El juez de menores José Ricardo García, cuyas medidas son pioneras en España, defiende la orden de alejamiento contra los agresores
Victoria Bueno, 10 JUN. Alicante
El juzgado de menores número 3 de Alicante, del que ha partido la orden de alejamiento contra dos alumnos del instituto Miguel Hernández de Alicante por presunto acoso a otra estudiante del mismo centro durante todo el curso, es pionero en adoptar con menores medidas que parecen más propias de mayores.
El magistrado titular de este juzgado, José Ricardo García, estaba de baja el día que su despacho tomó declaración a esta alumna por acoso escolar, pero hace ya año y medio que él mismo dictó la primera orden de alejamiento escolar entre menores en la provincia. Ahora se suma la protección de la víctima como si de una mujer maltratada se tratara hasta que la Fiscalía acabe la instrucción del caso. «Normalmente acaba en juicio y lo que ralentiza ese momento es la instrucción que lleva a cabo la Fiscalía, pero en tramitar los expedientes no se tarda» . El juez recuerda que la reforma de la ley orgánica de 8 de febrero de 2006 recoge las prácticas de libertad vigilada que su juzgado ya practicaba de antemano con los menores acusados, y que en los casos graves como el de esta menor «se activa todo el protocolo policial» . La orden de alejamiento contra los presuntos acosadores incluye la prohibición absoluta de comunicación con la víctima por cualquier medio: «Hay que romper toda relación, ni siquiera por internet o móvil, lo que se deduce de los antecedentes que obran en nuestro poder tras las declaraciones». La jueza que dictó el auto sobre la acosada del instituto Miguel Hernández atendió la demanda del fiscal en primer lugar y escuchó al equipo técnico de los juzgados - los psicólogos - , a los letrados de la defensa y a la Conselleria de Bienestar Social. De esta última dependerá la puesta en práctica de los cursos sobre sexualidad que también deben seguir los acusados hasta que acabe la instrucción. «De nosotros parten las órdenes, por eso hay que adoptarlas con sentido común, porque no se trata de crear una segundas víctimas. Dictamos un alejamiento y la competencia de cumplirlo es del centro educativo, pero es verdad que sería muy importante explicar al resto del alumnado por qué se toman determinadas decisiones. No debería romperse la dinámica de escolarización de ninguno de los alumnos mientras no se produzca una agresión física. Por lo mismo - abunda - tampoco es la víctima la que debe dejar el centro, pero para eso debe haber una labor educativa importante sin perjuicio de que se sigan las diligencias». Este juez advierte que de lo que se trata es de evitar que se altere o distorsione el ritmo de vida de cualquier menor mientras se dilucida si existe delito, por eso sugiere que algo falla educativamente si quien decide abandonar finalmente el centro escolar es la víctima, presionada por la falta de apoyo como sucede con la menor del instituto Miguel Hernández. L-emv
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La excepcionalidad no lo es tanto
Los Juzgados de Menores han solicitado órdenes de alejamiento, medidas de protección y realización de cursos en más de una docena de casos de acoso y maltrato
Desde la Fiscalía y los juzgados de Menores se mostraban ayer sorprendidos por la relevancia que ha adquirido el caso de la adolescente de 15 años presuntamente acosada por cuatro compañeros de instituto, dos de ellos inimputables al no alcanzar los 14 años, y temían que la publicidad llevara a una mayor victimización de la agredida. Según la madre de la niña, los adolescentes la sometían a tratos degradantes, tocándole el pecho y las nalgas y llamándola «puta».
El pasado 30 de mayo, y tras haber ido detenidos los dos adolescentes de 16 años implicados, el juzgado acordaba a petición de la Fiscalía una orden de alejamiento que prohibiera a los adolescentes acercarse a la joven a menos de 300 metros fuera del centro escolar y a compartir aula, lo que obligó a que uno de los chavales tenga que seguir las clases en la biblioteca.
