INFORME DDP-A · «Acoso escolar y comportamiento trastornado no tienen relación», defiende la experta en «bullying» Rosario Ortega
D. DELGADO / R. AGUILAR 25 NOV 2007 CÓRDOBA.
Cuenta con tan solo siete años, pero eso no fue obstáculo para en una misma semana enviase a dos compañeros de clase al hospital con conmociones cerebrales. Éste es uno de los 300 casos que ya han pasado por las manos del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y que ha reflejado en un informe especial que alerta del espectacular incremento de los trastornos de conducta entre los menores.
El estudio, presentado a la presidencia del Parlamento autonómico, pone de manifiesto que este tipo de actuaciones no están vinculadas a adolescencias difíciles, ni se explican con el alegato «manido» de la marginalidad. Se trata de comportamientos antisociales, producto bien de una enfermedad mental o de una alteración de tipo patológico sin justificación social aparente.
A pesar de que Córdoba es la tercera provincia que menos casos ha registrado en 2006, tan sólo 36, la cifra no deja de ser preocupante por la tendencia creciente del problema y, sobre todo, porque un 83 por ciento se refiere a niños que cursa Primaria, es decir, que tienen entre 6 y 12 años.
En el resto de la comunidad autónoma, Sevilla encabeza la lista al contabilizar 220 expedientes de menores con trastornos, seguida de Málaga (139); Cádiz, con 109; Granada, que baja hasta la mitad, registrando 54 casos; Almería (49); Córdoba (36); Huelva, 30; y, finalmente, Jaén, donde se han detectado 27.
Según el informe, el problema de los menores que manifiestan conductas violentas se refleja, sobre todo, en el ámbito familiar y educativo.
Términos como acoso escolar o «bullying» «han pasado en estos últimos tiempos a integrarse en el vocabulario popular de uso habitual, y son utilizados para describir un fenómeno que, aunque venga de antiguo, parece hacerse convertido en el tema emergente dentro del mundo educativo», reza el documento. De hecho, el tema ya no sólo está generando alarma, sino que, desde el punto de vista de Chamizo, «habría que empezar a hablar de una auténtica psicosis social».
Tímidos y retraídos
En Córdoba, el acoso escolar afecta al 30 por ciento de los estudiantes, según un estudio realizado por la Universidad de Córdoba, y cada vez es más frecuente que este tipo de casos manchen las páginas de los periódicos locales.
El perfil de los chicos con trastornos conductuales que la Administración tiene «censados» es el del típico «gamberro» conflictivo. Pero, según el informe, hay menores con problemas de este tipo que no se detectan «porque no se manifiestan a través de comportamientos agresivos, sino que, por el contrario, se muestran retraídos, tímidos o tristes».
En este sentido, algunos de los sucesos más violentos e inexplicables protagonizados por menores en los últimos tiempos -masacres en institutos de Estados Unidos y Alemania- han sido cometidos por chicos que, lejos de ser calificados como peligrosos, eran descritos como alumnos callados, con pocos amigos y nada problemáticos. «En muchas ocasiones, el blanco perfecto de las burlas y las humillaciones de sus compañeros de clase y del olvido y el desprecio de sus docentes», manifiesta Chamizo.
En el entorno familiar, también está detectándose un aumento de los casos de menores que agreden a padres y/o hermanos.
Las únicas alternativas que, actualmente, ofrecen las administraciones para conseguir un tratamiento efectivo pasan: bien porque el menor sea desamparado y su tutela asumida por la entidad de protección correspondiente; o bien por esperar a que cumpla 14 años «y su comportamiento le lleve ante los tribunales», denuncia Chamizo.
De hecho, ya son muchos los expedientes que pasan por los juzgados de menores. En Córdoba, el juez titular, Luis Rabasa, señala que «desde hace tres años se están incrementando los casos de menores detenidos por conductas violentas, sobre todo, en el entorno familiar».
Con respecto a los centros de tratamiento, Asuntos Sociales cuenta con cuatro concertados en la provincia (tres de carácter regional y el restante, provincial, que, en total), que suman tan sólo 48 plazas y a los que sólo pueden acudir los menores tutelados por la Junta, de modo que no están disponibles para los que sí tienen una familia aunque se les recomiende el internamiento. Durante 2006, fueron atendidos únicamente 15 de entre 12 y 17 años, según el informe.
Diagnóstico integrado
Para Chamizo, los sistemas públicos -educativos, sanitarios y sociales- «no realizan adecuadamente su función». El Defensor pone «la puntilla» en el sector de la sanidad: «El problema parece centrarse en los servicios sanitarios primarios, especialmente, en las consultas pediátricas y de medicina general, al no contar muchos profesionales con la preparación necesaria para detectar los síntomas propios de un trastorno de conducta». También critica a los servicios de Salud Mental «de no efectuar diagnósticos integrados».
