· LA RIOJA El próximo curso entrará en vigor el Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa »VíDEO flv
El Gobierno de La Rioja espera aprobar el decreto a tiempo para que entre en vigor en el curso 2008-09, de forma que se pueda dar respuesta a los conflictos que se produzcan dentro de los centros escolares. Se aplicará en todos los centros riojanos, públicos o concertados, pero no en los privados.
. PAÍS VASCO El nuevo decreto de Derechos y Deberes del Alumnado supondrá un importante endurecimiento de las sanciones
Los centros podrán castigar al alumno sin comedor ni autobús en caso de acoso. Los directores podrán sancionar sin el visto bueno previo del Consejo Escolar. El borrador del nuevo decreto permite la expulsión del alumnado infractor por un plazo de un mes
· C.VALENCIANA El tercer borrador de derechos y deberes incorpora las peticiones de los centros concertados y anuncia un reglamento concreto para las aulas de expulsados
El último borrador del decreto recoge las sugerencias de los distintos colectivos, no ha modificado la filosofía sancionadora y escasamente preventiva que le achacan padres y sindicatos de los centros públicos, y por otra parte deja en el aire las peticiones de los directores de institutos
- Un experto advierte que las aulas de convivencia no son aulas de castigo
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LA RIOJA. El próximo curso entrará en vigor el Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa
LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, indicó hoy que espera que para el próximo curso escolar entre en vigor el Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa, cuyo borrador fue presentado hoy.
Alegre, acompañado del director general de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, y del subdirector general de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío, afirmó que el texto "establece las normas de convivencia en los centros y las responsabilidades y garantías de profesores, alumnos y familias".
Apuntó que Educación iniciará a principios de enero los trámites para aprobar el Decreto, que comenzará tras el análisis de las aportaciones y sugerencias a este texto que reciba por parte de los sectores implicados. En primer lugar, el borrador del Decreto se enviará al Consejo Escolar. Posteriormente, está previsto que durante la segunda semana de febrero se envíe a los órganos que han de informar sobre cualquier aspecto del documento.
Alegre señaló que con el documento se pretende "dar respuesta a las posibles situaciones que se dan en una sociedad cambiante y que tienen un reflejo inevitable en el ámbito escolar". Reconoció que aunque en La Rioja "no se registra una situación preocupante en cuanto a la convivencia escolar, se ha considerado fundamental crear los mecanismos que regulen las posibles situaciones que se puedan plantear, así como los protocolos de actuación común para resolverlos".
El titular de Educación afirmó que se "refuerza" el carácter educativo de los procesos tanto para prevenir como sancionar determinados comportamientos, cuyos procesos serán "simples y ágiles". Se pretende además "dignificar la figura del docente".
A continuación, Alegre desgranó el contenido del Decreto, que se ha estructurado en un extenso preámbulo, seguido de 64 artículos (agrupados en siete títulos) y doce disposiciones (8 adicionales, dos transitorias y otras dos finales).
El primer título es para las disposiciones generales. Aquí se establece el objeto, el ámbito de aplicación y los principios genéricos de este Decreto. El segundo está dedicado a las normas de convivencia en los centros educativos, mientras que el tercero aborda las responsabilidades, en materia de convivencia, que tienen los órganos de gobierno de los centros sobre el resto de miembros de la comunidad educativa.
RESPETO
Ya el título IV recoge los Derechos y Deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. Alegre matizó que aunque los profesores y los padres tienen sus derechos y deberes recogidos en la legislación general, se "ha considerado de interés incluir en este Decreto los relacionados con la convivencia escolar".
Explicó que en el apartado de los profesores se recogen algunos derechos como el respeto a su persona y la labor que desarrolla; a que su actividad docente se desarrolle en condiciones de normalidad y en un clima de orden, disciplina y respeto de sus derechos (especialmente al de su integridad física y moral) o a que no se cuestione su competencia profesional ni su actividad docente y se respete sus indicaciones en materia académica y de disciplina. En total, se recogen nueve derechos.
En cuanto a los deberes del profesorado, once en total, hay algunos como el respeto a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa o a educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus programaciones contenidos relacionados con la convivencia escolar.
El capítulo dedicado a los alumnos desarrolla ampliamente cinco derechos y seis deberes. Así, los derechos recogidos son: "a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad", "al respeto de su identidad, integridad y dignidad", "a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad" y "a participar en el funcionamiento y en la vida del centro". Además, se incluye un apartado de "garantías" para esos derechos.
Por su parte, las obligaciones se recogen en seis artículos: "deber de estudio y esfuerzo"; de respeto "al profesorado", "hacia todos los demás alumnos", "a todos los miembros de la comunidad educativa" y "a las normas de convivencia del centro"; así como el "deber de comunicación con las familias".
También las familias, como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, tienen un capítulo dedicado a sus derechos y deberes. En total, se mencionan 15 derechos y 14 obligaciones.
Por otro lado, en el título V del Decreto se regulan los criterios de aplicación de las normas de convivencia. De esta manera, se contemplan circunstancias atenuantes y agravantes que se tendrán en cuenta para calificar las posibles conductas y la responsabilidad que llevarían consigo.
Alegre señaló además, que en este título se establece que los alumnos, o sus familias como responsables civiles, se harán cargo del coste económico de los daños que se produzcan intencionadamente o por negligencia. También hay un apartado para las faltas de asistencia y el absentismo escolar.
En cuanto al título VI, se tipifican las conductas que afectan a las normas de convivencia del centro en "contrarias a las normas de convivencia" y "gravemente perjudiciales para la convivencia". Para cada una se detallan las medidas educativas de corrección y sanciones, así como la competencia de cada órgano para aplicarlas.
El último título del Decreto es el VII, dedicado a los procedimientos que se llevarán a cabo para la imposición de sanciones o medidas correctoras. En este sentido, habrá dos tipos de procedimientos: el ordinario y el específico.