En el auto de medidas cautelares, el juez decretaba también que los dos menores acudieran a «un curso de educación sexual» con fines preventivos. En estos momentos, la Conselleria de Bienestar Social estudia cómo aplicarlo y si se deriva al plan contra la Violencia Juvenil de la Audiencia.
Con el fin de que fuera efectiva la orden de alejamiento, la medida se comunicó a las fuerzas del orden para que se garantizara la protección, «tal y cómo se hace en todos los casos», señalaba ayer el titular del Juzgado de Menores Número 3, encargado del caso. En esta ocasión, la Policía decidió darle un móvil directamente conectado con un subinspector las 24 horas del día. Otras veces «optan por patrullar más por la zona en la que se mueve el menor», añadió el magistrado, José Ricardo García.
«Siempre que hay una orden de alejamiento se comunica a la Policía y a la Guardia Civil y ésta lleva a cabo su protocolo interno», explicaba el magistrado. Sólo el Juzgado de Menores ha dictado una medida de este tipo en al menos tres ocasiones en los últimos meses. Una de ellas fue el caso de acoso escolar denunciado en Elche en noviembre del año pasado, en el que finalmente sólo se mantuvieron las diligencias contra cuatro chicos, de los siete inicialmente implicados.
«Las órdenes de alejamiento son frecuentes en los casos de acoso escolar o sexual y en los de malos tratos», señalaba ayer Carmen Arias, titular del Juzgado de Menores Número 1. En los últimos días se ha impuesto una a un chico con el fin de proteger a su novia. «Suele haber una semanal», añade.
Aplicar este tipo de medidas, sin embargo, es complicado en el caso de los menores. En los casos de acoso escolar «las víctimas y los agresores suelen ir al mismo centro escolar y ser del mismo barrio. No se puede prohibir a un niño volver a su casa para mantener las distancias con otro, ya que la orden de alejamiento entonces afectaría a toda la familia y obligaría a los padres a trasladarse».
Según Carmen Arias, en los casos de acoso escolar se suele poner un oficio al director del centro para que los niños no coincidan en las mismas aulas. Si el menor está acusado de maltratar a los padres, «se ha de buscar un sitio donde alojarle, o bien con un familiar cercano o bien un centro de acogida». Recientemente se obligó a un adolescente a vivir con su tío tras pegar a la madre.
Cursos
José Ricardo García explica que la obligación de realizar cursos de educación sexual «se ha aplicado en diez o quince casos de violación o de malos tratos de novios a novias». Esta «educación en valores» es llevada a cabo por los educadores de Bienestar Social encargados de las libertades vigiladas. Según el juez, previamente «me envían una programación individualizada para que la vea», aunque «lo mejor es que se realizaran grupos». El objetivo es que «se interiorice la igualdad entre sexos y s desechen las conductas machistas».
Desde el Juzgado Número 1 señalaron que también se envió una vez a un curso de rehabilitación de maltratadores a un joven ya mayor de edad condenado por un delito de violencia doméstica cometido cuando todavía era menor.
Vejan a una chica por denunciar un hurto
Acosada por venganza. El Juzgado de Menores ha impuesto una orden de alejamiento a un grupo de chavales acusados de someter a trato degradante a una compañera de instituto después de que ésta les denunciara por haber cometido un hurto.
Según fuentes cercanas al caso, tras haberse interpuesto la denuncia, los chico supuestamente amenazaron a la menor. La orden de alejamiento se impuso de forma preventiva y para evitar una venganza.
Por su parte, desde la Asociación contra el acoso escolar en Cataluña, Acaecat, señalaron que en ocasiones el acoso empieza en Primaria, incluso en niños de cinco años, que son inimputables.
www.laverdad.es
El calvario de una escolar
Los padres y compañeros de una estudiante de Alicante acosada por dos chicos aplauden las medidas protectoras dictadas por el juez
Los alumnos creen que debería haberse expulsado a los agresores hace tiempo
EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 09/06/2007 El problema se veía venir. En el instituto de educación secundaria Miguel Hernández, de Alicante, los alumnos comentaban ayer el "agresivo" carácter de los dos estudiantes del centro que acosaban a otra alumna de 15 años, y para los que el Juzgado de Menores de Alicante ha dictado una serie de medidas pioneras, entre ellas una orden de alejamiento de la acosada.
