TRiBUNA· AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA , marinero en tierra
Eficacia, Coordinación, Reinserción y Mediación· Cuatro frentes para una nueva justicia juvenil donde habría menos hipocresía y demagogia
. Junto a medidas de reeducación, de reparación del daño causado y de promoción de una nueva educación sentimental
ALICANTE 12 de agosto de 2007 LAS PROVINCIAS
La justicia juvenil se ha convertido en una de las áreas más interesantes en la administración de la justicia social. Mientras que otras áreas relacionadas con el sector de la dependencia como la atención de mayores, enfermos o discapacitados se sitúan en ámbitos normalizados de política social, el área de justicia juvenil se ha convertido en un área transversal que pone a prueba el conjunto de las políticas públicas. La delincuencia juvenil no es sólo un problema de desamparo familiar, de fracaso escolar o de inadaptación social, es también un problema económico, judicial y cultural.
Cómo área transversal, es difícil distribuir sus competencias. Unas comunidades autónomas la sitúan junto a los servicios de familia y protección de menores; otras como parte especializada de la Administración de Justicia. Algunas comunidades como la Comunidad Valenciana se encuentran en un momento de transición porque la sección de reeducación de menores que estaba en Bienestar social será trasladaba a Justicia como área de justicia juvenil. Con independencia de su ubicación administrativa, es una justicia singular porque plantea problemas de aplicación que sólo saltan a la luz cuando hay casos que generan alarma social pero que exigen mayor atención por parte de la opinión pública. No es de recibo juzgar la eficacia de la Ley 5/2001 de responsabilidad penal de los menores fijando la atención en aquellos casos que, por la crueldad del adolescente, la gravedad de delito o el morbo de las circunstancias, han generado especial atención en los medios de comunicación. Si esta ley tiene que modificarse porque han cambiado el perfil psicológico del adolescente, las circunstancias culturales o sencillamente porque ignora el papel de las víctimas en la reparación del daño causado, deberá cambiarse con urgencia, pero respondiendo también a otros desafíos que, sin estar relacionados con la alarma social, no son menos urgentes.
El primer frente abierto es el de la eficacia. Si en terrenos de violencia de género o derecho matrimonial se han acortado significativamente los plazos que van desde la denuncia hasta la sentencia, en casos de justicia juvenil pueden pasar meses y hasta años para que se dicte una sentencia. Si la celeridad es importante en todos los procesos judiciales más aún en la justicia juvenil donde en poco tiempo cronológico cambian las condiciones de imputabilidad penal del joven. ¿Es educativo para un adolescente que un robo producido en enero de 2006 esté sin juzgar en Agosto de 2007?, ¿no hay formulas más rápidas que mantengan las garantías y ahorren tiempo, preocupaciones y burocracias?
El segundo frente abierto es la coordinación. No me refiero únicamente a la coordinación entre la policía y los juzgados sino a la coordinación necesaria entre los equipos de medidas judiciales y los servicios sociales municipales. Si el auto judicial señala medidas educativas y no hay centros, instituciones o programas donde estas “penas” se puedan redimir, entonces nos encontramos con jóvenes que, de nuevo, están en lista de espera. Aunque jueces, psicólogos y trabajadores sociales trabajen en equipo, si los ayuntamientos u otras organizaciones cívicas no ofrecen programas de reeducación juvenil entonces la medida se demora y pierde su eficacia.
El tercer frente abierto es la organización de medidas encaminadas a la reinserción, la reeducación y la reparación del daño causado. La ley 5/2001 se orientó en esta dirección, pero lo hizo a costa de las víctimas y sin contar con los perfiles psiquiátricos de unos adolescentes cada vez más acostumbrados a la vanalización del daño, la insensibilidad ante el dolor y la exaltación cultural de la violencia. Algunos magistrados se han tomado en serio la ley y en lugar de buscar la salida del internamiento han hecho que los jóvenes se enfrenten al dolor, el sacrificio y la muerte imponiendo trabajos comunitarios relacionados con la limpieza, el orden público o la atención a parapléjicos de accidentes.
Hay un cuarto frente relacionado con la mediación y la promoción de una nueva educación sentimental>. La mediación se ha convertido en una herramienta de intervención social de la que todos quieren apropiarse porque la conciben como un instrumento de negociación, acuerdo y compromiso. Sin embargo, hay muchas formas de entender la mediación y los jóvenes no aceptan cualquier negociador, árbitro o consejero.
Necesitan líderes mediadores que no sean simples expertos en resolución de conflictos, están hartos de pedagogos de media jornada que los entretienen con saberes curriculares donde ejercitan la cabeza sin ejercitar habilidades manuales, artísticas o emocionales. Necesitan algo más que técnicos para despertar en ellos sentimientos de empatía, compasión y responsabilidad.
En definitiva, cuatro frentes para una nueva justicia juvenil donde habría menos hipocresía y demagogia si además de aprender a ponernos en el lugar de las víctimas y sus familiares nos preguntáramos:
¿Y cómo quiero yo que traten a mi hijo cuando ha cometido un delito?
