La paliza a un profesor eleva a tres los casos derivados a los tribunales · Estos episodios se tramitan ya como delitos y hasta atentado
IGNACIO A. CASTILLO / MÁLAGA.
Pegar a un maestro salía barato, con relación al daño moral, más que físico, que esta agresión causaba al docente. Los episodios de violencia escolar contra los profesores se solían consideran faltas y como tales se tramitaban en los juzgados. Las penas se quedaban en simples multas económicas o, como mucho, en la obligación del acusado de estar permanentemente localizado durante un tiempo. El pasado mes de noviembre, representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO se reunieron con el Fiscal Jefe del TSJA Jesús Calderón. En este encuentro, los profesores pidieron que la Fiscalía califique las agresiones a los profesionales de la enseñanza como "atentados", al afectar a personas que trabajan en centros de ámbito público y a la prestación de un servicio educativo. Desde entonces, estos episodios se tramitan ya como delitos.
Existen, al menos, tres antecedentes, destacó la responsable del Gabinete Técnico de CCOO en Málaga, Mariló López. Un caso en Granada, con sentencia firme de un año de privación de libertad para el agresor; otro caso en Almería, con pena de cuatro años de cárcel; y el tercero en Fuengirola, que comenzó a ser tramitado como falta, aunque se solicitó la suspensión del juicio para que pudiera tramitarse por diligencias previas por la presunta comisión de un delito de atentado, "y en la actualidad estamos a la espera de que nos designen el juzgado de lo penal", explicó López.
Las pretensiones son claras: que las agresiones, amenazas e insultos se consideren delito, que podría estar castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. Así se protegería al educador ante las situaciones de violencia que vive en los centros.
Los casos de conflictividad en el ámbito escolar, de los que se hacen eco cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación, son la punta de un iceberg que esconde la realidad del sufrimiento de muchos profesores que cotidianamente la padecen, con menoscabo de su dignidad.
Pionero. El último caso en el IES Torre del Prado ha vuelto a poner en evidencia la desprotección de este colectivo. La comunidad educativa ha condenado de forma unánime esta agresión, aún más, si cabe, porque se ha producido en un centro docente pionero en adherirse a la red `Escuela Espacio de Paz´ que, según el coordinador del programa, José Antonio Binaburo, cuenta con más de 300 centros en la provincia en el presente curso 2007/08. "Es lamentable que se utilice la violencia como medio para resolver problemas, más aún contra este director, que ha sido seleccionado para formar parte de la comisión provincial de seguimiento de la convivencia, tal y como prevé el nuevo decreto", explicó Binaburo.
En efecto, para tratar de cortar de raíz este problema, que pone en riesgo la calidad del aprendizaje, la Junta ha aprobado un decreto, ya en vigor, para mejorar la convivencia en los centros docentes. Se trata de una ley que refuerza los mecanismos educativos para mejorar el clima que se respira en las aulas.
Para ello, incluye medidas destinadas a los propios centros, como que todos tengan un plan de convivencia anual, que posean protocolos de actuación para intervenir en cualquier conflicto, que dispongan de aulas de convivencia para hacer tratamientos específicos de los conflictos y que se regule la vigilancia de los recreos. Además, se crea la figura del educador social y el observatorio de la convivencia, al que hacía referencia Binaburo.
Asesoramiento. La Junta también ha puesto a disposición de los docentes un servicio de atención telefónica para el asesoramiento jurídico, siguiendo el modelo iniciado por el sindicato CCOO en marzo de 2006. En el primer año y medio de funcionamiento, este teléfono, denominado `CCOO te escucha´, que tiene la vocación de ofrecer asesoramiento jurídico y atención directa, incluido apoyo psicológico a los profesionales de la educación ha atendido un total de 761 casos en toda Andalucía. Málaga encabeza todas las clasificaciones, con 188 consultas (casi tres al día). De ellas, según los datos aportados por el propio Gabinete Técnico de este sindicato, 32 estaban relacionadas con la convivencia educativa, 11 por insultos y amenazas a los profesores, una por daños materiales al profesor, 18 por denuncias contra el docente, cuatro por agresiones al profesor y 122 requerían información sobre cómo actuar al verse involucrados en algún episodio de conflictividad.
La paliza a un profesor eleva a tres los casos derivados a los tribunales
REMEDIOS CUEVAS / MÁLAGA. El reciente ataque al director del Instituto Torre del Prado de Campanillas no es el único que llega hasta los tribunales en este recién comenzado curso escolar. Otras dos maestras también han denunciado agresiones similares que habrían sido propinadas, igualmente, por familiares de sus alumnos; en concreto, madres de escolares. Uno de estos casos acaba de ser juzgado y el otro lo será en los próximos días, según informó María Dolores López, abogada del gabinete jurídico de CCOO, del que depende el servicio creado hace año y medio para reforzar el auxilio jurídico y psicológico de los docentes que son víctimas de la llamada violencia escolar.
