ANÁLISIS · ÁLVARO BERMEJO · ESCRITOR
«En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes».
SAN SEBASTIÁN 03 MAR 2008 (DiarioVasco)
A finales del año pasado el llamado violador del Vall d'Hebrón salía de la cárcel tras haber cumplido 16 de los 311 años de su condena, de acuerdo con el Código Penal de 1973, que contemplaba el beneficio penitenciario de la redención de penas por trabajo. No obstante, más que esta notable rebaja penal, la confesión de que este violador reincidente salía de la cárcel sin estar rehabilitado suscitó un debate no sólo social, sino jurídico y médico. La calle era un clamor que pedía para él la cadena perpetua, con la misma fuerza que hoy denuncia la estrepitosa secuencia de despropósitos judiciales en torno al trágico asesinato de la niña de cinco años, Mari Luz Cortés.
En este caso ha fallado todo el sistema judicial español. Una caótica desconexión entre juzgados y Autonomías ha permitido que un psicópata que ya tenía dos condenas por abusos sexuales pendientes de cumplir, siguiera en libertad cinco años después de que cayera sobre él su primera sentencia. Como en el caso del Violador del Vall d'Hebrón, el linchamiento moral se ha bifurcado en dos vectores. Por una parte hacia el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. Por otra, hacia la propia Administración de Justicia, cuya incompetencia también carga con su cuota de responsabilidad ante la muerte de esta pequeña que, de haberse cumplido la ley, se hubiera podido evitar sin necesidad de recurrir a ninguna cadena perpetua.
Llegados a este punto podemos hacer literatura o podemos seguir haciendo periodismo. Ciertamente, la memoria de este país es pródiga en personajes truculentos con los que poblar de pesadillas el imaginario de los niños. No es preciso remitirse a los tiempos del Sacamantecas. El espantoso crimen de las niñas de Alcasser sucedió en 1992, y también entonces nos encontramos con un presunto asesino -Antonio Anglés-, que paseaba generosamente su permiso penitenciario por el pueblo mientras todos los medios de comunicación buscaban al monstruo.
Existe un riesgo evidente en las medidas de resocialización de los presos, que se ensancha con las políticas paralelas de normalización de los psicópatas con tendencias agresivas. Ese riesgo que asumen nuestros sistemas judicial y sanitario, ¿ha de ser soportado en la misma medida por el conjunto de los ciudadanos? La pregunta viene bien para cerrar con ella un reportaje de impacto acerca de Santiago del Valle. Incluso podríamos presentarlo como un remake del personaje que interpreta Javier Bardem en No es país para viejos. Un siniestro pederasta compulsivo que llegó a abusar de su hermana y luego de su propia hija, pero también un sociópata que empapelaba sus ventanas con plásticos para hurtarse a la mirada de sus vecinos, que sentía como una proyección de su conciencia.
No obstante, en lugar de hacer literatura, me van a permitir que les recuerde unos cuantos datos. ¿Sabían que la explotación sexual de niños es el tercer negocio mundial después del tráfico de drogas y de armas? Según la ONG Save the Children, este tráfico genera anualmente unos siete mil millones de dólares de beneficios, muchos de los cuales salen de aquí. Y es que, cada año, cerca de 30.000 españoles practican turismo sexual con niños. Siendo esto así, sorprende menos constatar que nuestro país encabeza la vergonzante nómina europea de consumidores de pornografía infantil, y es el segundo del mundo, sólo superado por EE UU, en redes de pederastas vía internet.
En 2004 una reforma de nuestro Código Penal pasó a considerar delito no sólo la producción y distribución de pornografía infantil, sino también la posesión. Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Tampoco lo está la apología de la pederastia, ni asistir a espectáculos border-line con material sexual de menores.
No es preciso llamarse Santiago del Valle o Antonio Anglés para dejarse caer por esta zona oscura. Los consumidores tipo de este sórdido negocio son en su mayoría varones de entre 30 y 45 años, de nivel económico medio-alto y buena posición social. Probablemente, piensan que no hacen nada malo por asomarse a unas imágenes que ya están colgadas en internet. Se equivocan, o quieren equivocarse. Ellos son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra esos menores -en algunos casos se incluyen imágenes de violaciones de bebés-, y aun desde su casa contribuyen activamente al sostenimiento de estas redes abominables.
