CENTROS DE LA PROVINCIA La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia, las agresiones graves y los actos de indisciplina, injurias u ofensas fueron las conductas más sancionadas el curso pasado
ROCÍO CERVANTES 13 DIC 2007
Los colegios e institutos de la provincia instruyeron durante el curso pasado un total de 223 expedientes por conductas graves a los alumnos. El mayor número de expedientes se concentraron en Secundaria, con 199 procesos formalizados, seguidos por la veintena registrados en Primaria y sólo cuatro en Bachillerato.
Los principales motivos que llevaron a abrir los expedientes que terminaron en sanción fueron la reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro; la agresión grave física o moral contra los miembros de la comunidad educativa; y los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad escolar.
Pese a la imagen de conflictividad en las aulas que ofrecen los medios de comunicación, convirtiendo el problema en «un asunto mediático», la delegada provincial de Educación, Valle Fuentes, aseguró que los datos ofrecidos demuestran que en Ciudad Real «la conflictividad no es significativa», más teniendo en cuenta que el número de expedientes instruidos es «muy reducido» con relación al conjunto de alumnos de la provincia.
Así, Fuentes detalló que de una población escolar de Secundaria de 25.500 alumnos, el número de expedientes abiertos por conductas graves fue del 0,78 por ciento; un porcentaje que es «casi despreciable» a efectos estadísticos para el caso de Primaria que fue de un 0,06 por ciento sobre un total de 32.000 alumnos, y del 0,05 por ciento en Bachillerato sobre 7.500 estudiantes.
Los datos son «aún más gratos» para la delegada de Educación si se tiene en cuenta que los expedientes instruidos no se corresponden con el número de conductas graves cometidas, porque en muchos de ellos se sancionan varias conductas, ni con el de alumnos castigados, porque algunos de ellos acumulan varias sanciones. Esto lleva a pensar que incluso el número de alumnos conflictivos es menor a los 223 expedientes tramitados y por tanto «aunque los hay, son una minoría muy clara», sentenció Fuentes.
Asimismo, manifestó que aparece como «un grupo reducido» aquellos alumnos que son reincidentes y que acumulan el mayor número de faltas graves. Igualmente, señaló que las conductas graves se concentran en los dos primeros cursos de ESO, lo que pone de manifiesto «la madurez» del alumnado a medida que promocionan y cumplen edad.
Por otro lado, e incidiendo en esa imagen generalizada que existe de la conflictividad y que para Fuentes ha tomado fuerza debido en parte a las imágenes gráficas que han sido grabadas en los móviles y que, tras su difusión, han tenido gran repercusión social, indicó que el 25 por ciento de los centros de Secundaria no instruyó ningún expediente a lo largo del curso pasado y que el 60 por ciento de ellos incoó menos de 10.
Medidas correctoras
Por otro lado, la delegada de Educación explicó que la medida que se emplea con mayor frecuencia para corregir las faltas graves es la suspensión del derecho de asistencia a clase durante un período susperior a tres días lectivos e inferior a un mes. Concretamente, en el 80 por ciento de los expedientes instruidos se aplicó esta medida, cuyo tiempo medio de expulsión ronda entre los cinco y los siete días, ya que según explicó Fuentes «con las sanciones lo que se pretende es educar y corregir conductas y se ha comprobado que a veces es más efectiva una expulsión temporal corta que una larga».
Junto a esta medida, los centros imponen habitualmente otras como son la suspensión del derecho de los alumnos a participar en las actividades extraescolares, la realización de tareas que contribuyan a la mejora y el desarrollo de las actividades del centro o la reparación del daño causado. www.diariolatribuna.com [sin hemeroteca]
Sólo el 2% de las familias se opone a la sanción impuesta
El inspector jefe de la Delegación de Educación destaca la «conformidad» de los padres porque «cuando se abre un expediente el caso es tan claro que es difícil negar la evidencia»
ROCÍO CERVANTES/ CIUDAD REAL Las familias suelen estar «conformes» con la sanción que los centros imponen a los alumnos tras cometer una falta grave. Así lo confirmó el inspector jefe de la Delegación de Educación, Inocente Blanco, quien explicó que sólo en un 2 por ciento de los expedientes resueltos las familias presentan un recurso de alzada ante la Delegación.
