El Gobierno canario critica la "falta de rigor" del informe de Human Rights Watch sobre los centros de menores·
Trabajo afirma que el informe de Human Right Watch sobre menores en Canarias es "contradictorio" y "poco riguroso"
· Human Rights Watch denuncia que en los centros de acogida de menores no acompañados de Canarias se producen malos tratos y abusos sexuales
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. EP/IP
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias criticó hoy la "falta de rigor" de las denuncias de Human Rights Watch sobre el informe de la situación de los centros de menores extranjeros no acompañados.
Según la Consejería, una vez conocidas las denuncias del informe, vía fax, en febrero de 2007, los responsables de la dirección general de Protección del Menor y la Familia comunicaron los hechos de inmediato al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que iniciara una investigación y abrió una investigación interna, concluida el pasado mes de abril, cuyas conclusiones "no corroboran ninguna" de las afirmaciones vertidas por HRW en su documento.
Desde HRW, según la Consejería, se limitaron a informar de la existencia, a partir de testimonios recogidos de los chicos y sin confirmar, de graves hechos, sin que se identificaran en ningún momento a los presuntos responsables de los mismos. Todo ello, además, agregaron, un mes después de conocer los hechos, "dificultando" la labor de investigación que tanto la Fiscalía como la entidad pública pusieron en marcha de forma inmediata, y faltando, además, a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas.
Hay que tener en cuenta, según el departamento autonómico, que durante el último año y medio, un total de 1.144 chicos han llegado a los centros, con lo cual, a pesar de los traslados, los centros siguen contando con gran número de menores.
En cuanto a los antecedentes del informe de HRW, la Consejería aseguró que, durante el mes de enero de 2007, un equipo de Human Rights Watch, liderado por Simone Troller, inició una gira por los dispositivos de emergencia para atención de menores extranjeros no acompañados de las Islas, gestionados por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, con el fin de realizar un informe sobre la situación de estos jóvenes.
Durante estas visitas, el equipo de Human pudo hablar y entrevistarse con total libertad y transparencia con los menores acogidos en estos centros así como con personal educativo de los mismos.
Dentro de esta gira, la investigadora de Human Rights Watch, Simone Troller, mantuvo una reunión en Tenerife con el entonces responsable de la dirección general de Protección de Menores y de la Familia, José Luis Arregui, sin que le comentara la existencia de alguna anomalía en cuanto a la atención a los menores acogidos en los citados centros.
Sin embargo, el 13 de febrero de 2007, se recibió un escrito firmado por la citada investigadora en el fax del dispositivo ubicado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, en la que se informa, sin dar nombres, de la denuncia, según testimonios de los mismos chicos, en los que se describen "niveles alarmantes de violencia contra los menores, especialmente contra los más jóvenes, presuntamente perpetrados tanto por sus compañeros como por el personal del centro".
Ante este hecho, la dirección general de Protección del Menor y la Familia contactó con la citada investigadora por teléfono y le pidió explicaciones, entre otras, "de por qué si conocían estas denuncias en enero, se esperó todo un mes para remitir el informe, cuando, además, contaba con vías más directas, como son los teléfonos personales tanto del director como de la secretaria del mismo, para dar cuenta de ello".
EVITAR REPRESALIAS DE LOS MENORES.
Preguntada por la identidad de los presuntos autores de los hechos que se relatan, Troller se negó, agregó la Consejería, a dar los nombres de los presuntos autores de las violaciones, indicando que no lo hacía para evitar posibles represalias a los menores que denuncian.
Ante ello, el director general, José Luis Arregui, contestó que "si no se dan nombres no puede retirar de inmediato a los responsables que podrían haber estado haciendo estos hechos durante todo este tiempo. Ante la negativa de dar información vía teléfono, se solicita de forma oficial la misma vía fax".
El mismo 13 de febrero, el director general remitió un escrito al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informando de la denuncia de la HRW y solicitando que se investigue los hechos a la vez que ordenó la pretura de una investigación interna.
El pasado 9 de mayo, desde la entidad pública, se remitió a la fiscal un informe amplio, que incluye el informe de la investigación interna realizada a raíz de la denuncia. Este informe, fechado el pasado 27 de abril, cuenta con diversas valoraciones entre las que se indica que "no se detectan la más mínima referencia ni actuación que indique abuso, ni del personal técnico del centro ni entre los menores".