En este sentido, y ante la falta de soluciones, Chamizo insta en su informe a que las autoridades competentes actúen de forma coordinada para facilitar la detección del problema y, sobre todo, que se arbitre dentro del sistema de Salud un circuito socioeducativo para estos menores. ABC
«Acoso escolar y comportamiento trastornado no tienen relación»
M. R. G. 25/11/07 CÓRDOBA. En su informe, el Defensor del Pueblo Andaluz vincula los casos más graves de «bullying» o acoso escolar con los menores con trastorno de conducta, aunque después apunta que no hay datos ni estudios que relacionen ambos comportamientos. «Resulta lógico pensar que una parte de los conflictos habidos en los centros docentes andaluces son protagonizados por menores aquejados de algún tipo de trastorno de conducta o alteración del comportamiento. Y muy posiblemente sean este tipo de menores los protagonistas de algunos de los incidentes de mayor gravedad, como agresiones muy violentas o reiteradas», cita el documento.
La catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y experta en «bullying», Rosario Ortega, cree que esta relación es «poco afortunada»: «Existe la posibilidad de que algunos de los agresores tengan este diagnóstico pero que no puede fijarse una relación causa-efecto entre los dos patrones de conducta ya que el fenómeno del «bullying» no es atribuible a una psicopatología del sujeto». Ortega señala que esta vinculación no puede aplicarse ni a los agresores ni a las víctimas, ya que el «bullying» cursa con comportamientos agresivos injustificados, sostenidos en el tiempo y con la intención de hacer daño.
Seis casos en dos cursos
En los dos últimos cursos han trascendido a la opinión pública seis casos en la capital -dos en 2005/06 y cuatro el curso pasado- en los que alumnos víctimas de acoso han sido trasladados de centro. Uno de estos episodios, ocurrido en el IES Gran Capitán hace dos años, ha dado lugar a la primera sentencia judicial por acoso escolar en la provincia.
El pasado 8 de noviembre, el Juzgado de Menores condenaba a los tres menores denunciados . Dos chicos eran sentenciados a ocho fines de semana de permanencia en un centro de reforma y una chica a 70 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. La Delegación de Educación apunta que la mayoría de los conflictos se solucionan en el propio centro. ABC
D. DELGADO / R. AGUILAR 25 NOV 2007 CÓRDOBA.
Cuenta con tan solo siete años, pero eso no fue obstáculo para en una misma semana enviase a dos compañeros de clase al hospital con conmociones cerebrales. Éste es uno de los 300 casos que ya han pasado por las manos del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y que ha reflejado en un informe especial que alerta del espectacular incremento de los trastornos de conducta entre los menores.
El estudio, presentado a la presidencia del Parlamento autonómico, pone de manifiesto que este tipo de actuaciones no están vinculadas a adolescencias difíciles, ni se explican con el alegato «manido» de la marginalidad. Se trata de comportamientos antisociales, producto bien de una enfermedad mental o de una alteración de tipo patológico sin justificación social aparente.
A pesar de que Córdoba es la tercera provincia que menos casos ha registrado en 2006, tan sólo 36, la cifra no deja de ser preocupante por la tendencia creciente del problema y, sobre todo, porque un 83 por ciento se refiere a niños que cursa Primaria, es decir, que tienen entre 6 y 12 años.
En el resto de la comunidad autónoma, Sevilla encabeza la lista al contabilizar 220 expedientes de menores con trastornos, seguida de Málaga (139); Cádiz, con 109; Granada, que baja hasta la mitad, registrando 54 casos; Almería (49); Córdoba (36); Huelva, 30; y, finalmente, Jaén, donde se han detectado 27.
Según el informe, el problema de los menores que manifiestan conductas violentas se refleja, sobre todo, en el ámbito familiar y educativo.
Términos como acoso escolar o «bullying» «han pasado en estos últimos tiempos a integrarse en el vocabulario popular de uso habitual, y son utilizados para describir un fenómeno que, aunque venga de antiguo, parece hacerse convertido en el tema emergente dentro del mundo educativo», reza el documento. De hecho, el tema ya no sólo está generando alarma, sino que, desde el punto de vista de Chamizo, «habría que empezar a hablar de una auténtica psicosis social».
Tímidos y retraídos
En Córdoba, el acoso escolar afecta al 30 por ciento de los estudiantes, según un estudio realizado por la Universidad de Córdoba, y cada vez es más frecuente que este tipo de casos manchen las páginas de los periódicos locales.
