La opinión generalizada de los directores de institutos de Secundaria de la provincia de Valencia sobre el tercer borrador del decreto de convivencia, presentado por la Conselleria de Educación para su análisis
· Es que «no es un mal» texto, según indicó ayer a Levante-EMV el presidente de la asociación, Vicent Baggetto
Maite Ducajú, 15 NOV 2007 Valencia
A falta de que la organización realice una permanente para estudiar el nuevo documento, su presidente indicó que contempla aspectos novedosos como «la autoridad pública del profesorado, que la reconoce explícitamente» y una decisión que los responsables de los institutos habían solicitado como es la «constitución de una mesa de directores sobre convivencia ».
Vicent Baggetto añadió que «no entendemos algunas críticas sobre el exceso de ordenación. No es un mal decreto porque hay que tener en cuenta que tiene que contemplar todas las posibilidades» .
Para el representante de los directores, este texto no es que «nos vaya a quitar trabajo; al contrario, burocratiza más los temas» y, por otra parte, «no quedan muy claras cuestiones como los márgenes» sobre la expulsión inmediata de los estudiantes, indicó. «Supongo que los servicios jurídicos han tenido en cuenta que son alumnos menores» matizó.
Muy distinta es la opinión sobre este proyecto de decreto -también conocido como de Derechos y Deberes-, de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya que exigió ayer una nueva redacción porque, a su parecer, «segrega y sanciona» a los alumnos con problemas y «no solucionará los conflictos en la convivencia» .
Los representantes de la Gonzalo Anaya, como portavoces de las 800 asociaciones, solicitaran en la próxima Mesa de Padres que se posponga la aprobación del decreto al considerar que el borrador «no pone solución a los problemas de convivencia escolar» . Su presidenta, Rosa Giménez, afirmó que «el decreto segrega a los alumnos en una unidades específicas que acabarían por ser los guetos del fracaso escolar y recoge medidas disciplinarias como la expulsión en vez de atender con inmediatez los problema» . La entidad también criticó que el decreto «relegue a un segundo plano un instrumento como son las actuales comisiones de convivencia de los consejos escolares del centro ».
Por su parte, la FETE-UGT solicita aclaraciones a la conselleria sobre «medidas preventivas» y el «desarrollo reglamentario de las unidades específicas y las aulas de convivencia» .LV
· Es que «no es un mal» texto, según indicó ayer a Levante-EMV el presidente de la asociación, Vicent Baggetto
Maite Ducajú, 15 NOV 2007 Valencia
A falta de que la organización realice una permanente para estudiar el nuevo documento, su presidente indicó que contempla aspectos novedosos como «la autoridad pública del profesorado, que la reconoce explícitamente» y una decisión que los responsables de los institutos habían solicitado como es la «constitución de una mesa de directores sobre convivencia ».
Vicent Baggetto añadió que «no entendemos algunas críticas sobre el exceso de ordenación. No es un mal decreto porque hay que tener en cuenta que tiene que contemplar todas las posibilidades» .
Para el representante de los directores, este texto no es que «nos vaya a quitar trabajo; al contrario, burocratiza más los temas» y, por otra parte, «no quedan muy claras cuestiones como los márgenes» sobre la expulsión inmediata de los estudiantes, indicó. «Supongo que los servicios jurídicos han tenido en cuenta que son alumnos menores» matizó.
Muy distinta es la opinión sobre este proyecto de decreto -también conocido como de Derechos y Deberes-, de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya que exigió ayer una nueva redacción porque, a su parecer, «segrega y sanciona» a los alumnos con problemas y «no solucionará los conflictos en la convivencia» .
Los representantes de la Gonzalo Anaya, como portavoces de las 800 asociaciones, solicitaran en la próxima Mesa de Padres que se posponga la aprobación del decreto al considerar que el borrador «no pone solución a los problemas de convivencia escolar» . Su presidenta, Rosa Giménez, afirmó que «el decreto segrega a los alumnos en una unidades específicas que acabarían por ser los guetos del fracaso escolar y recoge medidas disciplinarias como la expulsión en vez de atender con inmediatez los problema» . La entidad también criticó que el decreto «relegue a un segundo plano un instrumento como son las actuales comisiones de convivencia de los consejos escolares del centro ».
Por su parte, la FETE-UGT solicita aclaraciones a la conselleria sobre «medidas preventivas» y el «desarrollo reglamentario de las unidades específicas y las aulas de convivencia» .LV