A finales de marzo de este año, agregó la Consejería, la Fiscal designada visitó el centro de Agüimes, sin que hasta la fecha conste en el centro directivo entrada de un informe de esta entidad.
También se quiso dejar constancia, desde el Gobierno regional, de la "total transparencia" en la gestión de estos centros. Desde su puesta en funcionamiento, han sido visitados con frecuencia, además de por representantes de diversas instituciones canarias, por representantes de diferentes autoridades tanto nacionales como internacionales, entre ellas, una delegación del Parlamento Federal Alemán; la presidenta de la asociación de madres y viudas víctimas de los cayucos, Yaye Bayam; el comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, y representantes del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y, hace tan sólo tres semanas, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la Consejería.
Asimismo, tuvieron acceso más de un centenar de medios de comunicación, entre ellos, de ámbito estatal, tanto de radio como de prensa y televisión, Antena 3, Tele 5, Televisión Española, El Mundo, El País, ABC, Ser, COPE, Radio Nacional, Agencia Reuters, así como medios de ámbito autonómico como Televisión Canaria, TV3, Canal Sur, Telemadrid, Euskal Telebista, además, de medios de ámbito local y provincial.
A ellos, hay que sumar los numerosos medios de cobertura internacional procedentes de diversos países como Francia (France 1, 2 y 3, Le Monde, Liberation, Radio Montecarlo, France Radio), Bélgica, Finlandia, Italia, Dinamarca, Alemania, Japón (Televisión NHK), Gran Bretaña (BBC), Estados Unidos, Portugal, entre otros.
Por otro lado, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias quiso aclarar que, en todo momento, Canarias "no ha estado de acuerdo" con la apertura de estos centros, ya que la "mejor fórmula de integración", a través de pequeños hogares de no más de 12 chicos.
La Consejería volvió a insistir en la responsabilidad del Estado en el reparto de chicos por el territorio peninsular pero siempre con las garantías para que se cumplan sus derechos fundamentales, por lo que reclamó un estatuto jurídico para el menor extranjero no acompañado.
Se recordó que, para llevar a cabo esta labor con plenas garantías, hay que contar con recursos "no de carácter de emergencia", como los puestos en marcha para poder atender la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, sino que ofrezcan a los menores un plan educativo duradero en el tiempo, donde, además, para que sea efectivo, se lleve a cabo con grupos de menores más reducidos.
También se retomó el compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno central, Jesús Caldera, en septiembre de 2006 a trasladar a estos menores y a su redistribución entre las comunidades autónomas del Estado, con el fin de aliviar la situación que vive el Archipiélago, dejando un total tan sólo 300 menores en las Islas. Sin embargo, "hasta la fecha, se han trasladado tan sólo 385, quedando desde el pasado 24 de mayo paralizados todos los traslados". ep Trabajo afirma que el informe de Human Right Watch sobre menores en Canarias es "contradictorio" y "poco riguroso"
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) - La directora general de Integración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estrella Rodríguez, afirmó hoy que el informe de la ONG Human Right Watch que denuncia que España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en Canarias wa "contradictorio" y "poco riguroso".
La organización pidió hoy a gobiernos Central y Canario un plan urgente para cerrar cuatro centros de emergencia en los que residen unos 400 menores ante alegaciones de los propios chavales sobre malos tratos e incluso abusos sexuales.
"Me parece precipitado pedir al Gobierno canario que cierre estos centros --dijo, tras asegurar que la competencia de esos centros es en exclusiva del Ejecutivo regional--. Nosotros hemos ofrecido en otras ocasiones, desde hace dos años, colaboración para la construcción de centros de otro tipo, pero esto tiene que decidirlo el Gobierno canario".
Asimismo, recordó que ambas administraciones han impulsado un plan por el que casi 500 menores han sido trasladados desde el archipiélago a la Península. "Creo que ha sido un esfuerzo importante del Gobierno central, pero tenía un tiempo --explicó en declaraciones a Europa Press-, pero tenía un tiempo. Ahora están llegando menores a otras comunidades autónomas, como Andalucía, y están asumiendo su tutela".
Rodríguez aseguró que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no comparte las críticas que el informe hace a la atención de estos menores en España. Además, advirtió de que parte de un planteamiento inicial que contamina el resto del informe: "que la reagrupación de los menores con sus familias de origen es mala".
