MEMORIA 2006· El Defensor del Pueblo Andaluz preocupado
Hay una población adolescente «que cada vez plantea más problemas»
SEVILLA 13 DIC 2007 MERCEDES BENÍTEZ
El número de menores enjuiciados en Andalucía durante el año 2006 ha crecido de manera importante, según los datos que presentó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hizo entrega en el Parlamento de su informe sobre menores referente a ese ejercicio.
Concretamente, durante 2006 fueron enjuiciados en toda Andalucía un total de 6.619 menores. De ellos, 4.320 tenían entre 16 y 17 años y el resto, 2.299, entre 14 y 15 años. La cifra, extraída de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, refleja un importante incremento del número de estos menores que han sido encausados.
Concretamente el aumento fue del 18 por ciento, ya que, un año antes, en 2005 hubo en Andalucía un total de 5.604 menores que acabaron de la misma forma.
Mayor incidencia Sevilla y Cádiz
Estos datos sitúan a Andalucía en parámetros similares a los que hay en Cataluña o Madrid, según admitió el propio Defensor del Pueblo y revelan también que hay tres provincias, Sevilla, Cádiz y Málaga donde es mayor el número de menores que cometen actos delictivos.
Almería es la provincia que tuvo un mayor incremento de los casos de enjuiciamiento -un 118,2 por ciento-, ya que ha pasado de los 192 en 2004 a los 419 de 2006; seguido de las provincia de Jaén, con un 48,9 por ciento más -de 221 a 329 casos-; Huelva, con un 40,1 por ciento más -de 272 a 381-; y Sevilla con un 29,8 por ciento -de 1.299 a 1.686-.
A continuación se encuentra la provincia de Granada, con un 11,7 por ciento más -de 692 a 773-; Córdoba, con un 9,3 por ciento más -de 463 a 506-; Cádiz con un 2,7 por ciento más -de 1.424 a 1.462- y Málaga con un incremento de 2,1 por ciento -de 1.041 a 1.063-.
Las cifras que, según Chamizo son «una mala noticia», ponen de manifiesto para el Defensor que hay una población adolescente «que cada vez plantea más problemas».
Por ello el Defensor del Pueblo, que lleva tiempo alertando de que cada vez existen más menores con conductas violentas, abogó ayer por que los temas de la adolescencia se afronten como «un problema político».
E insistió en una idea que ya había lanzado en anteriores ocasiones: la necesidad de poner en marcha un organismo que estudie los problemas de la adolescencia que podría ser similar al Instituto de la Juventud o de la Mujer.
Y es que, según Chamizo, cuando se analizan los comportamientos de algunos menores adolescentes, se observa que son «inmaduros» para algunas cuestiones pero a la vez actúan «con una impunidad escalofriante».
Perfil cambiante
Además el Defensor del Pueblo alerta de que el perfil de joven adolescente que actúa de esa forma es «cambiante» ya que aunque antes se producía en familias desestructuradas cada vez hay mas casos de jóvenes procedentes de familias estructuradas y que viven «en barrios medio alto o muy altos».
«Son jóvenes que hacen una vida en casa y otra en la calle y que no tienen problemas económicos», advirtió Chamizo que, por contra sí cree que estos adolescentes que se comportan de esa forma pueden estar sufriendo problemas de tipo afectivos.
Por ello y ante este fenómeno cambiante, el Defensor del Pueblo asegura que hace falta rehacer los parámetros de intervención.
La Ley no es suficiente
Además, en su informe el Defensor deja muy claro que la Ley de Responsabilidad Penal de Menor, no puede por sí sola poner término al incremento del fenómeno de la delincuencia juvenil, sobre todo después de los acontecimientos violentos protagonizados por jóvenes en diferentes ciudades de Andalucía.
«La reducción del problema a una mera cuestión jurídica sólo sirve para dar una respuesta fácil a una sociedad que no quiere ahondar en las realidades generadas por ella misma y se muestra siempre deseosa de encontrar culpables a quienes responsabilizar de sus propios fracasos», afirma el Defensor.
En esa línea, asegura que la legislación de menores infractores no puede ser la solución definitiva a la delincuencia juvenil, sino que «es necesaria que las actuaciones de los poderes públicos tengan una tendencia prevencionista que busquen las verdaderas causas de la aparición de las infracciones.
