No a castigos físicos ni tratos humillantes
Pablo Long 21 Feb, 2008AMÉRICA LATINA (Noticias Aliadas)
Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006- y que el presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del Congreso.
"Sabemos que la peor violencia es invisible y no puede ser regulada por ley, pero creo que hemos avanzado mucho: esta norma tiende a cambiar nuestras cabezas, la suya, la mía, la de todos, la cabeza del mundo adulto, que es la que tiene que cambiar para modificar esta matriz cultural que asocia la educación con los castigos físicos", dijo en medio del debate parlamentario la diputada Nora Castro, del gobernante Frente Amplio.
La ley 18.214, aprobada en noviembre del 2007, consta de sólo tres breves artículos que derogan otros tantos del Código Civil e incorporan al Código de Niñez y Adolescencia un numeral que prohíbe a "padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado o educación de niños, niñas y adolescentes, el uso del castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplinamiento".
El proyecto había sido sancionado por unanimidad por los senadores en agosto del año pasado, pero cuando se abrió el debate entre los diputados, los legisladores del derechista Partido Blanco (Nacional) cambiaron de posición y unificaron el discurso para desacreditar la norma. El Congreso "actúa como sirviente de un ente foráneo -en alusión a la ONU- que nos ha confundido con una republiqueta bananera", llegó a decir el diputado blanco Sergio Botana.
Apelando reiteradamente al ejemplo de la madre que le da una palmada a un chico que está por meter sus dedos en un enchufe eléctrico, los diputados blancos reivindicaron el derecho de los padres a "castigar moderadamente" a los hijos o "darle un tirón de orejas al niño que se porta mal, ¿o acaso ninguno de nosotros lo ha hecho?", dijo el diputado Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95).
"A partir de ahora, ¿seré un delincuente, porque castigo y seguiré castigando a mis hijos? Esta ley limita el poder de los padres y perfora la institución familiar, hoy todos hablan de los derechos de los niños, ¿y sus obligaciones, dónde están?, ¿cuándo va a presentar el gobierno un proyecto de defensa de la familia?", exclamó en un momento del debate el diputado Botana, dejando atónitos a sus propios compañeros de bancada.
Todos castigan
Una investigación del Programa Arco Iris, una entidad uruguaya que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso sexual, destaca que "las expresiones de violencia hacia los chicos atraviesan transversalmente a todas las capas sociales, para incluir por igual a los sectores más cultos o más acaudalados, a los de más bajos niveles de instrucción o a los más postergados en el reparto del ingreso".
Un estudio realizado por la organización Save The Children-Suecia ya había mostrado en el 2005 que "las formas de maltrato a los menores están institucionalizadas en América Latina", y una consulta realizada ese mismo año por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyó que "América Latina es una de las áreas más violentas del mundo y los menores de edad son las víctimas principales".
El 10 de diciembre Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en abolir toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.
La nueva normativa venezolana entiende por castigo físico el "uso de la fuerza con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal" para así modificar el comportamiento de los niños, y por castigo humillante define "cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación" de los menores.
Otras iniciativas legislativas
Días después fue el Congreso de Chile el que empezó a recorrer un camino similar, cuando el 20 de diciembre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dio curso parlamentario a un proyecto que modifica un artículo del Código Civil que permite a los padres "corregir" a sus hijos, estableciendo claramente que dicha facultad excluye todo tipo de castigo físico.
De acuerdo con una investigación de Save de Children-Suecia, con Uruguay y Venezuela, son 18 los países del mundo que protegen a los niños y adolescentes de los abusos de sus mayores, mientras en América Latina y el Caribe en la actualidad sólo Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están desarrollando iniciativas legislativas contra el castigo físico.
UNICEF celebró el paso dado por Uruguay, aunque advirtió que, "si bien es bienvenida, por sí sola la ley no producirá cambios en materia de violencia contra la infancia. Los castigos físicos hablan de falta de autoridad, pero dudo que el Estado pueda decirles a los padres cómo criar a sus hijos", dijo Gimol Pintos, oficial de protección de UNICEF para el Río de la Plata.
Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006- y que el presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del Congreso.
"Sabemos que la peor violencia es invisible y no puede ser regulada por ley, pero creo que hemos avanzado mucho: esta norma tiende a cambiar nuestras cabezas, la suya, la mía, la de todos, la cabeza del mundo adulto, que es la que tiene que cambiar para modificar esta matriz cultural que asocia la educación con los castigos físicos", dijo en medio del debate parlamentario la diputada Nora Castro, del gobernante Frente Amplio.
La ley 18.214, aprobada en noviembre del 2007, consta de sólo tres breves artículos que derogan otros tantos del Código Civil e incorporan al Código de Niñez y Adolescencia un numeral que prohíbe a "padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado o educación de niños, niñas y adolescentes, el uso del castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplinamiento".
El proyecto había sido sancionado por unanimidad por los senadores en agosto del año pasado, pero cuando se abrió el debate entre los diputados, los legisladores del derechista Partido Blanco (Nacional) cambiaron de posición y unificaron el discurso para desacreditar la norma. El Congreso "actúa como sirviente de un ente foráneo -en alusión a la ONU- que nos ha confundido con una republiqueta bananera", llegó a decir el diputado blanco Sergio Botana.
Apelando reiteradamente al ejemplo de la madre que le da una palmada a un chico que está por meter sus dedos en un enchufe eléctrico, los diputados blancos reivindicaron el derecho de los padres a "castigar moderadamente" a los hijos o "darle un tirón de orejas al niño que se porta mal, ¿o acaso ninguno de nosotros lo ha hecho?", dijo el diputado Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95).
"A partir de ahora, ¿seré un delincuente, porque castigo y seguiré castigando a mis hijos? Esta ley limita el poder de los padres y perfora la institución familiar, hoy todos hablan de los derechos de los niños, ¿y sus obligaciones, dónde están?, ¿cuándo va a presentar el gobierno un proyecto de defensa de la familia?", exclamó en un momento del debate el diputado Botana, dejando atónitos a sus propios compañeros de bancada.
Todos castigan
Una investigación del Programa Arco Iris, una entidad uruguaya que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso sexual, destaca que "las expresiones de violencia hacia los chicos atraviesan transversalmente a todas las capas sociales, para incluir por igual a los sectores más cultos o más acaudalados, a los de más bajos niveles de instrucción o a los más postergados en el reparto del ingreso".
Un estudio realizado por la organización Save The Children-Suecia ya había mostrado en el 2005 que "las formas de maltrato a los menores están institucionalizadas en América Latina", y una consulta realizada ese mismo año por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyó que "América Latina es una de las áreas más violentas del mundo y los menores de edad son las víctimas principales".
El 10 de diciembre Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en abolir toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.
La nueva normativa venezolana entiende por castigo físico el "uso de la fuerza con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal" para así modificar el comportamiento de los niños, y por castigo humillante define "cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación" de los menores.
Otras iniciativas legislativas
Días después fue el Congreso de Chile el que empezó a recorrer un camino similar, cuando el 20 de diciembre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dio curso parlamentario a un proyecto que modifica un artículo del Código Civil que permite a los padres "corregir" a sus hijos, estableciendo claramente que dicha facultad excluye todo tipo de castigo físico.
De acuerdo con una investigación de Save de Children-Suecia, con Uruguay y Venezuela, son 18 los países del mundo que protegen a los niños y adolescentes de los abusos de sus mayores, mientras en América Latina y el Caribe en la actualidad sólo Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están desarrollando iniciativas legislativas contra el castigo físico.
UNICEF celebró el paso dado por Uruguay, aunque advirtió que, "si bien es bienvenida, por sí sola la ley no producirá cambios en materia de violencia contra la infancia. Los castigos físicos hablan de falta de autoridad, pero dudo que el Estado pueda decirles a los padres cómo criar a sus hijos", dijo Gimol Pintos, oficial de protección de UNICEF para el Río de la Plata.