"La protección de estos menores en España se basa en un sistema muy garantista. Si la organización tiene datos sobre la comisión de delitos en estos centros debe aportar las pruebas que permitan su persecución y me parece muy cuestionable que no lo haya hecho", concluyó. ep
Human Rights Watch denuncia que en los centros de acogida de menores no acompañados de Canarias se producen malos tratos y abusos sexuales 
Simone Troller y Reed Brody.oto: Acfi Press
FuerteventuraDigital 26 Julio, 2007
Human Rights Watch ha hecho público hoy en Madrid el informe ‘Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias’. Un documento que ha sido presentado por Reed Brody, portavoz y consejero jurídico de la entidad y Simone Troller, investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa.
Dicho informe de 128 páginas, pone de manifiesto que “cientos de menores extranjeros no acompañados procedentes de África alojados en los centros del Gobierno canario corren el peligro de ser víctimas de violencia y malos tratos".
Además el texto documenta cómo los menores permanecen en estos centros por períodos de tiempo ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación. “Los niños declararon a Human Rights Watch que habían sufrido palizas por parte del personal, y que no habían sido protegidos de la violencia ejercida por sus compañeros. No tienen acceso a una educación pública, tienen pocas oportunidades de ocio y recreo, y su libertad de movimiento es indebidamente restringida” explica Reed Brody.
En esta línea, el documento denuncia que “las autoridades canarias y el Gobierno español no ofrecen hoy por hoy ninguna solución para los menores que continúan en estos centros (400 aproximadamente)”. El traslado a la Península de 500 de los cerca de 900 menores que llegaron a albergar los centros canarios, en el marco de un acuerdo negociado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha aliviado sólo parcialmente la presión que sufren los servicios de protección canarios. Además, la implementación de este acuerdo ha discriminado a los menores marroquíes, que no han sido seleccionados para los traslados. Asimismo, se el texto recoge que con independencia de si los niños tienen derecho a permanecer en el país, mientras se hallan en territorio español tienen derecho a disfrutar plenamente de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que España ratificó en 1990. El Gobierno debe identificar una solución duradera tan pronto como llegan, y los menores han de poder solicitar asilo. El Gobierno centra debe proceder a la reunificación familiar sólo después de valorar y constatar que tal medida redunda en el interés superior del menor y que no comporta ningún riesgo para su bienestar. Si no es posible la repatriación por motivos jurídicos o de hecho, el Gobierno de España debería ofrecer a estos niños oportunidades reales de integrarse y de permanecer en una situación regular. “No soy feliz aquí; si pudiera me iría de este centro. No nos dan buena comida,” declaró a Human Rights Watch un chico senegalés de 17 años en el centro de emergencia de La Esperanza en Tenerife. “Cuando les decimos que tenemos hambre, nos dicen que en Senegal nos moríamos de hambre y que deberíamos estar contentos de que al menos nos den comida.” Los menores relataron a Human Rights Watch muchos incidentes de malos tratos y de desprotección ante la violencia. Otro chico de 17 años en La Esperanza dijo que “un chico tuvo problemas con [un educador]. Ese día el [educador] lo llevó a las duchas y le dio una paliza. El niño tenía sangre en la boca y su ropa estaba ensangrentada (no pudo volver a usar esa camiseta).” Un chico de 13 años del centro de emergencia de Arinaga dijo que “los [educadores] miran para otro lado conscientemente cuando [otros niños] dan una paliza a otro chico.” Por todo ello, Human Rights Watch insta a los gobiernos canario y español a que elaboren e implementen un plan para cerrar los centros de emergencia y trasladar a los niños a hogares de acogida alternativos, en las Islas Canarias o en la Península. “Este plan debe favorecer el bienestar y el desarrollo del menor, y garantizar el pleno disfrute de los derechos que le corresponden según la legislación nacional e internacional” apuntó Simone Troller. Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, declaró este mediodía desconocer la existencia de dicho informe y de los hechos que en el se denuncian, aunque dejó claro que corresponde a la Fiscalía de Menores investigar si estos hechos son ciertos. “Al final si lo fuera, lógicamente el nuevo Gobierno (canario) erradicará cualquier brote si lo hubiera” apostilló.
Además, Ruano que dijo conocer solo algunos datos al respecto por la prensa, se mostró escéptico ante que este tipo de situaciones se estén dando realmente en el Archipiélago y añadió “parece ser que este informe se elaboró por Human Right en el mes de enero y desconozco si ha habido desde entonces alguna cosa y no sé por qué se produce en este momento esa publicidad”.