El testimonio de Eduardo, Dani, Jorge, Lucas y otros alumnos del instituto público es unánime al explicar el violento comportamiento de los acosadores, uno de ellos de 14 años de edad, que ya había protagonizado altercados. "Un día rompió el cristal del gimnasio", explica uno de los jóvenes estudiantes
. "También pegó a un profesor y se metía con todo el mundo", añade. "La primera vez que hizo algo así de fuerte deberían haberle castigado", agrega otro. En general, los estudiantes aplauden las medidas de protección que ha decretado el juez, pero las consideran insuficientes y creen, además, que llegan tarde. "Apartarle de clase y no dejarle acercarse a ella no es nada", apunta otro estudiante, quien considera que deberían haber expulsado a los acosadores "y si reinciden, enviarles a un centro de menores".
Los agresores deberán mantener una distancia de 300 metros con la víctima, realizarán un curso de orientación sexual y uno de ellos ha sido separado de la clase. Además, la juez prohíbe a los acosadores comunicarse con la víctima por cualquier medio, tanto dentro como fuera del centro. Mientras, la chica está en contacto, mediante un teléfono móvil, con un policía. Las medidas, similares a las que se aplican a las mujeres maltratadas, no tienen relación con el protocolo jurídico de violencia doméstica, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Celia Torres, madre de la joven acosada, relató con preocupación el calvario que ha sufrido su hija desde el pasado noviembre. Según su madre, primero fueron insultos, luego algún empujón y gestos obscenos, y un día uno de ellos se encerró con ella en el cuarto de baño y le realizó tocamientos. La alumna no podía soportar más la presión. Al regresar a su casa iba cambiando de itinerario para evitar tropezar con los presuntos agresores.
Todo este sordo cúmulo de vejaciones se destapó finalmente el 23 de mayo pasado, cuando la niña llegó a casa muy nerviosa y contó a su hermano mayor qué le estaba pasando. "Los dos últimos meses estaba mal, tenía insomnio, sufría trastornos alimentarios e intentaba evitar a sus padres", dice su madre. "Estaba rara, pero lo achacábamos a la adolescencia y el final de curso". En los estudios tampoco rendía. Está repitiendo segundo curso de ESO y este año, con el acoso, se descentró más todavía.
La madre de la víctima estaba ayer indignada con la actitud de algunos compañeros del instituto que, una vez que ha trascendido el caso, "en vez de apoyarla cuando la ven, la llaman despectivamente la violada o le dicen cosas como 'apártate de ella, que te denuncia'". La madre también criticó la pasividad de la dirección del centro educativo. "Con la Justicia estoy contenta, pero por parte del centro no lo estoy. Si hay un problema, deben buscar soluciones", comentaba a las puertas del instituto mientras esperaba ser atendida por la jefa de estudios.
"El centro no se ha puesto en contacto con nosotros para nada, y ahora está en un mutismo total, sus responsables no nos han llamado y son difíciles de encontrar", explicó la madre. Tampoco tiene claras las medidas que la dirección del instituto ha aplicado contra los presuntos agresores, que ella insiste en que son cuatro. "Comentan que uno de los chavales que iba con ella a clase ahora va a ir a otra aula o está en la biblioteca, de los otros dos no sé qué han hecho, y hay otro chaval del que el año pasado, según la jefa de estudios, otras alumnas ya se quejaron".
La dirección del instituto mantuvo ayer un férreo mutismo sobre el caso y declinó atender a los periodistas. La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana tampoco ofreció su versión de los hechos.
Los padres, al comprobar la gravedad de lo sucedido, decidieron acudir a la Comisaría a presentar una denuncia. Antes pasaron por el centro para registrar el escrito. "Les advertimos de que íbamos a denunciar el caso", recordaba la madre, que lamentaba que hasta ayer no se hubiera reunido el consejo escolar del instituto. elpais
Victoria Bueno, 10 JUN. Alicante
El juzgado de menores número 3 de Alicante, del que ha partido la orden de alejamiento contra dos alumnos del instituto Miguel Hernández de Alicante por presunto acoso a otra estudiante del mismo centro durante todo el curso, es pionero en adoptar con menores medidas que parecen más propias de mayores.