El perfil de los chicos con trastornos conductuales que la Administración tiene «censados» es el del típico «gamberro» conflictivo. Pero, según el informe, hay menores con problemas de este tipo que no se detectan «porque no se manifiestan a través de comportamientos agresivos, sino que, por el contrario, se muestran retraídos, tímidos o tristes».
En este sentido, algunos de los sucesos más violentos e inexplicables protagonizados por menores en los últimos tiempos -masacres en institutos de Estados Unidos y Alemania- han sido cometidos por chicos que, lejos de ser calificados como peligrosos, eran descritos como alumnos callados, con pocos amigos y nada problemáticos. «En muchas ocasiones, el blanco perfecto de las burlas y las humillaciones de sus compañeros de clase y del olvido y el desprecio de sus docentes», manifiesta Chamizo.
En el entorno familiar, también está detectándose un aumento de los casos de menores que agreden a padres y/o hermanos.
Las únicas alternativas que, actualmente, ofrecen las administraciones para conseguir un tratamiento efectivo pasan: bien porque el menor sea desamparado y su tutela asumida por la entidad de protección correspondiente; o bien por esperar a que cumpla 14 años «y su comportamiento le lleve ante los tribunales», denuncia Chamizo.
De hecho, ya son muchos los expedientes que pasan por los juzgados de menores. En Córdoba, el juez titular, Luis Rabasa, señala que «desde hace tres años se están incrementando los casos de menores detenidos por conductas violentas, sobre todo, en el entorno familiar».
Con respecto a los centros de tratamiento, Asuntos Sociales cuenta con cuatro concertados en la provincia (tres de carácter regional y el restante, provincial, que, en total), que suman tan sólo 48 plazas y a los que sólo pueden acudir los menores tutelados por la Junta, de modo que no están disponibles para los que sí tienen una familia aunque se les recomiende el internamiento. Durante 2006, fueron atendidos únicamente 15 de entre 12 y 17 años, según el informe.
Diagnóstico integrado
Para Chamizo, los sistemas públicos -educativos, sanitarios y sociales- «no realizan adecuadamente su función». El Defensor pone «la puntilla» en el sector de la sanidad: «El problema parece centrarse en los servicios sanitarios primarios, especialmente, en las consultas pediátricas y de medicina general, al no contar muchos profesionales con la preparación necesaria para detectar los síntomas propios de un trastorno de conducta». También critica a los servicios de Salud Mental «de no efectuar diagnósticos integrados».
En este sentido, y ante la falta de soluciones, Chamizo insta en su informe a que las autoridades competentes actúen de forma coordinada para facilitar la detección del problema y, sobre todo, que se arbitre dentro del sistema de Salud un circuito socioeducativo para estos menores. ABC
M. R. G. 25/11/07 CÓRDOBA. En su informe, el Defensor del Pueblo Andaluz vincula los casos más graves de «bullying» o acoso escolar con los menores con trastorno de conducta, aunque después apunta que no hay datos ni estudios que relacionen ambos comportamientos. «Resulta lógico pensar que una parte de los conflictos habidos en los centros docentes andaluces son protagonizados por menores aquejados de algún tipo de trastorno de conducta o alteración del comportamiento. Y muy posiblemente sean este tipo de menores los protagonistas de algunos de los incidentes de mayor gravedad, como agresiones muy violentas o reiteradas», cita el documento.
La catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y experta en «bullying», Rosario Ortega, cree que esta relación es «poco afortunada»: «Existe la posibilidad de que algunos de los agresores tengan este diagnóstico pero que no puede fijarse una relación causa-efecto entre los dos patrones de conducta ya que el fenómeno del «bullying» no es atribuible a una psicopatología del sujeto». Ortega señala que esta vinculación no puede aplicarse ni a los agresores ni a las víctimas, ya que el «bullying» cursa con comportamientos agresivos injustificados, sostenidos en el tiempo y con la intención de hacer daño.
Seis casos en dos cursos
En los dos últimos cursos han trascendido a la opinión pública seis casos en la capital -dos en 2005/06 y cuatro el curso pasado- en los que alumnos víctimas de acoso han sido trasladados de centro. Uno de estos episodios, ocurrido en el IES Gran Capitán hace dos años, ha dado lugar a la primera sentencia judicial por acoso escolar en la provincia.
El pasado 8 de noviembre, el Juzgado de Menores condenaba a los tres menores denunciados . Dos chicos eran sentenciados a ocho fines de semana de permanencia en un centro de reforma y una chica a 70 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. La Delegación de Educación apunta que la mayoría de los conflictos se solucionan en el propio centro. ABC
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