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La Fiscalía General del Estado pide el expediente de las pesquisas
ABC Canarias - 27 JUL 2007
La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales de Las Palmas que les remitan información sobre la supuesta investigación realizada en centros de ...
Trabajo afirma que el informe de Human Right Watch sobre menores en Canarias es "contradictorio" y "poco riguroso"
· Human Rights Watch denuncia que en los centros de acogida de menores no acompañados de Canarias se producen malos tratos y abusos sexuales
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. EP/IP
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias criticó hoy la "falta de rigor" de las denuncias de Human Rights Watch sobre el informe de la situación de los centros de menores extranjeros no acompañados.
Según la Consejería, una vez conocidas las denuncias del informe, vía fax, en febrero de 2007, los responsables de la dirección general de Protección del Menor y la Familia comunicaron los hechos de inmediato al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que iniciara una investigación y abrió una investigación interna, concluida el pasado mes de abril, cuyas conclusiones "no corroboran ninguna" de las afirmaciones vertidas por HRW en su documento.
Desde HRW, según la Consejería, se limitaron a informar de la existencia, a partir de testimonios recogidos de los chicos y sin confirmar, de graves hechos, sin que se identificaran en ningún momento a los presuntos responsables de los mismos. Todo ello, además, agregaron, un mes después de conocer los hechos, "dificultando" la labor de investigación que tanto la Fiscalía como la entidad pública pusieron en marcha de forma inmediata, y faltando, además, a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas.
Hay que tener en cuenta, según el departamento autonómico, que durante el último año y medio, un total de 1.144 chicos han llegado a los centros, con lo cual, a pesar de los traslados, los centros siguen contando con gran número de menores.
En cuanto a los antecedentes del informe de HRW, la Consejería aseguró que, durante el mes de enero de 2007, un equipo de Human Rights Watch, liderado por Simone Troller, inició una gira por los dispositivos de emergencia para atención de menores extranjeros no acompañados de las Islas, gestionados por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, con el fin de realizar un informe sobre la situación de estos jóvenes.
Durante estas visitas, el equipo de Human pudo hablar y entrevistarse con total libertad y transparencia con los menores acogidos en estos centros así como con personal educativo de los mismos.
Dentro de esta gira, la investigadora de Human Rights Watch, Simone Troller, mantuvo una reunión en Tenerife con el entonces responsable de la dirección general de Protección de Menores y de la Familia, José Luis Arregui, sin que le comentara la existencia de alguna anomalía en cuanto a la atención a los menores acogidos en los citados centros.
Sin embargo, el 13 de febrero de 2007, se recibió un escrito firmado por la citada investigadora en el fax del dispositivo ubicado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, en la que se informa, sin dar nombres, de la denuncia, según testimonios de los mismos chicos, en los que se describen "niveles alarmantes de violencia contra los menores, especialmente contra los más jóvenes, presuntamente perpetrados tanto por sus compañeros como por el personal del centro".
Ante este hecho, la dirección general de Protección del Menor y la Familia contactó con la citada investigadora por teléfono y le pidió explicaciones, entre otras, "de por qué si conocían estas denuncias en enero, se esperó todo un mes para remitir el informe, cuando, además, contaba con vías más directas, como son los teléfonos personales tanto del director como de la secretaria del mismo, para dar cuenta de ello".
EVITAR REPRESALIAS DE LOS MENORES.
Preguntada por la identidad de los presuntos autores de los hechos que se relatan, Troller se negó, agregó la Consejería, a dar los nombres de los presuntos autores de las violaciones, indicando que no lo hacía para evitar posibles represalias a los menores que denuncian.
Ante ello, el director general, José Luis Arregui, contestó que "si no se dan nombres no puede retirar de inmediato a los responsables que podrían haber estado haciendo estos hechos durante todo este tiempo. Ante la negativa de dar información vía teléfono, se solicita de forma oficial la misma vía fax".
El mismo 13 de febrero, el director general remitió un escrito al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informando de la denuncia de la HRW y solicitando que se investigue los hechos a la vez que ordenó la pretura de una investigación interna.
El pasado 9 de mayo, desde la entidad pública, se remitió a la fiscal un informe amplio, que incluye el informe de la investigación interna realizada a raíz de la denuncia. Este informe, fechado el pasado 27 de abril, cuenta con diversas valoraciones entre las que se indica que "no se detectan la más mínima referencia ni actuación que indique abuso, ni del personal técnico del centro ni entre los menores".
