ENTREVISTA· BEATRIZ DÍAZ MADRERA, DOCTORA EN DERECHO· Autora del libro
«La responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito educativo»
En este sistema las reclamaciones de los particulares no se presentan contra el profesor sino contra la Administración pública·
«Los litigios en los centros educativos van en aumento porque la violencia escolar inquieta a los padres», asegura Beatriz Díaz
Oviedo, 18/JUL/07 R. S.
Beatriz Díaz Madrera, colunguesa de 31 años y doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, acaba de publicar «La responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito educativo», un libro que emana de su tesis doctoral, que fue dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar. Díaz Madrera trabaja ahora como directora de área de Derecho Administrativo en el despacho sJunceda y Medina Abogados. Un trabajo sobre esta materia le sirvió a Beatriz Díaz Madrera para obtener, el año pasado, el segundo galardón en los premios de estudios financieros en la especialidad de Derecho Administrativo.
-Se ha decantado por un asunto muy poco explorado.
-Sí. La responsabilidad patrimonial de la Administración sí está bastante tratada, pero en el ámbito educativo hay muchas más lagunas normativas. Lo que intento recoger es la doctrina y la jurisprudencia sobre el caso y ofrecer una visión genérica sobre cómo los aplicadores del Derecho tratan los daños en los centros docentes públicos.
-¿Y cómo los tratan?
-Predomina la casuística. Se analiza caso por caso. No hay pautas generales. La responsabilidad en el ámbito público es más extensa que la derivada del ámbito civil. Lo que ocurre es que tanto la doctrina como la jurisprudencia, ante el temor de que se desborde la responsabilidad objetiva, ponen límites que a veces no están contemplados en las leyes pero que llegan a acercar el régimen público al privado.
-Hablemos de violencia escolar. ¿Quién protege al profesor?
-Desde un punto de vista jurídico, la ventaja del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración es que las reclamaciones de los particulares no se presentan contra el profesor sino contra la Administración pública, con lo que se garantiza una cobertura jurídica y patrimonial por parte de la Administración. En el ámbito civil responde el titular del centro docente cuando haya un funcionamiento anormal, una culpa por parte del profesorado.
-¿Por ejemplo?
-Un daño por una falta de vigilancia del profesor. Se trata de una responsabilidad basada en la culpabilidad.
-¿Y en el ámbito administrativo?
-Es una responsabilidad directa de la Administración, tanto si el servicio funciona correctamente como si no. Es decir, que no es necesaria una culpabilidad del profesor o del servicio. Por ejemplo, si el pavimento está en mal estado y el niño se cae, hay una culpabilidad del servicio público educativo, o sea, de la Administración.
-Conclusión: el Derecho protege bien a los profesores.
-Antes se exigía la responsabilidad directamente al profesor. Ahora, con el traslado de la responsabilidad del profesor a la Administración, se garantiza la situación del docente. Por otro lado, la jurisprudencia reconoce que, a efecto de responsabilidad patrimonial, el educador tiene la condición de particular y, por lo tanto, puede reclamar a la Administración.
-A su juicio, ¿hay muchos litigios en los centros educativos?
-Están en aumento. El fenómeno de la violencia escolar no es excesivamente preocupante en términos numéricos, pero inquieta mucho a los padres. Las medidas necesarias pasan por reforzar la autoridad del profesor y agilizar los procedimientos disciplinarios.
-¿Qué ocurre con la responsabilidad patrimonial en el caso de los centros concertados?
-Los centros concertados tienen una naturaleza híbrida: son privados pero están subvencionados con fondos públicos. Estos centros se acogen al régimen de conciertos con el fin de prestar un servicio público. Por eso, las normas acercan el régimen jurídico de los centros concertados a los de los públicos, y el régimen de responsabilidad de los centros concertados debe acercarse al de los públicos en virtud del contrato con la Administración. lne
Beatriz Díaz Madrera.
La responsabilidad patrimonial de la administración en el ambito educativo
Autor: Díaz Madrera, B.