LaPress
* Ilustración: search google
Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006- y que el presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del Congreso.
"Sabemos que la peor violencia es invisible y no puede ser regulada por ley, pero creo que hemos avanzado mucho: esta norma tiende a cambiar nuestras cabezas, la suya, la mía, la de todos, la cabeza del mundo adulto, que es la que tiene que cambiar para modificar esta matriz cultural que asocia la educación con los castigos físicos", dijo en medio del debate parlamentario la diputada Nora Castro, del gobernante Frente Amplio.
La ley 18.214, aprobada en noviembre del 2007, consta de sólo tres breves artículos que derogan otros tantos del Código Civil e incorporan al Código de Niñez y Adolescencia un numeral que prohíbe a "padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado o educación de niños, niñas y adolescentes, el uso del castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplinamiento".
El proyecto había sido sancionado por unanimidad por los senadores en agosto del año pasado, pero cuando se abrió el debate entre los diputados, los legisladores del derechista Partido Blanco (Nacional) cambiaron de posición y unificaron el discurso para desacreditar la norma. El Congreso "actúa como sirviente de un ente foráneo -en alusión a la ONU- que nos ha confundido con una republiqueta bananera", llegó a decir el diputado blanco Sergio Botana.
Apelando reiteradamente al ejemplo de la madre que le da una palmada a un chico que está por meter sus dedos en un enchufe eléctrico, los diputados blancos reivindicaron el derecho de los padres a "castigar moderadamente" a los hijos o "darle un tirón de orejas al niño que se porta mal, ¿o acaso ninguno de nosotros lo ha hecho?", dijo el diputado Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95).
"A partir de ahora, ¿seré un delincuente, porque castigo y seguiré castigando a mis hijos? Esta ley limita el poder de los padres y perfora la institución familiar, hoy todos hablan de los derechos de los niños, ¿y sus obligaciones, dónde están?, ¿cuándo va a presentar el gobierno un proyecto de defensa de la familia?", exclamó en un momento del debate el diputado Botana, dejando atónitos a sus propios compañeros de bancada.
Todos castigan
Una investigación del Programa Arco Iris, una entidad uruguaya que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso sexual, destaca que "las expresiones de violencia hacia los chicos atraviesan transversalmente a todas las capas sociales, para incluir por igual a los sectores más cultos o más acaudalados, a los de más bajos niveles de instrucción o a los más postergados en el reparto del ingreso".
Un estudio realizado por la organización Save The Children-Suecia ya había mostrado en el 2005 que "las formas de maltrato a los menores están institucionalizadas en América Latina", y una consulta realizada ese mismo año por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyó que "América Latina es una de las áreas más violentas del mundo y los menores de edad son las víctimas principales".
El 10 de diciembre Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en abolir toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.
La nueva normativa venezolana entiende por castigo físico el "uso de la fuerza con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal" para así modificar el comportamiento de los niños, y por castigo humillante define "cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación" de los menores.
Otras iniciativas legislativas
Días después fue el Congreso de Chile el que empezó a recorrer un camino similar, cuando el 20 de diciembre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dio curso parlamentario a un proyecto que modifica un artículo del Código Civil que permite a los padres "corregir" a sus hijos, estableciendo claramente que dicha facultad excluye todo tipo de castigo físico.
De acuerdo con una investigación de Save de Children-Suecia, con Uruguay y Venezuela, son 18 los países del mundo que protegen a los niños y adolescentes de los abusos de sus mayores, mientras en América Latina y el Caribe en la actualidad sólo Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están desarrollando iniciativas legislativas contra el castigo físico.
UNICEF celebró el paso dado por Uruguay, aunque advirtió que, "si bien es bienvenida, por sí sola la ley no producirá cambios en materia de violencia contra la infancia. Los castigos físicos hablan de falta de autoridad, pero dudo que el Estado pueda decirles a los padres cómo criar a sus hijos", dijo Gimol Pintos, oficial de protección de UNICEF para el Río de la Plata.
Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006- y que el presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del Congreso.
"Sabemos que la peor violencia es invisible y no puede ser regulada por ley, pero creo que hemos avanzado mucho: esta norma tiende a cambiar nuestras cabezas, la suya, la mía, la de todos, la cabeza del mundo adulto, que es la que tiene que cambiar para modificar esta matriz cultural que asocia la educación con los castigos físicos", dijo en medio del debate parlamentario la diputada Nora Castro, del gobernante Frente Amplio.
La ley 18.214, aprobada en noviembre del 2007, consta de sólo tres breves artículos que derogan otros tantos del Código Civil e incorporan al Código de Niñez y Adolescencia un numeral que prohíbe a "padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado o educación de niños, niñas y adolescentes, el uso del castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplinamiento".
El proyecto había sido sancionado por unanimidad por los senadores en agosto del año pasado, pero cuando se abrió el debate entre los diputados, los legisladores del derechista Partido Blanco (Nacional) cambiaron de posición y unificaron el discurso para desacreditar la norma. El Congreso "actúa como sirviente de un ente foráneo -en alusión a la ONU- que nos ha confundido con una republiqueta bananera", llegó a decir el diputado blanco Sergio Botana.
Apelando reiteradamente al ejemplo de la madre que le da una palmada a un chico que está por meter sus dedos en un enchufe eléctrico, los diputados blancos reivindicaron el derecho de los padres a "castigar moderadamente" a los hijos o "darle un tirón de orejas al niño que se porta mal, ¿o acaso ninguno de nosotros lo ha hecho?", dijo el diputado Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95).
"A partir de ahora, ¿seré un delincuente, porque castigo y seguiré castigando a mis hijos? Esta ley limita el poder de los padres y perfora la institución familiar, hoy todos hablan de los derechos de los niños, ¿y sus obligaciones, dónde están?, ¿cuándo va a presentar el gobierno un proyecto de defensa de la familia?", exclamó en un momento del debate el diputado Botana, dejando atónitos a sus propios compañeros de bancada.
Todos castigan
Una investigación del Programa Arco Iris, una entidad uruguaya que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso sexual, destaca que "las expresiones de violencia hacia los chicos atraviesan transversalmente a todas las capas sociales, para incluir por igual a los sectores más cultos o más acaudalados, a los de más bajos niveles de instrucción o a los más postergados en el reparto del ingreso".
Un estudio realizado por la organización Save The Children-Suecia ya había mostrado en el 2005 que "las formas de maltrato a los menores están institucionalizadas en América Latina", y una consulta realizada ese mismo año por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyó que "América Latina es una de las áreas más violentas del mundo y los menores de edad son las víctimas principales".
El 10 de diciembre Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en abolir toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.
La nueva normativa venezolana entiende por castigo físico el "uso de la fuerza con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal" para así modificar el comportamiento de los niños, y por castigo humillante define "cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación" de los menores.
Otras iniciativas legislativas
Días después fue el Congreso de Chile el que empezó a recorrer un camino similar, cuando el 20 de diciembre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dio curso parlamentario a un proyecto que modifica un artículo del Código Civil que permite a los padres "corregir" a sus hijos, estableciendo claramente que dicha facultad excluye todo tipo de castigo físico.
De acuerdo con una investigación de Save de Children-Suecia, con Uruguay y Venezuela, son 18 los países del mundo que protegen a los niños y adolescentes de los abusos de sus mayores, mientras en América Latina y el Caribe en la actualidad sólo Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están desarrollando iniciativas legislativas contra el castigo físico.
UNICEF celebró el paso dado por Uruguay, aunque advirtió que, "si bien es bienvenida, por sí sola la ley no producirá cambios en materia de violencia contra la infancia. Los castigos físicos hablan de falta de autoridad, pero dudo que el Estado pueda decirles a los padres cómo criar a sus hijos", dijo Gimol Pintos, oficial de protección de UNICEF para el Río de la Plata.
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