PeaceJORNADAS EN MÁLAGA · 'La Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores e Intervención con Menores Infractores'
Los jueces malagueños dicen que faltan medios para sancionar con medidas de carácter educativo a menores infractores
MÁLAGA 31/MAY/07 El 67,1% de los menores que el pasado año estuvieron con régimen de privación de libertad en algún centro de reforma de Andalucía no ha reincidido, al igual que ha ocurrido durante todo 2006 con 3.458 jóvenes de los 6.138 que tienen medidas judiciales de medio abierto.
Así lo manifestó la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, en la inauguración de las jornadas 'La Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores e Intervención con Menores Infractores', que organiza en Málaga el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y que están dirigidas al personal de la Administración de Justicia y de la Administración General de la Junta.
La titular de Justicia valoró el 'espíritu progresista y el tono educativo' de la Ley 5/2000, ya que contempla un amplio abanico de medidas que no conllevan la privación de la libertad, como el caso de las medidas de medio abierto que apuestan por la reeducación y la recuperación de los jóvenes y menores con medidas judiciales. En este sentido, destacó la importancia de que operadores jurídicos, organizaciones sociales y todas las administraciones públicas estén plenamente concienciadas y crean en las posibilidades de reinserción de esta población.
A juicio de López, un claro exponente de esta apuesta social es el incremento presupuestario destinado por la Consejería de Justicia y Administración Pública a lo largo de esta legislatura en materia de reforma juvenil, pasando de 66 millones de euros en 2004 a los 90 millones presupuestados para este año en curso. La consejera resaltó que Andalucía es una referencia a nivel nacional para otras comunidades autónomas y que el modelo de reinserción social ha despertado el interés de otros países como México, Marruecos y Bulgaria, que han visitado los recursos de la Junta de Andalucía en esta materia.
López explicó que los criterios de actuación de la Consejería de Justicia y Administración Pública en la política de reforma juvenil se centran en que todos los programas están encaminados hacia la recuperación y reeducación de los jóvenes, así como en impulsar su formación y la de todos los profesionales que diariamente trabajan con ellos. Además, favorecen la capacitación para el empleo al objeto de lograr su inserción laboral y su inclusión normalizada en el mercado de trabajo, así como posibilitar la estabilidad personal y familiar para la mejora de la convivencia.
Según los datos d4e la Junta, Andalucía cuenta en la actualidad con 16 centros de internamiento con 779 plazas disponibles. De los 667 jóvenes que actualmente cumplen las medidas impuestas por los jueces de menores en régimen de internamiento, el 22% están inmersos en programas de formación ocupacional.
Las medidas de medio abierto en la comunidad autónoma superan con creces las de privación de libertad, según reiteró la consejera, que detalló que en el primer cuatrimestre de este año se han ejecutado más de 5.000 medidas de este tipo, la mayoría de ellas para jóvenes varones.
Respecto a la inserción laboral, 1.249 menores y jóvenes se encuentran actualmente en este proceso, concretando que 847 forman parte del denominado Programa Operativo de Inserción Laboral, impulsado por la Dirección General de Reforma Juvenil.
Jueces, magistrados, expertos en reforma juvenil y profesionales del derecho, la criminología, la Sociología o el trabajo social debatirán durante tres días sobre delincuencia juvenil, juzgados de menores, derechos de los menores y otras cuestiones relacionada con la materia. Entre otros, participan el magistrado de menores de Granada Emilio Calatayud, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, o la directora general de Reforma Juvenil de la Junta, María Luisa Cercas. Tras la apertura de la consejera, la primera ponencia corre a cargo de Luis Manuel Navajas, fiscal delegado para la Dirección y Coordinación de las funciones del Ministerio Fiscal en materia de Responsabilidad Penal de Menores de la Fiscalía General del Estado. GD
REBECA TOBELEM 31/MAY/07 MÁLAGA. Los jueces malagueños se vienen decantando desde hace unos años por las medidas de carácter educativo en régimen abierto para sancionar a los delincuentes menores de edad y, según dicen, con excelentes resultados aunque lamentan no tener suficientes medios para aplicarlas.