Respecto a las quejas recibidas en la institución en 2006, José Chamizo ha destacado en primer lugar las relativas a separaciones o divorcio y los derechos de los padres a visitar a los hijos, tras lo cual están las quejas por la retirada de custodia, las adopciones internacionales o el acoso escolar.
La mediación familiar
En este sentido, Chamizo se mostró preocupado porque la Ley de Mediación Familiar al final no haya podido ver la luz en esta legislatura ya que, según dijo, esa figura es un medio idóneo para la solución de los conflictos familiares sobre todo porque, cuando hay una separación o divorcio, los menores son los mas perjudicados en esas situaciones. «Necesitamos regularlo cuanto antes», dijo Chamizo.
El Defensor apostó por dotar al sistema con los recursos materiales y personales necesarios, y por ahondar en el diálogo entre las familias «como vía de solución de los conflictos». ABC
Los menores de la provincia de Almería pasan por el juzgado el doble de veces que hace dos años
El aumento de los juicios es del 118% y Chamizo muestra su preocupación ante el dato
La amonestación es una fórmula más frecuente en Almería que en el resto de Andalucía
ANA LÓPEZ OTERO /ALMERÍA
El número de menores enjuiciados va en aumento. No sólo en la provincia almeriense, que se ha convertido dentro de Andalucía en la que más han aumentado los casos entre 2004 y 2006, sino en toda la comunidad autónoma, donde el crecimiento ha sido de un 18,1 por ciento, según apunta el último Informe del Menor de Andalucía -correspondiente a 2006-, que el responsable de esta institución, José Chamizo, entregó ayer a la presidenta del Parlamento de Andalucía, María del Mar Moreno.
A nivel general, el documento señala que fueron enjuiciados el pasado año un total de 6.619 menores -2.299 de entre 14 y 15 años y 4.320 de entre 16 y 17 años-, frente a los 5.604 enjuiciados en 2004. Pero destaca, sin lugar a dudas, que Almería es la provincia que tuvo un mayor incremento de los casos de enjuiciamiento -con un 118,2 por ciento más-, ya que ha pasado de los 192 en 2004 a los 419 de 2006, seguido de Jaén; Huelva y Sevilla.Para Chamizo esta subida no deja de ser una «mala noticia» ya que, a su juicio, viene a demostrar que los adolescentes tienen problemas en su entorno familiar o de trastorno en el límite de sus conductas. Así las cosas, el Defensor del Pueblo y del Menor advirtió sobre la necesidad de convertir este asunto en un «problema político».
Departamento especial
En su opinión, al igual que existe un Instituto Andaluz de la Juventud quizá se debería crear también un departamento específico que tenga como prioridad la adolescencia, ya que principalmente los jóvenes de 16 y 17 años actúan con una impunidad «escalofriante» y proceden de familias estructuradas de tipo medio alto o alto. En esa línea, sentenció que los jóvenes «hacen una vida en su casa y otra completamente distinta en la calle, no tienen problemas económicos, aunque puede que sí afectivos». A pesar de la generalidad de este aumento, es cierto que cada una de las provincias presenta sus propias particularidades a la hora de hablar de los enjuiciamientos.
Según la información recogida en el texto anual que elabora la Oficina del Defensor, es especialmente llamativo que en Almería se utilizaron las amonestaciones con mayor frecuencia -en el 26,7 por ciento de las ocasiones- que en el resto de las provincias. Esa amonestación viene a significar, ni más ni menos, que la represión del infractor llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que han tenido o podrían haber tenido. Además, se trata de instar al menor a no volver a cometer la acción por la que se le 'riñe' en el futuro.
Esa actitud judicial se produce con aquellas conductas que no son graves, lógicamente, aunque con una mirada de conjunto también se observa un descenso en la aplicación de medidas de internamiento a favor de un incremento en otro tipo de medidas como la libertad vigilada, la realización de tareas socioeducativas y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, además de las ya mencionadas amonestaciones. A pesar de ello, las sentencias judiciales almerienses referentes a menores dictaron en 88 ocasiones medidas de internamientos en centros específicos de entre las que la mayoría fueron en régimen semiabierto y una exclusiva en un régimen completamente cerrado. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad también tomó fuerza con 96 medidas -de las más bajas de Andalucía- impuestas que llegaron a 249 en una provincia cercana como Granada en la que el juez Emilio Calatayud realiza una apuesta firme por esta clase de iniciativas. La mayoría de las cuestiones que llegan ante el juez de menores en Almería se refieren, no obstante, a delitos por lesiones y no hubo ni un incidente por cuestión de asesinato en el que estuviera implicado un menor de edad durante el pasado 2006. Los robos, en muchos casos con violencia e intimidación, están entre las 'fechorías' más frecuentes de este colectivo aunque más numerosos aún son las faltas -menor que un delito en su calificación- contra las personas y la propiedad.