El primero será aplicable para las conductas denominadas "contrarias a la convivencia del centro"; tendrá un plazo inferior a cinco días y la sanción la podrá adoptar desde el Director hasta un profesor (dependiendo del tipo de falta y /o sanción).
El segundo procedimiento, el específico, sólo se llevará a cabo cuando la conducta pueda ser corregida con la suspensión de la asistencia a clase por un periodo máximo de 20 días lectivos; el cambio de centro; la pérdida del derecho a evolución continua o la expulsión. Se deberá abrir un expediente, que deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días lectivos.
Para completar los aspectos que contiene este Decreto sobre los procedimientos, incluye unas disposiciones generales, en las que se regulan la suspensión de sanciones; las citaciones y notificaciones, así como los posibles recursos y reclamaciones o los plazos de prescripción.
Por su parte, las disposiciones adicionales establecen aspectos como: la posibilidad de crear premios y reconocimientos en materia de convivencia; el deber de información de los centros; la aplicación del Decreto en las secciones de Enseñanza Secundaria y en los centros con Residencia, así como en los centros privados y privados concertados.
Se establece una disposición específica para desarrollar lo establecido en la LOE sobre las decisiones colectivas de los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, sobre la asistencia a clase. Para culminar el texto de este Decreto, en las disposiciones transitorias se establece el período de adaptación y el régimen de los expedientes en tramitación. ep
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El Gobierno espera aplicar en el próximo el decreto sobre convivencia escolar
Alegre subrayó que con esta norma se busca "dar respuesta a las situaciones de conflicto en el ámbito educativo"
27.11.07 - 13:19 - EFE | LOGROÑO
El Gobierno de La Rioja espera aprobar el "Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa" a tiempo para que entre en vigor en el curso 2008-09, de forma que se pueda dar respuesta a los conflictos que se produzcan dentro de los centros escolares.
El consejero de Educación, Luis Alegre, presentó hoy el borrador de este decreto, que próximamente remitirá a sindicatos educativos, asociaciones de padres y al Consejo Escolar, con el fin de conocer la opinión de los diferentes sectores de la educación.
Subrayó que con esta norma se busca "dar respuesta a las situaciones de conflicto en el ámbito educativo" y aunque en La Rioja "no hay situaciones preocupantes en la convivencia escolar, sí que hay que regular posibles problemas y los protocolos a seguir".
El decreto marca unas "bases de convivencia", dijo, ya que se determinan "normas de vida diaria a las consecuencias de no cumplirlas".
Alegre aseguró que estas normas persiguen "fomentar la responsabilidad individual" de los alumnos, "reforzar el carácter educativo de los procesos, evitar la judicialización de los problemas y dignificar la figura del docente, para que haga valer su autoridad".
El decreto se estructura en 64 artículos repartidos en 7 títulos que están dedicados a disposiciones generales, normas de convivencia en los centros -por el que se obliga a los centros a adaptar a este decreto sus proyectos, planes de convivencia y reglamentos de régimen interno- y responsabilidades de los órganos de Gobierno de los centros.
En el cuarto título se regulan los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto para profesores como para alumnos y familias.
En el quinto se establecen los criterios de aplicación de las normas, con atenuantes y agravantes; y en el título sexto se tipifican conductas que afectan a las normas de convivencia en los centros, que se catalogarán de dos formas, como contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia.
Y el título final se dedica a las posibles sanciones, que pueden ser de tipo ordinario, en el que los directores y profesores podrán adoptar la sanción; o de tipo específico, que puede deparar la expulsión del centro de hasta 20 días, cambio de centro, pérdida del derecho a evaluación continua o expulsión.
Este decreto se aplicará en todos los centros de La Rioja, públicos o concertados, pero no en los privados. LR
Los centros podrán castigar al alumno sin comedor ni autobús en caso de acoso
Los directores podrán sancionar sin el visto bueno previo del Consejo Escolar
El nuevo decreto de derechos y deberes permite la expulsión del alumnado infractor por un plazo de un mes
Elena Arteagoitia
Donostia. El nuevo decreto de Derechos y Deberes del Alumnado con el que el Departamento de Educación pretende erradicar la violencia en las aulas supondrá un importante endurecimiento de las sanciones. Éstas, más allá de las expulsiones, que se podrán prolongar por un plazo de hasta un mes, pasan por privar al estudiante del servicio de comedor o del servicio de transporte escolar si se determina que su conducta "perjudica gravemente la convivencia" del centro.
Así lo recoge el borrador del decreto al que ha tenido acceso este periódico y que nace para dar respuesta al incremento de agresiones constatado en los colegios durante los últimos años, tanto entre los propios alumnos como de los estudiantes hacia el profesorado de los colegios.
desobediencia El borrador clasifica en tres tipos las conductas que deben ser corregidas por el centro, y como consecuencia, establece sendas sanciones. En el caso de las conductas "inadecuadas", que hacen referencia a la falta de puntualidad, la vestimenta o la desobediencia a los profesores, la medida que establece el decreto va desde la simple reflexión hasta la realización de tareas escolares que estén relacionadas con la falta cometida.
Otro tipo de conductas sancionables son las "contrarias a la convivencia del centro" o las que "perjudican gravemente la convivencia del centro". Éstas engloban ya las agresiones físicas y psicológicas, las amenazas o los actos vandálicos, y son penalizadas dependiendo de la gravedad y de la periodicidad con la que se comete la infracción.
Para este tipo de situaciones el decreto establece la posibilidad de expulsar al estudiante del centro por un periodo máximo de un mes, así como la privación del servicio de comedor y transporte por un tiempo indeterminado. "En el caso de que el alumno previamente hubiese sido más de una vez objeto de corrección, se podrá proponer el traslado de su matrícula a otro centro, y si el alumno no acepta dicho traslado, la matrícula podrá ser anulada", añade el texto elaborado por el Departamento de Educación.
La decisión, en cualquier caso, la podrá tomar directamente el director del centro sin contar, como sucedía hasta ahora, con la aprobación del Consejo Escolar.
instructor No obstante, cuando la autoría de la infracción no sea notoria, es decir, cuando no existan testigos de la agresión, el director deberá nombrar a un instructor que tendrá que resolver el expediente en un plazo de 15 días. En cualquier momento, la sanción podrá ser modificada si se aprecia un cambio positivo en la actitud del alumno.