Editorial: Reus
Soporte: Libro
Fecha publicación: 13/07/2007
ISBN: 8429014683
Rústica • 303 páginas
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«La responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito educativo»
En este sistema las reclamaciones de los particulares no se presentan contra el profesor sino contra la Administración pública·
«Los litigios en los centros educativos van en aumento porque la violencia escolar inquieta a los padres», asegura Beatriz Díaz
Oviedo, 18/JUL/07 R. S.
Beatriz Díaz Madrera, colunguesa de 31 años y doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, acaba de publicar «La responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito educativo», un libro que emana de su tesis doctoral, que fue dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar. Díaz Madrera trabaja ahora como directora de área de Derecho Administrativo en el despacho sJunceda y Medina Abogados. Un trabajo sobre esta materia le sirvió a Beatriz Díaz Madrera para obtener, el año pasado, el segundo galardón en los premios de estudios financieros en la especialidad de Derecho Administrativo.
-Se ha decantado por un asunto muy poco explorado.
-Sí. La responsabilidad patrimonial de la Administración sí está bastante tratada, pero en el ámbito educativo hay muchas más lagunas normativas. Lo que intento recoger es la doctrina y la jurisprudencia sobre el caso y ofrecer una visión genérica sobre cómo los aplicadores del Derecho tratan los daños en los centros docentes públicos.
-¿Y cómo los tratan?
-Predomina la casuística. Se analiza caso por caso. No hay pautas generales. La responsabilidad en el ámbito público es más extensa que la derivada del ámbito civil. Lo que ocurre es que tanto la doctrina como la jurisprudencia, ante el temor de que se desborde la responsabilidad objetiva, ponen límites que a veces no están contemplados en las leyes pero que llegan a acercar el régimen público al privado.
-Hablemos de violencia escolar. ¿Quién protege al profesor?
-Desde un punto de vista jurídico, la ventaja del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración es que las reclamaciones de los particulares no se presentan contra el profesor sino contra la Administración pública, con lo que se garantiza una cobertura jurídica y patrimonial por parte de la Administración. En el ámbito civil responde el titular del centro docente cuando haya un funcionamiento anormal, una culpa por parte del profesorado.
-¿Por ejemplo?
-Un daño por una falta de vigilancia del profesor. Se trata de una responsabilidad basada en la culpabilidad.
-¿Y en el ámbito administrativo?
-Es una responsabilidad directa de la Administración, tanto si el servicio funciona correctamente como si no. Es decir, que no es necesaria una culpabilidad del profesor o del servicio. Por ejemplo, si el pavimento está en mal estado y el niño se cae, hay una culpabilidad del servicio público educativo, o sea, de la Administración.
-Conclusión: el Derecho protege bien a los profesores.
-Antes se exigía la responsabilidad directamente al profesor. Ahora, con el traslado de la responsabilidad del profesor a la Administración, se garantiza la situación del docente. Por otro lado, la jurisprudencia reconoce que, a efecto de responsabilidad patrimonial, el educador tiene la condición de particular y, por lo tanto, puede reclamar a la Administración.
-A su juicio, ¿hay muchos litigios en los centros educativos?
-Están en aumento. El fenómeno de la violencia escolar no es excesivamente preocupante en términos numéricos, pero inquieta mucho a los padres. Las medidas necesarias pasan por reforzar la autoridad del profesor y agilizar los procedimientos disciplinarios.
-¿Qué ocurre con la responsabilidad patrimonial en el caso de los centros concertados?
-Los centros concertados tienen una naturaleza híbrida: son privados pero están subvencionados con fondos públicos. Estos centros se acogen al régimen de conciertos con el fin de prestar un servicio público. Por eso, las normas acercan el régimen jurídico de los centros concertados a los de los públicos, y el régimen de responsabilidad de los centros concertados debe acercarse al de los públicos en virtud del contrato con la Administración. lne
Beatriz Díaz Madrera.
La responsabilidad patrimonial de la administración en el ambito educativo
Autor: Díaz Madrera, B.
Editorial: Reus
Soporte: Libro
Fecha publicación: 13/07/2007
ISBN: 8429014683
Rústica • 303 páginas
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