En relación a todas estas acciones, que pueden responder a un sentimiento de «estar totalmente inseguros», el Defensor del Menor hizo hincapié en la necesidad de aplicar «sin mayores dilaciones» la Ley de Mediación Familiar por parte del próximo Gobierno. «Debemos proponer el diálogo entre las personas, y en especial entre las familias, como vía de solución de los conflictos, sobre todo por el interés de los menores de edad», añadió el Defensor.
El informe, asimismo, apunta que la implantación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor se realizó con «cierta precipitación» y con «escasos recursos» para la Comunidad, por lo que exigió la asignación del presupuesto necesario para dotar al sistema de reforma juvenil de los medios personales y materiales para el cumplimiento de sus fines que pasan, entre otros, por la reinserción de los menores que han tenido un pasado delictivo. Otro de los puntos de interés que se señalan en el texto que se acaba de dar a conocer es el referente a los menores que están protegidos por la administración andaluza. Ha sido inevitable subrayar en este apartado la importancia y el aumento, de un 60 por ciento, desde el año 2000 en la cantidad de menores extranjeros no acompañados atendidos tras su llegada a Almería y Granada. Dejando a un lado estos datos, que pueden ser los de trasfondo más preocupante por su grave, se especificó por parte del Defensor del Menor que la mayoría de las quejas que recibió su Oficina en 2006 estaban relacionadas con las separaciones o divorcio y los derechos de los padres a visitar a los hijos, seguidas de las de retirada de custodia, adopciones internacionales o el acoso escolar. Son las preocupaciones cotidianas de los progenitores. Desde Almería se remitieron 26 quejas. IDEAL
Hay una población adolescente «que cada vez plantea más problemas»
SEVILLA 13 DIC 2007 MERCEDES BENÍTEZ
El número de menores enjuiciados en Andalucía durante el año 2006 ha crecido de manera importante, según los datos que presentó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hizo entrega en el Parlamento de su informe sobre menores referente a ese ejercicio.
Concretamente, durante 2006 fueron enjuiciados en toda Andalucía un total de 6.619 menores. De ellos, 4.320 tenían entre 16 y 17 años y el resto, 2.299, entre 14 y 15 años. La cifra, extraída de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, refleja un importante incremento del número de estos menores que han sido encausados.
Concretamente el aumento fue del 18 por ciento, ya que, un año antes, en 2005 hubo en Andalucía un total de 5.604 menores que acabaron de la misma forma.
Mayor incidencia Sevilla y Cádiz
Estos datos sitúan a Andalucía en parámetros similares a los que hay en Cataluña o Madrid, según admitió el propio Defensor del Pueblo y revelan también que hay tres provincias, Sevilla, Cádiz y Málaga donde es mayor el número de menores que cometen actos delictivos.
Almería es la provincia que tuvo un mayor incremento de los casos de enjuiciamiento -un 118,2 por ciento-, ya que ha pasado de los 192 en 2004 a los 419 de 2006; seguido de las provincia de Jaén, con un 48,9 por ciento más -de 221 a 329 casos-; Huelva, con un 40,1 por ciento más -de 272 a 381-; y Sevilla con un 29,8 por ciento -de 1.299 a 1.686-.
A continuación se encuentra la provincia de Granada, con un 11,7 por ciento más -de 692 a 773-; Córdoba, con un 9,3 por ciento más -de 463 a 506-; Cádiz con un 2,7 por ciento más -de 1.424 a 1.462- y Málaga con un incremento de 2,1 por ciento -de 1.041 a 1.063-.
Las cifras que, según Chamizo son «una mala noticia», ponen de manifiesto para el Defensor que hay una población adolescente «que cada vez plantea más problemas».
