Los muchachos mexicanos están siendo maltratados entre el silencio
Sus compañeros, familiares o maestros suelen ser los ofensores, y la marginación aumenta la vulnerabilidad de los menores
· El problema está ubicado; es hora de la prevención, según especialistas
ELIA BALTAZAR 07 ABR 2008 MÉXICO (Excelsior OL)
Entre la infancia y la juventud se abre un abismo: se llama adolescencia y de ella casi nadie sale ileso. Mucho menos los muchachos que, en este momento de su vida, enfrentan la violencia.
De tan común, pasa inadvertida para casi todos. Pero forma parte de la vida de miles de niños y jóvenes de entre 12 y 17 años, que aprenden a sobrellevarla, soportarla, en cualquiera de sus escenarios: la casa, la escuela y la calle.
Sus víctimas se cuentan en miles, pero ni siquiera hay un número exacto de los adolescentes víctimas de violencia y maltrato.
El cálculo aproximado es escandaloso: uno de cada diez menores padece cualquier forma de violencia, pero sólo uno de cada 100 recibirá atención, afirma Arturo Loredo-Abdalá, director de la Clínica de Atención al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría (INP).
Esos muchachos llegarán a la juventud y la vida adulta con una historia de maltrato a cuestas, y de nadie habrán recibido ayuda.
Es tan grave el impacto emocional, económico y social del maltrato infantil y adolescente, que desde 1999 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como un problema de salud pública, esto es, que nadie está salvo, que su recurrencia tiene efectos en la sociedad y que urgen políticas públicas para enfrentarlo.
Sorprende saber los muchos métodos de la violencia contra los adolescentes, a quienes la UNICEF ha clasificado como aquella población entre los 12 y 17 años, y que en México suma aproximadamente 13 millones.
Los hay víctimas de abuso sexual, maltrato físico o sicológico y por negliencia, como en el caso de los niños de la calle. O de fenómenos poco conocidos como el síndrome de Munchausen (dañar a los niños para llamar la atención).
La clasificación de la Clínica de Atención al Niño Maltratado incluye también a los menores migrantes y trabajadores, y a aquellos que sufren bullying, como se conoce el fenómeno de la violencia entre iguales, es decir, la que ejercen conoce el fenómeno de la violencia entre iguales, es decir, la que ejercen principalmente adolescentes contra adolescentes.
En cualquiera de sus manifestaciones, el abuso y maltrato que sufren los adolescentes se diluye, la mayoría de las veces, en el silencio, sea de la familia o de ellos mismos. Por miedo o vergüenza, como ocurre en los casos de víctimas de bullying. Aunque en este último ocurre también que la víctima no se reconoce como tal, no habla de ello, y no se reconoce en el ámbito escolar.
“Los adolescentes lo toman como algo normal, con resignación, como si se tratara de una broma que deberán aguantar, cuando en realidad es mucho más grave y sus efectos van más allá que una simple broma”, explican Marina Giangiacomo y Alberto Mohadeb, sicólogos y terapeutas dedicados a atender problemas de bullying en colegios privados, a través de su instituto Vivenciando.
Ninguna de las formas de violencia contra los adolescentes es desconocida. Pero sí son distintas las reacciones que la gente experimenta frente a cada una de ellas.
Ante el abuso sexual, el maltrato físico o sicológico, la condena es unánime. Pero poco se hace frente a casos de síndrome de Munchausen, porque ni siquiera son conocidos, y mucho menos detectados, puesto que en estos casos el muchacho es víctima de sus propios familiares.
En el caso del bullying, sin embargo, la mayor parte de la sociedad ni siquiera lo advierte como un problema de maltrato y abuso. No sólo es violencia física, sino también emocional, e involucra burlas, exclusión, marginación y discriminación.
Este rechazo, en sí, es una manifestación de la violencia, dice el director general de Programa Educativos y Divulgación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, José Luis Gutiérrez Espíndola.
“La discriminación es un fenómeno tan generalizado en la sociedad mexicana que termina trasminando en todos los espacios sociales y las escuelas no son excepción. Allí la discriminación se refleja, incluso, con mucha más virulencia”, explica.
En el mejor de los casos, el adolescente víctima de discriminación padecerá el aislamiento; en el peor, todo tipo de agresiones, afirma.
Que lance la primera piedra quien transitó por la secundaria libre de burlas. Casi nadie. Porque todos, alguna vez, fuimos víctimas de algún tipo de abuso en la escuela por parte de nuestros propios compañeros y vemos esta conducta como una experiencia normal, como algo propio de la adolescencia. Algo así como una prueba necesaria de supervivencia.
“Ha estado naturalizado, como todos los otros tipos de violencia, como la de género: no es que antes las mujeres no fueran golpeadas, sino que de eso no se hablaba”, explican Marina Giangiacomo y Alberto Mohadeb.
