TRiBUNA · ABC Edic. Córdoba 23 ENE 2008
EN la actualidad la convivencia, más concretamente la falta de disciplina, es uno de los temas que más preocupa a la comunidad educativa. El aprendizaje de la convivencia es uno de los retos fundamentales que tienen encomendados los centros educativos, tal como también se señala en el Informe Delors, La Educación Encierra un Tesoro. Dentro de este problema de la convivencia escolar merece una especial atención el acoso y violencia entre iguales, conocido como Bullying. Si bien no deja de ser una parte pequeña del total de las conductas de violencia escolar, este bajo porcentaje corresponde a jóvenes concretos que padecen estas conductas y que deberían verse liberados de este penoso tormento, pudiendo llegar a consecuencias extraordinariamente graves, como ha quedado constancia en algunos casos puntuales con gran repercusión mediática: recordemos el caso de Clara o de Jokin.
El primer trimestre escolar ha estado salpicado por varios casos que han ocupado la atención de los medios de comunicación por su gravedad y trascendencia. El pasado mes de noviembre lo podríamos calificar como un mes negro, ya que se conocieron varios casos. Se hacía pública la sentencia del caso del IES Gran Capitán de Córdoba. En ella, el juez de menores condenaba a tres jóvenes, dos chicos y una chica, compañeros del agredido, por acoso escolar. A los dos primeros implicados les imponía ocho fines de semana de permanencia en un centro de menores. Al tercer implicado, 70 horas de prestaciones sociales. Las agresiones habían comenzado en septiembre de 2005. El hostigamiento y las vejaciones han dejado secuelas psicológicas, según mantiene la sentencia, que le han llevado a ser atendido en la unidad de psiquiatría infantil del hospital Reina Sofía.
También en noviembre, conocimos que en Sevilla, dos adolescentes de 15 años, después de agredir sexualmente a una compañera de instituto, grabaron su machada y la distribuyeron por los móviles de las amiguetes. Los jóvenes fueron detenidos y, después de prestar declaración, fueron puestos en libertad con cargos por atentado a la intimidad y agresión sexual. Caso este que guarda cierta similitud con el vivido hace algún tiempo en Moriles, y protagonizado por jóvenes de la localidad.
Málaga y Almería no quedaban al margen de este tipo de sucesos. En Málaga, concretamente en Benamocarra, unas menores agredieron y grabaron a una compañera. Fueron expulsadas durante un mes. A la vuelta, como la chica no había tenido bastante, le quemaron la mochila y continuaron las agresiones. El centro adoptó las medidas a su alcance. La madre de la agredida sólo desea que «la dejen en paz» y el Delegado Provincial de Educación manifestaba que estamos ante "problemas que en el fondo están en la sociedad". El caso almeriense sucedió en Carboneras en el IES Juan Goytisolo. Una joven de nacionalidad argentina era agredida por unas compañeras de clase. Nunca entendió «por qué» la agredieron. Después de denuncias en los estamentos y autoridades correspondientes, los padres decidieron trasladarla de centro y a una localidad distinta, a 25 kilómetros de Carboneras con su tío. Un año después de la primera agresión, el Delegado Provincial de Educación tomó cartas en el asunto, manifestando que la Junta había puesto en funcionamiento todos los protocolos previstos.
La Oficina del Defensor del Pueblo hacía público un Informe titulado «El maltrato entre iguales en la educación Secundaria Obligatoria 1999-2006». El estudio extrae sus conclusiones de la comparación de los datos obtenidos del informe del año 2000, con los correspondientes del estudio de 2006. Ambos estudios se realizaron en colaboración con Unicef. Pone de manifiesto que las conductas menos graves y más frecuentes tienden a disminuir; aunque ciertas formas de agresión física, así como las graves de amenazas, no muestran tendencias a la baja y se mantienen en niveles similares a 1999. De las políticas preventivas y de intervención logran resultados parciales, dice el informe «siempre bienvenidas, pero claramente insuficientes, sólo alivian pero absoluto resuelven el problema». El informe recuerda que los programas preventivos deben ir acompañados de un clima social y una conciencia personal y colectiva que rechace de manera inequívoca estas conductas.
Curiosa y sorprendente revelación nos hace el estudio, reconociéndose más alumnos agresores que víctimas, dice «los estudiantes no tienen inconveniente en reconocerse como autores de conductas de maltrato»; llegando a «justificar» su comportamiento más de dos tercios de los agresores, manifestando que los testigos permanecen pasivos y, además, alrededor de un 25% se consideran alentados.
El informe nos indica que hay una relación inversa entre gravedad y su nivel de incidencia, pero hay que ser cautos cuando se habla de gravedad en los distintos casos. En esta línea el informe continúa advirtiendo de las conductas menos graves ya que en estudios retrospectivos se ha confirmado que pueden incidir de forma negativa en las victimas, permaneciendo de alguna forma hasta la vida adulta. Parecidas conclusiones nos señala el Informe Cisneros, considerando la violencia psicológica «como la más frecuente y al mismo tiempo la más lesiva para las victimas de acoso escolar». Conviene detenernos un instante y recordar el Estudio HBSC, 2004, realizado por la OMS, que se ha preocupado del análisis comparativo de 35 países en materia de mobbing escolar. España ocupa la posición 17 con un 24% de casos. En peor situación quedan países como Austria 38%, Portugal 36%, Francia, Alemania e Inglaterra con un 33%, Canadá 30% y EE.UU. 29%. Con un menor porcentaje de casos se sitúan Grecia 23%, Holanda 22%, Escocia e Irlanda 20%, Italia 17% y Finlandia 16%.