Por ello el Defensor del Pueblo, que lleva tiempo alertando de que cada vez existen más menores con conductas violentas, abogó ayer por que los temas de la adolescencia se afronten como «un problema político».
E insistió en una idea que ya había lanzado en anteriores ocasiones: la necesidad de poner en marcha un organismo que estudie los problemas de la adolescencia que podría ser similar al Instituto de la Juventud o de la Mujer.
Y es que, según Chamizo, cuando se analizan los comportamientos de algunos menores adolescentes, se observa que son «inmaduros» para algunas cuestiones pero a la vez actúan «con una impunidad escalofriante».
Perfil cambiante
Además el Defensor del Pueblo alerta de que el perfil de joven adolescente que actúa de esa forma es «cambiante» ya que aunque antes se producía en familias desestructuradas cada vez hay mas casos de jóvenes procedentes de familias estructuradas y que viven «en barrios medio alto o muy altos».
«Son jóvenes que hacen una vida en casa y otra en la calle y que no tienen problemas económicos», advirtió Chamizo que, por contra sí cree que estos adolescentes que se comportan de esa forma pueden estar sufriendo problemas de tipo afectivos.
Por ello y ante este fenómeno cambiante, el Defensor del Pueblo asegura que hace falta rehacer los parámetros de intervención.
La Ley no es suficiente
Además, en su informe el Defensor deja muy claro que la Ley de Responsabilidad Penal de Menor, no puede por sí sola poner término al incremento del fenómeno de la delincuencia juvenil, sobre todo después de los acontecimientos violentos protagonizados por jóvenes en diferentes ciudades de Andalucía.
«La reducción del problema a una mera cuestión jurídica sólo sirve para dar una respuesta fácil a una sociedad que no quiere ahondar en las realidades generadas por ella misma y se muestra siempre deseosa de encontrar culpables a quienes responsabilizar de sus propios fracasos», afirma el Defensor.
En esa línea, asegura que la legislación de menores infractores no puede ser la solución definitiva a la delincuencia juvenil, sino que «es necesaria que las actuaciones de los poderes públicos tengan una tendencia prevencionista que busquen las verdaderas causas de la aparición de las infracciones.
Respecto a las quejas recibidas en la institución en 2006, José Chamizo ha destacado en primer lugar las relativas a separaciones o divorcio y los derechos de los padres a visitar a los hijos, tras lo cual están las quejas por la retirada de custodia, las adopciones internacionales o el acoso escolar.
La mediación familiar
En este sentido, Chamizo se mostró preocupado porque la Ley de Mediación Familiar al final no haya podido ver la luz en esta legislatura ya que, según dijo, esa figura es un medio idóneo para la solución de los conflictos familiares sobre todo porque, cuando hay una separación o divorcio, los menores son los mas perjudicados en esas situaciones. «Necesitamos regularlo cuanto antes», dijo Chamizo.
El Defensor apostó por dotar al sistema con los recursos materiales y personales necesarios, y por ahondar en el diálogo entre las familias «como vía de solución de los conflictos». ABC
El aumento de los juicios es del 118% y Chamizo muestra su preocupación ante el dato
La amonestación es una fórmula más frecuente en Almería que en el resto de Andalucía
ANA LÓPEZ OTERO /ALMERÍA
El número de menores enjuiciados va en aumento. No sólo en la provincia almeriense, que se ha convertido dentro de Andalucía en la que más han aumentado los casos entre 2004 y 2006, sino en toda la comunidad autónoma, donde el crecimiento ha sido de un 18,1 por ciento, según apunta el último Informe del Menor de Andalucía -correspondiente a 2006-, que el responsable de esta institución, José Chamizo, entregó ayer a la presidenta del Parlamento de Andalucía, María del Mar Moreno.
A nivel general, el documento señala que fueron enjuiciados el pasado año un total de 6.619 menores -2.299 de entre 14 y 15 años y 4.320 de entre 16 y 17 años-, frente a los 5.604 enjuiciados en 2004. Pero destaca, sin lugar a dudas, que Almería es la provincia que tuvo un mayor incremento de los casos de enjuiciamiento -con un 118,2 por ciento más-, ya que ha pasado de los 192 en 2004 a los 419 de 2006, seguido de Jaén; Huelva y Sevilla.Para Chamizo esta subida no deja de ser una «mala noticia» ya que, a su juicio, viene a demostrar que los adolescentes tienen problemas en su entorno familiar o de trastorno en el límite de sus conductas. Así las cosas, el Defensor del Pueblo y del Menor advirtió sobre la necesidad de convertir este asunto en un «problema político».