En el primer cuatrimestre del año, los jueces de menores dictaron 1.543 medidas en régimen abierto, frente a las 139 que suponían el internamiento en un centro cerrado. Las medidas alternativas de carácter formativo han experimentado un incremento del 320 por ciento, según confirmaba la consejera de Justicia, María José López, que dijo que el 70 por ciento de los jóvenes infractores andaluces no reincide, aunque no dio datos de la provincia.
No obstante, algunos profesionales denunciaron ayer en las Jornadas sobre la Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, organizadas por la Junta de Andalucía, que no sólo carecen de medios suficientes para garantizar el cumplimiento de las medidas en abierto, sino también de plazas en los centros cerrados (para los delitos más graves). "En Málaga no hay plazas disponibles y deben ser derivados a otras provincias", dijeron.
La magistrada del juzgado Número 2 de Málaga, Cristina Jariod, denunciaba que "un educador debería vigilar las medidas de entre 12 y 14 menores delincuentes, mientras que en Málaga cada educador tiene a más de 30 delincuentes adolescentes en libertad a su cargo".
Jariod relativizó en su ponencia los delitos de los adolescentes, pese a que ahora sean más numerosos, y recordó que en los seis años que lleva en el cargo no ha encontrado ningún homicidio.
La juez recordó el caso de dos chicos que se habían conectado a internet a través de una empresa cercana a su vivienda. "Era un procedimiento que había estado en la Audiencia Nacional, uno de esos casos de vergüenza judicial por el número de años; cuando me llegó la causa eran ingenieros informáticos". La medida: sobreseimiento por principio de oportunidades.
La Delegación de Justicia de la Junta ha organizado estas jornadas que se prolongan hasta el viernes para analizar las reformas previstas a la Ley del Menor de 2000. Abrió las ponencias el delegado de las funciones del Ministerio Fiscal en materia de responsabilidad penal de menores de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas. El fiscal explicó que las reformas van a suponer un endurecimiento de las penas y advirtió que esto puede "dificultar el objetivo de la ley, que es la integración socioeducativa". La norma introduce por primera vez la figura de la acusación particular y se amplía la duración de las medidas de internamiento en régimen cerrado, además de los supuestos en los que se puede aplicar el internamiento. www.diariomalagahoy.com
Los jueces malagueños dicen que faltan medios para sancionar con medidas de carácter educativo a menores infractores
MÁLAGA 31/MAY/07 El 67,1% de los menores que el pasado año estuvieron con régimen de privación de libertad en algún centro de reforma de Andalucía no ha reincidido, al igual que ha ocurrido durante todo 2006 con 3.458 jóvenes de los 6.138 que tienen medidas judiciales de medio abierto.
Así lo manifestó la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, en la inauguración de las jornadas 'La Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores e Intervención con Menores Infractores', que organiza en Málaga el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y que están dirigidas al personal de la Administración de Justicia y de la Administración General de la Junta.
La titular de Justicia valoró el 'espíritu progresista y el tono educativo' de la Ley 5/2000, ya que contempla un amplio abanico de medidas que no conllevan la privación de la libertad, como el caso de las medidas de medio abierto que apuestan por la reeducación y la recuperación de los jóvenes y menores con medidas judiciales. En este sentido, destacó la importancia de que operadores jurídicos, organizaciones sociales y todas las administraciones públicas estén plenamente concienciadas y crean en las posibilidades de reinserción de esta población.
A juicio de López, un claro exponente de esta apuesta social es el incremento presupuestario destinado por la Consejería de Justicia y Administración Pública a lo largo de esta legislatura en materia de reforma juvenil, pasando de 66 millones de euros en 2004 a los 90 millones presupuestados para este año en curso. La consejera resaltó que Andalucía es una referencia a nivel nacional para otras comunidades autónomas y que el modelo de reinserción social ha despertado el interés de otros países como México, Marruecos y Bulgaria, que han visitado los recursos de la Junta de Andalucía en esta materia.
