PeaceViolencia entre pupitres· Dos reclamaciones presentadas por acoso escolar motivaron una resolución dirigida a la Consejería de Educación
CASTILLA Y LEÓN 02.10.07 - NOELIA HERNÁNDEZ
El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, recibió cinco quejas por agresión en las aulas el año pasado. En dos de ellas había un profesor implicado, o bien por ser la víctima o bien por ser el agresor. Según el informe del 2006, la Procuradoría archivó ambas reclamaciones. En un caso porque comprobó que no existía la irregularidad que se atribuía a la Administración educativa y, en el otro, porque se solucionó el motivo de la reclamación.
En el primer expediente, una profesora de un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de León -cuya identidad no está sometida a información pública- había sido presuntamente agredida por un alumno, por lo que denunció el supuesto abuso ante el Procurador del Común.
El escolar recibió la «oportuna corrección» en el ámbito educativo tras la tramitación de un expediente corrector, según el informe del Procurador del Común.
La profesora interpuso una denuncia y se personó en el procedimiento como acusación particular para que se depuraran las responsabilidades de tipo penal. Las actuaciones judiciales incoadas se archivaron.
En cualquier caso, el archivo o impulso de un procedimiento judicial relativo a la responsabilidad penal del menor «no dependía de que la dirección del centro o las autoridades educativas no hubieran acompañado a la profesora agredida a denunciar los hechos ante la Policía ni de que no le hubieran ofrecido un letrado para su defensa», explica el informe, por lo que no se admitió a trámite la queja que quedó archivada al comprobar que la Administración educativa no había cometido la irregularidad que se le atribuía.
Un maestro, el agresor
El Procurador del Común investigó un supuesto caso de violencia escolar en el que los alumnos de Primaria de un centro en Salamanca manifestaron que un profesor les maltrataba.
Las madres de los alumnos fueron recibidas por el Director de Educación de Salamanca. Tras la reunión, y después de que el profesor presentara alegaciones ante el Inspector de Educación, se acordó nombrar a un profesional más para atender al 2º Ciclo de Educación Primaria del colegio. Según informó la directora del centro a la Inspección de Educación, las madres retiraron la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil.
El Procurador del Común consideró que había quedado solucionado el problema y archivó el caso. NDC
Una alumna denunció vejaciones que sufrió dos años
De las tres reclamaciones presentadas por acoso escolar, dos motivaron una resolución dirigida a la Consejería de Educación. La tercera fue archivada.
En los dos casos en los que se detectaron situaciones de acoso, «las víctimas habían dejado de asistir a los centros y se habían presentado denuncias ante las instancias policiales y judiciales». En uno de ellos el maltrato se prolongó durante dos años. La víctima, una alumna de 17 años de un instituto de Segovia, sufría «agresiones físicas, insultos, amenazas y actitudes vejatorias y humillantes». Según el centro, hasta el momento no se habían constatado problemas de convivencia, aunque sí «faltas de asistencia de la alumna agredida. El Procurador pidió medidas para facilitar la convivencia, aunque al final la alumna fue dada de baja en el centro.
La otra queja admitida situaba a un alumno de Secundaria de Ávila como agredido.El problema no se solucionó y el alumno optó por dejar las clases. NDC
CASTILLA Y LEÓN 02.10.07 - NOELIA HERNÁNDEZ
El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, recibió cinco quejas por agresión en las aulas el año pasado. En dos de ellas había un profesor implicado, o bien por ser la víctima o bien por ser el agresor. Según el informe del 2006, la Procuradoría archivó ambas reclamaciones. En un caso porque comprobó que no existía la irregularidad que se atribuía a la Administración educativa y, en el otro, porque se solucionó el motivo de la reclamación.
En el primer expediente, una profesora de un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de León -cuya identidad no está sometida a información pública- había sido presuntamente agredida por un alumno, por lo que denunció el supuesto abuso ante el Procurador del Común.
El escolar recibió la «oportuna corrección» en el ámbito educativo tras la tramitación de un expediente corrector, según el informe del Procurador del Común.
La profesora interpuso una denuncia y se personó en el procedimiento como acusación particular para que se depuraran las responsabilidades de tipo penal. Las actuaciones judiciales incoadas se archivaron.
En cualquier caso, el archivo o impulso de un procedimiento judicial relativo a la responsabilidad penal del menor «no dependía de que la dirección del centro o las autoridades educativas no hubieran acompañado a la profesora agredida a denunciar los hechos ante la Policía ni de que no le hubieran ofrecido un letrado para su defensa», explica el informe, por lo que no se admitió a trámite la queja que quedó archivada al comprobar que la Administración educativa no había cometido la irregularidad que se le atribuía.
Un maestro, el agresor
El Procurador del Común investigó un supuesto caso de violencia escolar en el que los alumnos de Primaria de un centro en Salamanca manifestaron que un profesor les maltrataba.
Las madres de los alumnos fueron recibidas por el Director de Educación de Salamanca. Tras la reunión, y después de que el profesor presentara alegaciones ante el Inspector de Educación, se acordó nombrar a un profesional más para atender al 2º Ciclo de Educación Primaria del colegio. Según informó la directora del centro a la Inspección de Educación, las madres retiraron la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil.
El Procurador del Común consideró que había quedado solucionado el problema y archivó el caso. NDC
Una alumna denunció vejaciones que sufrió dos años
De las tres reclamaciones presentadas por acoso escolar, dos motivaron una resolución dirigida a la Consejería de Educación. La tercera fue archivada.
En los dos casos en los que se detectaron situaciones de acoso, «las víctimas habían dejado de asistir a los centros y se habían presentado denuncias ante las instancias policiales y judiciales». En uno de ellos el maltrato se prolongó durante dos años. La víctima, una alumna de 17 años de un instituto de Segovia, sufría «agresiones físicas, insultos, amenazas y actitudes vejatorias y humillantes». Según el centro, hasta el momento no se habían constatado problemas de convivencia, aunque sí «faltas de asistencia de la alumna agredida. El Procurador pidió medidas para facilitar la convivencia, aunque al final la alumna fue dada de baja en el centro.
La otra queja admitida situaba a un alumno de Secundaria de Ávila como agredido.El problema no se solucionó y el alumno optó por dejar las clases. NDC
