'Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social'
Curso organizado por la UPF en Alicante
»VER CHARLA. De izquierda a derecha, Gisbert, Mena y Bravo, en un descanso del curso. 2
Mena y Bravo han participado en el curso 'Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social', organizado por la Unión Progresista de Fiscales en Alicante.
Ambos han sido preguntados por la propuesta lanzada por el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, quien la pasada semana apostó por rebajar la edad penal ante el incremento de 'hechos graves' cometidos por jóvenes.
Bravo ha asegurado no estar de acuerdo con la rebaja de la edad penal y ha considerado 'un acierto' que esté fijada en los 18 años.
Ha reconocido que a veces existe 'una sensación de impunidad' provocada por 'la carencia de medios, de centros apropiados y de educadores', y ha instado a trasladar a la sociedad 'el contenido de las medidas' que se aplican.
Por su parte, Mena ha afirmado que 'la justicia del menor funciona muy bien' y que 'no hace falta dedicarse a la represión pura y dura a partir de los 16 años'.
En su opinión, los fiscales realizan un 'gran esfuerzo' en asuntos de menores y han encontrado 'sistemas alternativos a la represión penal, con experiencias brillantes de conciliación y alternativas a la imposición de penas'.
Mena ha asegurado que 'sólo con la represión penal no se resuelven los problemas', porque el sistema penal sólo puede actuar sobre lo que ya ha ocurrido.
El curso sobre menores iniciado hoy y que concluirá el miércoles tratará cuestiones relacionadas con la violencia en el ámbito familiar, la prostitución, la delincuencia y la inmigración.
Mena ha destacado que los fenómenos de violencia de grupos ('skin-head', 'latin king' o inmigrantes árabes en la periferia francesa) se han agravado en los últimos años en la medida en que la juventud 'es un fenómeno de masas creciente, con acceso al consumo y al dominio territorial de espacios públicos'.
Bravo se ha referido a las situaciones de acoso escolar y ha apuntado que no se ha registrado un incremento 'desmesurado' en los últimos años, sino que antes era 'un problema invisible'.
A su juicio, la solución pasa por centrarse en el entorno educativo y poner los medios para educar 'contribuyendo al desarrollo personal, en el respeto a los derechos humanos y a vivir en tolerancia e igualdad'.
La fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert, se ha referido a la prostitución y ha destacado que, aunque existe un rechazo y castigo para la pedofilia, la prostitución de jóvenes carece 'casi de rechazo social'.
Gisbert ha dicho que para eliminar esta práctica en niñas es necesario eliminarla en mayores y jóvenes, y ha abogado por 'perseguir y castigar a quienes se aprovechan de estas situaciones mejorando las penas'.
'Si no hubiera demanda, no habría oferta', ha subrayado la fiscal, quien ha insistido en la penalización de los clientes con 'un reproche social, legal y económico'.
Terra Actualidad - EFE
«Los menores del siglo XXI»
La Unión Progresista de Fiscales ha organizado un curso en Alicante que, bajo el título «Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social», abordará hasta el miércoles cuestiones relacionadas con la violencia en el ámbito familiar, la prostitución, la delincuencia y la inmigración. Está previsto que a la clausura asista el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Las jornadas están dirigidas y coordinadas por la fiscal de Menores de Valencia y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales a nivel nacional, María Gabriela Bravo.
El programa incluye ponencias sobre inmigración y tratamiento jurídico de los inmigrantes no acompañados, la prostitución como forma de explotación infantil, menores víctimas de malos tratos,acoso escolar y menores delincuentes.
En ellas, intervendrán el ex jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena; la fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert; la fiscal adscrita al fiscal de sala coordinador de Extranjería, Adriana de Buerba, y la magistrada suplente de la Audiencia de Castelló, María Luisa Cuerda, entre otros.
