PeaceALTERNATIVAS EDUCATIVAS· Pueden consistir en libertad vigilada, servicios a la comunidad o permanecer en casa el fin de semana
122 jóvenes navarros cumplieron en 2006 sentencias en sus domicilios
MARTÍN RUIZ 2 JUL. PAMPLONA.
La asociación educativa Berriztu colabora en Navarra con los juzgados de menores para posibilitar que quienes han delinquido con menos de 18 años cumplan sentencias judiciales alternativas o complementarias al internamiento en un centro. Berriztu gestiona este servicio de Bienestar Social desde 2004. A día de hoy, medio centenar de adolescentes de 14 a 18 años cumplen diferentes medidas educativas. En la mayoría de casos, se trata de libertad vigilada, durante la cual residen en el hogar familiar bajo supervisión de un educador que vela por la inserción formativa o laboral del joven. Otros realizan prestaciones en beneficio de la comunidad; algunos cumplen con tareas socio educativas, o si presentan problemas por consumo de sustancias reciben tratamiento ambulatorio en su domicilio, en este caso en colaboración con Suspertu, el programa de Proyecto Hombre dirigido a adolescentes.
No son voluntarios. Se trata de menores que realizan prestaciones en beneficio de la comunidad por sentencia judicial tras haber cometido algún delito. «Quizás la diferencia entre ellos y muchos de nosotros es que no nos han pillado de pequeños», asegura Íñigo Díaz San Juan.
Cuando un menor protagoniza un acto delictivo «es síntoma de que algo está pasando», explica Díaz. «Para nosotros, el objeto de interés no es el delito» sino que «es una oportunidad para intervenir educativamente, de hacer algo que evite que el comportamiento de esta persona pueda llevarle en un futuro a la cárcel».
Ante delitos graves, el juez ordena el internamiento. Pero si se trata de una conducta ante la que se puede intervenir, se ofrece la opción de cumplir medidas educativas «de medio abierto», es decir, en el domicilio, y adecuadas a la situación del menor.
Durante la intervención, los 9 educadores de Berriztu se coordinan con las familias y se entrevistan con el menor, le acompañan en su búsqueda de empleo, supervisan su asistencia a clases o al trabajo y refuerzan sus logros. En caso de incumplimiento repetido de la sentencia, el menor regresa al juzgado, que puede decidir el reestablecimiento de la privación de libertad.
Sin embargo, en el 90% de casos, la sentencia se cumple, incluso algunos han seguido realizando las mismas tareas posteriormente, de modo voluntario. DDN
En primer término, un joven de 17 años el pasado jueves, mientras realiza la prestación en beneficio de la comunidad en el Banco de Alimentos de Navarra. /DDN, JAVIER SESMA
122 jóvenes navarros cumplieron en 2006 sentencias en sus domicilios
122 jóvenes navarros que pasaron por los juzgados de menores realizaron diferentes procesos educativos. 5 recibieron tratamiento ambulatorio por consumo de sustancias, 73 cumplieron medidas de libertad vigilada, durante la cual un educador verificó su asistencia a su centro de estudios o trabajo, y su inserción laboral, 7 realizaron una tarea socio educativa y 40 realizaron prestaciones en beneficio de la comunidad.
El perfil del pequeño infractor
Según los educadores de Berriztu, muchos jóvenes condenados por hechos delictivos presentan un caldo de cultivo familiar coincidente. Generalmente, han vivido una infancia y adolescencia marcada en su entorno por la «ausencia de límites y la sobreprotección por parte de los padres», expone Íñigo Díaz. Muchas veces, «no saben lo que es el esfuerzo, ni la frustración».
De modo contrario a lo que se suele pensar, la mayoría no procede de las capas más desfavorecidas de la sociedad. «Hemos trabajado con jóvenes que viven en Gorraiz, chicos de muy buena familia, e incluso hemos tenido al hijo de una jueza», asegura Díaz.
El tiempo medio de cumplimiento de las sentencias es de 6 meses, y la reincidencia es inferior al 5%, según indica Íñigo Díaz. Aproximadamente, un 20% son mujeres.
Además, se imparten programas a la carta, según la situación del menor. Éstos consisten en la alfabetización, educación sexual, para la salud, refuerzo de la autoestima o formación en habilidades sociales, como la asertividad o la resolución no violenta de conflictos. DDN
122 jóvenes navarros cumplieron en 2006 sentencias en sus domicilios
MARTÍN RUIZ 2 JUL. PAMPLONA.