El Sindicato de Estudiantes considera que esta iniciativa supone "el mayor ataque" a los derechos del alumnado "desde el franquismo". El colectivo cree que el Ejecutivo vasco intenta convertir cada instituto en una "dictadura" con "castigos increíbles".
Además, pone trabas al derecho a la huelga, ya que no recoge los mecanismos concretos para llevarlo a cabo, según explicó ayer el coordinador del sindicato, Mikel González. NDG
Educación ajusta a la privada el decreto de convivencia para obtener su apoyo
El tercer borrador de derechos y deberes incorpora las peticiones de los centros concertados y anuncia un reglamento concreto para las aulas de expulsados
VICTORIA BUENO. El último borrador del decreto sobre las normas de convivencia para los centros escolares ha incorporado casi exclusivamente las peticiones procedentes de los colectivos de los centros concertados tras su paso por todas las mesas de negociación.
De esta forma la Conselleria de Educación se asegura el respaldo de la enseñanza privada a la hora de aprobarlo, tal y como sucedió con el decreto de Admisión de Alumnos, a pesar de que ante el Consejo Escolar Valenciano sólo está obligada a informarlo porque la resolución de este organismo sólo es consultiva.
El documento normativo, tercero en un año que hace público la Conselleria de Educación con la intención de recoger las sugerencias de los distintos colectivos sobre los derechos y deberes que atañen al conjunto de la comunidad educativa, no ha modificado la filosofía sancionadora y escasamente preventiva que le achacan padres y sindicatos de los centros públicos, y por otra parte deja en el aire las peticiones de los directores de institutos referidas a la necesidad de profesionales y recursos para las futuras aulas de convivencia que acogerán a los alumnos expulsados.
Todo lo más, respecto a las aulas de convivencia, el nuevo borrador añade un apartado en el que se contempla expresamente que «su composición y funcionamiento se determinará reglamentariamente», mensaje que no satisface a los representantes sindicales que mayor oposición han mostrado con respecto a un documento «excesivamente sancionador», como son los de STEPV, Fete-UGT y CC OO, al igual que las FAPA de centros públicos.
Tampoco ANPE aprobaba la ausencia de regulación para las aulas de convivencia pero la incorporación de un futuro reglamento trata de satisfacer al sindicato de enseñanza que más se acerca a los postulados de la Conselleria. A quienes Educación tendrá de su parte sin ninguna duda es a los representantes de padres de alumnos y la patronal de los centros concertados, ya que la práctica totalidad de sus pegas han sido atendidas. En el nuevo texto cada vez que figura el término «centro docente» se acompaña del apelativo de «público» o «privado concertado» que no se especificaba en el anterior documento.
Además se exime a la privada concertada de todo el procedimiento fijado para la apertura de los expedientes disciplinarios en los centros públicos, algo sobre lo que habían advertido los representantes de la católica porque como empresas privadas, aunque sostenidas con fondos públicos, no les atañe la Ley de Procedimiento Administrativo común.
La vía jurídica propia para los concertados ha llevado a la Conselleria a incorporar un párrafo en el que se contempla que «los centros privados concertados comunicarán a la Conselleria la aprobación de su Reglamento de Régimen Interior». Esas serán las normas, establecidas por el propio centro, que pesarán a la hora de aplicar medidas de convivencia.
Por otra parte se incorpora en el borrador el término «educativas» en referencia a las medidas disciplinarias así como otra función para las comisiones de convivencia: «establecerán y promoverán el uso de medidas de carácter pedagógico y no disciplinarias, que ayuden a resolver los posibles conflictos del centro». DINF
Un experto advierte que las aulas de convivencia no son aulas de castigo
Fernando León, del Comité de Expertos del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad Valenciana, aseguró este miércoles en relación a las aulas de convivencia previstas en el decreto de convivencia en los centros educativos que no son "aulas de castigo", sino lugares "para reconducir, para aprender estrategias para poder seguir relacionándote adecuadamente, que es lo que todo el mundo queremos".
PANORAMA-ACTUAL - 28/11/2007
En este sentido indicó que las críticas que ha recibido pueden responder a que la iniciativa "no ha acabado de ser convenientemente comprendida" y explicó que estos espacios tienen por objeto reconducir a la normalidad la situación.
Por ello, subrayó que es "una vía más, una posibilidad más para poder atender a esas personas que necesitan, por mil y un motivos, un espacio diferenciado para poder reconducir su estado emocional y su nivel de relación adecuada con el resto".
Tutoría "específica"
Defendió que se puede asemejar a "una tutoría específica para una persona a razón de su situación concreta" y recordó que "son un espacio físico diferenciado en el que estarán temporalmente", por lo que rechazó que se las califique de "guetos".
Actualmente, el decreto de Convivencia en los centros educativos está en fase de borrador, siendo tramitado y consultado en el Consejo Escolar Valenciano, en la mesa de padres, de alumnos y está colgado en la web de la conselleria de Educación "para que cualquier ciudadano pueda aportar su sugerencias y aportaciones" y podría estar preparado antes del segundo trimestre de 2008.
La filosofía del decreto, que calificó de documento "muy potente, muy valiente", es "promover la convivencia, un buen ambiente de clase, que los profesores puedan enseñar y los alumnos puedan aprender" y advertir "a quien se salta las normas de lo que puede ocurrir".
También puso el acento en que se busca la corresponsabilidad de las familias, porque, advirtió, "uno se hace persona no sólo en la escuela, sino en todo su mundo de relación".