A finales de marzo de este año, agregó la Consejería, la Fiscal designada visitó el centro de Agüimes, sin que hasta la fecha conste en el centro directivo entrada de un informe de esta entidad.
También se quiso dejar constancia, desde el Gobierno regional, de la "total transparencia" en la gestión de estos centros. Desde su puesta en funcionamiento, han sido visitados con frecuencia, además de por representantes de diversas instituciones canarias, por representantes de diferentes autoridades tanto nacionales como internacionales, entre ellas, una delegación del Parlamento Federal Alemán; la presidenta de la asociación de madres y viudas víctimas de los cayucos, Yaye Bayam; el comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, y representantes del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y, hace tan sólo tres semanas, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la Consejería.
Asimismo, tuvieron acceso más de un centenar de medios de comunicación, entre ellos, de ámbito estatal, tanto de radio como de prensa y televisión, Antena 3, Tele 5, Televisión Española, El Mundo, El País, ABC, Ser, COPE, Radio Nacional, Agencia Reuters, así como medios de ámbito autonómico como Televisión Canaria, TV3, Canal Sur, Telemadrid, Euskal Telebista, además, de medios de ámbito local y provincial.
A ellos, hay que sumar los numerosos medios de cobertura internacional procedentes de diversos países como Francia (France 1, 2 y 3, Le Monde, Liberation, Radio Montecarlo, France Radio), Bélgica, Finlandia, Italia, Dinamarca, Alemania, Japón (Televisión NHK), Gran Bretaña (BBC), Estados Unidos, Portugal, entre otros.
Por otro lado, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias quiso aclarar que, en todo momento, Canarias "no ha estado de acuerdo" con la apertura de estos centros, ya que la "mejor fórmula de integración", a través de pequeños hogares de no más de 12 chicos.
La Consejería volvió a insistir en la responsabilidad del Estado en el reparto de chicos por el territorio peninsular pero siempre con las garantías para que se cumplan sus derechos fundamentales, por lo que reclamó un estatuto jurídico para el menor extranjero no acompañado.
Se recordó que, para llevar a cabo esta labor con plenas garantías, hay que contar con recursos "no de carácter de emergencia", como los puestos en marcha para poder atender la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, sino que ofrezcan a los menores un plan educativo duradero en el tiempo, donde, además, para que sea efectivo, se lleve a cabo con grupos de menores más reducidos.
También se retomó el compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno central, Jesús Caldera, en septiembre de 2006 a trasladar a estos menores y a su redistribución entre las comunidades autónomas del Estado, con el fin de aliviar la situación que vive el Archipiélago, dejando un total tan sólo 300 menores en las Islas. Sin embargo, "hasta la fecha, se han trasladado tan sólo 385, quedando desde el pasado 24 de mayo paralizados todos los traslados". ep
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) - La directora general de Integración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estrella Rodríguez, afirmó hoy que el informe de la ONG Human Right Watch que denuncia que España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en Canarias wa "contradictorio" y "poco riguroso".
La organización pidió hoy a gobiernos Central y Canario un plan urgente para cerrar cuatro centros de emergencia en los que residen unos 400 menores ante alegaciones de los propios chavales sobre malos tratos e incluso abusos sexuales.
"Me parece precipitado pedir al Gobierno canario que cierre estos centros --dijo, tras asegurar que la competencia de esos centros es en exclusiva del Ejecutivo regional--. Nosotros hemos ofrecido en otras ocasiones, desde hace dos años, colaboración para la construcción de centros de otro tipo, pero esto tiene que decidirlo el Gobierno canario".
Asimismo, recordó que ambas administraciones han impulsado un plan por el que casi 500 menores han sido trasladados desde el archipiélago a la Península. "Creo que ha sido un esfuerzo importante del Gobierno central, pero tenía un tiempo --explicó en declaraciones a Europa Press-, pero tenía un tiempo. Ahora están llegando menores a otras comunidades autónomas, como Andalucía, y están asumiendo su tutela".
Rodríguez aseguró que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no comparte las críticas que el informe hace a la atención de estos menores en España. Además, advirtió de que parte de un planteamiento inicial que contamina el resto del informe: "que la reagrupación de los menores con sus familias de origen es mala".