“Son situaciones que han pasado siempre, pero el contexto ya es otro y pretendemos que ya no se tolere. Al menos es un adelanto que se considere como violencia, y no sólo lo veamos como cosa de chicos”, aseguran los sicólogos.
Siempre se espera que sea una situación transitoria, que “sólo dure este curso”, pero puede no serlo, advierte Loredo-Abdalá, director de la Clínica de Atención al Niño Maltratado.
Tal como lo explica el especialista, el bullying bien puede ser visto como una puesta en escena: hay dos personajes, que son la víctima y el agresor, y un grupo de espectadores, que a veces son utilizados por el agresor para herir al compañero.
El agresor es un personaje ambivalente, explica: puede agredir verbal, emocional o físicamente a su compañero, pero también se hace cargo de que los otros actúen de la misma manera.
El papel de los espectadores es muy pasivo, aunque saben que está ocurriendo una agresión y en algunos casos no están de acuerdo. Sin embargo, no intervienen para evitar que luego ellos puedan ser las víctimas.
También involucra factores como el poder y la superioridad, explican Marina Giangiacomo y Alberto Mohadeb.
“Hay un chico que se siente superior a otro y ejerce su superioridad frente a los demás, mientras la víctima no tiene herramientas, mecanismos para defenderse. Los terceros, los testigos, callan porque pueden sentirse intimidados por el agresor, o son cómplices de éste y se ríen por lo que hace. De este modo, el agresor se siente retroalimentado por sus actos”, explican.
Como sea, se trata de un asunto más grave de lo que se piensa, afirma Alberto Loredo- Abdalá: deja secuelas profundas en la salud física y emocional del menor, lo hace propenso a la depresión y el asilamiento y, por ende, presa fácil del consumo de drogas y alcohol. “Puede provocar disminución del rendimiento escolar, deserción y llegar hasta el intento suicida. Y ahora sabemos también que la obesidad, la falta de apetito, las pesadillas y el insomnio también pueden ser síntomas de algún trastorno emocional provocado por algún tipo de abuso como bullying”, afirma el especialista.
Estos síntomas, sin embargo, siempre pueden confundirse o minimizarse si los padres no ponen atención o recurren con un médico poco familiarizado con el tema, advierte.
Si esto ocurre, el diagnóstico será equivocado y se atribuirán los problemas a otras razones, y, lo que es peor aún, sin preguntarle al muchacho, dice.
“El diagnóstico será equivocado y el adolescente no recibirá la terapia específica, la estrategia de atención que requiere”, puntualiza.
Las consecuencias pueden ser de largo plazo, porque la violencia, además de afectar profundamente la autoestima y la capacidad de relación con los otros, siempre repercutirá en el rendimiento escolar de los adolescentes y, en consecuencia, en su posibilidades a futuro.
Una encuesta elaborada en 2006 por los investigadores María Cristina Montaño y Fernando Figueroa para la organización MUND América, que tuvo como propósito conocer las razones de la deserción escolar en el Distrito Federal, detectó que uno de los motivos de los estudiantes de secundaria para dejar la escuela eran las burlas y los insultos, tanto de otros estudiantes como de sus maestros.
Estos adolescentes perciben un ambiente difícil y hasta hostil. “Comparten la sensación de que están marcados para desertar y eventualmente lo harán en realidad”, se apunta en el estudio.
La encuesta advirtió entonces que 14.1% de los menores entrevistados para el estudio había pensado dejar la escuela o la iba a dejar por violencia de grupos y otro 11.2% por la violencia o la intimidación de sus maestros.
El estudio se realizó en secundarias públicas de las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, donde la mayor parte los adolescentes aseguró que, frente al maltrato, prefería callar.
El resultado: confusión emocional. Ante los actos de violencia hacia ellos o sus compañeros, 40% respondió: “me siento mal, con coraje, con enojo”. Otro 19% afirmó que sentía impotencia, frustración o miedo. El sentimiento de venganza se despertó en 17%, mientras 14.9% dijo que sentía tristeza, depresión o humillación. Y hubo otro 3.2% que admitió llorar.
Recientemente, jóvenes emos fueron golpeados por otros muchachos en Querétaro, Pachuca y el Distrito Federal. Estos ataques obligan a prestar atención a los fenómenos de discriminación y violencia, advierte Elena Azaola, doctora en antropología social, sicoanalista e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Nadie ha puesto atención a la violencia contra y entre adolescentes, porque lo más fácil es criminalizar el comportamiento de los jóvenes o identificarlo como un asunto aislado, coyuntural, entre tribus, grupos o pandillas, a riesgo de estigmatizarlos, dice.
