Los profesores reclaman más medios para la puesta en marcha de programas específicos para mejorar la convivencia en los institutos y colegios de la Comunidad
FRANCISCO D. GONZÁLEZ/ VALENCIA
Los centros de enseñanza de la Comunidad Valenciana tienen mucho camino que recorrer todavía en la dura carrera contra el acoso escolar. Y es que las actividades puestas en marcha dirigidas a mejorar la convivencia entre los distintos colectivos de la comunidad escolar siguen siendo muy poco habituales. No en vano, sólo uno de cada diez centros educativos recurre a los planes de mediación y de alumnos ayudantes, según se desprende del informe sobre violencia en las aulas elaborado por la Síndica de Greuges.
Los directores de los colegios e institutos han dado prioridad en sus planteamientos a los programas de acogida y a los criterios de agrupamientos del alumnado, sistemas aplicados en el 64,8% y 57,3% de los centros respectivamente. En este sentido, el cuerpo docente sostiene que todo centro debería contar con un programa específico de mejora de la convivencia. Así, la vicepresidenta de de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana (Adies), Laura Oliva, reclama un sistema de convivencia integral para los centros de enseñanza «que cuente con la participación de la Conselleria de Bienestar Social, los ayuntamientos y las asociaciones de padres de alumnos, dotado de verdaderos medios y recursos para afrontar la problemática del acoso escolar desde todas vertientes que implica este fenómeno».
Oliva mantiene que el Plan de Prevención de la Violencia en las Aulas (Previ) impulsado por el Consell «ha fracasado por el escaso presupuesto que se ha destinado a su implantación y sobre todo porque no se contemplaron aspectos como la reeducación de los agresores o la formación del profesorado en el ámbito de las características personales de los alumnos».
Medidas inadecuadas
El informe de la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, pone de manifiesto que la iniciativa reciente de contar en los centros con un órgano encargado de la convivencia no parece estar funcionando adecuadamente, ya que una mayoría del profesorado (68,9%) considera que estas comisiones son órganos puramente sancionadores. A este respecto, los profesores critican que la Administración «ha burocratizado el problema del acoso escolar», y «se ha limitado a establecer un mero protocolo sancionador». En cuanto a las posibles causas de los conflictos en las aulas, los docentes, según el informe del órgano consultivo, mantienen como principal factor la excesiva permisividad con que los alumnos cuentan en casa, mientras que las familias observan como idea fuerza la falta de respeto que los chicos y chicas de hoy en día de hoy demuestran ante la autoridad.
Pese a que actualmente el 45% de los alumnos sufren agresiones verbales con cierta frecuencia y más del 17% han sufrido agresiones físicas, la Síndica establece en su informe que la situación de los centros educativos «no debe calificarse de alarmante», si bien advierte de que «existen síntomas preocupantes en el ámbito escolar, donde la convivencia dista mucho todavi a de aproximarse a un nivel mí nimo exigible».
En opinión de la asociación Adies, uno de estos «síntomas preocupantes» y que prueba que el sistema «no funciona» es el hecho de que la alumna del IES Miguel Hernández de Alicante acosada por cuatro compañeros «haya tenido que tirar la toalla y abandonar el instituto». DI
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El 20 por ciento de los estudiantes sufren acoso o alguna forma de violencia
M. J. P-B. 11 JUN. MADRID. La convivencia en las aulas se ha deteriorado hasta tal punto que ha llegado a situaciones extremas. El ejemplo más reciente es el caso de Alba, la niña alicantina de 15 años que ha denunciado a cuatro compañeros de instituto por acoso sexual. El Fiscal de Menores le ha concedido medidas iguales a las de una mujer maltratada, una iniciativa pionera en nuestro país: una orden de alejamiento para dos de sus agresores, que la sometían a insultos y tocamientos, y un móvil conectado las 24 horas a un subinspector de Policía.
Éste y otros casos de acoso escolar se van conociendo poco a poco como con cuentagotas. Pero los expertos no dejan de advertirlo: los casos de violencia en las aulas que salen a la luz son sólo la punta del iceberg de un fenómeno frecuente en los colegios e institutos españoles. De hecho, diversos estudios apuntan que más del 20 por ciento de los estudiantes de entre 7 y 18 años (de 2º de Primaria a Bachillerato) son víctimas de alguna forma de acoso o violencia escolar. Y todo parece indicar que esta situación no tiene visos de mejorar, por el contrario parece que va en aumento.