El magistrado titular de este juzgado, José Ricardo García, estaba de baja el día que su despacho tomó declaración a esta alumna por acoso escolar, pero hace ya año y medio que él mismo dictó la primera orden de alejamiento escolar entre menores en la provincia. Ahora se suma la protección de la víctima como si de una mujer maltratada se tratara hasta que la Fiscalía acabe la instrucción del caso. «Normalmente acaba en juicio y lo que ralentiza ese momento es la instrucción que lleva a cabo la Fiscalía, pero en tramitar los expedientes no se tarda» . El juez recuerda que la reforma de la ley orgánica de 8 de febrero de 2006 recoge las prácticas de libertad vigilada que su juzgado ya practicaba de antemano con los menores acusados, y que en los casos graves como el de esta menor «se activa todo el protocolo policial» . La orden de alejamiento contra los presuntos acosadores incluye la prohibición absoluta de comunicación con la víctima por cualquier medio: «Hay que romper toda relación, ni siquiera por internet o móvil, lo que se deduce de los antecedentes que obran en nuestro poder tras las declaraciones». La jueza que dictó el auto sobre la acosada del instituto Miguel Hernández atendió la demanda del fiscal en primer lugar y escuchó al equipo técnico de los juzgados - los psicólogos - , a los letrados de la defensa y a la Conselleria de Bienestar Social. De esta última dependerá la puesta en práctica de los cursos sobre sexualidad que también deben seguir los acusados hasta que acabe la instrucción. «De nosotros parten las órdenes, por eso hay que adoptarlas con sentido común, porque no se trata de crear una segundas víctimas. Dictamos un alejamiento y la competencia de cumplirlo es del centro educativo, pero es verdad que sería muy importante explicar al resto del alumnado por qué se toman determinadas decisiones. No debería romperse la dinámica de escolarización de ninguno de los alumnos mientras no se produzca una agresión física. Por lo mismo - abunda - tampoco es la víctima la que debe dejar el centro, pero para eso debe haber una labor educativa importante sin perjuicio de que se sigan las diligencias». Este juez advierte que de lo que se trata es de evitar que se altere o distorsione el ritmo de vida de cualquier menor mientras se dilucida si existe delito, por eso sugiere que algo falla educativamente si quien decide abandonar finalmente el centro escolar es la víctima, presionada por la falta de apoyo como sucede con la menor del instituto Miguel Hernández. L-emv
relacionados
La excepcionalidad no lo es tanto
Los Juzgados de Menores han solicitado órdenes de alejamiento, medidas de protección y realización de cursos en más de una docena de casos de acoso y maltrato
PROTOCOLO. Firma del acuerdo entre la Audiencia y las diferentes instituciones para aplicar un convenio contra la Violencia Juvenil. | I. GENOVÉS/ 9 JUN. ALICANTE
Órdenes de alejamiento, cursos de educación sexual y de reeducación en valores e incluso protección policial. Las medidas recientemente adoptadas en el caso de una niña de 15 años presuntamente acosada por cuatro compañeros de instituto en Alicante no son infrecuentes en los juzgados de Menores de la provincia. Según fuentes judiciales, en los últimos meses se han dictado este tipo de resoluciones en más de una docena de casos de maltrato familiar o de acoso escolar. |
El pasado 30 de mayo, y tras haber ido detenidos los dos adolescentes de 16 años implicados, el juzgado acordaba a petición de la Fiscalía una orden de alejamiento que prohibiera a los adolescentes acercarse a la joven a menos de 300 metros fuera del centro escolar y a compartir aula, lo que obligó a que uno de los chavales tenga que seguir las clases en la biblioteca.
