Señalan débil cobertura y atención
El PANI se queda corto · Debe mejorar la cobertura y eficiencia de atención a los menores de la calle, ya que sus acciones no cumplen con lo prometido.
Karina Alpízar Corella 11 MAR 2008
San José, Costa Rica (prensalibre.co.cr)
Las huellas de la violencia, la soledad, el miedo y la incomprensión marcan la vida de miles de niños y jóvenes que hicieron de las aceras y calles su hogar, para no vivir bajo un techo sin amor en las manos del maltrato. Lo más preocupante es que las acciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) resultan deficientes ante la magnitud del problema, según reveló la Contraloría General de la República (CGR).
La evaluación realizada entre el 1º de setiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007 al “Programa de atención integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo de inminente y mayor condición de vulnerabilidad (PAI)”, permitió descubrir el débil alcance y resultados en cuanto a ofrecer una solución permanente e integral a la población menor de edad con permanencia en calle.
El presidente ejecutivo del PANI, Mario Víquez, reconoció que deben mejorar la capacidad de contención y llevar los servicios de atención a otros sectores del país. Al mismo tiempo, justificó el retorno de los menores a la calle aduciendo que “no es una tarea sencilla y requiere de mucha paciencia para ver resultados”.
Se escapa de las manos
Los albergues transitorios actúan como un espacio temporal de protección con el propósito de restituir y garantizar sus derechos y posibilitar su reubicación en el grupo familiar prioritariamente o, en su defecto, definir otras alternativas de protección, o bien tratamiento especializado.
Existen dos, uno para hombres en La Garita de Alajuela y otro para mujeres en el barrio San José de la misma provincia. El PANI estableció que un menor podrá egresar de los centros solo con la autorización del equipo técnico, el cual realizará un informe psicosocial, donde se deje constancia de que se posibilitó su reubicación en el grupo familiar, o en alguna otra alternativa de protección.
No obstante, la Contraloría encontró que de 70 menores egresados, durante el periodo de estudio un 80% abandonó sin autorización de algún miembro del equipo de
profesionales. De enero a setiembre de 2007 recibieron 97 menores en ambos centros, de los cuales 56 egresaron sin autorización, 14 según las reglas y 27 continuaron recibiendo atención.
LA PRENSA LIBRE preguntó a Mario Víquez cómo superarían el descontrol de los egresos y el irrespeto a las reglas planteadas por la entidad. En ese sentido, reconoció que deben acudir a nuevas acciones que enganchen o motiven a los menores a un cambio de vida desde la primera etapa. En relación con el segundo punto, argumentó que “son albergues y no cárceles, por eso no se pueden retener a la fuerza, de ahí el importante número de egresos”.
Visión nacional
La Contraloría consideró una gran debilidad que el Programa centre su atención en los distritos josefinos y zonas aledañas al cantón central, dejando de lado los servicios para la población en riesgo en otros puntos del país.
En ese sentido, Víquez coincidió con el ente fiscalizador, a la vez que enfatizó la urgencia de establecer los servicios en Puntarenas y Limón, donde existe una cantidad importante de niños y jóvenes en riesgo. Según dijo, para ello el PANI requiere por lo menos ¢300 millones, y sin los recursos, ampliar la cobertura es un asunto complejo, solo trabajando con las oficinas regionales.
Se le consultó por qué en el centro de San José, donde se sabe que radica la gran mayoría de menores, no ven cambios o la presencia del PANI, en lugar de ir a lugares como centros comerciales.
A esto respondió: “Sí los visitamos, pero en muchos casos no responden al perfil de menor para el albergue, porque tiene un grado avanzado de drogadicción o presenta características que le hacen merecer otro tipo de atención. Sobre la continuidad de menores en la calle, lamentablemente tengo que reconocer que no todos se recuperan y es una tarea que demanda meses, e incluso años”, concluyó.
Entre paréntesis
De 70 menores egresados de los únicos dos albergues de atención primaria, un 80% de ellos abandonaron el programa sin autorización del equipo técnico responsable, pese a que es el requisito para su salida. PL
Costa Rica: alarma por aumento de delincuencia juvenil
SAN JOSE 12 MAR 2008 - Autoridades judiciales en Costa Rica manifestaron el miércoles alarma por el incremento de la participación de jóvenes menores de 18 años en delitos contra la vida y utilizando armas de fuego.