También se han organizado dos mesas redondas sobre «Menores y violencia en el ámbito familiar» y «Menores inmigrantes no acompañados», con representantes de diversos ámbitos. L-emv
Los fiscales progresistas rechazan la rebaja de la edad penal a los 16 años
La asociación UPF entiende que la actual Ley del Menor «es un acierto» Los acusadores apuestan por la prevención y las medidas alternativas
»CHARLA. De izquierda a derecha, Gisbert, Mena y Bravo, en un descanso del curso. / LOLA GUIL
ALICANTE 06.11.07 - M. C. S. / EFE
LAS POSTURAS
Sector conservador: propone endurecer las penas y rebajar de nuevo la edad penal a los 16 años. En su defecto, Magro aboga por una prueba médica que permita juzgar a los delincuentes de entre 16 y 18 años como adultos.
Sector progresista: apuesta por la prevención de la criminalidad y las medidas alternativas a la represión penal. No quieren modificar la ley.
Los fiscales progresistas discrepan de pleno de las cada vez más numerosas voces que reclaman reducir de nuevo a los 16 años la edad penal. El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) José María Mena y la representante de la Fiscalía de Menores de Valencia María Gabriela Bravo se erigieron ayer en portavoces de sus compañeros para rechazar esa propuesta y abogar por programas de prevención de la criminalidad entre los más jóvenes y medidas alternativas a las condenas.
Ambos hicieron declaraciones a los medios durante una pausa del curso Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social, organizado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que finalizará el próximo miércoles.
Para Bravo y Mena, la actual Ley del Menor «es un acierto y funciona bien». Por tanto, no ven con buenos ojos propuestas como las lanzadas el pasado viernes por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, para que se debatan en otro congreso sobre criminología y Derecho Penal que se celebrará también esta semana en Alicante.
Magro, que pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se pronunció a favor de rebajar la edad penal ante el incremento de delitos graves cometidos por menores. En su defecto, propuso que los infractores de entre 16 y 18 años fueran sometidos a una prueba médica para determinar su consciencia y voluntad en el momento de la comisión de los hechos y poderles aplicar así la legislación de los adultos.
Tanto Bravo como Mena descartaron esta idea, aunque reconocieron que a veces existe «una sensación de impunidad» provocada por «la carencia de medios, de centros apropiados y de educadores». Los representantes del Ministerio Público también instaron a los medios a trasladar a la sociedad «el contenido de las medidas» que se aplican en la jurisdicción de menores.
«La justicia del menor funciona muy bien y no hace falta dedicarse a la represión pura y dura a partir de los 16 años», opinó el ex fiscal del TSJ catalán. A su juicio, sus compañeros realizan un «gran esfuerzo» en este ámbito y han encontrado «sistemas alternativos a la represión penal, con experiencias brillantes de conciliación y alternativas a la imposición de penas».
Mena reiteró que la represión de los delitos «no resuelve los problemas» porque el sistema penal sólo actúa cuando éstos ya han ocurrido. También indicó que los fenómenos de violencia juvenil en grupo, como la de los cabezas rapadas, los latin king o los disturbios de la periferia de París se han agravado en los últimos años en la medida en que la juventud «es un fenómeno de masas creciente, con acceso al consumo y al dominio territorial de espacios públicos».
Por su parte, Bravo, que es presidenta de la UPF y se ha encargado de coordinar el curso, se refirió a las situaciones de acoso escolar, de las que negó que se haya producido un incremento «desmesurado» y precisó que lo ha ocurrido es que hasta ahora suponían «un problema invisible».
Para esta acusadora, la solución a este fenómeno pasa por centrarse en el entorno educativo y poner los medios para educar «contribuyendo al desarrollo personal, en el respeto a los derechos humanos y a vivir en tolerancia e igualdad».