Estos episodios deberían llamar la atención de las autoridades, las instituciones y la sociedad toda, acerca de la poca comprensión de los adolescentes, su realidad y las circunstancias de violencia y exclusión que enfrentan, dice Azaola.
“Hay instituciones para niños, para jóvenes, pero de los adolescentes nadie se acuerda y son un sector muy vulnerable”, afirma la especialista.
Es en esa etapa, entre los 12 y los 17 años (si no es que antes), los menores tienen su primer contacto con el tabaco, el alcohol y las drogas, según todas las encuestas sobre adicciones.
Se inician también las experiencias sexuales y el riesgo de embarazo, que es regular si consideramos que uno de cada seis nacimientos en el país ocurren en mujeres menores de 19 años, de acuerdo con las cifras del sector salud.
A la turbulencia de los cambios en la adolescencia se suman, además, circunstancias de pobreza y exclusión, que aumentan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de los adolescentes. Y no son pocos los menores que se encuentran en esta circunstancia en México.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, uno de cada cinco adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. Uno de cada tres no tiene ingresos que le permitan estudiar y siete millones, que representan más de la mitad del total de adolescentes, son pobres de patrimonio, es decir, que no cuentan con los medios necesarios para gozar de una vida digna y cubrir el costo de vestido, calzado, vivienda, energía eléctrica y combustible o transporte público.
Para la especialista Elena Azaola, estas condiciones de exclusión y pobreza son tierra fértil para la violencia y la discriminación y factor que potencia la conformación de tribus y pandillas.
Al menos en esos grupos los adolescentes se sienten arropados al sentir que forman parte de una colectividad y reafirman su ser: crean códigos de lealtad y entre ellos se protegen del mundo exterior, que perciben hostil, con lo que juntos enfrentan la discriminación y la exclusión.
Sin embargo, hay miles de jóvenes que afrontan el maltrato y la discriminación solos y en silencio.
“Ya tenemos ubicado el problema, ahora hay que comenzar a prevenir para evitar que se sigan suscitando episodios de violencia tan fuertes entre los adolescentes”, afirma Marina Giangiacomo.
EXCELSIOR exonline
Elia Baltazar 08 ABR 2008 MÉXICO (Excelsior OL)
La Secretaría de Educación Pública anunciará en breve el nuevo programa integral de formación cívica y ética para primaria y secundaria, que busca enfrentar la violencia y la discriminación en las escuelas.
Con la asesoría del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este programa introducirá en la formación académica de niños y adolescentes temas como la equidad de género y el respeto a la diversidad.
El propósito es educar a los menores para la pluralidad y el respeto, dentro del nuevo esquema de competencias que ha puesto en marcha la SEP, explica José Luis Gutiérrez Espíndola, director general de Programas Educativos y Divulgación de la Conapred: “Es un logro muy importante. Entiendo que en los próximos días este programa se publicará en el Diario Oficial de la Federación para anunciar su entrada en vigor en el siguiente ciclo escolar, en agosto, después de salvar varios obstáculos”.
La SEP también se comprometió, en septiembre pasado, a aplicar una encuesta sobre discriminación y violencia en las escuelas. Firmó un convenio con el Conapred para involucrarlo en la reforma de los contenidos de educación cívica y ética, y en los métodos para aplicar esos contenidos.
“Le tomamos la palabra y de inmediato comenzamos a trabajar con la Unidad de Planeación de la SEP. Actualmente desarrollamos los instrumentos que nos permitirán —espero que este mismo año— arrancar con este proyecto”, dice Gutiérrez Espíndola.
Por ahora, ya cuentan con el diseño de un primer cuestionario, “que nos permitirá acercarnos al tipo de información que deseamos para desarrollar, con bases más firmes, políticas muy claras contra la discriminación y la violencia en las escuelas, porque no todo es contenido”.
El Conapred no partirá de cero. En 2006, el Instituto Nacional de Estudios para la Educación (INEE) llevó a cabo un diagnóstico que presentó al año siguiente y cuyos resultados arrojan luz sobre las agresiones y la exclusión en los centros escolares.
El estudio elaborado por el INEE se titula “Violencia y disciplina en escuelas primarias y secundarias”, y analizó la violencia que sufren y ejercen los estudiantes de 20 escuelas de primaria y secundaria en el país.
Coordinado por la directora de Educación del INEE, Guadalupe Ruiz Cuéllar, el trabajo tuvo como base una encuesta aplicada a los estudiantes para explorar tres facetas del fenómeno de la violencia: la ejercida y la recibida por los alumnos, tanto desde su propia perspectiva como desde la de sus profesores; el consumo de sustancias nocivas a la salud entre los estudiantes y el sistema de disciplina en los planteles.