La asociación educativa Berriztu colabora en Navarra con los juzgados de menores para posibilitar que quienes han delinquido con menos de 18 años cumplan sentencias judiciales alternativas o complementarias al internamiento en un centro. Berriztu gestiona este servicio de Bienestar Social desde 2004. A día de hoy, medio centenar de adolescentes de 14 a 18 años cumplen diferentes medidas educativas. En la mayoría de casos, se trata de libertad vigilada, durante la cual residen en el hogar familiar bajo supervisión de un educador que vela por la inserción formativa o laboral del joven. Otros realizan prestaciones en beneficio de la comunidad; algunos cumplen con tareas socio educativas, o si presentan problemas por consumo de sustancias reciben tratamiento ambulatorio en su domicilio, en este caso en colaboración con Suspertu, el programa de Proyecto Hombre dirigido a adolescentes.
LAS SENTENCIAS
Medidas de Medio Abierto.
Libertad vigilada.
Permanencia de fines de semana en el domicilio.
Tareas socioeducativas.
Tratamiento ambulatorio (problemas de consumo, psíquicos, agresividad...).
Prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC).
Entidades colaboradoras en las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC).
Sociedad Protectora de Animales.
Traperos de Emaus.
Banco de Alimentos.
Cruz Roja.
Parque Polo.
Coordinadora de Disminuidos Físicos.
Residencia El Vergel.
Consejo de la Juventud de Navarra.
Diversas entidades municipales.
Diversas parroquias.
No son voluntarios. Se trata de menores que realizan prestaciones en beneficio de la comunidad por sentencia judicial tras haber cometido algún delito. «Quizás la diferencia entre ellos y muchos de nosotros es que no nos han pillado de pequeños», asegura Íñigo Díaz San Juan.
Cuando un menor protagoniza un acto delictivo «es síntoma de que algo está pasando», explica Díaz. «Para nosotros, el objeto de interés no es el delito» sino que «es una oportunidad para intervenir educativamente, de hacer algo que evite que el comportamiento de esta persona pueda llevarle en un futuro a la cárcel».
Ante delitos graves, el juez ordena el internamiento. Pero si se trata de una conducta ante la que se puede intervenir, se ofrece la opción de cumplir medidas educativas «de medio abierto», es decir, en el domicilio, y adecuadas a la situación del menor.
Durante la intervención, los 9 educadores de Berriztu se coordinan con las familias y se entrevistan con el menor, le acompañan en su búsqueda de empleo, supervisan su asistencia a clases o al trabajo y refuerzan sus logros. En caso de incumplimiento repetido de la sentencia, el menor regresa al juzgado, que puede decidir el reestablecimiento de la privación de libertad.
Sin embargo, en el 90% de casos, la sentencia se cumple, incluso algunos han seguido realizando las mismas tareas posteriormente, de modo voluntario. DDN
En primer término, un joven de 17 años el pasado jueves, mientras realiza la prestación en beneficio de la comunidad en el Banco de Alimentos de Navarra. /DDN, JAVIER SESMA
122 jóvenes navarros cumplieron en 2006 sentencias en sus domicilios
122 jóvenes navarros que pasaron por los juzgados de menores realizaron diferentes procesos educativos. 5 recibieron tratamiento ambulatorio por consumo de sustancias, 73 cumplieron medidas de libertad vigilada, durante la cual un educador verificó su asistencia a su centro de estudios o trabajo, y su inserción laboral, 7 realizaron una tarea socio educativa y 40 realizaron prestaciones en beneficio de la comunidad.
El perfil del pequeño infractor
Según los educadores de Berriztu, muchos jóvenes condenados por hechos delictivos presentan un caldo de cultivo familiar coincidente. Generalmente, han vivido una infancia y adolescencia marcada en su entorno por la «ausencia de límites y la sobreprotección por parte de los padres», expone Íñigo Díaz. Muchas veces, «no saben lo que es el esfuerzo, ni la frustración».
De modo contrario a lo que se suele pensar, la mayoría no procede de las capas más desfavorecidas de la sociedad. «Hemos trabajado con jóvenes que viven en Gorraiz, chicos de muy buena familia, e incluso hemos tenido al hijo de una jueza», asegura Díaz.
El tiempo medio de cumplimiento de las sentencias es de 6 meses, y la reincidencia es inferior al 5%, según indica Íñigo Díaz. Aproximadamente, un 20% son mujeres.
Además, se imparten programas a la carta, según la situación del menor. Éstos consisten en la alfabetización, educación sexual, para la salud, refuerzo de la autoestima o formación en habilidades sociales, como la asertividad o la resolución no violenta de conflictos. DDN