El género, curso y escenario también han sido objeto de análisis en el estudio, Los varones tienen un mayor porcentaje de agresiones en casi todas las modalidades, excepto en la maledicencia. Los malos tratos son más frecuentes en los primeros cursos de la ESO; también, la investigación nos advierte que este fenómeno empieza a ser significativo en los últimos cursos de primaria. De nuevo, el Informe Cisneros X nos confirma que el número de victimas disminuye a medida que aumenta la edad escolar. Respecto al escenario, son el patio y la propia aula los lugares más frecuentes en los que ocurren los actos violentos.
Cada vez más el silencio disminuye y la comunicación es más fluida. Son menos los casos de silencio y encubrimiento, pero aún son bajos los porcentajes; siguen siendo los propios compañeros y compañeras los que tienen las primeras noticias, triplicando el porcentaje de cualquier otra fuente de ayuda. Los porcentajes de comunicación al profesorado y familia han mejorado algo respecto al estudio del año 1999. El carácter oculto de este tipo de conflictos sigue manteniéndose. A pesar de las campañas de sensibilización, ciertos comportamientos entre el alumnado y su código de omertá hacen que muchas de estas situaciones sigan sin conocerse, impidiendo su correcto tratamiento.
El informe, finalmente,propone una serie de recomendaciones, como no podía ser de otra manera. De ellas, algunas ya llevan tiempo en marcha o han sido promovidas, recientemente, por el en decreto de convivencia escolar de Andalucía. Otras son merecedoras de detenerse y profundizar en ellas. Por ejemplo, la mejora de la formación inicial del profesorado; la dotación de recursos humanos complementarios de los docentes; profundizar en vías de colaboración de los centros con las familias; transversalidad de valores que desarrollen la autoestima y las destrezas sociales; coordinación, por parte de la administraciones locales y educativas, de políticas de familia, juventud y su plasmación en planes y programas; planificación de la seguridad y vigilancia de ciertos centros, así como la adecuación de las infraestructuras y espacios de difícil vigilancia o supervisión proclives a la comisión de dichos actos. ABC, Córdoba
EN la actualidad la convivencia, más concretamente la falta de disciplina, es uno de los temas que más preocupa a la comunidad educativa. El aprendizaje de la convivencia es uno de los retos fundamentales que tienen encomendados los centros educativos, tal como también se señala en el Informe Delors, La Educación Encierra un Tesoro. Dentro de este problema de la convivencia escolar merece una especial atención el acoso y violencia entre iguales, conocido como Bullying. Si bien no deja de ser una parte pequeña del total de las conductas de violencia escolar, este bajo porcentaje corresponde a jóvenes concretos que padecen estas conductas y que deberían verse liberados de este penoso tormento, pudiendo llegar a consecuencias extraordinariamente graves, como ha quedado constancia en algunos casos puntuales con gran repercusión mediática: recordemos el caso de Clara o de Jokin.
El primer trimestre escolar ha estado salpicado por varios casos que han ocupado la atención de los medios de comunicación por su gravedad y trascendencia. El pasado mes de noviembre lo podríamos calificar como un mes negro, ya que se conocieron varios casos. Se hacía pública la sentencia del caso del IES Gran Capitán de Córdoba. En ella, el juez de menores condenaba a tres jóvenes, dos chicos y una chica, compañeros del agredido, por acoso escolar. A los dos primeros implicados les imponía ocho fines de semana de permanencia en un centro de menores. Al tercer implicado, 70 horas de prestaciones sociales. Las agresiones habían comenzado en septiembre de 2005. El hostigamiento y las vejaciones han dejado secuelas psicológicas, según mantiene la sentencia, que le han llevado a ser atendido en la unidad de psiquiatría infantil del hospital Reina Sofía.
También en noviembre, conocimos que en Sevilla, dos adolescentes de 15 años, después de agredir sexualmente a una compañera de instituto, grabaron su machada y la distribuyeron por los móviles de las amiguetes. Los jóvenes fueron detenidos y, después de prestar declaración, fueron puestos en libertad con cargos por atentado a la intimidad y agresión sexual. Caso este que guarda cierta similitud con el vivido hace algún tiempo en Moriles, y protagonizado por jóvenes de la localidad.