Fernando León, que participó en las jornadas ´La autoridad de educar: aprender, convivir y liderar´ organizadas por la Universidad Internacional Menedenz Pelayo, indicó que el profesorado necesita apoyo social para prestigiar su labor y darle estrategias y herramientas para que pueda educar. Asimismo, señaló que hay mejorar el clima de las aulas, la relación entre padres, profesores y alumnos, y remarcó que a la escuela "se va a aprender, pero también a convivir". PA
Un catedrático de Política Social propone "una alianza para la autoridad" en la educación
El catedrático de Política Social de la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de València, Luis Vila López, propuso hoy "una alianza para la autoridad" en la educación, en el marco de las jornadas 'La autoridad de educar: aprender, convivir y liderar' organizadas por la UIMP.
EUROPA PRESS En su intervención, aseguró que "dentro del nuevo contrato social para el siglo que acaba de empezar y dentro de la moda de las alianzas y los acuerdos, aunque a veces se firmen pero no se cumplan, habría que pensar por una alianza para la autoridad".
En este sentido, explicó que "quizá nadie la haya propuesto todavía, pero al igual que se ha propuesto para el tema de las pensiones y la sanidad y la protección de la infancia, empecemos por una alianza por la educación que dé forma a la inquietud de muchos docentes en este momento ante la ausencia de pacto escolar".
Así, propuso "una alianza por la educación, sin dogmatismos ni pronunciamientos demagógicos, que establezca líneas compartidas, aunque no filigranas de acabado".
Según expuso, "la crisis de autoridad no es el cataclismo social, sino la entrada en una organización social diferente, para algunos prometedora de nuevas libertades y para otros un peligroso camino hacia la utilización del poder y de la fuerza como elementos de control social. Será una vía hacia la homogeneidad de sociedades heterogéneas que comparten solamente la fractura con su historia y sus tradiciones".
También explicó que "las razones por las que la autoridad se ha desvirtuado tanto en la familia como en la escuela se resumen en una falta de 'reconocimiento', de identificación" y aseguró que "las personas que encarnan los valores de la institución son reconocidas como tales, como garantes de que la familia y la escuela están justamente orientadas. Tienen autoridad, son autoridad, no necesitan de gestos de poder ni sanciones: se reconocen".
"ABDICAR DE LA AUTORIDAD"
La dificultad, indicó, "estriba en si quien tendría que detentar la autoridad renuncia o se hace indigno de ella" y advirtió que "abdicando de la autoridad por cansancio o incapacidad ya no queda brújula ni astro para orientarse, sólamente resta el desconcierto o los pactos sobre mínimos, a fin de que se mantenga la apariencia de familia o de escuela".
No obstante, indicó que "también podría pensarse, para consuelo, que eso son la familia y la escuela 'de verdad' y que lo otro son quimeras y sueños" y auguró, "ya vendrá quien, por conquista o por dejación de la autoridad de otros, alcance esa vacante de los que dejaron de ser autoridad, y cree entonces un orden nuevo, una nueva legitimidad. Así pasará a convertirse en autoridad y ser reconocida como tal, dentro de una nueva sociedad".
Igualmente, sugirió que "convendría hacer una exploración para descubrir qué falta de estímulos frenaron el progresivo cansancio de los que tenían autoridad y si se puede responsabilizar a alguien. Lo mismo para la escuela. Lo mismo para los hijos y lo mismo para los estudiantes. De otra manera, ¿qué variables han conducido la evolución de la familia y de la escuela hasta la situación actual?", se preguntó, "¿quién tiene la culpa?".
Vila dijo que "el Estado tiene los medios para devolver la autoridad, al menos inicialmente, porque es el que tiene el poder" y necesitará "el apoyo de los elementos de la sociedad civil en la medida en que se propugna una intervención que marca límites".
Pero, advirtió, "sucede que el Estado no es neutral. El gobierno tomará decisiones sobre medidas de políticas sectoriales --protección social, educación-- para reforzar la autoridad con su monopolio del poder".
En su opinión, le queda al político otro gran planteamiento que le preocupa "¿qué idea tiene sobre el 'deber ser' de la familia y de la escuela, en la sociedad que temporalmente gestionan? ¿Qué proyecto de sociedad alumbra su camino, de forma que sea un proyecto integrador y no parroquial?".
Por ello, invitó a unir "todas las energías de la sociedad civil, en sus numerosos y variados componentes", que incluye "todos los niveles de la administración, las fuerzas económicas, la riqueza de las asociaciones, las instituciones suministradoras de sentido (iglesias, grupos de opinión), los cuerpos profesionales más sensibilizados, los creadores de opinión (medios), las figuras de relevancia social debido al deporte o las artes o cualquier especialidad".
Por su parte, el director general de Personal de la conselleria de Educación, David Barelles, manifestó en la inauguración de las jornadas la oportunidad de la cuestión abordada por la "crisis de autoridad de padres y maestros".
En su exposición, señaló que hay que diferenciar entre autoridad y autoritarismo. La primera, aseguró, es un prestigio reconocido por los subordinados o los educandos, mientras que el segundo es el abuso que se hace de la autoridad.
Barelles resaltó que para que el proceso de aprendizaje se pueda llevar a cabo es "imprescindible que el clima general del aula lo permita, es decir, que se pueda convivir". A su juicio, la labor del docente es orientar y conducir al alumno y al mismo tiempo, ayudarle a desarrollar los potenciales que lleva dentro , mientras que la de los padres es educar con autoridad y en colaboración con el maestro.
DECRETO DE CONVIVENCIA
Igualmente, se refirió al decreto de convivencia y señaló que entrará en vigor este curso y que su fin es paliar en lo posible los problemas de convivencia. Asimismo, destacó que unas de las medidas permitirá que docentes y equipos directivos puedan aplicar medidas correctoras a los alumnos sin necesidad de un expediente disciplinario, de manera que se agilizará la respuesta a las situaciones conflictivas y el castigo correspondiente.
También recordó que el director podrá delegar en el profesor del aula para que pueda aplicar medidas correctivas a los alumnos con conducta inadecuada y que se regularán los derechos y deberes de los padres. Los padres, advirtió, "serán responsables de las acciones irresponsables civiles de sus hijos y tienen la obligación de involucrarse en la educación de sus hijos". Lv
El Gobierno de La Rioja espera aprobar el decreto a tiempo para que entre en vigor en el curso 2008-09, de forma que se pueda dar respuesta a los conflictos que se produzcan dentro de los centros escolares. Se aplicará en todos los centros riojanos, públicos o concertados, pero no en los privados.
