La juez insta a la Delegación de Educación de Málaga y a la dirección del colegio a que se cumpla la orden de alejamiento· Los padres de una de las menores piden el cambio de centro
MÁLAGA 14.11.07 - I. L. M. / J. C.
La proximidad física es sólo una posibilidad más de ejercer la violencia. Las nuevas tecnologías se imponen como canal de las agresiones verbales entre los adolescentes. Así lo entiende la juez encargada del caso de Benamocarra en el auto emitido el pasado miércoles, y que prohíbe a las presuntas agresoras que se comuniquen con la víctima por medios telefónicos o telemáticos (como los chats en Internet y los móviles).
El mandamiento judicial impone tres tipos de medidas. La primera es la libertad vigilada y una orden de alejamiento absoluto hasta la llegada del juicio, tal y como adelantó ayer SUR. La segunda, la prohibición de que se acerque o comunique físicamente o por medios como los descritos.
La tercera es un mandato al centro y a la administración educativa para evitar obstáculos a que las dos medidas anteriores se produzcan. En este caso, la juez exige que la víctima permanezca en su clase actual.
No obstante, ayer por la mañana, el director del colegio Eduardo Ocón de Benamocarra, Sebastián Pendón, afirmó que el centro no prohíbe la entrada de las tres alumnas que supuestamente quemaron la mochila de una compañera, y que fueron expulsadas a finales de septiembre durante un mes por una presunta agresión a la misma alumna. «De momento no están expulsadas», manifestó Pendón a Europa Press, antes de aseverar que aún estaba a la espera de que le trasladaran la decisión de la juez.
Traslados
El delegado de Educación, José Nieto, aplaudió la actuación de la instructora en este caso. Consideró «justo» el auto y aseguró que la Delegación la cumplirá a rajatabla. Aunque no concretó los posibles traslados de colegio de las supuestas agresoras, afirmó que ayer un equipo pedagógico comenzó a trabajar con los profesores en el centro afectado.
Los padres de una de las menores denunciadas se han adelantado a la posible solución de Educación y, según fuentes de la Delegación, ya han pedido el traslado de su hija a otro centro escolar cercano.
LAS CLAVES DEL AUTO
Medidas impuestas por la juez: Régimen: Libertad vigilada. También ha dictado orden de alejamiento absoluto.
Comunicación: Prohíbe que las jóvenes se acerquen o se comuniquen por medios físicos, telefónicos o telemáticos con la víctima.
Entorno escolar: El centro y la Delegación de Educación deberán poner los medios para que las medidas anteriores se cumplan, teniendo en cuenta que la víctima debe seguir en su clase. DS
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La proximidad física es sólo una posibilidad más de ejercer la violencia. Las nuevas tecnologías se imponen como canal de las agresiones verbales entre los adolescentes. Así lo entiende la juez encargada del caso de Benamocarra en el auto emitido el pasado miércoles, y que prohíbe a las presuntas agresoras que se comuniquen con la víctima por medios telefónicos o telemáticos (como los chats en Internet y los móviles).
El mandamiento judicial impone tres tipos de medidas. La primera es la libertad vigilada y una orden de alejamiento absoluto hasta la llegada del juicio, tal y como adelantó ayer SUR. La segunda, la prohibición de que se acerque o comunique físicamente o por medios como los descritos.
La tercera es un mandato al centro y a la administración educativa para evitar obstáculos a que las dos medidas anteriores se produzcan. En este caso, la juez exige que la víctima permanezca en su clase actual.
No obstante, ayer por la mañana, el director del colegio Eduardo Ocón de Benamocarra, Sebastián Pendón, afirmó que el centro no prohíbe la entrada de las tres alumnas que supuestamente quemaron la mochila de una compañera, y que fueron expulsadas a finales de septiembre durante un mes por una presunta agresión a la misma alumna. «De momento no están expulsadas», manifestó Pendón a Europa Press, antes de aseverar que aún estaba a la espera de que le trasladaran la decisión de la juez.
Traslados
El delegado de Educación, José Nieto, aplaudió la actuación de la instructora en este caso. Consideró «justo» el auto y aseguró que la Delegación la cumplirá a rajatabla. Aunque no concretó los posibles traslados de colegio de las supuestas agresoras, afirmó que ayer un equipo pedagógico comenzó a trabajar con los profesores en el centro afectado.
Los padres de una de las menores denunciadas se han adelantado a la posible solución de Educación y, según fuentes de la Delegación, ya han pedido el traslado de su hija a otro centro escolar cercano.
LAS CLAVES DEL AUTO
Medidas impuestas por la juez: Régimen: Libertad vigilada. También ha dictado orden de alejamiento absoluto.
Comunicación: Prohíbe que las jóvenes se acerquen o se comuniquen por medios físicos, telefónicos o telemáticos con la víctima.
Entorno escolar: El centro y la Delegación de Educación deberán poner los medios para que las medidas anteriores se cumplan, teniendo en cuenta que la víctima debe seguir en su clase. DS
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