López explicó que los criterios de actuación de la Consejería de Justicia y Administración Pública en la política de reforma juvenil se centran en que todos los programas están encaminados hacia la recuperación y reeducación de los jóvenes, así como en impulsar su formación y la de todos los profesionales que diariamente trabajan con ellos. Además, favorecen la capacitación para el empleo al objeto de lograr su inserción laboral y su inclusión normalizada en el mercado de trabajo, así como posibilitar la estabilidad personal y familiar para la mejora de la convivencia.
Según los datos d4e la Junta, Andalucía cuenta en la actualidad con 16 centros de internamiento con 779 plazas disponibles. De los 667 jóvenes que actualmente cumplen las medidas impuestas por los jueces de menores en régimen de internamiento, el 22% están inmersos en programas de formación ocupacional.
Las medidas de medio abierto en la comunidad autónoma superan con creces las de privación de libertad, según reiteró la consejera, que detalló que en el primer cuatrimestre de este año se han ejecutado más de 5.000 medidas de este tipo, la mayoría de ellas para jóvenes varones.
Respecto a la inserción laboral, 1.249 menores y jóvenes se encuentran actualmente en este proceso, concretando que 847 forman parte del denominado Programa Operativo de Inserción Laboral, impulsado por la Dirección General de Reforma Juvenil.
Jueces, magistrados, expertos en reforma juvenil y profesionales del derecho, la criminología, la Sociología o el trabajo social debatirán durante tres días sobre delincuencia juvenil, juzgados de menores, derechos de los menores y otras cuestiones relacionada con la materia. Entre otros, participan el magistrado de menores de Granada Emilio Calatayud, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, o la directora general de Reforma Juvenil de la Junta, María Luisa Cercas. Tras la apertura de la consejera, la primera ponencia corre a cargo de Luis Manuel Navajas, fiscal delegado para la Dirección y Coordinación de las funciones del Ministerio Fiscal en materia de Responsabilidad Penal de Menores de la Fiscalía General del Estado. GD
En el primer cuatrimestre del año, los jueces de menores dictaron 1.543 medidas en régimen abierto, frente a las 139 que suponían el internamiento en un centro cerrado. Las medidas alternativas de carácter formativo han experimentado un incremento del 320 por ciento, según confirmaba la consejera de Justicia, María José López, que dijo que el 70 por ciento de los jóvenes infractores andaluces no reincide, aunque no dio datos de la provincia.
No obstante, algunos profesionales denunciaron ayer en las Jornadas sobre la Reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, organizadas por la Junta de Andalucía, que no sólo carecen de medios suficientes para garantizar el cumplimiento de las medidas en abierto, sino también de plazas en los centros cerrados (para los delitos más graves). "En Málaga no hay plazas disponibles y deben ser derivados a otras provincias", dijeron.
La magistrada del juzgado Número 2 de Málaga, Cristina Jariod, denunciaba que "un educador debería vigilar las medidas de entre 12 y 14 menores delincuentes, mientras que en Málaga cada educador tiene a más de 30 delincuentes adolescentes en libertad a su cargo".
Jariod relativizó en su ponencia los delitos de los adolescentes, pese a que ahora sean más numerosos, y recordó que en los seis años que lleva en el cargo no ha encontrado ningún homicidio.
La juez recordó el caso de dos chicos que se habían conectado a internet a través de una empresa cercana a su vivienda. "Era un procedimiento que había estado en la Audiencia Nacional, uno de esos casos de vergüenza judicial por el número de años; cuando me llegó la causa eran ingenieros informáticos". La medida: sobreseimiento por principio de oportunidades.
La Delegación de Justicia de la Junta ha organizado estas jornadas que se prolongan hasta el viernes para analizar las reformas previstas a la Ley del Menor de 2000. Abrió las ponencias el delegado de las funciones del Ministerio Fiscal en materia de responsabilidad penal de menores de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas. El fiscal explicó que las reformas van a suponer un endurecimiento de las penas y advirtió que esto puede "dificultar el objetivo de la ley, que es la integración socioeducativa". La norma introduce por primera vez la figura de la acusación particular y se amplía la duración de las medidas de internamiento en régimen cerrado, además de los supuestos en los que se puede aplicar el internamiento. www.diariomalagahoy.com