En este sentido, Blanco matizó que la aceptación de la resolución es muy amplia porque «cuando se llega a la apertura de un expediente por falta grave el caso es tan evidente y claro que es difícil negar la evidencia», aunque reconoció que esa negativa existe y la prueba está en ese 2 por ciento de padres disconformes que lleva a la Delegación a actuar en un proceso del que hasta en ese momento se había mantenido al margen.
Y es que los expedientes se resuelven en el centro, ya que son autónomos para actuar en esta cuestión. La apertura de un expediente se inicia cuando el profesor o el tutor detecta una falta grave y abre un parte al alumno que lo comete, elevando el caso a la jefatura de estudios para que la Dirección del centro tenga conocimiento de ello. Admitida la petición, la Dirección nombrará a un profesor que actuará de instructor y a él corresponderá recabar información sobre el caso y proponer a la Dirección del centro y al Consejo Escolar la sanción a imponer, la cual deberá ser valorada por ambas partes para después decidir si se acepta o no la propuesta.
Blanco aseguró que «normalmente» se acepta la propuesta porque «se entiende que el instructor es quien mejor conoce lo ocurrido», si bien matizó que en ocasiones «se ha dado el caso de que el Consejo Escolar y la Dirección han propuesto rebajar o incrementar la sanción».
Pero de forma previa a todo este proceso, Blanco manifestó que el primer paso que toma el director del centro es comunicar por escrito a los padres del expedientado del trámite que se va abrir a su hijo y recibirles personalmente para informarles de la falta grave que han cometido.
Así, desde que comienza el trámite hasta que se resuelve pueden pasar entre «20 y 30 días» porque «es un proceso complejo en el que hay que estudiar y valorar muy bien el caso». A este respecto, Blanco advirtió que las valoraciones «no son subjetivas» y que el alumno «siempre cuenta con la garantía de que sólo se le puede sancionar por las faltas que aparecen recogidas en el artículo 55 del Real Decreto 732/1995 por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros». www.diariolatribuna.com [sin hemeroteca]
ROCÍO CERVANTES 13 DIC 2007
Los colegios e institutos de la provincia instruyeron durante el curso pasado un total de 223 expedientes por conductas graves a los alumnos. El mayor número de expedientes se concentraron en Secundaria, con 199 procesos formalizados, seguidos por la veintena registrados en Primaria y sólo cuatro en Bachillerato.
Los principales motivos que llevaron a abrir los expedientes que terminaron en sanción fueron la reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro; la agresión grave física o moral contra los miembros de la comunidad educativa; y los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad escolar.
Pese a la imagen de conflictividad en las aulas que ofrecen los medios de comunicación, convirtiendo el problema en «un asunto mediático», la delegada provincial de Educación, Valle Fuentes, aseguró que los datos ofrecidos demuestran que en Ciudad Real «la conflictividad no es significativa», más teniendo en cuenta que el número de expedientes instruidos es «muy reducido» con relación al conjunto de alumnos de la provincia.
Así, Fuentes detalló que de una población escolar de Secundaria de 25.500 alumnos, el número de expedientes abiertos por conductas graves fue del 0,78 por ciento; un porcentaje que es «casi despreciable» a efectos estadísticos para el caso de Primaria que fue de un 0,06 por ciento sobre un total de 32.000 alumnos, y del 0,05 por ciento en Bachillerato sobre 7.500 estudiantes.
Los datos son «aún más gratos» para la delegada de Educación si se tiene en cuenta que los expedientes instruidos no se corresponden con el número de conductas graves cometidas, porque en muchos de ellos se sancionan varias conductas, ni con el de alumnos castigados, porque algunos de ellos acumulan varias sanciones. Esto lleva a pensar que incluso el número de alumnos conflictivos es menor a los 223 expedientes tramitados y por tanto «aunque los hay, son una minoría muy clara», sentenció Fuentes.