Apenas una delgada membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Según estimaciones oficiales, el 30% de los pederastas virtuales terminan poniendo en práctica lo que han visto en sus pantallas, cometiendo una agresión real. Probablemente, Santiago del Valle fue uno de ellos. Pero en un país que figura a la cabeza de Europa en esta aberración, ¿cuántos más se excitan con la posibilidad de asaltar a cualquier Mari Luz cuando se cruzan con ella, en su misma calle, cerca de su propia casa?
La conducta de estos depredadores sexuales disfrazados de ciudadanos normales pone casi siempre a prueba nuestra capacidad de entendimiento. En muchos casos se trata de seres torturados desde su infancia. Pero lo escalofriante es que, en su mayoría, no afectan ningún trastorno evidente. Sin embargo, son capaces de cometer agresiones espeluznantes a sangre fría, que los sitúan en el límite de la experiencia humana.
Aunque tal vez no.
De hecho, el ser humano es el único animal que, impulsado por el deseo de vivenciar su dominio, llega a torturar y matar a sus semejantes sin motivo ni razón. El único que siente satisfacción al hacerlo.
¿Se puede corregir a un degenerado incorregible? Entre aplicarle la cadena perpetua que, además de ser anticonstitucional, supondría una especie de muerte en vida y la inquietante relajación judicial que caracteriza a este país, existen muchas posibilidades de actuación tanto en el terreno policial como en el clínico, sin olvidar la responsabilidad de los tribunales. Pero, en cualquier caso, todas ellas remiten a una siembra de base que comienza por depurar la conciencia social de esta España envenenada de reality shows, que considera la pornografía explícita un signo de modernidad, y la ausencia de controles sobre las actividades que implican a menores un indicador de libertad y tolerancia.
En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes. Una sociedad moderna, mas que con el fomento de botellones y barra libre en todos los órdenes, debe medirse, también, por el grado de tutela y protección que ejerce sobre sus menores.
El primer derecho de los niños no es otro que el derecho mismo a ser niños.
Ningún «respetable ciudadano» tiene derecho alguno a arrebatarles su infancia. Ni hay delito mayor que arrebatar la vida, o tan sólo la inocencia, a un inocente. DIARIO VASCO
Ilustración DV para "No es país para niñas" de ÁLVARO BERMEJO
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EDITORIAL EL PAIS martes 2 de abril de 2008
MADRID 02/04/2008
El error judicial que permitió a Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, seguir en libertad tras la condena por abusos sexuales a su propia hija es de tal calibre que ningún poder del Estado puede dejar de sentirse concernido. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia estaban obligados, incluso si no se lo hubiera pedido el padre de la niña, a dar garantías de que se "llegará al fondo" en la investigación de la cadena de errores que precedieron a su asesinato. Y no menos obligado a ello estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, de quien depende directamente la inspección de los jueces y en buena medida el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.
Que el conjunto de poderes e instituciones del Estado se sientan interpelados no puede llevar, sin embargo, a una dilución de responsabilidades, de modo que todo quede en una especie de Fuenteovejuna en el que por ser todos culpables en abstracto, nadie lo sea concretamente. Pero sí hay personas e instituciones responsables de graves errores judiciales.
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial decidió extender la investigación al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su hija, y no sólo al titular del juzgado que no la ejecutó. Es sobre todo en el ámbito del sistema judicial donde deben buscarse los responsables directos del desaguisado, más allá de los discursos recurrentes sobre la falta de medios en la justicia.
Lo que se echa en falta en la cadena de errores que lleva a que Santiago del Valle siga en libertad tras su condena es la más elemental diligencia y atención a sus obligaciones por parte de los jueces intervinientes en el proceso. Y roza la desfachatez que el juez encargado de hacer ejecutar la condena contra Del Valle pretenda derivar la culpabilidad de su negligencia hacia una funcionaria en baja laboral, olvidando que, como titular del juzgado, es a él a quien corresponde garantizar su correcto funcionamiento.
Pero esa responsabilidad alcanza también de manera directa al Consejo General del Poder Judicial, encargado de vigilar y en su caso sancionar "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas". La inspección llevada a cabo hace apenas cuatro meses en el juzgado en cuestión fue incapaz de detectar el terrible fallo que se cometía en esos momentos.
Alguien del Consejo tendría que responder de ese incomprensible resultado, que demuestra que además de los jueces fallaron los mecanismos de control. Pero no hay visos de asunción de responsabilidad institucional alguna por parte de un Consejo que en su anómalo mandato -casi 17 meses en funciones- ha mostrado tanto interés por el matrimonio homosexual o por el Estatuto catalán y tan poco por el buen funcionamiento de la justicia. EL PAIS
«En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes».