El caso más reciente es la paliza sufrida por Antonio Escámez, director del IES Torre del Prado el viernes pasado, cuyo presunto autor será juzgado mañana. Se trata del hermano adulto de un adolescente, alumno del centro éste último, que abordó al docente en torno a las 15.00, cuando regresaba al recinto del instituto tras comprarse un bocadillo para almorzar. "Cuando fue a abrir la cancela la emprendió a golpes con él", explicó ayer Juan Francisco Villén, secretario del centro. El desencadenante del ataque habría sido la sanción de 29 días de expulsión impuesta al alumno después de que pegara a un compañero del centro, no aceptada por sus familiares.
La víctima, de baja por los golpes sufridos y el daño moral, se reunió ayer por la mañana con sus compañeros. "Quería contarles de viva voz lo que había pasado", explicó. Los profesores, "muy afectados" por la agresión a su director, se reunieron por la tarde en un claustro para abordar lo sucedido y estudiar posibles acciones. En concreto, acordaron pedir a la Delegación de Educación "que aconseje a la familia la solicitud de cambio de centro del alumno" cuyo hermano la emprendió a golpes con el director, realizar un paro de una jornada durante la próxima semana y una concentración ese mismo día a las puertas de la Delegación de Educación y, además, realizar actividades educativas "destinadas a que todo el alumnado reflexione sobre la gravedad de los hechos vividos".
El Consejo Escolar del Torre del Prado, por su parte, se reunirá en esta jornada de miércoles con el mismo fin. A estas dos reuniones seguirá una tercera. La Junta de Personal Docente de Málaga ha convocado una reunión extraordinaria para mañana, concebida igualmente para reflexionar sobre lo acaecido y estudiar posibles acciones. María Teresa Blanca, secretaria provincial de Educación de UGT, avanzó que su sindicato defenderá que "todos los centros educativos de Málaga paren unos minutos algún día de la semana que viene", como gesto de condena del ataque del viernes. "La idea es que todos estemos unidos cuando se produce una agresión", explicó Blanca.
La Delegación de Educación ha puesto a disposición de Escámez la póliza de asistencia letrada gratuita de la que pueden disfrutar los trabajadores de la enseñanza que se ven inmersos en procesos judiciales. La existencia de los llamados juicios rápidos permitirá que el presunto agresor sea juzgado mañana mismo en una vista a la que tienen previsto asistir los miembros del claustro del Torre del Prado, además de representantes sindicales.
CCOO, por su parte, remitió ayer un comunicado en el que se solidarizó con la víctima de este reciente ataque. Este sindicato fue pionero en este ámbito con la implantación del servicio CCOO te escucha, que presta asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de violencia escolar a través del 902 10 46 38. Meses después fue la Consejería de Educación la que puso en marcha una línea telefónica para reforzar la asistencia jurídica que ya venía prestando a los docentes. Es el 902 53 74 44, que funciona las 24 horas del día.
No son los únicos avances experimentados en este terreno. Los jueces han empezado a aceptar que se califique estos ataques como atentados, y no como falta de lesiones, lo que agrava sensiblemente las penas. Las reiteradas peticiones de CCOO al Ministerio Fiscal a este respecto están detrás de este logro.
OM
FOTO relacionada >> Profesores ante el Edificio Negro, en una manifiestación anterior
Arenas reclama que las agresiones a profesores y sanitarios sean consideradas delitos de atentado contra la autoridad
HUELVA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, reclamó hoy que las agresiones a profesores en los centros educativos y a profesionales sanitarios en los hospitales sean consideradas delitos de atentado contra la autoridad.
Tras participar en un acto de recogida de firmas en favor de la carretera Huelva-Cádiz en la capital onubense, Arenas se refirió a la "brutal agresión" recibida la pasada semana por el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Torre del Prado del distrito malagueño de Campanillas y lamentó la "crisis de autoridad que hay en los colegios y los hospitales".
Tras destacar que este profesional "tiene que recibir todo el respaldo del Gobierno andaluz", apostó por "acabar con las agresiones y la violencia", instando a la Junta y a los fiscales que "trabajen para que estas faltas sean consideradas como delitos de atentado contra la autoridad".