Aunque estaba anunciada su presencia y se encontraba en Alicante, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no presenció la inauguración de estas jornadas. LV
http://www.upfiscales.com/
Curso organizado por la UPF en Alicante
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| LAS POSTURAS
Sector conservador: propone endurecer las penas y rebajar de nuevo la edad penal a los 16 años. En su defecto, Magro aboga por una prueba médica que permita juzgar a los delincuentes de entre 16 y 18 años como adultos. Sector progresista: apuesta por la prevención de la criminalidad y las medidas alternativas a la represión penal. No quieren modificar la ley. | ALICANTE 5 NOV 2007
El ex fiscal jefe del TSJ de Cataluña José María Mena y la fiscal de Menores del TSJ de la Comunitat Valenciana, María Gabriela Bravo, han coincidido este lunes en rechazar la rebaja de la edad penal de los 18 a los 16 años por considerar que la actual legislación 'es un acierto' y 'funciona bien'. |
Ambos han sido preguntados por la propuesta lanzada por el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, quien la pasada semana apostó por rebajar la edad penal ante el incremento de 'hechos graves' cometidos por jóvenes.
Bravo ha asegurado no estar de acuerdo con la rebaja de la edad penal y ha considerado 'un acierto' que esté fijada en los 18 años.
Ha reconocido que a veces existe 'una sensación de impunidad' provocada por 'la carencia de medios, de centros apropiados y de educadores', y ha instado a trasladar a la sociedad 'el contenido de las medidas' que se aplican.
Por su parte, Mena ha afirmado que 'la justicia del menor funciona muy bien' y que 'no hace falta dedicarse a la represión pura y dura a partir de los 16 años'.
En su opinión, los fiscales realizan un 'gran esfuerzo' en asuntos de menores y han encontrado 'sistemas alternativos a la represión penal, con experiencias brillantes de conciliación y alternativas a la imposición de penas'.
Mena ha asegurado que 'sólo con la represión penal no se resuelven los problemas', porque el sistema penal sólo puede actuar sobre lo que ya ha ocurrido.
El curso sobre menores iniciado hoy y que concluirá el miércoles tratará cuestiones relacionadas con la violencia en el ámbito familiar, la prostitución, la delincuencia y la inmigración.
Mena ha destacado que los fenómenos de violencia de grupos ('skin-head', 'latin king' o inmigrantes árabes en la periferia francesa) se han agravado en los últimos años en la medida en que la juventud 'es un fenómeno de masas creciente, con acceso al consumo y al dominio territorial de espacios públicos'.
Bravo se ha referido a las situaciones de acoso escolar y ha apuntado que no se ha registrado un incremento 'desmesurado' en los últimos años, sino que antes era 'un problema invisible'.
A su juicio, la solución pasa por centrarse en el entorno educativo y poner los medios para educar 'contribuyendo al desarrollo personal, en el respeto a los derechos humanos y a vivir en tolerancia e igualdad'.
La fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert, se ha referido a la prostitución y ha destacado que, aunque existe un rechazo y castigo para la pedofilia, la prostitución de jóvenes carece 'casi de rechazo social'.
Gisbert ha dicho que para eliminar esta práctica en niñas es necesario eliminarla en mayores y jóvenes, y ha abogado por 'perseguir y castigar a quienes se aprovechan de estas situaciones mejorando las penas'.
'Si no hubiera demanda, no habría oferta', ha subrayado la fiscal, quien ha insistido en la penalización de los clientes con 'un reproche social, legal y económico'.
Terra Actualidad - EFE
La Unión Progresista de Fiscales ha organizado un curso en Alicante que, bajo el título «Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social», abordará hasta el miércoles cuestiones relacionadas con la violencia en el ámbito familiar, la prostitución, la delincuencia y la inmigración. Está previsto que a la clausura asista el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Las jornadas están dirigidas y coordinadas por la fiscal de Menores de Valencia y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales a nivel nacional, María Gabriela Bravo.
El programa incluye ponencias sobre inmigración y tratamiento jurídico de los inmigrantes no acompañados, la prostitución como forma de explotación infantil, menores víctimas de malos tratos,acoso escolar y menores delincuentes.
En ellas, intervendrán el ex jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena; la fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert; la fiscal adscrita al fiscal de sala coordinador de Extranjería, Adriana de Buerba, y la magistrada suplente de la Audiencia de Castelló, María Luisa Cuerda, entre otros.