SAN SEBASTIÁN 03 MAR 2008 (DiarioVasco)
A finales del año pasado el llamado violador del Vall d'Hebrón salía de la cárcel tras haber cumplido 16 de los 311 años de su condena, de acuerdo con el Código Penal de 1973, que contemplaba el beneficio penitenciario de la redención de penas por trabajo. No obstante, más que esta notable rebaja penal, la confesión de que este violador reincidente salía de la cárcel sin estar rehabilitado suscitó un debate no sólo social, sino jurídico y médico. La calle era un clamor que pedía para él la cadena perpetua, con la misma fuerza que hoy denuncia la estrepitosa secuencia de despropósitos judiciales en torno al trágico asesinato de la niña de cinco años, Mari Luz Cortés.
En este caso ha fallado todo el sistema judicial español. Una caótica desconexión entre juzgados y Autonomías ha permitido que un psicópata que ya tenía dos condenas por abusos sexuales pendientes de cumplir, siguiera en libertad cinco años después de que cayera sobre él su primera sentencia. Como en el caso del Violador del Vall d'Hebrón, el linchamiento moral se ha bifurcado en dos vectores. Por una parte hacia el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. Por otra, hacia la propia Administración de Justicia, cuya incompetencia también carga con su cuota de responsabilidad ante la muerte de esta pequeña que, de haberse cumplido la ley, se hubiera podido evitar sin necesidad de recurrir a ninguna cadena perpetua.
Llegados a este punto podemos hacer literatura o podemos seguir haciendo periodismo. Ciertamente, la memoria de este país es pródiga en personajes truculentos con los que poblar de pesadillas el imaginario de los niños. No es preciso remitirse a los tiempos del Sacamantecas. El espantoso crimen de las niñas de Alcasser sucedió en 1992, y también entonces nos encontramos con un presunto asesino -Antonio Anglés-, que paseaba generosamente su permiso penitenciario por el pueblo mientras todos los medios de comunicación buscaban al monstruo.
Existe un riesgo evidente en las medidas de resocialización de los presos, que se ensancha con las políticas paralelas de normalización de los psicópatas con tendencias agresivas. Ese riesgo que asumen nuestros sistemas judicial y sanitario, ¿ha de ser soportado en la misma medida por el conjunto de los ciudadanos? La pregunta viene bien para cerrar con ella un reportaje de impacto acerca de Santiago del Valle. Incluso podríamos presentarlo como un remake del personaje que interpreta Javier Bardem en No es país para viejos. Un siniestro pederasta compulsivo que llegó a abusar de su hermana y luego de su propia hija, pero también un sociópata que empapelaba sus ventanas con plásticos para hurtarse a la mirada de sus vecinos, que sentía como una proyección de su conciencia.
No obstante, en lugar de hacer literatura, me van a permitir que les recuerde unos cuantos datos. ¿Sabían que la explotación sexual de niños es el tercer negocio mundial después del tráfico de drogas y de armas? Según la ONG Save the Children, este tráfico genera anualmente unos siete mil millones de dólares de beneficios, muchos de los cuales salen de aquí. Y es que, cada año, cerca de 30.000 españoles practican turismo sexual con niños. Siendo esto así, sorprende menos constatar que nuestro país encabeza la vergonzante nómina europea de consumidores de pornografía infantil, y es el segundo del mundo, sólo superado por EE UU, en redes de pederastas vía internet.
En 2004 una reforma de nuestro Código Penal pasó a considerar delito no sólo la producción y distribución de pornografía infantil, sino también la posesión. Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Tampoco lo está la apología de la pederastia, ni asistir a espectáculos border-line con material sexual de menores.
No es preciso llamarse Santiago del Valle o Antonio Anglés para dejarse caer por esta zona oscura. Los consumidores tipo de este sórdido negocio son en su mayoría varones de entre 30 y 45 años, de nivel económico medio-alto y buena posición social. Probablemente, piensan que no hacen nada malo por asomarse a unas imágenes que ya están colgadas en internet. Se equivocan, o quieren equivocarse. Ellos son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra esos menores -en algunos casos se incluyen imágenes de violaciones de bebés-, y aun desde su casa contribuyen activamente al sostenimiento de estas redes abominables.
Apenas una delgada membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Según estimaciones oficiales, el 30% de los pederastas virtuales terminan poniendo en práctica lo que han visto en sus pantallas, cometiendo una agresión real. Probablemente, Santiago del Valle fue uno de ellos. Pero en un país que figura a la cabeza de Europa en esta aberración, ¿cuántos más se excitan con la posibilidad de asaltar a cualquier Mari Luz cuando se cruzan con ella, en su misma calle, cerca de su propia casa?