. PAÍS VASCO El nuevo decreto de Derechos y Deberes del Alumnado supondrá un importante endurecimiento de las sanciones
Los centros podrán castigar al alumno sin comedor ni autobús en caso de acoso. Los directores podrán sancionar sin el visto bueno previo del Consejo Escolar. El borrador del nuevo decreto permite la expulsión del alumnado infractor por un plazo de un mes
· C.VALENCIANA El tercer borrador de derechos y deberes incorpora las peticiones de los centros concertados y anuncia un reglamento concreto para las aulas de expulsados
El último borrador del decreto recoge las sugerencias de los distintos colectivos, no ha modificado la filosofía sancionadora y escasamente preventiva que le achacan padres y sindicatos de los centros públicos, y por otra parte deja en el aire las peticiones de los directores de institutos
- Un experto advierte que las aulas de convivencia no son aulas de castigo
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LA RIOJA. El próximo curso entrará en vigor el Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa
LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, indicó hoy que espera que para el próximo curso escolar entre en vigor el Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa, cuyo borrador fue presentado hoy.
Alegre, acompañado del director general de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, y del subdirector general de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío, afirmó que el texto "establece las normas de convivencia en los centros y las responsabilidades y garantías de profesores, alumnos y familias".
Apuntó que Educación iniciará a principios de enero los trámites para aprobar el Decreto, que comenzará tras el análisis de las aportaciones y sugerencias a este texto que reciba por parte de los sectores implicados. En primer lugar, el borrador del Decreto se enviará al Consejo Escolar. Posteriormente, está previsto que durante la segunda semana de febrero se envíe a los órganos que han de informar sobre cualquier aspecto del documento.
Alegre señaló que con el documento se pretende "dar respuesta a las posibles situaciones que se dan en una sociedad cambiante y que tienen un reflejo inevitable en el ámbito escolar". Reconoció que aunque en La Rioja "no se registra una situación preocupante en cuanto a la convivencia escolar, se ha considerado fundamental crear los mecanismos que regulen las posibles situaciones que se puedan plantear, así como los protocolos de actuación común para resolverlos".
El titular de Educación afirmó que se "refuerza" el carácter educativo de los procesos tanto para prevenir como sancionar determinados comportamientos, cuyos procesos serán "simples y ágiles". Se pretende además "dignificar la figura del docente".
A continuación, Alegre desgranó el contenido del Decreto, que se ha estructurado en un extenso preámbulo, seguido de 64 artículos (agrupados en siete títulos) y doce disposiciones (8 adicionales, dos transitorias y otras dos finales).
El primer título es para las disposiciones generales. Aquí se establece el objeto, el ámbito de aplicación y los principios genéricos de este Decreto. El segundo está dedicado a las normas de convivencia en los centros educativos, mientras que el tercero aborda las responsabilidades, en materia de convivencia, que tienen los órganos de gobierno de los centros sobre el resto de miembros de la comunidad educativa.
RESPETO
Ya el título IV recoge los Derechos y Deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. Alegre matizó que aunque los profesores y los padres tienen sus derechos y deberes recogidos en la legislación general, se "ha considerado de interés incluir en este Decreto los relacionados con la convivencia escolar".
Explicó que en el apartado de los profesores se recogen algunos derechos como el respeto a su persona y la labor que desarrolla; a que su actividad docente se desarrolle en condiciones de normalidad y en un clima de orden, disciplina y respeto de sus derechos (especialmente al de su integridad física y moral) o a que no se cuestione su competencia profesional ni su actividad docente y se respete sus indicaciones en materia académica y de disciplina. En total, se recogen nueve derechos.
En cuanto a los deberes del profesorado, once en total, hay algunos como el respeto a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa o a educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus programaciones contenidos relacionados con la convivencia escolar.
El capítulo dedicado a los alumnos desarrolla ampliamente cinco derechos y seis deberes. Así, los derechos recogidos son: "a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad", "al respeto de su identidad, integridad y dignidad", "a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad" y "a participar en el funcionamiento y en la vida del centro". Además, se incluye un apartado de "garantías" para esos derechos.
Por su parte, las obligaciones se recogen en seis artículos: "deber de estudio y esfuerzo"; de respeto "al profesorado", "hacia todos los demás alumnos", "a todos los miembros de la comunidad educativa" y "a las normas de convivencia del centro"; así como el "deber de comunicación con las familias".
También las familias, como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, tienen un capítulo dedicado a sus derechos y deberes. En total, se mencionan 15 derechos y 14 obligaciones.
Por otro lado, en el título V del Decreto se regulan los criterios de aplicación de las normas de convivencia. De esta manera, se contemplan circunstancias atenuantes y agravantes que se tendrán en cuenta para calificar las posibles conductas y la responsabilidad que llevarían consigo.
Alegre señaló además, que en este título se establece que los alumnos, o sus familias como responsables civiles, se harán cargo del coste económico de los daños que se produzcan intencionadamente o por negligencia. También hay un apartado para las faltas de asistencia y el absentismo escolar.
En cuanto al título VI, se tipifican las conductas que afectan a las normas de convivencia del centro en "contrarias a las normas de convivencia" y "gravemente perjudiciales para la convivencia". Para cada una se detallan las medidas educativas de corrección y sanciones, así como la competencia de cada órgano para aplicarlas.
El último título del Decreto es el VII, dedicado a los procedimientos que se llevarán a cabo para la imposición de sanciones o medidas correctoras. En este sentido, habrá dos tipos de procedimientos: el ordinario y el específico.
El primero será aplicable para las conductas denominadas "contrarias a la convivencia del centro"; tendrá un plazo inferior a cinco días y la sanción la podrá adoptar desde el Director hasta un profesor (dependiendo del tipo de falta y /o sanción).