También se han organizado dos mesas redondas sobre «Menores y violencia en el ámbito familiar» y «Menores inmigrantes no acompañados», con representantes de diversos ámbitos. L-emv
La asociación UPF entiende que la actual Ley del Menor «es un acierto» Los acusadores apuestan por la prevención y las medidas alternativas
»CHARLA. De izquierda a derecha, Gisbert, Mena y Bravo, en un descanso del curso. / LOLA GUIL
ALICANTE 06.11.07 - M. C. S. / EFE
LAS POSTURAS
Sector conservador: propone endurecer las penas y rebajar de nuevo la edad penal a los 16 años. En su defecto, Magro aboga por una prueba médica que permita juzgar a los delincuentes de entre 16 y 18 años como adultos.
Sector progresista: apuesta por la prevención de la criminalidad y las medidas alternativas a la represión penal. No quieren modificar la ley.
Los fiscales progresistas discrepan de pleno de las cada vez más numerosas voces que reclaman reducir de nuevo a los 16 años la edad penal. El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) José María Mena y la representante de la Fiscalía de Menores de Valencia María Gabriela Bravo se erigieron ayer en portavoces de sus compañeros para rechazar esa propuesta y abogar por programas de prevención de la criminalidad entre los más jóvenes y medidas alternativas a las condenas.
Ambos hicieron declaraciones a los medios durante una pausa del curso Plan extraordinario. Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social, organizado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que finalizará el próximo miércoles.
Para Bravo y Mena, la actual Ley del Menor «es un acierto y funciona bien». Por tanto, no ven con buenos ojos propuestas como las lanzadas el pasado viernes por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, para que se debatan en otro congreso sobre criminología y Derecho Penal que se celebrará también esta semana en Alicante.
Magro, que pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se pronunció a favor de rebajar la edad penal ante el incremento de delitos graves cometidos por menores. En su defecto, propuso que los infractores de entre 16 y 18 años fueran sometidos a una prueba médica para determinar su consciencia y voluntad en el momento de la comisión de los hechos y poderles aplicar así la legislación de los adultos.
Tanto Bravo como Mena descartaron esta idea, aunque reconocieron que a veces existe «una sensación de impunidad» provocada por «la carencia de medios, de centros apropiados y de educadores». Los representantes del Ministerio Público también instaron a los medios a trasladar a la sociedad «el contenido de las medidas» que se aplican en la jurisdicción de menores.
«La justicia del menor funciona muy bien y no hace falta dedicarse a la represión pura y dura a partir de los 16 años», opinó el ex fiscal del TSJ catalán. A su juicio, sus compañeros realizan un «gran esfuerzo» en este ámbito y han encontrado «sistemas alternativos a la represión penal, con experiencias brillantes de conciliación y alternativas a la imposición de penas».
Mena reiteró que la represión de los delitos «no resuelve los problemas» porque el sistema penal sólo actúa cuando éstos ya han ocurrido. También indicó que los fenómenos de violencia juvenil en grupo, como la de los cabezas rapadas, los latin king o los disturbios de la periferia de París se han agravado en los últimos años en la medida en que la juventud «es un fenómeno de masas creciente, con acceso al consumo y al dominio territorial de espacios públicos».
Por su parte, Bravo, que es presidenta de la UPF y se ha encargado de coordinar el curso, se refirió a las situaciones de acoso escolar, de las que negó que se haya producido un incremento «desmesurado» y precisó que lo ha ocurrido es que hasta ahora suponían «un problema invisible».
Para esta acusadora, la solución a este fenómeno pasa por centrarse en el entorno educativo y poner los medios para educar «contribuyendo al desarrollo personal, en el respeto a los derechos humanos y a vivir en tolerancia e igualdad».
Aunque estaba anunciada su presencia y se encontraba en Alicante, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no presenció la inauguración de estas jornadas. LV
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