Además, destacó que Andalucía "necesita que, cuanto antes, se ponga en marcha un Proyecto de Ley a favor de la convivencia escolar en los colegios porque es necesario mucho respeto y mucha autoridad a favor del profesorado". ep
IGNACIO A. CASTILLO / MÁLAGA.
Pegar a un maestro salía barato, con relación al daño moral, más que físico, que esta agresión causaba al docente. Los episodios de violencia escolar contra los profesores se solían consideran faltas y como tales se tramitaban en los juzgados. Las penas se quedaban en simples multas económicas o, como mucho, en la obligación del acusado de estar permanentemente localizado durante un tiempo. El pasado mes de noviembre, representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO se reunieron con el Fiscal Jefe del TSJA Jesús Calderón. En este encuentro, los profesores pidieron que la Fiscalía califique las agresiones a los profesionales de la enseñanza como "atentados", al afectar a personas que trabajan en centros de ámbito público y a la prestación de un servicio educativo. Desde entonces, estos episodios se tramitan ya como delitos.
Existen, al menos, tres antecedentes, destacó la responsable del Gabinete Técnico de CCOO en Málaga, Mariló López. Un caso en Granada, con sentencia firme de un año de privación de libertad para el agresor; otro caso en Almería, con pena de cuatro años de cárcel; y el tercero en Fuengirola, que comenzó a ser tramitado como falta, aunque se solicitó la suspensión del juicio para que pudiera tramitarse por diligencias previas por la presunta comisión de un delito de atentado, "y en la actualidad estamos a la espera de que nos designen el juzgado de lo penal", explicó López.
Las pretensiones son claras: que las agresiones, amenazas e insultos se consideren delito, que podría estar castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. Así se protegería al educador ante las situaciones de violencia que vive en los centros.
Los casos de conflictividad en el ámbito escolar, de los que se hacen eco cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación, son la punta de un iceberg que esconde la realidad del sufrimiento de muchos profesores que cotidianamente la padecen, con menoscabo de su dignidad.
Pionero. El último caso en el IES Torre del Prado ha vuelto a poner en evidencia la desprotección de este colectivo. La comunidad educativa ha condenado de forma unánime esta agresión, aún más, si cabe, porque se ha producido en un centro docente pionero en adherirse a la red `Escuela Espacio de Paz´ que, según el coordinador del programa, José Antonio Binaburo, cuenta con más de 300 centros en la provincia en el presente curso 2007/08. "Es lamentable que se utilice la violencia como medio para resolver problemas, más aún contra este director, que ha sido seleccionado para formar parte de la comisión provincial de seguimiento de la convivencia, tal y como prevé el nuevo decreto", explicó Binaburo.
En efecto, para tratar de cortar de raíz este problema, que pone en riesgo la calidad del aprendizaje, la Junta ha aprobado un decreto, ya en vigor, para mejorar la convivencia en los centros docentes. Se trata de una ley que refuerza los mecanismos educativos para mejorar el clima que se respira en las aulas.
Para ello, incluye medidas destinadas a los propios centros, como que todos tengan un plan de convivencia anual, que posean protocolos de actuación para intervenir en cualquier conflicto, que dispongan de aulas de convivencia para hacer tratamientos específicos de los conflictos y que se regule la vigilancia de los recreos. Además, se crea la figura del educador social y el observatorio de la convivencia, al que hacía referencia Binaburo.
Asesoramiento. La Junta también ha puesto a disposición de los docentes un servicio de atención telefónica para el asesoramiento jurídico, siguiendo el modelo iniciado por el sindicato CCOO en marzo de 2006. En el primer año y medio de funcionamiento, este teléfono, denominado `CCOO te escucha´, que tiene la vocación de ofrecer asesoramiento jurídico y atención directa, incluido apoyo psicológico a los profesionales de la educación ha atendido un total de 761 casos en toda Andalucía. Málaga encabeza todas las clasificaciones, con 188 consultas (casi tres al día). De ellas, según los datos aportados por el propio Gabinete Técnico de este sindicato, 32 estaban relacionadas con la convivencia educativa, 11 por insultos y amenazas a los profesores, una por daños materiales al profesor, 18 por denuncias contra el docente, cuatro por agresiones al profesor y 122 requerían información sobre cómo actuar al verse involucrados en algún episodio de conflictividad.
La paliza a un profesor eleva a tres los casos derivados a los tribunales
REMEDIOS CUEVAS / MÁLAGA. El reciente ataque al director del Instituto Torre del Prado de Campanillas no es el único que llega hasta los tribunales en este recién comenzado curso escolar. Otras dos maestras también han denunciado agresiones similares que habrían sido propinadas, igualmente, por familiares de sus alumnos; en concreto, madres de escolares. Uno de estos casos acaba de ser juzgado y el otro lo será en los próximos días, según informó María Dolores López, abogada del gabinete jurídico de CCOO, del que depende el servicio creado hace año y medio para reforzar el auxilio jurídico y psicológico de los docentes que son víctimas de la llamada violencia escolar.