El segundo procedimiento, el específico, sólo se llevará a cabo cuando la conducta pueda ser corregida con la suspensión de la asistencia a clase por un periodo máximo de 20 días lectivos; el cambio de centro; la pérdida del derecho a evolución continua o la expulsión. Se deberá abrir un expediente, que deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días lectivos.
Para completar los aspectos que contiene este Decreto sobre los procedimientos, incluye unas disposiciones generales, en las que se regulan la suspensión de sanciones; las citaciones y notificaciones, así como los posibles recursos y reclamaciones o los plazos de prescripción.
Por su parte, las disposiciones adicionales establecen aspectos como: la posibilidad de crear premios y reconocimientos en materia de convivencia; el deber de información de los centros; la aplicación del Decreto en las secciones de Enseñanza Secundaria y en los centros con Residencia, así como en los centros privados y privados concertados.
Se establece una disposición específica para desarrollar lo establecido en la LOE sobre las decisiones colectivas de los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, sobre la asistencia a clase. Para culminar el texto de este Decreto, en las disposiciones transitorias se establece el período de adaptación y el régimen de los expedientes en tramitación. ep
»VíDEO flv
El Gobierno espera aplicar en el próximo el decreto sobre convivencia escolar
Alegre subrayó que con esta norma se busca "dar respuesta a las situaciones de conflicto en el ámbito educativo"
27.11.07 - 13:19 - EFE | LOGROÑO
El Gobierno de La Rioja espera aprobar el "Decreto para la convivencia y los derechos y deberes de la comunidad educativa" a tiempo para que entre en vigor en el curso 2008-09, de forma que se pueda dar respuesta a los conflictos que se produzcan dentro de los centros escolares.
El consejero de Educación, Luis Alegre, presentó hoy el borrador de este decreto, que próximamente remitirá a sindicatos educativos, asociaciones de padres y al Consejo Escolar, con el fin de conocer la opinión de los diferentes sectores de la educación.
Subrayó que con esta norma se busca "dar respuesta a las situaciones de conflicto en el ámbito educativo" y aunque en La Rioja "no hay situaciones preocupantes en la convivencia escolar, sí que hay que regular posibles problemas y los protocolos a seguir".
El decreto marca unas "bases de convivencia", dijo, ya que se determinan "normas de vida diaria a las consecuencias de no cumplirlas".
Alegre aseguró que estas normas persiguen "fomentar la responsabilidad individual" de los alumnos, "reforzar el carácter educativo de los procesos, evitar la judicialización de los problemas y dignificar la figura del docente, para que haga valer su autoridad".
El decreto se estructura en 64 artículos repartidos en 7 títulos que están dedicados a disposiciones generales, normas de convivencia en los centros -por el que se obliga a los centros a adaptar a este decreto sus proyectos, planes de convivencia y reglamentos de régimen interno- y responsabilidades de los órganos de Gobierno de los centros.
En el cuarto título se regulan los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto para profesores como para alumnos y familias.
En el quinto se establecen los criterios de aplicación de las normas, con atenuantes y agravantes; y en el título sexto se tipifican conductas que afectan a las normas de convivencia en los centros, que se catalogarán de dos formas, como contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia.
Y el título final se dedica a las posibles sanciones, que pueden ser de tipo ordinario, en el que los directores y profesores podrán adoptar la sanción; o de tipo específico, que puede deparar la expulsión del centro de hasta 20 días, cambio de centro, pérdida del derecho a evaluación continua o expulsión.
Este decreto se aplicará en todos los centros de La Rioja, públicos o concertados, pero no en los privados. LR
Los centros podrán castigar al alumno sin comedor ni autobús en caso de acoso
Los directores podrán sancionar sin el visto bueno previo del Consejo Escolar
El nuevo decreto de derechos y deberes permite la expulsión del alumnado infractor por un plazo de un mes
Elena Arteagoitia
Donostia. El nuevo decreto de Derechos y Deberes del Alumnado con el que el Departamento de Educación pretende erradicar la violencia en las aulas supondrá un importante endurecimiento de las sanciones. Éstas, más allá de las expulsiones, que se podrán prolongar por un plazo de hasta un mes, pasan por privar al estudiante del servicio de comedor o del servicio de transporte escolar si se determina que su conducta "perjudica gravemente la convivencia" del centro.
Así lo recoge el borrador del decreto al que ha tenido acceso este periódico y que nace para dar respuesta al incremento de agresiones constatado en los colegios durante los últimos años, tanto entre los propios alumnos como de los estudiantes hacia el profesorado de los colegios.
desobediencia El borrador clasifica en tres tipos las conductas que deben ser corregidas por el centro, y como consecuencia, establece sendas sanciones. En el caso de las conductas "inadecuadas", que hacen referencia a la falta de puntualidad, la vestimenta o la desobediencia a los profesores, la medida que establece el decreto va desde la simple reflexión hasta la realización de tareas escolares que estén relacionadas con la falta cometida.
Otro tipo de conductas sancionables son las "contrarias a la convivencia del centro" o las que "perjudican gravemente la convivencia del centro". Éstas engloban ya las agresiones físicas y psicológicas, las amenazas o los actos vandálicos, y son penalizadas dependiendo de la gravedad y de la periodicidad con la que se comete la infracción.
Para este tipo de situaciones el decreto establece la posibilidad de expulsar al estudiante del centro por un periodo máximo de un mes, así como la privación del servicio de comedor y transporte por un tiempo indeterminado. "En el caso de que el alumno previamente hubiese sido más de una vez objeto de corrección, se podrá proponer el traslado de su matrícula a otro centro, y si el alumno no acepta dicho traslado, la matrícula podrá ser anulada", añade el texto elaborado por el Departamento de Educación.
La decisión, en cualquier caso, la podrá tomar directamente el director del centro sin contar, como sucedía hasta ahora, con la aprobación del Consejo Escolar.
instructor No obstante, cuando la autoría de la infracción no sea notoria, es decir, cuando no existan testigos de la agresión, el director deberá nombrar a un instructor que tendrá que resolver el expediente en un plazo de 15 días. En cualquier momento, la sanción podrá ser modificada si se aprecia un cambio positivo en la actitud del alumno.