La jueza coordinadora penal juvenil de San José, Carmen Eugenia Ureña, destacó que en los dos primeros meses del año fueron detenidos por homicidio seis muchachos de 15 a 18 años de edad, mientras en el 2007 fueron 24 y en el 2006 seis. Antes del 2005 la cantidad "no superaba los tres por año".
No obstante, la cifra crece al sumar otros delitos, como los de tránsito y las contravenciones (entre esos lesiones leves) para un total en el 2006 de 12.027 menores acusados.
"Hace algunos años el agravante de los delitos era la participación de tres personas, por ejemplo, en un robo agravado. Ahora el agravante es la utilización de arma de fuego", destacó Ureña al diario La Nación en su edición de miércoles.
Consideró que los adolescentes desconocen la aplicación en el país de la ley de Justicia Penal Juvenil, que es para los mayores de 12 años, aunque reconoció que la tarea principal debería estar en políticas de prevención.
La institución encargada del tema de niñez y adolescencia en Costa Rica es el Patronato de la Infancia (Pani).
Su presidente ejecutivo, Mario Víquez, dijo a la AP días atrás que el país ha asumido estos temas "con gran seriedad" y destacó que la ley de justicia penal juvenil --creada en 1996-- "ha sido reconocida como una de las más avanzadas de la región".
El funcionario reconoció que las penas asignadas en la ley son "elevadas", con 10 años para los menores de 12 a 15 años, que suben a 15 años de prisión para los jóvenes de 15 a 18 años de edad. Cuando el infractor es menor de 12 años queda a cargo del Pani.
Pero Víquez destacó que el país cuenta con un sistema de penas alternativas y las máximas se aplican en muy raras ocasiones, "por lo que en todo el país lo que tenemos son unos 45 muchachos privados de libertad".
"La represión nunca es el camino, esto hay que atacarlo donde surge, que es el contexto familiar y social", agregó.
Para Silvia Frean, del Area de Protección de la oficina local de Unicef en Costa Rica, en el caso costarricense es preocupante "no solo lo alto de las penas, sino también la edad mínima de imputabilidad penal a los 12 años".
"Centroamérica y México están viviendo un fenómeno de violencia relacionado a la juventud y eso ha llevado a los países a aumentar las penas privativas de libertad como respuesta pero para Unicef eso no es acertado porque no se soluciona el problema", apuntó. AZcentral
El PANI se queda corto · Debe mejorar la cobertura y eficiencia de atención a los menores de la calle, ya que sus acciones no cumplen con lo prometido.
Karina Alpízar Corella 11 MAR 2008
San José, Costa Rica (prensalibre.co.cr)
Las huellas de la violencia, la soledad, el miedo y la incomprensión marcan la vida de miles de niños y jóvenes que hicieron de las aceras y calles su hogar, para no vivir bajo un techo sin amor en las manos del maltrato. Lo más preocupante es que las acciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) resultan deficientes ante la magnitud del problema, según reveló la Contraloría General de la República (CGR).
La evaluación realizada entre el 1º de setiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007 al “Programa de atención integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo de inminente y mayor condición de vulnerabilidad (PAI)”, permitió descubrir el débil alcance y resultados en cuanto a ofrecer una solución permanente e integral a la población menor de edad con permanencia en calle.
El presidente ejecutivo del PANI, Mario Víquez, reconoció que deben mejorar la capacidad de contención y llevar los servicios de atención a otros sectores del país. Al mismo tiempo, justificó el retorno de los menores a la calle aduciendo que “no es una tarea sencilla y requiere de mucha paciencia para ver resultados”.
Se escapa de las manos
Los albergues transitorios actúan como un espacio temporal de protección con el propósito de restituir y garantizar sus derechos y posibilitar su reubicación en el grupo familiar prioritariamente o, en su defecto, definir otras alternativas de protección, o bien tratamiento especializado.
Existen dos, uno para hombres en La Garita de Alajuela y otro para mujeres en el barrio San José de la misma provincia. El PANI estableció que un menor podrá egresar de los centros solo con la autorización del equipo técnico, el cual realizará un informe psicosocial, donde se deje constancia de que se posibilitó su reubicación en el grupo familiar, o en alguna otra alternativa de protección.
No obstante, la Contraloría encontró que de 70 menores egresados, durante el periodo de estudio un 80% abandonó sin autorización de algún miembro del equipo de
profesionales. De enero a setiembre de 2007 recibieron 97 menores en ambos centros, de los cuales 56 egresaron sin autorización, 14 según las reglas y 27 continuaron recibiendo atención.