En el auto de medidas cautelares, el juez decretaba también que los dos menores acudieran a «un curso de educación sexual» con fines preventivos. En estos momentos, la Conselleria de Bienestar Social estudia cómo aplicarlo y si se deriva al plan contra la Violencia Juvenil de la Audiencia.
Con el fin de que fuera efectiva la orden de alejamiento, la medida se comunicó a las fuerzas del orden para que se garantizara la protección, «tal y cómo se hace en todos los casos», señalaba ayer el titular del Juzgado de Menores Número 3, encargado del caso. En esta ocasión, la Policía decidió darle un móvil directamente conectado con un subinspector las 24 horas del día. Otras veces «optan por patrullar más por la zona en la que se mueve el menor», añadió el magistrado, José Ricardo García.
«Siempre que hay una orden de alejamiento se comunica a la Policía y a la Guardia Civil y ésta lleva a cabo su protocolo interno», explicaba el magistrado. Sólo el Juzgado de Menores ha dictado una medida de este tipo en al menos tres ocasiones en los últimos meses. Una de ellas fue el caso de acoso escolar denunciado en Elche en noviembre del año pasado, en el que finalmente sólo se mantuvieron las diligencias contra cuatro chicos, de los siete inicialmente implicados.
«Las órdenes de alejamiento son frecuentes en los casos de acoso escolar o sexual y en los de malos tratos», señalaba ayer Carmen Arias, titular del Juzgado de Menores Número 1. En los últimos días se ha impuesto una a un chico con el fin de proteger a su novia. «Suele haber una semanal», añade.
Aplicar este tipo de medidas, sin embargo, es complicado en el caso de los menores. En los casos de acoso escolar «las víctimas y los agresores suelen ir al mismo centro escolar y ser del mismo barrio. No se puede prohibir a un niño volver a su casa para mantener las distancias con otro, ya que la orden de alejamiento entonces afectaría a toda la familia y obligaría a los padres a trasladarse».
Según Carmen Arias, en los casos de acoso escolar se suele poner un oficio al director del centro para que los niños no coincidan en las mismas aulas. Si el menor está acusado de maltratar a los padres, «se ha de buscar un sitio donde alojarle, o bien con un familiar cercano o bien un centro de acogida». Recientemente se obligó a un adolescente a vivir con su tío tras pegar a la madre.
Cursos
José Ricardo García explica que la obligación de realizar cursos de educación sexual «se ha aplicado en diez o quince casos de violación o de malos tratos de novios a novias». Esta «educación en valores» es llevada a cabo por los educadores de Bienestar Social encargados de las libertades vigiladas. Según el juez, previamente «me envían una programación individualizada para que la vea», aunque «lo mejor es que se realizaran grupos». El objetivo es que «se interiorice la igualdad entre sexos y s desechen las conductas machistas».
Desde el Juzgado Número 1 señalaron que también se envió una vez a un curso de rehabilitación de maltratadores a un joven ya mayor de edad condenado por un delito de violencia doméstica cometido cuando todavía era menor.
Vejan a una chica por denunciar un hurto
Acosada por venganza. El Juzgado de Menores ha impuesto una orden de alejamiento a un grupo de chavales acusados de someter a trato degradante a una compañera de instituto después de que ésta les denunciara por haber cometido un hurto.
Según fuentes cercanas al caso, tras haberse interpuesto la denuncia, los chico supuestamente amenazaron a la menor. La orden de alejamiento se impuso de forma preventiva y para evitar una venganza.
Por su parte, desde la Asociación contra el acoso escolar en Cataluña, Acaecat, señalaron que en ocasiones el acoso empieza en Primaria, incluso en niños de cinco años, que son inimputables.
www.laverdad.es
Los padres y compañeros de una estudiante de Alicante acosada por dos chicos aplauden las medidas protectoras dictadas por el juez
Los alumnos creen que debería haberse expulsado a los agresores hace tiempo
EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 09/06/2007 El problema se veía venir. En el instituto de educación secundaria Miguel Hernández, de Alicante, los alumnos comentaban ayer el "agresivo" carácter de los dos estudiantes del centro que acosaban a otra alumna de 15 años, y para los que el Juzgado de Menores de Alicante ha dictado una serie de medidas pioneras, entre ellas una orden de alejamiento de la acosada.