Departamento especial
En su opinión, al igual que existe un Instituto Andaluz de la Juventud quizá se debería crear también un departamento específico que tenga como prioridad la adolescencia, ya que principalmente los jóvenes de 16 y 17 años actúan con una impunidad «escalofriante» y proceden de familias estructuradas de tipo medio alto o alto. En esa línea, sentenció que los jóvenes «hacen una vida en su casa y otra completamente distinta en la calle, no tienen problemas económicos, aunque puede que sí afectivos». A pesar de la generalidad de este aumento, es cierto que cada una de las provincias presenta sus propias particularidades a la hora de hablar de los enjuiciamientos.
Según la información recogida en el texto anual que elabora la Oficina del Defensor, es especialmente llamativo que en Almería se utilizaron las amonestaciones con mayor frecuencia -en el 26,7 por ciento de las ocasiones- que en el resto de las provincias. Esa amonestación viene a significar, ni más ni menos, que la represión del infractor llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que han tenido o podrían haber tenido. Además, se trata de instar al menor a no volver a cometer la acción por la que se le 'riñe' en el futuro.
Esa actitud judicial se produce con aquellas conductas que no son graves, lógicamente, aunque con una mirada de conjunto también se observa un descenso en la aplicación de medidas de internamiento a favor de un incremento en otro tipo de medidas como la libertad vigilada, la realización de tareas socioeducativas y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, además de las ya mencionadas amonestaciones. A pesar de ello, las sentencias judiciales almerienses referentes a menores dictaron en 88 ocasiones medidas de internamientos en centros específicos de entre las que la mayoría fueron en régimen semiabierto y una exclusiva en un régimen completamente cerrado. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad también tomó fuerza con 96 medidas -de las más bajas de Andalucía- impuestas que llegaron a 249 en una provincia cercana como Granada en la que el juez Emilio Calatayud realiza una apuesta firme por esta clase de iniciativas. La mayoría de las cuestiones que llegan ante el juez de menores en Almería se refieren, no obstante, a delitos por lesiones y no hubo ni un incidente por cuestión de asesinato en el que estuviera implicado un menor de edad durante el pasado 2006. Los robos, en muchos casos con violencia e intimidación, están entre las 'fechorías' más frecuentes de este colectivo aunque más numerosos aún son las faltas -menor que un delito en su calificación- contra las personas y la propiedad.
En relación a todas estas acciones, que pueden responder a un sentimiento de «estar totalmente inseguros», el Defensor del Menor hizo hincapié en la necesidad de aplicar «sin mayores dilaciones» la Ley de Mediación Familiar por parte del próximo Gobierno. «Debemos proponer el diálogo entre las personas, y en especial entre las familias, como vía de solución de los conflictos, sobre todo por el interés de los menores de edad», añadió el Defensor.
El informe, asimismo, apunta que la implantación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor se realizó con «cierta precipitación» y con «escasos recursos» para la Comunidad, por lo que exigió la asignación del presupuesto necesario para dotar al sistema de reforma juvenil de los medios personales y materiales para el cumplimiento de sus fines que pasan, entre otros, por la reinserción de los menores que han tenido un pasado delictivo. Otro de los puntos de interés que se señalan en el texto que se acaba de dar a conocer es el referente a los menores que están protegidos por la administración andaluza. Ha sido inevitable subrayar en este apartado la importancia y el aumento, de un 60 por ciento, desde el año 2000 en la cantidad de menores extranjeros no acompañados atendidos tras su llegada a Almería y Granada. Dejando a un lado estos datos, que pueden ser los de trasfondo más preocupante por su grave, se especificó por parte del Defensor del Menor que la mayoría de las quejas que recibió su Oficina en 2006 estaban relacionadas con las separaciones o divorcio y los derechos de los padres a visitar a los hijos, seguidas de las de retirada de custodia, adopciones internacionales o el acoso escolar. Son las preocupaciones cotidianas de los progenitores. Desde Almería se remitieron 26 quejas. IDEAL