Asimismo, manifestó que aparece como «un grupo reducido» aquellos alumnos que son reincidentes y que acumulan el mayor número de faltas graves. Igualmente, señaló que las conductas graves se concentran en los dos primeros cursos de ESO, lo que pone de manifiesto «la madurez» del alumnado a medida que promocionan y cumplen edad.
Por otro lado, e incidiendo en esa imagen generalizada que existe de la conflictividad y que para Fuentes ha tomado fuerza debido en parte a las imágenes gráficas que han sido grabadas en los móviles y que, tras su difusión, han tenido gran repercusión social, indicó que el 25 por ciento de los centros de Secundaria no instruyó ningún expediente a lo largo del curso pasado y que el 60 por ciento de ellos incoó menos de 10.
Medidas correctoras
Por otro lado, la delegada de Educación explicó que la medida que se emplea con mayor frecuencia para corregir las faltas graves es la suspensión del derecho de asistencia a clase durante un período susperior a tres días lectivos e inferior a un mes. Concretamente, en el 80 por ciento de los expedientes instruidos se aplicó esta medida, cuyo tiempo medio de expulsión ronda entre los cinco y los siete días, ya que según explicó Fuentes «con las sanciones lo que se pretende es educar y corregir conductas y se ha comprobado que a veces es más efectiva una expulsión temporal corta que una larga».
Junto a esta medida, los centros imponen habitualmente otras como son la suspensión del derecho de los alumnos a participar en las actividades extraescolares, la realización de tareas que contribuyan a la mejora y el desarrollo de las actividades del centro o la reparación del daño causado. www.diariolatribuna.com [sin hemeroteca]
El inspector jefe de la Delegación de Educación destaca la «conformidad» de los padres porque «cuando se abre un expediente el caso es tan claro que es difícil negar la evidencia»
ROCÍO CERVANTES/ CIUDAD REAL Las familias suelen estar «conformes» con la sanción que los centros imponen a los alumnos tras cometer una falta grave. Así lo confirmó el inspector jefe de la Delegación de Educación, Inocente Blanco, quien explicó que sólo en un 2 por ciento de los expedientes resueltos las familias presentan un recurso de alzada ante la Delegación.
En este sentido, Blanco matizó que la aceptación de la resolución es muy amplia porque «cuando se llega a la apertura de un expediente por falta grave el caso es tan evidente y claro que es difícil negar la evidencia», aunque reconoció que esa negativa existe y la prueba está en ese 2 por ciento de padres disconformes que lleva a la Delegación a actuar en un proceso del que hasta en ese momento se había mantenido al margen.
Y es que los expedientes se resuelven en el centro, ya que son autónomos para actuar en esta cuestión. La apertura de un expediente se inicia cuando el profesor o el tutor detecta una falta grave y abre un parte al alumno que lo comete, elevando el caso a la jefatura de estudios para que la Dirección del centro tenga conocimiento de ello. Admitida la petición, la Dirección nombrará a un profesor que actuará de instructor y a él corresponderá recabar información sobre el caso y proponer a la Dirección del centro y al Consejo Escolar la sanción a imponer, la cual deberá ser valorada por ambas partes para después decidir si se acepta o no la propuesta.
Blanco aseguró que «normalmente» se acepta la propuesta porque «se entiende que el instructor es quien mejor conoce lo ocurrido», si bien matizó que en ocasiones «se ha dado el caso de que el Consejo Escolar y la Dirección han propuesto rebajar o incrementar la sanción».
Pero de forma previa a todo este proceso, Blanco manifestó que el primer paso que toma el director del centro es comunicar por escrito a los padres del expedientado del trámite que se va abrir a su hijo y recibirles personalmente para informarles de la falta grave que han cometido.
Así, desde que comienza el trámite hasta que se resuelve pueden pasar entre «20 y 30 días» porque «es un proceso complejo en el que hay que estudiar y valorar muy bien el caso». A este respecto, Blanco advirtió que las valoraciones «no son subjetivas» y que el alumno «siempre cuenta con la garantía de que sólo se le puede sancionar por las faltas que aparecen recogidas en el artículo 55 del Real Decreto 732/1995 por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros». www.diariolatribuna.com [sin hemeroteca]