LA PRENSA LIBRE preguntó a Mario Víquez cómo superarían el descontrol de los egresos y el irrespeto a las reglas planteadas por la entidad. En ese sentido, reconoció que deben acudir a nuevas acciones que enganchen o motiven a los menores a un cambio de vida desde la primera etapa. En relación con el segundo punto, argumentó que “son albergues y no cárceles, por eso no se pueden retener a la fuerza, de ahí el importante número de egresos”.
Visión nacional
La Contraloría consideró una gran debilidad que el Programa centre su atención en los distritos josefinos y zonas aledañas al cantón central, dejando de lado los servicios para la población en riesgo en otros puntos del país.
En ese sentido, Víquez coincidió con el ente fiscalizador, a la vez que enfatizó la urgencia de establecer los servicios en Puntarenas y Limón, donde existe una cantidad importante de niños y jóvenes en riesgo. Según dijo, para ello el PANI requiere por lo menos ¢300 millones, y sin los recursos, ampliar la cobertura es un asunto complejo, solo trabajando con las oficinas regionales.
Se le consultó por qué en el centro de San José, donde se sabe que radica la gran mayoría de menores, no ven cambios o la presencia del PANI, en lugar de ir a lugares como centros comerciales.
A esto respondió: “Sí los visitamos, pero en muchos casos no responden al perfil de menor para el albergue, porque tiene un grado avanzado de drogadicción o presenta características que le hacen merecer otro tipo de atención. Sobre la continuidad de menores en la calle, lamentablemente tengo que reconocer que no todos se recuperan y es una tarea que demanda meses, e incluso años”, concluyó.
Entre paréntesis
De 70 menores egresados de los únicos dos albergues de atención primaria, un 80% de ellos abandonaron el programa sin autorización del equipo técnico responsable, pese a que es el requisito para su salida. PL
Costa Rica: alarma por aumento de delincuencia juvenil
SAN JOSE 12 MAR 2008 - Autoridades judiciales en Costa Rica manifestaron el miércoles alarma por el incremento de la participación de jóvenes menores de 18 años en delitos contra la vida y utilizando armas de fuego.
La jueza coordinadora penal juvenil de San José, Carmen Eugenia Ureña, destacó que en los dos primeros meses del año fueron detenidos por homicidio seis muchachos de 15 a 18 años de edad, mientras en el 2007 fueron 24 y en el 2006 seis. Antes del 2005 la cantidad "no superaba los tres por año".
No obstante, la cifra crece al sumar otros delitos, como los de tránsito y las contravenciones (entre esos lesiones leves) para un total en el 2006 de 12.027 menores acusados.
"Hace algunos años el agravante de los delitos era la participación de tres personas, por ejemplo, en un robo agravado. Ahora el agravante es la utilización de arma de fuego", destacó Ureña al diario La Nación en su edición de miércoles.
Consideró que los adolescentes desconocen la aplicación en el país de la ley de Justicia Penal Juvenil, que es para los mayores de 12 años, aunque reconoció que la tarea principal debería estar en políticas de prevención.
La institución encargada del tema de niñez y adolescencia en Costa Rica es el Patronato de la Infancia (Pani).
Su presidente ejecutivo, Mario Víquez, dijo a la AP días atrás que el país ha asumido estos temas "con gran seriedad" y destacó que la ley de justicia penal juvenil --creada en 1996-- "ha sido reconocida como una de las más avanzadas de la región".
El funcionario reconoció que las penas asignadas en la ley son "elevadas", con 10 años para los menores de 12 a 15 años, que suben a 15 años de prisión para los jóvenes de 15 a 18 años de edad. Cuando el infractor es menor de 12 años queda a cargo del Pani.
Pero Víquez destacó que el país cuenta con un sistema de penas alternativas y las máximas se aplican en muy raras ocasiones, "por lo que en todo el país lo que tenemos son unos 45 muchachos privados de libertad".
"La represión nunca es el camino, esto hay que atacarlo donde surge, que es el contexto familiar y social", agregó.
Para Silvia Frean, del Area de Protección de la oficina local de Unicef en Costa Rica, en el caso costarricense es preocupante "no solo lo alto de las penas, sino también la edad mínima de imputabilidad penal a los 12 años".
"Centroamérica y México están viviendo un fenómeno de violencia relacionado a la juventud y eso ha llevado a los países a aumentar las penas privativas de libertad como respuesta pero para Unicef eso no es acertado porque no se soluciona el problema", apuntó. AZcentral