El caso de Jokin
Quizá fue el caso del joven Jokin Cebeiro, hace ya casi tres años, el que destapó la gravedad de este fenómeno a la opinión pública y despertó muchas conciencias. Jokin con 14 años se suicidó en Fuenterrabía tras ser objeto de agresiones e insultos reiterados por parte de ocho compañeros de instituto. Siete de ellos fueron condenados a cumplir dos años de internamiento en régimen abierto en un centro educativo.
Desde entonces los casos se han ido sucediendo sin cesar, a veces con denuncias y condenas a los agresores; otras con expedientes que siguen investigándose y otras con sospechas que finalmente no se han llegado a demostrar, como ocurrió con una joven de Elda (Alicante), de 16 años, que en mayo de 2005 se arrojó desde un puente de 25 metros de altura. Cinco meses antes del fatal desenlace cuatro chicas la habían agredido causándole lesiones.
Pero resulta que, además, se van añadiendo otros elementos.Grabar el sufrimiento de las víctimas en teléfonos móviles e, incluso en vídeo, tristemente parece ser una diversión más. Ocurrió en un instituto de Valencia. Un grupo de alumnos recogía en sus móviles las patadas y puñetazos que propinaban a otros compañeros. Este año el Colegio Suizo de Madrid se enfrentó a dos casos de acoso escolar. En uno de ellos, los padres de un alumno de once años denunciaron que su hijo venía sufriendo desde hacía dos años malostratos por parte de tres compañeros de clase. Y mostraban los hechos con un vídeo grabado por los presuntos agresores.
Con el tiempo, la lista suma y suma casos. Una niña de Ponferrada (León), de 13 años, sufrió fractura de tibia, peroné y tobillo por los empujones de tres compañeras; un niño granadino de 14 años tenía depresión por los insultos, mofas y burlas de sus amigos... Una adolescente de doce años recibió una paliza en un instituto de Lérida; en otro centro de la misma provincia un chico de 15 años clavó un destornillador en la espalda a otro de 13 que presuntamente le acosaba...
Ante tales sucesos pocos creen que se trate de casos aislados, más bien, es un síntoma de que la violencia se ha apoderado de las aulas. No en vano, ya se dan algunos pasos para frenar esa oleada y se ha formado una comisión de nueve senadores que tratarán de estudiar el fenómeno. Sin embargo, los esfuerzos quizás se queden cortos si no actúa toda la comunidad educativa. Tal vez haya llegado el momento de que autoridades, profesores, padres y alumnos tomen seriamente las riendas de un fenómeno que puede llegar a causar males mayores. abc
FRANCISCO D. GONZÁLEZ/ VALENCIA
Los centros de enseñanza de la Comunidad Valenciana tienen mucho camino que recorrer todavía en la dura carrera contra el acoso escolar. Y es que las actividades puestas en marcha dirigidas a mejorar la convivencia entre los distintos colectivos de la comunidad escolar siguen siendo muy poco habituales. No en vano, sólo uno de cada diez centros educativos recurre a los planes de mediación y de alumnos ayudantes, según se desprende del informe sobre violencia en las aulas elaborado por la Síndica de Greuges.
Los directores de los colegios e institutos han dado prioridad en sus planteamientos a los programas de acogida y a los criterios de agrupamientos del alumnado, sistemas aplicados en el 64,8% y 57,3% de los centros respectivamente. En este sentido, el cuerpo docente sostiene que todo centro debería contar con un programa específico de mejora de la convivencia. Así, la vicepresidenta de de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana (Adies), Laura Oliva, reclama un sistema de convivencia integral para los centros de enseñanza «que cuente con la participación de la Conselleria de Bienestar Social, los ayuntamientos y las asociaciones de padres de alumnos, dotado de verdaderos medios y recursos para afrontar la problemática del acoso escolar desde todas vertientes que implica este fenómeno».
Oliva mantiene que el Plan de Prevención de la Violencia en las Aulas (Previ) impulsado por el Consell «ha fracasado por el escaso presupuesto que se ha destinado a su implantación y sobre todo porque no se contemplaron aspectos como la reeducación de los agresores o la formación del profesorado en el ámbito de las características personales de los alumnos».
Medidas inadecuadas
El informe de la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, pone de manifiesto que la iniciativa reciente de contar en los centros con un órgano encargado de la convivencia no parece estar funcionando adecuadamente, ya que una mayoría del profesorado (68,9%) considera que estas comisiones son órganos puramente sancionadores. A este respecto, los profesores critican que la Administración «ha burocratizado el problema del acoso escolar», y «se ha limitado a establecer un mero protocolo sancionador». En cuanto a las posibles causas de los conflictos en las aulas, los docentes, según el informe del órgano consultivo, mantienen como principal factor la excesiva permisividad con que los alumnos cuentan en casa, mientras que las familias observan como idea fuerza la falta de respeto que los chicos y chicas de hoy en día de hoy demuestran ante la autoridad.