La conducta de estos depredadores sexuales disfrazados de ciudadanos normales pone casi siempre a prueba nuestra capacidad de entendimiento. En muchos casos se trata de seres torturados desde su infancia. Pero lo escalofriante es que, en su mayoría, no afectan ningún trastorno evidente. Sin embargo, son capaces de cometer agresiones espeluznantes a sangre fría, que los sitúan en el límite de la experiencia humana.
Aunque tal vez no.
De hecho, el ser humano es el único animal que, impulsado por el deseo de vivenciar su dominio, llega a torturar y matar a sus semejantes sin motivo ni razón. El único que siente satisfacción al hacerlo.
¿Se puede corregir a un degenerado incorregible? Entre aplicarle la cadena perpetua que, además de ser anticonstitucional, supondría una especie de muerte en vida y la inquietante relajación judicial que caracteriza a este país, existen muchas posibilidades de actuación tanto en el terreno policial como en el clínico, sin olvidar la responsabilidad de los tribunales. Pero, en cualquier caso, todas ellas remiten a una siembra de base que comienza por depurar la conciencia social de esta España envenenada de reality shows, que considera la pornografía explícita un signo de modernidad, y la ausencia de controles sobre las actividades que implican a menores un indicador de libertad y tolerancia.
En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes. Una sociedad moderna, mas que con el fomento de botellones y barra libre en todos los órdenes, debe medirse, también, por el grado de tutela y protección que ejerce sobre sus menores.
El primer derecho de los niños no es otro que el derecho mismo a ser niños.
Ningún «respetable ciudadano» tiene derecho alguno a arrebatarles su infancia. Ni hay delito mayor que arrebatar la vida, o tan sólo la inocencia, a un inocente. DIARIO VASCO
Ilustración DV para "No es país para niñas" de ÁLVARO BERMEJOrelacionado
EDITORIAL EL PAIS martes 2 de abril de 2008
Hay responsables
La Audiencia de Sevilla tardó 31 meses en redactar la sentencia de Del ValleMADRID 02/04/2008
El error judicial que permitió a Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, seguir en libertad tras la condena por abusos sexuales a su propia hija es de tal calibre que ningún poder del Estado puede dejar de sentirse concernido. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia estaban obligados, incluso si no se lo hubiera pedido el padre de la niña, a dar garantías de que se "llegará al fondo" en la investigación de la cadena de errores que precedieron a su asesinato. Y no menos obligado a ello estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, de quien depende directamente la inspección de los jueces y en buena medida el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.
Que el conjunto de poderes e instituciones del Estado se sientan interpelados no puede llevar, sin embargo, a una dilución de responsabilidades, de modo que todo quede en una especie de Fuenteovejuna en el que por ser todos culpables en abstracto, nadie lo sea concretamente. Pero sí hay personas e instituciones responsables de graves errores judiciales.
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial decidió extender la investigación al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su hija, y no sólo al titular del juzgado que no la ejecutó. Es sobre todo en el ámbito del sistema judicial donde deben buscarse los responsables directos del desaguisado, más allá de los discursos recurrentes sobre la falta de medios en la justicia.
Lo que se echa en falta en la cadena de errores que lleva a que Santiago del Valle siga en libertad tras su condena es la más elemental diligencia y atención a sus obligaciones por parte de los jueces intervinientes en el proceso. Y roza la desfachatez que el juez encargado de hacer ejecutar la condena contra Del Valle pretenda derivar la culpabilidad de su negligencia hacia una funcionaria en baja laboral, olvidando que, como titular del juzgado, es a él a quien corresponde garantizar su correcto funcionamiento.
Pero esa responsabilidad alcanza también de manera directa al Consejo General del Poder Judicial, encargado de vigilar y en su caso sancionar "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas". La inspección llevada a cabo hace apenas cuatro meses en el juzgado en cuestión fue incapaz de detectar el terrible fallo que se cometía en esos momentos.
Alguien del Consejo tendría que responder de ese incomprensible resultado, que demuestra que además de los jueces fallaron los mecanismos de control. Pero no hay visos de asunción de responsabilidad institucional alguna por parte de un Consejo que en su anómalo mandato -casi 17 meses en funciones- ha mostrado tanto interés por el matrimonio homosexual o por el Estatuto catalán y tan poco por el buen funcionamiento de la justicia. EL PAIS