"La protección de estos menores en España se basa en un sistema muy garantista. Si la organización tiene datos sobre la comisión de delitos en estos centros debe aportar las pruebas que permitan su persecución y me parece muy cuestionable que no lo haya hecho", concluyó. ep
Simone Troller y Reed Brody.oto: Acfi Press
FuerteventuraDigital 26 Julio, 2007
Human Rights Watch ha hecho público hoy en Madrid el informe ‘Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias’. Un documento que ha sido presentado por Reed Brody, portavoz y consejero jurídico de la entidad y Simone Troller, investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa.
Dicho informe de 128 páginas, pone de manifiesto que “cientos de menores extranjeros no acompañados procedentes de África alojados en los centros del Gobierno canario corren el peligro de ser víctimas de violencia y malos tratos".
Además el texto documenta cómo los menores permanecen en estos centros por períodos de tiempo ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación. “Los niños declararon a Human Rights Watch que habían sufrido palizas por parte del personal, y que no habían sido protegidos de la violencia ejercida por sus compañeros. No tienen acceso a una educación pública, tienen pocas oportunidades de ocio y recreo, y su libertad de movimiento es indebidamente restringida” explica Reed Brody.
En esta línea, el documento denuncia que “las autoridades canarias y el Gobierno español no ofrecen hoy por hoy ninguna solución para los menores que continúan en estos centros (400 aproximadamente)”. El traslado a la Península de 500 de los cerca de 900 menores que llegaron a albergar los centros canarios, en el marco de un acuerdo negociado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha aliviado sólo parcialmente la presión que sufren los servicios de protección canarios. Además, la implementación de este acuerdo ha discriminado a los menores marroquíes, que no han sido seleccionados para los traslados. Asimismo, se el texto recoge que con independencia de si los niños tienen derecho a permanecer en el país, mientras se hallan en territorio español tienen derecho a disfrutar plenamente de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que España ratificó en 1990. El Gobierno debe identificar una solución duradera tan pronto como llegan, y los menores han de poder solicitar asilo. El Gobierno centra debe proceder a la reunificación familiar sólo después de valorar y constatar que tal medida redunda en el interés superior del menor y que no comporta ningún riesgo para su bienestar. Si no es posible la repatriación por motivos jurídicos o de hecho, el Gobierno de España debería ofrecer a estos niños oportunidades reales de integrarse y de permanecer en una situación regular. “No soy feliz aquí; si pudiera me iría de este centro. No nos dan buena comida,” declaró a Human Rights Watch un chico senegalés de 17 años en el centro de emergencia de La Esperanza en Tenerife. “Cuando les decimos que tenemos hambre, nos dicen que en Senegal nos moríamos de hambre y que deberíamos estar contentos de que al menos nos den comida.” Los menores relataron a Human Rights Watch muchos incidentes de malos tratos y de desprotección ante la violencia. Otro chico de 17 años en La Esperanza dijo que “un chico tuvo problemas con [un educador]. Ese día el [educador] lo llevó a las duchas y le dio una paliza. El niño tenía sangre en la boca y su ropa estaba ensangrentada (no pudo volver a usar esa camiseta).” Un chico de 13 años del centro de emergencia de Arinaga dijo que “los [educadores] miran para otro lado conscientemente cuando [otros niños] dan una paliza a otro chico.” Por todo ello, Human Rights Watch insta a los gobiernos canario y español a que elaboren e implementen un plan para cerrar los centros de emergencia y trasladar a los niños a hogares de acogida alternativos, en las Islas Canarias o en la Península. “Este plan debe favorecer el bienestar y el desarrollo del menor, y garantizar el pleno disfrute de los derechos que le corresponden según la legislación nacional e internacional” apuntó Simone Troller. Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, declaró este mediodía desconocer la existencia de dicho informe y de los hechos que en el se denuncian, aunque dejó claro que corresponde a la Fiscalía de Menores investigar si estos hechos son ciertos. “Al final si lo fuera, lógicamente el nuevo Gobierno (canario) erradicará cualquier brote si lo hubiera” apostilló.
Además, Ruano que dijo conocer solo algunos datos al respecto por la prensa, se mostró escéptico ante que este tipo de situaciones se estén dando realmente en el Archipiélago y añadió “parece ser que este informe se elaboró por Human Right en el mes de enero y desconozco si ha habido desde entonces alguna cosa y no sé por qué se produce en este momento esa publicidad”.
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La Fiscalía General del Estado pide el expediente de las pesquisas
ABC Canarias - 27 JUL 2007
La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales de Las Palmas que les remitan información sobre la supuesta investigación realizada en centros de ...