Málaga y Almería no quedaban al margen de este tipo de sucesos. En Málaga, concretamente en Benamocarra, unas menores agredieron y grabaron a una compañera. Fueron expulsadas durante un mes. A la vuelta, como la chica no había tenido bastante, le quemaron la mochila y continuaron las agresiones. El centro adoptó las medidas a su alcance. La madre de la agredida sólo desea que «la dejen en paz» y el Delegado Provincial de Educación manifestaba que estamos ante "problemas que en el fondo están en la sociedad". El caso almeriense sucedió en Carboneras en el IES Juan Goytisolo. Una joven de nacionalidad argentina era agredida por unas compañeras de clase. Nunca entendió «por qué» la agredieron. Después de denuncias en los estamentos y autoridades correspondientes, los padres decidieron trasladarla de centro y a una localidad distinta, a 25 kilómetros de Carboneras con su tío. Un año después de la primera agresión, el Delegado Provincial de Educación tomó cartas en el asunto, manifestando que la Junta había puesto en funcionamiento todos los protocolos previstos.
La Oficina del Defensor del Pueblo hacía público un Informe titulado «El maltrato entre iguales en la educación Secundaria Obligatoria 1999-2006». El estudio extrae sus conclusiones de la comparación de los datos obtenidos del informe del año 2000, con los correspondientes del estudio de 2006. Ambos estudios se realizaron en colaboración con Unicef. Pone de manifiesto que las conductas menos graves y más frecuentes tienden a disminuir; aunque ciertas formas de agresión física, así como las graves de amenazas, no muestran tendencias a la baja y se mantienen en niveles similares a 1999. De las políticas preventivas y de intervención logran resultados parciales, dice el informe «siempre bienvenidas, pero claramente insuficientes, sólo alivian pero absoluto resuelven el problema». El informe recuerda que los programas preventivos deben ir acompañados de un clima social y una conciencia personal y colectiva que rechace de manera inequívoca estas conductas.
Curiosa y sorprendente revelación nos hace el estudio, reconociéndose más alumnos agresores que víctimas, dice «los estudiantes no tienen inconveniente en reconocerse como autores de conductas de maltrato»; llegando a «justificar» su comportamiento más de dos tercios de los agresores, manifestando que los testigos permanecen pasivos y, además, alrededor de un 25% se consideran alentados.
El informe nos indica que hay una relación inversa entre gravedad y su nivel de incidencia, pero hay que ser cautos cuando se habla de gravedad en los distintos casos. En esta línea el informe continúa advirtiendo de las conductas menos graves ya que en estudios retrospectivos se ha confirmado que pueden incidir de forma negativa en las victimas, permaneciendo de alguna forma hasta la vida adulta. Parecidas conclusiones nos señala el Informe Cisneros, considerando la violencia psicológica «como la más frecuente y al mismo tiempo la más lesiva para las victimas de acoso escolar». Conviene detenernos un instante y recordar el Estudio HBSC, 2004, realizado por la OMS, que se ha preocupado del análisis comparativo de 35 países en materia de mobbing escolar. España ocupa la posición 17 con un 24% de casos. En peor situación quedan países como Austria 38%, Portugal 36%, Francia, Alemania e Inglaterra con un 33%, Canadá 30% y EE.UU. 29%. Con un menor porcentaje de casos se sitúan Grecia 23%, Holanda 22%, Escocia e Irlanda 20%, Italia 17% y Finlandia 16%.
El género, curso y escenario también han sido objeto de análisis en el estudio, Los varones tienen un mayor porcentaje de agresiones en casi todas las modalidades, excepto en la maledicencia. Los malos tratos son más frecuentes en los primeros cursos de la ESO; también, la investigación nos advierte que este fenómeno empieza a ser significativo en los últimos cursos de primaria. De nuevo, el Informe Cisneros X nos confirma que el número de victimas disminuye a medida que aumenta la edad escolar. Respecto al escenario, son el patio y la propia aula los lugares más frecuentes en los que ocurren los actos violentos.
Cada vez más el silencio disminuye y la comunicación es más fluida. Son menos los casos de silencio y encubrimiento, pero aún son bajos los porcentajes; siguen siendo los propios compañeros y compañeras los que tienen las primeras noticias, triplicando el porcentaje de cualquier otra fuente de ayuda. Los porcentajes de comunicación al profesorado y familia han mejorado algo respecto al estudio del año 1999. El carácter oculto de este tipo de conflictos sigue manteniéndose. A pesar de las campañas de sensibilización, ciertos comportamientos entre el alumnado y su código de omertá hacen que muchas de estas situaciones sigan sin conocerse, impidiendo su correcto tratamiento.
El informe, finalmente,propone una serie de recomendaciones, como no podía ser de otra manera. De ellas, algunas ya llevan tiempo en marcha o han sido promovidas, recientemente, por el en decreto de convivencia escolar de Andalucía. Otras son merecedoras de detenerse y profundizar en ellas. Por ejemplo, la mejora de la formación inicial del profesorado; la dotación de recursos humanos complementarios de los docentes; profundizar en vías de colaboración de los centros con las familias; transversalidad de valores que desarrollen la autoestima y las destrezas sociales; coordinación, por parte de la administraciones locales y educativas, de políticas de familia, juventud y su plasmación en planes y programas; planificación de la seguridad y vigilancia de ciertos centros, así como la adecuación de las infraestructuras y espacios de difícil vigilancia o supervisión proclives a la comisión de dichos actos. ABC, Córdoba
