La Justicia ha dictado cuatro sentencias condenatorias, que imponen medidas que van desde la libertad vigilada hasta el ingreso en un centro de protección · Con frecuencia el comportamiento del menor maltratador está asociado al consumo de tóxicos
· Los padres agredidos o amenazados por sus hijos pueden pedir una orden de protección
«Antes de dar el paso, muchos padres intentan solucionar el problema por otras vías. Otros, en cambio, sobre todo familias de clase media que no están acostumbradas a tratar con los servicios sociales, recurren en primera instancia a la Policía o a la Justicia», explica la fiscal.
Por este motivo, cuando un caso de estas características llega a la Fiscalía de Menores, lo primero que hacen los profesionales es analizar la situación e informar a los padres de los recursos sociales que tienen a su disposición, como los servicios de mediación familiar y de asistencia a la víctima o el Consejo del Menor. «Si podemos evitar llegar a juicio, mejor. Por ello, ofrecemos a los padres la posibilidad de abrir un archivo provisional, para que si la mediación no sirve, los padres puedan solicitar la reapertura de la causa», expone Carmen Cotelo.
Procedimiento penal
Si los progenitores deciden, por el contrario, continuar adelante con la denuncia, «se incoan las diligencias preliminares y, después, el expediente de reforma, como cualquier procedimiento penal». Esto es, la causa puede terminar en absolución, archivo o imposición de algún tipo de «medida» condenatoria, lo que se llamaría «pena» en la jurisdicción de adultos. «Ahora bien -matiza Cotelo-, cuando se trata de menores de edad, las medidas de condena no se imponen tanto en función de la gravedad del hecho como de las necesidades educativas del menor.
Por ello, antes de llegar a juicio, el presunto maltratador declara como imputado, asistido por un letrado. De su testimonio, un equipo técnico compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y educadores elabora un informe sobre el menor mientras, en paralelo, se evalúa la situación psicológica de los padres. En el caso de que la instrucción continúe adelante, se elebora el escrito de acusación y se acude a juicio. En este caso, es el equipo técnico el encargado de asesorar al juez sobre la 'pena' más adecuada para el menor.
La libertad vigilada, los trabajos en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas, la permanencia de fin de semana en un centro educativo, el internamiento terapéutico en un centro de menores o la convivencia con otra familia son algunas de las medidas que incluye el catálogo legal.
Carmen Cotelo recuerda, además, que los padres presuntamente agredidos por sus propios hijos tienen derecho a pedir una orden de protección, que podría imponerse «tras la sentencia o con carácter cautelar». «El que decida solicitarla debe ser consciente de que ello implica la salida del hijo del hogar paterno y su entrada en un centro de protección de menores que, en ningún caso, eso sí, tiene que ver con un centro de reforma».
Medidas que se adoptan
Trabajos en beneficio de la comunidad, permanencia de fin de semana en un centro educativo, internamiento terapéutico en un centro de menores, tareas socioeducativas, libertad vigilada o convivencia con otra familia, con otra persona o con otro grupo educativo.
EL CORREO
Pequeños tiranos que no respetan la autoridad
¿Qué haría usted si su pequeño de tres años le diera patadas para llamar su atención y conseguir lo que pretende? ¿O si su hijo de catorce le insultara y le amenazara con marcharse de casa por no comprarle aquella prenda de tal marca o no dejarle ir a la discoteca? ¿Y si a los dieciséis la emprendiera a golpes con lo primero que se le pusiera 'a tiro' por prohibirle llegar a casa más tarde de las tres de la madrugada?
Todos estos interrogantes proceden de casos reales, como los que cada año se denuncian en la Fiscalía de Menores de Vitoria. El número de menores de entre 14 y 18 años que agreden o intimidan a sus padres se ha duplicado en los dos últimos años en la capital alavesa y ningún entorno o clase social se libra de esta lacra.
«No se puede hablar de un perfil determinado. Los menores que maltratan a sus padres son de todo tipo y condición. Y muchos, de clase media. El maltrato no es algo exclusivo de familias desestructuradas. Es un problema que puede surgir en cualquier momento y en cualquier situación», afirma Carmen Cotelo.
En este sentido, la fiscal coordinadora de Menores de Vitoria echa también por tierra la idea de que los menores agresores sean en su mayoría chicos. «Existe una gran igualdad, lo mismo que entre las víctimas. No siempre son las madres las agredidas», asegura. Con todo, sí se dan «puntos de coincidencia» entre los adolescentes que agreden, intimidan o amenazan a sus padres. «Los casos de maltrato son más frecuentes en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 16 que entre los 16 y los 18».
Consumo de tóxicos
Y lo más importante. La raíz del problema siempre es la misma. «Estos menores no han recibido pautas de autoridad, no saben cómo canalizar las diferencias que tienen con sus progenitores y siempre recurren a la violencia».
