia por los más pequeños.
La imposibilidad de expresar opiniones e ideas, el maltrato verbal, el chantaje y el acoso sexual son citados por los adolescentes como agresiones lamentablemente comunes. El texto cita una investigación realizada por la Unesco en 14 capitales de Brasil. En ésta fueron consultados 30.000 estudiantes de 300 escuelas. Se llegó a las conclusión de que la violencia afecta el ambiente escolar, reduce el rendimiento del estudiantado y del cuerpo docente y tiene una incidencia directa sobre la deserción escolar.
Las medidas disciplinarias, la agresividad en las relaciones entre alumnos y profesores, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de reglas claras de organización y la desconexión entre familia, comunidad y escuela; aparecían como factores asociados al problema.
Una de las respuestas a los resultados del estudio fue la creación del programa "Abriendo Espacios". Éste permitiría, fundamentalmente, mantener abiertas las puertas de los centros educativos los fines de semana; días cuando la violencia contra niños, niñas y adolescentes tiene mayor incidencia. También describe un programa aplicado en las escuelas de Medellín, Colombia, basado en el desarrollo de pautas para la convivencia en la ciudad desde la más temprana infancia. Investigadores del Programa para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL) hicieron un inventario de programas contra la violencia escolar en Suramérica en el año 2003. Sólo en los casos de Perú, Brasil y Colombia las iniciativas respondían a políticas nacionales.
Los hallazgos de ese estudio son citados en el informe sobre violencia de la ONU. Se señala, de tal manera, una serie de variables que pueden ser consideradas al momento de diseñar un plan de intervención estatal que pueda ofrecer resultados relevantes: la democratización interna de la escuela, la formación de profesores y alumnos para enfrentar situaciones de conflicto, el procesamiento efectivo de los problemas para evitar la impunidad y la participación de la familia y la comunidad en el tratamiento de los problemas.
La incorporación de conceptos como el civismo, la democracia y los derechos humanos en los currículos es una de las claves a largo plazo para el éxito de este tipo de iniciativas.
En Venezuela, sin embargo, sólo esporádicamente dichos valores se colocan en la lista de intereses de la opinión pública.
Educación sexual
La pornografía infantil -o la explotación sexual con fines comercialesse convirtió en 2007 en un quebradero de cabezas que obligó a la Fiscalía a abrir investigaciones en Caracas, Táchira, Falcón, Lara, Zulia y Carabobo. La existencia de redes que se lucran con imágenes de liceístas y estudiantes se configuró como una fuente de inseguridad contra el normal ejercicio del derecho a la educación.
"Los casos están en manos de los órganos de justicia y esperamos resultados", señala Anahí Arizmendi, miembro del Consejo Nacional de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes.
La necesidad de fortalecer la educación sexual en los distintos ámbitos ha quedado de relieve. "Ese es un punto básico", señala Oscar Misle, director de Cecodap, organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Junto con el Grupo de Orientación en Salud Sexual y Reproductiva ejecuta un plan piloto educativo en 10 instituciones caraqueñas.
Las instituciones oficiales también han promovido campañas formativas para contrarrestar y crear conciencia entre la población escolarizada. En muchas instituciones educativas se ha restringido el uso de los teléfonos celulares, con cuyas cámaras se grabaron escenas de sexo explícito. Además se ha comenzado a aplicar la ley, aprobada por la Asamblea Nacional, para la protección de la infancia y la adolescencia ante el uso de Internet. Hay preocupación de los padres y las autoridades por el alcance que pueda tener el fenómeno de la prostitución. En Carabobo, este año, se inició una investigación por la supuesta presencia de una red que abarcaba 30 colegios.
Testimonios
Profesor
"En los últimos años hemos visto una flexibilización general del sistema educativo, tanto en los métodos educativos. El docente es un simple facilitador y los estudiantes tienen cada vez menos contenciones. El sistema propicia la indisciplina y refuerza conductas desviadas, sobre todo violentas. Ahora vemos a estudiantes amenazando a profesores con denuncias de maltrato por sólo decomisar celulares. Se sienten cada vez más protegidos, pero no tienen madurez para manejar esos nuevos derechos".
Estudiante
"En mi colegio nos obligaron a llevar morrales transparentes o de malla para evitar el ingreso de objetos prohibidos. No creo que haya sido para evitar armas porque nunca se ha visto un episodio así. Creo que es para evitar que llevemos celulares, juegos de video, mp3 o ipods. En el colegio me siento seguro. Aunque a la salida hemos optado por irnos en grupo porque casi siempre atracaban a las muchachas. Una vez a una compañera le quitaron los libros porque era lo único de valor que tenía".
Profesora
"He estado en escuelitas pequeñas, en barrios pobres, y me acostumbré a convivir con cierto nivel de violencia entre los muchachos. Pero me ha impresionado ver cómo en colegios privados de clase alta, donde no existen carencias económicas, se registra una violencia de casi la misma intensidad. Los estudiantes se amenazan con armas blancas, usan la violencia para imponerse al resto y la situación empeora cada año.
Aunque no les falte dinero, tienen otras carencias".
Estudiante
"No he vivido la violencia dentro del colegio.
Si hay peleas es porque los muchachos se pelean por las novias. Pero casi siempre las hacen afuera, a cuadras del colegio y nunca terminan mal.
Son peleas de niños. Fuera del colegio hay más peligro. La semana pasada me robaron una pulsera y el celular a unos metros del colegio y el ladrón me cortó con una navaja en el antebrazo. Menos mal que sólo me rozó. A los estudiantes de esta zona siempre nos atracan después de mediodía, a la hora de salida".
Profesor
"Tenemos una población de estudiantes presionada económica y políticamente. Los chamos ven en su casa a los padres alterados y reproducen esa conducta en los salones de clase.
Reflejan la tensión política, sobre todo desde hace cuatro años, y eso se ve tanto en el colegio privado como en el liceo público. Son más hostiles entre ellos y hasta con los profesores".
Madre
"En el colegio donde tengo a mi hijo me siento tranquila. No he escuchado nunca noticias sobre hechos de violencia dentro del plantel, que sean distintos a los que han podido suceder entre muchachos o niños en cualquier época. Fuera del colegio siento que hay problema de seguridad. Cuando van saliendo, los roban, les quitan los bolsos o los celulares y eso sí me causa preocupación". www.el-nacional.com