LP
Eficacia, Coordinación, Reinserción y Mediación· Cuatro frentes para una nueva justicia juvenil donde habría menos hipocresía y demagogia
. Junto a medidas de reeducación, de reparación del daño causado y de promoción de una nueva educación sentimental
ALICANTE 12 de agosto de 2007 LAS PROVINCIAS
La justicia juvenil se ha convertido en una de las áreas más interesantes en la administración de la justicia social. Mientras que otras áreas relacionadas con el sector de la dependencia como la atención de mayores, enfermos o discapacitados se sitúan en ámbitos normalizados de política social, el área de justicia juvenil se ha convertido en un área transversal que pone a prueba el conjunto de las políticas públicas. La delincuencia juvenil no es sólo un problema de desamparo familiar, de fracaso escolar o de inadaptación social, es también un problema económico, judicial y cultural.
Cómo área transversal, es difícil distribuir sus competencias. Unas comunidades autónomas la sitúan junto a los servicios de familia y protección de menores; otras como parte especializada de la Administración de Justicia. Algunas comunidades como la Comunidad Valenciana se encuentran en un momento de transición porque la sección de reeducación de menores que estaba en Bienestar social será trasladaba a Justicia como área de justicia juvenil. Con independencia de su ubicación administrativa, es una justicia singular porque plantea problemas de aplicación que sólo saltan a la luz cuando hay casos que generan alarma social pero que exigen mayor atención por parte de la opinión pública. No es de recibo juzgar la eficacia de la Ley 5/2001 de responsabilidad penal de los menores fijando la atención en aquellos casos que, por la crueldad del adolescente, la gravedad de delito o el morbo de las circunstancias, han generado especial atención en los medios de comunicación. Si esta ley tiene que modificarse porque han cambiado el perfil psicológico del adolescente, las circunstancias culturales o sencillamente porque ignora el papel de las víctimas en la reparación del daño causado, deberá cambiarse con urgencia, pero respondiendo también a otros desafíos que, sin estar relacionados con la alarma social, no son menos urgentes.
El primer frente abierto es el de la eficacia. Si en terrenos de violencia de género o derecho matrimonial se han acortado significativamente los plazos que van desde la denuncia hasta la sentencia, en casos de justicia juvenil pueden pasar meses y hasta años para que se dicte una sentencia. Si la celeridad es importante en todos los procesos judiciales más aún en la justicia juvenil donde en poco tiempo cronológico cambian las condiciones de imputabilidad penal del joven. ¿Es educativo para un adolescente que un robo producido en enero de 2006 esté sin juzgar en Agosto de 2007?, ¿no hay formulas más rápidas que mantengan las garantías y ahorren tiempo, preocupaciones y burocracias?
El segundo frente abierto es la coordinación. No me refiero únicamente a la coordinación entre la policía y los juzgados sino a la coordinación necesaria entre los equipos de medidas judiciales y los servicios sociales municipales. Si el auto judicial señala medidas educativas y no hay centros, instituciones o programas donde estas “penas” se puedan redimir, entonces nos encontramos con jóvenes que, de nuevo, están en lista de espera. Aunque jueces, psicólogos y trabajadores sociales trabajen en equipo, si los ayuntamientos u otras organizaciones cívicas no ofrecen programas de reeducación juvenil entonces la medida se demora y pierde su eficacia.
El tercer frente abierto es la organización de medidas encaminadas a la reinserción, la reeducación y la reparación del daño causado. La ley 5/2001 se orientó en esta dirección, pero lo hizo a costa de las víctimas y sin contar con los perfiles psiquiátricos de unos adolescentes cada vez más acostumbrados a la vanalización del daño, la insensibilidad ante el dolor y la exaltación cultural de la violencia. Algunos magistrados se han tomado en serio la ley y en lugar de buscar la salida del internamiento han hecho que los jóvenes se enfrenten al dolor, el sacrificio y la muerte imponiendo trabajos comunitarios relacionados con la limpieza, el orden público o la atención a parapléjicos de accidentes.
Hay un cuarto frente relacionado con la mediación y la promoción de una nueva educación sentimental>. La mediación se ha convertido en una herramienta de intervención social de la que todos quieren apropiarse porque la conciben como un instrumento de negociación, acuerdo y compromiso. Sin embargo, hay muchas formas de entender la mediación y los jóvenes no aceptan cualquier negociador, árbitro o consejero.
Necesitan líderes mediadores que no sean simples expertos en resolución de conflictos, están hartos de pedagogos de media jornada que los entretienen con saberes curriculares donde ejercitan la cabeza sin ejercitar habilidades manuales, artísticas o emocionales. Necesitan algo más que técnicos para despertar en ellos sentimientos de empatía, compasión y responsabilidad.
En definitiva, cuatro frentes para una nueva justicia juvenil donde habría menos hipocresía y demagogia si además de aprender a ponernos en el lugar de las víctimas y sus familiares nos preguntáramos:
¿Y cómo quiero yo que traten a mi hijo cuando ha cometido un delito?
LP