El caso más reciente es la paliza sufrida por Antonio Escámez, director del IES Torre del Prado el viernes pasado, cuyo presunto autor será juzgado mañana. Se trata del hermano adulto de un adolescente, alumno del centro éste último, que abordó al docente en torno a las 15.00, cuando regresaba al recinto del instituto tras comprarse un bocadillo para almorzar. "Cuando fue a abrir la cancela la emprendió a golpes con él", explicó ayer Juan Francisco Villén, secretario del centro. El desencadenante del ataque habría sido la sanción de 29 días de expulsión impuesta al alumno después de que pegara a un compañero del centro, no aceptada por sus familiares.
La víctima, de baja por los golpes sufridos y el daño moral, se reunió ayer por la mañana con sus compañeros. "Quería contarles de viva voz lo que había pasado", explicó. Los profesores, "muy afectados" por la agresión a su director, se reunieron por la tarde en un claustro para abordar lo sucedido y estudiar posibles acciones. En concreto, acordaron pedir a la Delegación de Educación "que aconseje a la familia la solicitud de cambio de centro del alumno" cuyo hermano la emprendió a golpes con el director, realizar un paro de una jornada durante la próxima semana y una concentración ese mismo día a las puertas de la Delegación de Educación y, además, realizar actividades educativas "destinadas a que todo el alumnado reflexione sobre la gravedad de los hechos vividos".
El Consejo Escolar del Torre del Prado, por su parte, se reunirá en esta jornada de miércoles con el mismo fin. A estas dos reuniones seguirá una tercera. La Junta de Personal Docente de Málaga ha convocado una reunión extraordinaria para mañana, concebida igualmente para reflexionar sobre lo acaecido y estudiar posibles acciones. María Teresa Blanca, secretaria provincial de Educación de UGT, avanzó que su sindicato defenderá que "todos los centros educativos de Málaga paren unos minutos algún día de la semana que viene", como gesto de condena del ataque del viernes. "La idea es que todos estemos unidos cuando se produce una agresión", explicó Blanca.
La Delegación de Educación ha puesto a disposición de Escámez la póliza de asistencia letrada gratuita de la que pueden disfrutar los trabajadores de la enseñanza que se ven inmersos en procesos judiciales. La existencia de los llamados juicios rápidos permitirá que el presunto agresor sea juzgado mañana mismo en una vista a la que tienen previsto asistir los miembros del claustro del Torre del Prado, además de representantes sindicales.
CCOO, por su parte, remitió ayer un comunicado en el que se solidarizó con la víctima de este reciente ataque. Este sindicato fue pionero en este ámbito con la implantación del servicio CCOO te escucha, que presta asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de violencia escolar a través del 902 10 46 38. Meses después fue la Consejería de Educación la que puso en marcha una línea telefónica para reforzar la asistencia jurídica que ya venía prestando a los docentes. Es el 902 53 74 44, que funciona las 24 horas del día.
No son los únicos avances experimentados en este terreno. Los jueces han empezado a aceptar que se califique estos ataques como atentados, y no como falta de lesiones, lo que agrava sensiblemente las penas. Las reiteradas peticiones de CCOO al Ministerio Fiscal a este respecto están detrás de este logro.
OM
FOTO relacionada >> Profesores ante el Edificio Negro, en una manifiestación anterior
HUELVA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, reclamó hoy que las agresiones a profesores en los centros educativos y a profesionales sanitarios en los hospitales sean consideradas delitos de atentado contra la autoridad.
Tras participar en un acto de recogida de firmas en favor de la carretera Huelva-Cádiz en la capital onubense, Arenas se refirió a la "brutal agresión" recibida la pasada semana por el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Torre del Prado del distrito malagueño de Campanillas y lamentó la "crisis de autoridad que hay en los colegios y los hospitales".
Tras destacar que este profesional "tiene que recibir todo el respaldo del Gobierno andaluz", apostó por "acabar con las agresiones y la violencia", instando a la Junta y a los fiscales que "trabajen para que estas faltas sean consideradas como delitos de atentado contra la autoridad".
Además, destacó que Andalucía "necesita que, cuanto antes, se ponga en marcha un Proyecto de Ley a favor de la convivencia escolar en los colegios porque es necesario mucho respeto y mucha autoridad a favor del profesorado". ep
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