El Sindicato de Estudiantes considera que esta iniciativa supone "el mayor ataque" a los derechos del alumnado "desde el franquismo". El colectivo cree que el Ejecutivo vasco intenta convertir cada instituto en una "dictadura" con "castigos increíbles".
Además, pone trabas al derecho a la huelga, ya que no recoge los mecanismos concretos para llevarlo a cabo, según explicó ayer el coordinador del sindicato, Mikel González. NDG
Educación ajusta a la privada el decreto de convivencia para obtener su apoyo
El tercer borrador de derechos y deberes incorpora las peticiones de los centros concertados y anuncia un reglamento concreto para las aulas de expulsados
VICTORIA BUENO. El último borrador del decreto sobre las normas de convivencia para los centros escolares ha incorporado casi exclusivamente las peticiones procedentes de los colectivos de los centros concertados tras su paso por todas las mesas de negociación.
De esta forma la Conselleria de Educación se asegura el respaldo de la enseñanza privada a la hora de aprobarlo, tal y como sucedió con el decreto de Admisión de Alumnos, a pesar de que ante el Consejo Escolar Valenciano sólo está obligada a informarlo porque la resolución de este organismo sólo es consultiva.
El documento normativo, tercero en un año que hace público la Conselleria de Educación con la intención de recoger las sugerencias de los distintos colectivos sobre los derechos y deberes que atañen al conjunto de la comunidad educativa, no ha modificado la filosofía sancionadora y escasamente preventiva que le achacan padres y sindicatos de los centros públicos, y por otra parte deja en el aire las peticiones de los directores de institutos referidas a la necesidad de profesionales y recursos para las futuras aulas de convivencia que acogerán a los alumnos expulsados.
Todo lo más, respecto a las aulas de convivencia, el nuevo borrador añade un apartado en el que se contempla expresamente que «su composición y funcionamiento se determinará reglamentariamente», mensaje que no satisface a los representantes sindicales que mayor oposición han mostrado con respecto a un documento «excesivamente sancionador», como son los de STEPV, Fete-UGT y CC OO, al igual que las FAPA de centros públicos.
Tampoco ANPE aprobaba la ausencia de regulación para las aulas de convivencia pero la incorporación de un futuro reglamento trata de satisfacer al sindicato de enseñanza que más se acerca a los postulados de la Conselleria. A quienes Educación tendrá de su parte sin ninguna duda es a los representantes de padres de alumnos y la patronal de los centros concertados, ya que la práctica totalidad de sus pegas han sido atendidas. En el nuevo texto cada vez que figura el término «centro docente» se acompaña del apelativo de «público» o «privado concertado» que no se especificaba en el anterior documento.
Además se exime a la privada concertada de todo el procedimiento fijado para la apertura de los expedientes disciplinarios en los centros públicos, algo sobre lo que habían advertido los representantes de la católica porque como empresas privadas, aunque sostenidas con fondos públicos, no les atañe la Ley de Procedimiento Administrativo común.
La vía jurídica propia para los concertados ha llevado a la Conselleria a incorporar un párrafo en el que se contempla que «los centros privados concertados comunicarán a la Conselleria la aprobación de su Reglamento de Régimen Interior». Esas serán las normas, establecidas por el propio centro, que pesarán a la hora de aplicar medidas de convivencia.
Por otra parte se incorpora en el borrador el término «educativas» en referencia a las medidas disciplinarias así como otra función para las comisiones de convivencia: «establecerán y promoverán el uso de medidas de carácter pedagógico y no disciplinarias, que ayuden a resolver los posibles conflictos del centro». DINF
Un experto advierte que las aulas de convivencia no son aulas de castigo
Fernando León, del Comité de Expertos del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad Valenciana, aseguró este miércoles en relación a las aulas de convivencia previstas en el decreto de convivencia en los centros educativos que no son "aulas de castigo", sino lugares "para reconducir, para aprender estrategias para poder seguir relacionándote adecuadamente, que es lo que todo el mundo queremos".
PANORAMA-ACTUAL - 28/11/2007
En este sentido indicó que las críticas que ha recibido pueden responder a que la iniciativa "no ha acabado de ser convenientemente comprendida" y explicó que estos espacios tienen por objeto reconducir a la normalidad la situación.
Por ello, subrayó que es "una vía más, una posibilidad más para poder atender a esas personas que necesitan, por mil y un motivos, un espacio diferenciado para poder reconducir su estado emocional y su nivel de relación adecuada con el resto".
Tutoría "específica"
Defendió que se puede asemejar a "una tutoría específica para una persona a razón de su situación concreta" y recordó que "son un espacio físico diferenciado en el que estarán temporalmente", por lo que rechazó que se las califique de "guetos".
Actualmente, el decreto de Convivencia en los centros educativos está en fase de borrador, siendo tramitado y consultado en el Consejo Escolar Valenciano, en la mesa de padres, de alumnos y está colgado en la web de la conselleria de Educación "para que cualquier ciudadano pueda aportar su sugerencias y aportaciones" y podría estar preparado antes del segundo trimestre de 2008.
La filosofía del decreto, que calificó de documento "muy potente, muy valiente", es "promover la convivencia, un buen ambiente de clase, que los profesores puedan enseñar y los alumnos puedan aprender" y advertir "a quien se salta las normas de lo que puede ocurrir".
También puso el acento en que se busca la corresponsabilidad de las familias, porque, advirtió, "uno se hace persona no sólo en la escuela, sino en todo su mundo de relación".
