PeaceLa Delegación de Bienestar Social de Ciudad Real ha registrado este número de casos durante los últimos dos años
MANUELA LILLO 26/MAY/07 CIUDAD REAL
El caso de la madre asturiana que solicitó a la Administración públicamente que se hiciera cargo de su hija no es exclusivo de esta comunidad autónoma. En la provincia de Ciudad Real también se han registrado casos de este tipo, en concreto, cuatro en los últimos dos años, según indicó a este periódico la delegada de Bienestar Social en Ciudad Real, Prado Pérez de Madrid.
La representante de la Junta de Comunidades explicó que este tipo de situaciones no suelen ser frecuentes, pero que la Administración también ha actuado en estos supuestos, al igual que lo hace siempre que «hay una desprotección del menor».
Así, del total de menores tutelados que tiene la Delegación ciudadrealeña, y que se cifran en 248, sólo cuatro, es decir, un 1,6 por ciento de los casos, corresponde a padres que han pedido voluntariamente que les quiten a sus hijos ante la imposibilidad de convivir con ellos.
En este sentido, Pérez de Madrid explicó que en la mayoría de los casos se trata de niños que viven en el seno de «familias desestructuradas» y que cuando llegan a una situación límite es cuando recurren a la atención de la Administración.
Principales causas. En este mismo sentido se pronunció la jefa del Servicio de Familia de la Delegación de Bienestar Social ciudadrealeña, Inmaculada Suela, quien señaló que en estos casos los problemas para controlar a sus descendientes suelen ser consecuencia de la «falta de atención» y porque «no se les pone trabas y no adquieren la educación que debieran y provocan esas situaciones en las familias».
Además, indicó que de los cuatro casos que se han registrado en la capital, dos tenían edades comprendidas entre los 9 y los 11 años y los otros eran adolescentes, al igual que dos de esos menores padecían alguna discapacidad.
En cuanto al tratamiento que se ofrece por parte de la Administración ciudadrealeña, la delegada de Ciudad Real afirmó que «no existe un recurso específico» para atender a estos menores porque «son casos muy puntuales», aunque se les presta una atención determinada en razón de cada caso.
Así, Inmaculada Suela explicó que la mayoría de los menores que se encuentran en esta situación son trasladados a centros de acogida donde se les somete a un seguimiento a través de un Plan de Intervención Social, al igual que también controlan «si la familia ha adquirido experiencia para manejar a sus hijos».
El objetivo de este plan es, según señaló la responsable del servicio de Familia, que los menores vuelvan a desarrollar su vida junto a sus padres en el lecho familiar, cosa que no siempre sucede, puesto que el porcentaje de recuperación de las situaciones de normalidad es «muy bajo».
En concreto, es cuando se trata de niños más pequeños cuando las posibilidades de reinserción en la familia son mayores, mientras que en el caso de los adolescentes, la probabilidad de reestructuración familiar es mucho menor, razón por la que no siempre vuelven a convivir con sus progenitores.
Así, la Administración se ha hecho cargo de este tipo de casos y les ha destinado parte de los recursos que tienen para atender a los menores que se encuentran desprotegidos. De esta manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuenta con un presupuesto de 598.000 euros (casi cien millones de las antiguas pesetas) que destina a las cinco provincias castellano-manchegas para ayudar a los menores que están en situación de abandono o que, como en el caso de estos cuatro padres ciudadrealeños, no pueden controlar a sus hijos. DLT
MANUELA LILLO 26/MAY/07 CIUDAD REAL
El caso de la madre asturiana que solicitó a la Administración públicamente que se hiciera cargo de su hija no es exclusivo de esta comunidad autónoma. En la provincia de Ciudad Real también se han registrado casos de este tipo, en concreto, cuatro en los últimos dos años, según indicó a este periódico la delegada de Bienestar Social en Ciudad Real, Prado Pérez de Madrid.
La representante de la Junta de Comunidades explicó que este tipo de situaciones no suelen ser frecuentes, pero que la Administración también ha actuado en estos supuestos, al igual que lo hace siempre que «hay una desprotección del menor».
Así, del total de menores tutelados que tiene la Delegación ciudadrealeña, y que se cifran en 248, sólo cuatro, es decir, un 1,6 por ciento de los casos, corresponde a padres que han pedido voluntariamente que les quiten a sus hijos ante la imposibilidad de convivir con ellos.
En este sentido, Pérez de Madrid explicó que en la mayoría de los casos se trata de niños que viven en el seno de «familias desestructuradas» y que cuando llegan a una situación límite es cuando recurren a la atención de la Administración.
Principales causas. En este mismo sentido se pronunció la jefa del Servicio de Familia de la Delegación de Bienestar Social ciudadrealeña, Inmaculada Suela, quien señaló que en estos casos los problemas para controlar a sus descendientes suelen ser consecuencia de la «falta de atención» y porque «no se les pone trabas y no adquieren la educación que debieran y provocan esas situaciones en las familias».
Además, indicó que de los cuatro casos que se han registrado en la capital, dos tenían edades comprendidas entre los 9 y los 11 años y los otros eran adolescentes, al igual que dos de esos menores padecían alguna discapacidad.
En cuanto al tratamiento que se ofrece por parte de la Administración ciudadrealeña, la delegada de Ciudad Real afirmó que «no existe un recurso específico» para atender a estos menores porque «son casos muy puntuales», aunque se les presta una atención determinada en razón de cada caso.
Así, Inmaculada Suela explicó que la mayoría de los menores que se encuentran en esta situación son trasladados a centros de acogida donde se les somete a un seguimiento a través de un Plan de Intervención Social, al igual que también controlan «si la familia ha adquirido experiencia para manejar a sus hijos».
El objetivo de este plan es, según señaló la responsable del servicio de Familia, que los menores vuelvan a desarrollar su vida junto a sus padres en el lecho familiar, cosa que no siempre sucede, puesto que el porcentaje de recuperación de las situaciones de normalidad es «muy bajo».
En concreto, es cuando se trata de niños más pequeños cuando las posibilidades de reinserción en la familia son mayores, mientras que en el caso de los adolescentes, la probabilidad de reestructuración familiar es mucho menor, razón por la que no siempre vuelven a convivir con sus progenitores.
Así, la Administración se ha hecho cargo de este tipo de casos y les ha destinado parte de los recursos que tienen para atender a los menores que se encuentran desprotegidos. De esta manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuenta con un presupuesto de 598.000 euros (casi cien millones de las antiguas pesetas) que destina a las cinco provincias castellano-manchegas para ayudar a los menores que están en situación de abandono o que, como en el caso de estos cuatro padres ciudadrealeños, no pueden controlar a sus hijos. DLT