Pese a que actualmente el 45% de los alumnos sufren agresiones verbales con cierta frecuencia y más del 17% han sufrido agresiones físicas, la Síndica establece en su informe que la situación de los centros educativos «no debe calificarse de alarmante», si bien advierte de que «existen síntomas preocupantes en el ámbito escolar, donde la convivencia dista mucho todavi a de aproximarse a un nivel mí nimo exigible».
En opinión de la asociación Adies, uno de estos «síntomas preocupantes» y que prueba que el sistema «no funciona» es el hecho de que la alumna del IES Miguel Hernández de Alicante acosada por cuatro compañeros «haya tenido que tirar la toalla y abandonar el instituto». DI
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M. J. P-B. 11 JUN. MADRID. La convivencia en las aulas se ha deteriorado hasta tal punto que ha llegado a situaciones extremas. El ejemplo más reciente es el caso de Alba, la niña alicantina de 15 años que ha denunciado a cuatro compañeros de instituto por acoso sexual. El Fiscal de Menores le ha concedido medidas iguales a las de una mujer maltratada, una iniciativa pionera en nuestro país: una orden de alejamiento para dos de sus agresores, que la sometían a insultos y tocamientos, y un móvil conectado las 24 horas a un subinspector de Policía.
Éste y otros casos de acoso escolar se van conociendo poco a poco como con cuentagotas. Pero los expertos no dejan de advertirlo: los casos de violencia en las aulas que salen a la luz son sólo la punta del iceberg de un fenómeno frecuente en los colegios e institutos españoles. De hecho, diversos estudios apuntan que más del 20 por ciento de los estudiantes de entre 7 y 18 años (de 2º de Primaria a Bachillerato) son víctimas de alguna forma de acoso o violencia escolar. Y todo parece indicar que esta situación no tiene visos de mejorar, por el contrario parece que va en aumento.
El caso de Jokin
Quizá fue el caso del joven Jokin Cebeiro, hace ya casi tres años, el que destapó la gravedad de este fenómeno a la opinión pública y despertó muchas conciencias. Jokin con 14 años se suicidó en Fuenterrabía tras ser objeto de agresiones e insultos reiterados por parte de ocho compañeros de instituto. Siete de ellos fueron condenados a cumplir dos años de internamiento en régimen abierto en un centro educativo.
Desde entonces los casos se han ido sucediendo sin cesar, a veces con denuncias y condenas a los agresores; otras con expedientes que siguen investigándose y otras con sospechas que finalmente no se han llegado a demostrar, como ocurrió con una joven de Elda (Alicante), de 16 años, que en mayo de 2005 se arrojó desde un puente de 25 metros de altura. Cinco meses antes del fatal desenlace cuatro chicas la habían agredido causándole lesiones.
Pero resulta que, además, se van añadiendo otros elementos.Grabar el sufrimiento de las víctimas en teléfonos móviles e, incluso en vídeo, tristemente parece ser una diversión más. Ocurrió en un instituto de Valencia. Un grupo de alumnos recogía en sus móviles las patadas y puñetazos que propinaban a otros compañeros. Este año el Colegio Suizo de Madrid se enfrentó a dos casos de acoso escolar. En uno de ellos, los padres de un alumno de once años denunciaron que su hijo venía sufriendo desde hacía dos años malostratos por parte de tres compañeros de clase. Y mostraban los hechos con un vídeo grabado por los presuntos agresores.
Con el tiempo, la lista suma y suma casos. Una niña de Ponferrada (León), de 13 años, sufrió fractura de tibia, peroné y tobillo por los empujones de tres compañeras; un niño granadino de 14 años tenía depresión por los insultos, mofas y burlas de sus amigos... Una adolescente de doce años recibió una paliza en un instituto de Lérida; en otro centro de la misma provincia un chico de 15 años clavó un destornillador en la espalda a otro de 13 que presuntamente le acosaba...
Ante tales sucesos pocos creen que se trate de casos aislados, más bien, es un síntoma de que la violencia se ha apoderado de las aulas. No en vano, ya se dan algunos pasos para frenar esa oleada y se ha formado una comisión de nueve senadores que tratarán de estudiar el fenómeno. Sin embargo, los esfuerzos quizás se queden cortos si no actúa toda la comunidad educativa. Tal vez haya llegado el momento de que autoridades, profesores, padres y alumnos tomen seriamente las riendas de un fenómeno que puede llegar a causar males mayores. abc
