Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2005 en un curso de 1º ESO · Imputan a los acusados un delito contra la integridad moral y otro de lesiones
Córdoba 26 OCT 2007 LUCIA ZARZA
La Fiscalía de Menores pide 100 horas de prestación social en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento para los tres acusados en un caso de bullying -acoso escolar- ocurrido en un instituto de la capital. En el juicio -que se celebró el pasado martes en la Audiencia Provincial de Córdoba tras suspenderse en mayo al no estar citados parte de los testigos de la defensa- quedaron vistos para sentencia unos hechos que se remontan a septiembre de 2005, cuando el menor, que contaba con 12 años de edad, inició su curso de primero de Educación Secundaria Obligatoria sufriendo supuestas vejaciones y agresiones por parte de sus compañeros de clase.
El fiscal y la acusación imputan a los acusados un delito contra la integridad moral, recogido en el artículo 173 del Código Penal, en el que se castiga el infligir un trato degradante que menoscaba la integridad moral. Asimismo, también los acusan de un delito de lesiones.
Por su parte, la acusación particular pidió en el juicio el internamiento de permanencia los fines de semana para los tres acusados. El resto de los acosadores, dos chicos, no han podido ser juzgados al no tener todavía los 14 años cumplidos, edad mínima de responsabilidad penal. En un primer momento la Fiscalía pidió sólo 80 horas de trabajos sociales, pero ante las pruebas aportadas por la acusación en el juicio, aumentó la pena a 100 horas, según fuentes judiciales. La defensa de los acusados alegó en la vista oral falta de pruebas, por lo que solicitó la libre absolución de los tres menores, ya que, en su opinión, "no había sido probado que sus defendidos hubieran sido los autores".
La familia fue consciente del calvario que el menor estaba pasando cuando un día, tras una fuerte agresión, el menor llegó a casa con un gran hematoma en un costado. El parte de lesiones determinó que había sido provocado por una fuerte patada. En ese momento, los padres del acosado decidieron pedir responsabilidades a los docentes del centro educativo.
La primera acción que llevó a cabo la junta directiva del instituto fue cambiarlo de clase, pero las agresiones continuaron en las zonas comunes del instituto. Según fuentes judiciales, "los profesores manifestaron que la situación que vivía el menor en el centro se le escapaba de las manos". Por este motivo, y tras volverse el contexto insoportable para el menor, que sufrió durante dos meses malos tratos físicos y psíquicos, la familia decidió denunciar los hechos ante el juzgado. Desde entonces han pasado dos años, pero en unos días las humillaciones que supuestamente padeció el menor llegarán pronto a su fin, puesto que se prevé que el juez dicte sentencia la semana que viene.eDC
Córdoba 26 OCT 2007 LUCIA ZARZA
La Fiscalía de Menores pide 100 horas de prestación social en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento para los tres acusados en un caso de bullying -acoso escolar- ocurrido en un instituto de la capital. En el juicio -que se celebró el pasado martes en la Audiencia Provincial de Córdoba tras suspenderse en mayo al no estar citados parte de los testigos de la defensa- quedaron vistos para sentencia unos hechos que se remontan a septiembre de 2005, cuando el menor, que contaba con 12 años de edad, inició su curso de primero de Educación Secundaria Obligatoria sufriendo supuestas vejaciones y agresiones por parte de sus compañeros de clase.
El fiscal y la acusación imputan a los acusados un delito contra la integridad moral, recogido en el artículo 173 del Código Penal, en el que se castiga el infligir un trato degradante que menoscaba la integridad moral. Asimismo, también los acusan de un delito de lesiones.
Por su parte, la acusación particular pidió en el juicio el internamiento de permanencia los fines de semana para los tres acusados. El resto de los acosadores, dos chicos, no han podido ser juzgados al no tener todavía los 14 años cumplidos, edad mínima de responsabilidad penal. En un primer momento la Fiscalía pidió sólo 80 horas de trabajos sociales, pero ante las pruebas aportadas por la acusación en el juicio, aumentó la pena a 100 horas, según fuentes judiciales. La defensa de los acusados alegó en la vista oral falta de pruebas, por lo que solicitó la libre absolución de los tres menores, ya que, en su opinión, "no había sido probado que sus defendidos hubieran sido los autores".
La familia fue consciente del calvario que el menor estaba pasando cuando un día, tras una fuerte agresión, el menor llegó a casa con un gran hematoma en un costado. El parte de lesiones determinó que había sido provocado por una fuerte patada. En ese momento, los padres del acosado decidieron pedir responsabilidades a los docentes del centro educativo.
La primera acción que llevó a cabo la junta directiva del instituto fue cambiarlo de clase, pero las agresiones continuaron en las zonas comunes del instituto. Según fuentes judiciales, "los profesores manifestaron que la situación que vivía el menor en el centro se le escapaba de las manos". Por este motivo, y tras volverse el contexto insoportable para el menor, que sufrió durante dos meses malos tratos físicos y psíquicos, la familia decidió denunciar los hechos ante el juzgado. Desde entonces han pasado dos años, pero en unos días las humillaciones que supuestamente padeció el menor llegarán pronto a su fin, puesto que se prevé que el juez dicte sentencia la semana que viene.eDC