Fernando León, que participó en las jornadas ´La autoridad de educar: aprender, convivir y liderar´ organizadas por la Universidad Internacional Menedenz Pelayo, indicó que el profesorado necesita apoyo social para prestigiar su labor y darle estrategias y herramientas para que pueda educar. Asimismo, señaló que hay mejorar el clima de las aulas, la relación entre padres, profesores y alumnos, y remarcó que a la escuela "se va a aprender, pero también a convivir". PA
Un catedrático de Política Social propone "una alianza para la autoridad" en la educación
El catedrático de Política Social de la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de València, Luis Vila López, propuso hoy "una alianza para la autoridad" en la educación, en el marco de las jornadas 'La autoridad de educar: aprender, convivir y liderar' organizadas por la UIMP.
EUROPA PRESS En su intervención, aseguró que "dentro del nuevo contrato social para el siglo que acaba de empezar y dentro de la moda de las alianzas y los acuerdos, aunque a veces se firmen pero no se cumplan, habría que pensar por una alianza para la autoridad".
En este sentido, explicó que "quizá nadie la haya propuesto todavía, pero al igual que se ha propuesto para el tema de las pensiones y la sanidad y la protección de la infancia, empecemos por una alianza por la educación que dé forma a la inquietud de muchos docentes en este momento ante la ausencia de pacto escolar".
Así, propuso "una alianza por la educación, sin dogmatismos ni pronunciamientos demagógicos, que establezca líneas compartidas, aunque no filigranas de acabado".
Según expuso, "la crisis de autoridad no es el cataclismo social, sino la entrada en una organización social diferente, para algunos prometedora de nuevas libertades y para otros un peligroso camino hacia la utilización del poder y de la fuerza como elementos de control social. Será una vía hacia la homogeneidad de sociedades heterogéneas que comparten solamente la fractura con su historia y sus tradiciones".
También explicó que "las razones por las que la autoridad se ha desvirtuado tanto en la familia como en la escuela se resumen en una falta de 'reconocimiento', de identificación" y aseguró que "las personas que encarnan los valores de la institución son reconocidas como tales, como garantes de que la familia y la escuela están justamente orientadas. Tienen autoridad, son autoridad, no necesitan de gestos de poder ni sanciones: se reconocen".
"ABDICAR DE LA AUTORIDAD"
La dificultad, indicó, "estriba en si quien tendría que detentar la autoridad renuncia o se hace indigno de ella" y advirtió que "abdicando de la autoridad por cansancio o incapacidad ya no queda brújula ni astro para orientarse, sólamente resta el desconcierto o los pactos sobre mínimos, a fin de que se mantenga la apariencia de familia o de escuela".
No obstante, indicó que "también podría pensarse, para consuelo, que eso son la familia y la escuela 'de verdad' y que lo otro son quimeras y sueños" y auguró, "ya vendrá quien, por conquista o por dejación de la autoridad de otros, alcance esa vacante de los que dejaron de ser autoridad, y cree entonces un orden nuevo, una nueva legitimidad. Así pasará a convertirse en autoridad y ser reconocida como tal, dentro de una nueva sociedad".
Igualmente, sugirió que "convendría hacer una exploración para descubrir qué falta de estímulos frenaron el progresivo cansancio de los que tenían autoridad y si se puede responsabilizar a alguien. Lo mismo para la escuela. Lo mismo para los hijos y lo mismo para los estudiantes. De otra manera, ¿qué variables han conducido la evolución de la familia y de la escuela hasta la situación actual?", se preguntó, "¿quién tiene la culpa?".
Vila dijo que "el Estado tiene los medios para devolver la autoridad, al menos inicialmente, porque es el que tiene el poder" y necesitará "el apoyo de los elementos de la sociedad civil en la medida en que se propugna una intervención que marca límites".
Pero, advirtió, "sucede que el Estado no es neutral. El gobierno tomará decisiones sobre medidas de políticas sectoriales --protección social, educación-- para reforzar la autoridad con su monopolio del poder".
En su opinión, le queda al político otro gran planteamiento que le preocupa "¿qué idea tiene sobre el 'deber ser' de la familia y de la escuela, en la sociedad que temporalmente gestionan? ¿Qué proyecto de sociedad alumbra su camino, de forma que sea un proyecto integrador y no parroquial?".
Por ello, invitó a unir "todas las energías de la sociedad civil, en sus numerosos y variados componentes", que incluye "todos los niveles de la administración, las fuerzas económicas, la riqueza de las asociaciones, las instituciones suministradoras de sentido (iglesias, grupos de opinión), los cuerpos profesionales más sensibilizados, los creadores de opinión (medios), las figuras de relevancia social debido al deporte o las artes o cualquier especialidad".
Por su parte, el director general de Personal de la conselleria de Educación, David Barelles, manifestó en la inauguración de las jornadas la oportunidad de la cuestión abordada por la "crisis de autoridad de padres y maestros".
En su exposición, señaló que hay que diferenciar entre autoridad y autoritarismo. La primera, aseguró, es un prestigio reconocido por los subordinados o los educandos, mientras que el segundo es el abuso que se hace de la autoridad.
Barelles resaltó que para que el proceso de aprendizaje se pueda llevar a cabo es "imprescindible que el clima general del aula lo permita, es decir, que se pueda convivir". A su juicio, la labor del docente es orientar y conducir al alumno y al mismo tiempo, ayudarle a desarrollar los potenciales que lleva dentro , mientras que la de los padres es educar con autoridad y en colaboración con el maestro.
DECRETO DE CONVIVENCIA
Igualmente, se refirió al decreto de convivencia y señaló que entrará en vigor este curso y que su fin es paliar en lo posible los problemas de convivencia. Asimismo, destacó que unas de las medidas permitirá que docentes y equipos directivos puedan aplicar medidas correctoras a los alumnos sin necesidad de un expediente disciplinario, de manera que se agilizará la respuesta a las situaciones conflictivas y el castigo correspondiente.
También recordó que el director podrá delegar en el profesor del aula para que pueda aplicar medidas correctivas a los alumnos con conducta inadecuada y que se regularán los derechos y deberes de los padres. Los padres, advirtió, "serán responsables de las acciones irresponsables civiles de sus hijos y tienen la obligación de involucrarse en la educación de sus hijos". Lv