El testimonio de Eduardo, Dani, Jorge, Lucas y otros alumnos del instituto público es unánime al explicar el violento comportamiento de los acosadores, uno de ellos de 14 años de edad, que ya había protagonizado altercados. "Un día rompió el cristal del gimnasio", explica uno de los jóvenes estudiantes
. "También pegó a un profesor y se metía con todo el mundo", añade. "La primera vez que hizo algo así de fuerte deberían haberle castigado", agrega otro. En general, los estudiantes aplauden las medidas de protección que ha decretado el juez, pero las consideran insuficientes y creen, además, que llegan tarde. "Apartarle de clase y no dejarle acercarse a ella no es nada", apunta otro estudiante, quien considera que deberían haber expulsado a los acosadores "y si reinciden, enviarles a un centro de menores".
Los agresores deberán mantener una distancia de 300 metros con la víctima, realizarán un curso de orientación sexual y uno de ellos ha sido separado de la clase. Además, la juez prohíbe a los acosadores comunicarse con la víctima por cualquier medio, tanto dentro como fuera del centro. Mientras, la chica está en contacto, mediante un teléfono móvil, con un policía. Las medidas, similares a las que se aplican a las mujeres maltratadas, no tienen relación con el protocolo jurídico de violencia doméstica, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Celia Torres, madre de la joven acosada, relató con preocupación el calvario que ha sufrido su hija desde el pasado noviembre. Según su madre, primero fueron insultos, luego algún empujón y gestos obscenos, y un día uno de ellos se encerró con ella en el cuarto de baño y le realizó tocamientos. La alumna no podía soportar más la presión. Al regresar a su casa iba cambiando de itinerario para evitar tropezar con los presuntos agresores.
Todo este sordo cúmulo de vejaciones se destapó finalmente el 23 de mayo pasado, cuando la niña llegó a casa muy nerviosa y contó a su hermano mayor qué le estaba pasando. "Los dos últimos meses estaba mal, tenía insomnio, sufría trastornos alimentarios e intentaba evitar a sus padres", dice su madre. "Estaba rara, pero lo achacábamos a la adolescencia y el final de curso". En los estudios tampoco rendía. Está repitiendo segundo curso de ESO y este año, con el acoso, se descentró más todavía.
La madre de la víctima estaba ayer indignada con la actitud de algunos compañeros del instituto que, una vez que ha trascendido el caso, "en vez de apoyarla cuando la ven, la llaman despectivamente la violada o le dicen cosas como 'apártate de ella, que te denuncia'". La madre también criticó la pasividad de la dirección del centro educativo. "Con la Justicia estoy contenta, pero por parte del centro no lo estoy. Si hay un problema, deben buscar soluciones", comentaba a las puertas del instituto mientras esperaba ser atendida por la jefa de estudios.
"El centro no se ha puesto en contacto con nosotros para nada, y ahora está en un mutismo total, sus responsables no nos han llamado y son difíciles de encontrar", explicó la madre. Tampoco tiene claras las medidas que la dirección del instituto ha aplicado contra los presuntos agresores, que ella insiste en que son cuatro. "Comentan que uno de los chavales que iba con ella a clase ahora va a ir a otra aula o está en la biblioteca, de los otros dos no sé qué han hecho, y hay otro chaval del que el año pasado, según la jefa de estudios, otras alumnas ya se quejaron".
La dirección del instituto mantuvo ayer un férreo mutismo sobre el caso y declinó atender a los periodistas. La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana tampoco ofreció su versión de los hechos.
Los padres, al comprobar la gravedad de lo sucedido, decidieron acudir a la Comisaría a presentar una denuncia. Antes pasaron por el centro para registrar el escrito. "Les advertimos de que íbamos a denunciar el caso", recordaba la madre, que lamentaba que hasta ayer no se hubiera reunido el consejo escolar del instituto. elpais