Otro rasgo común a los menores que han acabado este año en la Fiscalía denunciados por sus propios padres es el hecho de que «con frecuencia» su comportamiento violento suele ir asociado al «consumo de tóxicos». «Aun sin llegar a ser abusivo, la ingesta de alcohol y drogas suele estar presente», concluye Carmen Cotelo. EL CORREO
· Los padres agredidos o amenazados por sus hijos pueden pedir una orden de protección
| LOS DATOS
2006: La Fiscalía de Menores de Vitoria abrió un total de 19 expedientes a menores que habían sido denunciados por maltratar a sus padres. De enero a noviembre de 2007: 20 causas abiertas por maltrato. De ellas, cuatro archivadas y tres desestimadas la incoación. El resto, está en trámite. | VITORIA 16.12.07 - MARÍA ZABALETA
No en vano, entre enero y noviembre de este año, la Fiscalía ha abierto una veintena de causas a adolescentes de entre 14 y 18 años: uno más que en todo 2006 y casi el doble que en 2005. Y ello, sin tener en cuenta los incalculables casos que no se llegan a conocer por tratarse de un problema muy íntimo que, muchas veces, se intenta reconducir por otros cauces. |
Por este motivo, cuando un caso de estas características llega a la Fiscalía de Menores, lo primero que hacen los profesionales es analizar la situación e informar a los padres de los recursos sociales que tienen a su disposición, como los servicios de mediación familiar y de asistencia a la víctima o el Consejo del Menor. «Si podemos evitar llegar a juicio, mejor. Por ello, ofrecemos a los padres la posibilidad de abrir un archivo provisional, para que si la mediación no sirve, los padres puedan solicitar la reapertura de la causa», expone Carmen Cotelo.
Procedimiento penal
Si los progenitores deciden, por el contrario, continuar adelante con la denuncia, «se incoan las diligencias preliminares y, después, el expediente de reforma, como cualquier procedimiento penal». Esto es, la causa puede terminar en absolución, archivo o imposición de algún tipo de «medida» condenatoria, lo que se llamaría «pena» en la jurisdicción de adultos. «Ahora bien -matiza Cotelo-, cuando se trata de menores de edad, las medidas de condena no se imponen tanto en función de la gravedad del hecho como de las necesidades educativas del menor.
Por ello, antes de llegar a juicio, el presunto maltratador declara como imputado, asistido por un letrado. De su testimonio, un equipo técnico compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y educadores elabora un informe sobre el menor mientras, en paralelo, se evalúa la situación psicológica de los padres. En el caso de que la instrucción continúe adelante, se elebora el escrito de acusación y se acude a juicio. En este caso, es el equipo técnico el encargado de asesorar al juez sobre la 'pena' más adecuada para el menor.
La libertad vigilada, los trabajos en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas, la permanencia de fin de semana en un centro educativo, el internamiento terapéutico en un centro de menores o la convivencia con otra familia son algunas de las medidas que incluye el catálogo legal.
Carmen Cotelo recuerda, además, que los padres presuntamente agredidos por sus propios hijos tienen derecho a pedir una orden de protección, que podría imponerse «tras la sentencia o con carácter cautelar». «El que decida solicitarla debe ser consciente de que ello implica la salida del hijo del hogar paterno y su entrada en un centro de protección de menores que, en ningún caso, eso sí, tiene que ver con un centro de reforma».
Medidas que se adoptan
Trabajos en beneficio de la comunidad, permanencia de fin de semana en un centro educativo, internamiento terapéutico en un centro de menores, tareas socioeducativas, libertad vigilada o convivencia con otra familia, con otra persona o con otro grupo educativo.
EL CORREO
Pequeños tiranos que no respetan la autoridad
¿Qué haría usted si su pequeño de tres años le diera patadas para llamar su atención y conseguir lo que pretende? ¿O si su hijo de catorce le insultara y le amenazara con marcharse de casa por no comprarle aquella prenda de tal marca o no dejarle ir a la discoteca? ¿Y si a los dieciséis la emprendiera a golpes con lo primero que se le pusiera 'a tiro' por prohibirle llegar a casa más tarde de las tres de la madrugada?
Todos estos interrogantes proceden de casos reales, como los que cada año se denuncian en la Fiscalía de Menores de Vitoria. El número de menores de entre 14 y 18 años que agreden o intimidan a sus padres se ha duplicado en los dos últimos años en la capital alavesa y ningún entorno o clase social se libra de esta lacra.
«No se puede hablar de un perfil determinado. Los menores que maltratan a sus padres son de todo tipo y condición. Y muchos, de clase media. El maltrato no es algo exclusivo de familias desestructuradas. Es un problema que puede surgir en cualquier momento y en cualquier situación», afirma Carmen Cotelo.
En este sentido, la fiscal coordinadora de Menores de Vitoria echa también por tierra la idea de que los menores agresores sean en su mayoría chicos. «Existe una gran igualdad, lo mismo que entre las víctimas. No siempre son las madres las agredidas», asegura. Con todo, sí se dan «puntos de coincidencia» entre los adolescentes que agreden, intimidan o amenazan a sus padres. «Los casos de maltrato son más frecuentes en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 16 que entre los 16 y los 18».
Consumo de tóxicos
Y lo más importante. La raíz del problema siempre es la misma. «Estos menores no han recibido pautas de autoridad, no saben cómo canalizar las diferencias que tienen con sus progenitores y siempre recurren a la violencia».
Otro rasgo común a los menores que han acabado este año en la Fiscalía denunciados por sus propios padres es el hecho de que «con frecuencia» su comportamiento violento suele ir asociado al «consumo de tóxicos». «Aun sin llegar a ser abusivo, la ingesta de alcohol y drogas suele estar presente», concluye Carmen Cotelo. EL CORREO

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