Los fiscales ya acusan por atentado las agresiones a médicos y maestros · El ministerio público pide penas de prisióna un hombre por insultar y atacar a un facultativo de urgencias y a una madre por pegar a la profesora de su hijo
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 09 DIC 2007 ALICANTE
Los fiscales de la provincia han comenzado a presentar las primeras denuncias por atentado a funcionario público las agresiones a maestros y médicos, según confirmaron fuentes del ministerio público. Hasta la fecha, este tipo de agresiones eran consideradas como una falta, castigadas con multas o con penas de localización permanente. Aunque las penas estaban en el Código Penal, no se aplicaban. Sin embargo, la junta de fiscales adoptó este criterio ante el incremento de las agresiones sufridas por estos profesionales, que exigían mano dura contra estas acciones violentas. La diferencia de penas es evidente, ya que tras el acuerdo de la junta de fiscales se pide un año para una madre que abofeteó a una maestra en Aspe,y otra pena de un año y tres meses para otro hombre que insultó y trató de atacar a un médico de un centro de salud de Albatera.
En el caso de Albatera, se pide un año y tres meses de prisión a pesar de que el médico no llegó a sufrir lesiones. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2006 en el centro de salida de Albatera, cuando el acusado accedió a la consulta del médico de urgencias para solicitarle información. El facultativo le respondió que eso no se lo podía facilitar en el horario de urgencia. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, el hombre se abalanzó sobre él con expresiones como «sois unos perros, tontos» y trató de lanzarle un puñetazo a la cara que el médico pudo esquivar apartándolo con su antebrazo. El fiscal considera estos hechos como un atentando contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que solicita una pena de un año y tres meses de prisión. La vista deberá celebrarse en el juzgado de lo Penal de Orihuela después de que la Fiscalía haya solicitado la apertura de juicio oral.
Recientemente se ha dado el visto bueno en la Fiscalía también a un escrito de acusación por una agresión a una maestra de Aspe como por atentado a funcionario público. Por estos hechos, el fiscal reclama un año de prisión para la mujer, de iniciales M. A. G.
La agresión ocurrió el pasado 20 de abril de este año en el Colegio Perpetuo Socorro de Aspe. La madre fue al centro escolar a buscar a la profesora para recriminarle un informe que había presentado contra él en el Hospital de Elda. La mujer abofeteó a la profesora dos veces tras mantener una discusión con ella y advertirle que no se repitieran estos hechos.
En el acuerdo alcanzado por la junta de fiscales hace un año, se instaba a que se dejaran de calificar como faltas estos ataques para aplicar el delito de atentado a funcionario público. Este cambio de criterio supone pedir penas que van de uno a tres años de cárcel para los agresores.
La instrucción partió de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fue asumida como propia por la de Alicante, hasta que en la Comunidad Valenciana el fiscal jefe del TSJ, Ricardo cabero, dictó otra similar. En ella se recuerda que la Constitución protege expresamente el derecho a la educación y a la salud. Las agresiones a los docentes y a los profesionales médicos significan, además del menoscabo de su integridad física y moral, la perturbación de la función pública que ejercen, perjudicando el derecho que tienen el resto de ciudadanos a la educación y a la sanidad. DI
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 09 DIC 2007 ALICANTE
Los fiscales de la provincia han comenzado a presentar las primeras denuncias por atentado a funcionario público las agresiones a maestros y médicos, según confirmaron fuentes del ministerio público. Hasta la fecha, este tipo de agresiones eran consideradas como una falta, castigadas con multas o con penas de localización permanente. Aunque las penas estaban en el Código Penal, no se aplicaban. Sin embargo, la junta de fiscales adoptó este criterio ante el incremento de las agresiones sufridas por estos profesionales, que exigían mano dura contra estas acciones violentas. La diferencia de penas es evidente, ya que tras el acuerdo de la junta de fiscales se pide un año para una madre que abofeteó a una maestra en Aspe,y otra pena de un año y tres meses para otro hombre que insultó y trató de atacar a un médico de un centro de salud de Albatera.
En el caso de Albatera, se pide un año y tres meses de prisión a pesar de que el médico no llegó a sufrir lesiones. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2006 en el centro de salida de Albatera, cuando el acusado accedió a la consulta del médico de urgencias para solicitarle información. El facultativo le respondió que eso no se lo podía facilitar en el horario de urgencia. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, el hombre se abalanzó sobre él con expresiones como «sois unos perros, tontos» y trató de lanzarle un puñetazo a la cara que el médico pudo esquivar apartándolo con su antebrazo. El fiscal considera estos hechos como un atentando contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que solicita una pena de un año y tres meses de prisión. La vista deberá celebrarse en el juzgado de lo Penal de Orihuela después de que la Fiscalía haya solicitado la apertura de juicio oral.
Recientemente se ha dado el visto bueno en la Fiscalía también a un escrito de acusación por una agresión a una maestra de Aspe como por atentado a funcionario público. Por estos hechos, el fiscal reclama un año de prisión para la mujer, de iniciales M. A. G.
La agresión ocurrió el pasado 20 de abril de este año en el Colegio Perpetuo Socorro de Aspe. La madre fue al centro escolar a buscar a la profesora para recriminarle un informe que había presentado contra él en el Hospital de Elda. La mujer abofeteó a la profesora dos veces tras mantener una discusión con ella y advertirle que no se repitieran estos hechos.
En el acuerdo alcanzado por la junta de fiscales hace un año, se instaba a que se dejaran de calificar como faltas estos ataques para aplicar el delito de atentado a funcionario público. Este cambio de criterio supone pedir penas que van de uno a tres años de cárcel para los agresores.
La instrucción partió de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fue asumida como propia por la de Alicante, hasta que en la Comunidad Valenciana el fiscal jefe del TSJ, Ricardo cabero, dictó otra similar. En ella se recuerda que la Constitución protege expresamente el derecho a la educación y a la salud. Las agresiones a los docentes y a los profesionales médicos significan, además del menoscabo de su integridad física y moral, la perturbación de la función pública que ejercen, perjudicando el derecho que tienen el resto de ciudadanos a la educación y a la sanidad. DI
