El 50 por ciento de los centros públicos de Primaria y Secundaria de la provincia de Granada, 158 de los 312 existentes, cuenta con servicios de vigilancia, consistentes fundamentalmente en el control de los patios durante las actividades extraescolares y en horario y periodos no lectivos.
GRANADA 21 OCT 2007 RG
A este tipo de vigilancia, que concede Infraestructuras y Servicios Educativos de la Junta tras estudiar las peticiones de los centros, pueden optar los incluidos en el Plan de Apertura, que incluye servicios de comedor y actividades extraescolares.
Según han informado fuentes de la Delegación de Educación de la Junta en Granada, cuando los centros solicitan este servicio, que incluye también el control de las instalaciones deportivas y recreativas, la administración estudia la petición y concede un determinado número de horas de vigilancia en función de las características y tipo de actividades del colegio.
La provincia de Granada cuenta en la actualidad con 510 centros educativos de Primaria y Secundaria, de los que 312 son públicos, a los que van dirigidos este servicio de control y vigilancia concedido por la Consejería de Educación.
Según la presidenta de la Junta de Personal Docente de Granada, Juana Caballero, cada vez más los centros educativos de la provincia recurren a la vigilancia privada con la instalación de cámaras, fundamentalmente en los pasillos, para reforzar la seguridad.
"Salvo en algunos casos puntuales, la impresión general es que esta medida está sirviendo para controlar los centros", según ha manifestado a Efe Caballero, que cifra en más de una decena los institutos que han recurrido a esta vigilancia privada.
Para la Junta de Personal Docente, afrontar la conflictividad en las aulas requiere, además de un refuerzo de la vigilancia institucional, una mayor implicación de la administración con la adopción de medidas como su personación como acusación particular en los casos de agresión a profesores y que éstos sean tipificados como delito de atentado a la autoridad.
Aunque considera "bienintencionadas" las medidas de la Junta de prestar asistencia jurídica a los profesores, Caballero entiende que sólo así se conseguiría frenar los casos de violencia en las aulas.
Durante el curso pasado, la administración registró en la provincia 20 denuncias en el ámbito escolar -dos por agresión-, de las que 16 fueron interpuestas por profesores y cuatro por padres.
Uno de los últimos casos se dio en el colegio Santa Juliana del barrio granadino de la Chana, donde una maestra sufrió amenazas y un intento de agresión por parte de la madre de un alumno de tres años, lo que originó el jueves pasado una concentración de centros educativos de la provincia en señal de protesta. RG
http://www.iseandalucia.es/
GRANADA 21 OCT 2007 RG
A este tipo de vigilancia, que concede Infraestructuras y Servicios Educativos de la Junta tras estudiar las peticiones de los centros, pueden optar los incluidos en el Plan de Apertura, que incluye servicios de comedor y actividades extraescolares.
Según han informado fuentes de la Delegación de Educación de la Junta en Granada, cuando los centros solicitan este servicio, que incluye también el control de las instalaciones deportivas y recreativas, la administración estudia la petición y concede un determinado número de horas de vigilancia en función de las características y tipo de actividades del colegio.
La provincia de Granada cuenta en la actualidad con 510 centros educativos de Primaria y Secundaria, de los que 312 son públicos, a los que van dirigidos este servicio de control y vigilancia concedido por la Consejería de Educación.
Según la presidenta de la Junta de Personal Docente de Granada, Juana Caballero, cada vez más los centros educativos de la provincia recurren a la vigilancia privada con la instalación de cámaras, fundamentalmente en los pasillos, para reforzar la seguridad.
"Salvo en algunos casos puntuales, la impresión general es que esta medida está sirviendo para controlar los centros", según ha manifestado a Efe Caballero, que cifra en más de una decena los institutos que han recurrido a esta vigilancia privada.
Para la Junta de Personal Docente, afrontar la conflictividad en las aulas requiere, además de un refuerzo de la vigilancia institucional, una mayor implicación de la administración con la adopción de medidas como su personación como acusación particular en los casos de agresión a profesores y que éstos sean tipificados como delito de atentado a la autoridad.
Aunque considera "bienintencionadas" las medidas de la Junta de prestar asistencia jurídica a los profesores, Caballero entiende que sólo así se conseguiría frenar los casos de violencia en las aulas.
Durante el curso pasado, la administración registró en la provincia 20 denuncias en el ámbito escolar -dos por agresión-, de las que 16 fueron interpuestas por profesores y cuatro por padres.
Uno de los últimos casos se dio en el colegio Santa Juliana del barrio granadino de la Chana, donde una maestra sufrió amenazas y un intento de agresión por parte de la madre de un alumno de tres años, lo que originó el jueves pasado una concentración de centros educativos de la provincia en señal de protesta. RG
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