De acuerdo con la encuesta, 84.4% de los alumnos de secundaria aseguró que había sido víctima de algún acto de violencia en diferente grado, como el robo de alguna de sus pertenencias o de dinero (43.6%), la agresión física (14.1%), las burlas (13.6%) y las amenazas (13.1%).
En el otro extremo, sólo 26.5% de los alumnos admitió haber participado en algún acto de violencia en la escuela, como peleas (11.1%), daño al inmueble, equipo o mobiliario escolar (7.3%), intimidación y amenazas contra compañeros (6.8%) y robo en el plantel escolar (1.3%).
Sobre esta diferencia entre los porcentajes de adolescentes que se admiten agresores y los que se confiesan víctimas, el estudio apunta: “No tendría por qué haber una correspondencia estrecha entre ambas situaciones, pues un solo agresor puede victimar a varios, y cabe suponer una mayor renuencia a reconocer la participación en actos de trasgresión de las normas que a ser objeto de ellos”.
La mayor violencia entre alumnos y “faltas de respecto” hacia los maestros ocurren en las escuelas privadas, donde se aplica el mayor número de sanciones. No obstante, los maestros de las escuelas públicas y técnicas perciben más los actos de violencia que los profesores de los colegios privados.
También llama la atención de los investigadores que los alumnos de los planteles particulares son quienes “en mayor proporción aceptan que han consumido alcohol alguna vez, mientras que para sus maestros el fenómeno es prácticamente inexistente”.
Estos resultados sugieren, se apunta en el estudio, que “la manifestación de conductas agresivas por parte de los alumnos no está vinculada con una condición socioeconómica particular o con un capital cultural específico, aunque evidentemente es necesario profundizar en la investigación al respecto”.
De la encuesta también se obtuvieron los perfiles del estudiante agresor y de quien es víctima. Advierte que los adolescentes involucrados en actos de violencia son, en su mayoría, hombres, de mayor edad en relación con su grupo y con una trayectoria escolar irregular y poco exitosa.
También son varones la mayor parte de los adolescentes víctimas de algún acto de violencia, en cualquiera de sus modalidades, así como aquellos que presentan “alguna condición personal desfavorable (como dificultades para desplazarse, ver u oír)”.
Esto sugiere condiciones “potencialmente desfavorables” para el aprendizaje de estos muchachos y evidencia que existe poca aceptación y comprensión hacia las diferencias por parte de quienes no se encuentran en situación de desventaja, se advierte.
A pesar de los datos que arroja, las conclusiones del estudio llaman a la calma, pues “la magnitud de las manifestaciones de violencia en las instituciones educativas mexicanas es relativamente baja y se ajusta a los rangos registrados en otros estudios, tanto nacionales como de otros países”.
En el Conapred son menos optimistas. Al menos en lo que se refiere a la discriminación en las escuelas, donde se presentan casos muy graves.
Cuentan entre ellos los casos de padres de familia o menores que son portadores de VIH, a quienes han llegado a expulsar de las escuelas por esta razón.
También están los casos de quienes son testigos de Jehová y que por sus creencias se niegan a participar en las ceremonias cívicas.
Frente a esta situación, “nosotros nos adherimos a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se asienta que en estos casos lo que prevalece es el respeto a la convicción religiosa de la persona”, explica Gutiérrez Espíndola.
En contraste, también relata el caso de una escuela judía de Guadalajara, que decidió permitir el ingreso de menores que no profesan esa religión.
“Hubo conflictos entre los estudiantes, pues los menores de la comunidad original no aceptaban a los otros, de allí que recurrieron a nosotros para intervenir”, asienta.
Para José Luis Gutiérrez, estos ejemplos —entre muchos que conocen— evidencian la persistencia de la discriminación en las escuelas. Por esta razón, arguye, no se puede dejar de ver a la exclusión como una forma de violencia, que a su vez implica el fracaso mismo de la escuela. “La presencia de discriminación en la escuela, condenable de suyo, se convierte en un elemento que impide a un niño educarse cabalmente, pues un menor que es discriminado dedica sus energías a defenderse de la violencia, en lugar de canalizarlas a su aprendizaje”, advierte.
Esos efectos obligan a considerar el problema como una prioridad. “Lamentablemente, hay muchos casos de agresiones entre alumnos, ante los cuales la escuela, si no es complaciente, por lo menos sí es indiferente, ya sea porque piensa que no le toca hacerse cargo de esos asuntos o no sabe cómo entrarle”, dice.
Con él coinciden los terapeutas y especialistas en violencia escolar Marina Giangiacomo y Alberto Mohabed, del instituto Vivenciando.
Afirman que al silencio de los alumnos que no se aceptan víctimas de violencia se suman la indiferencia de los maestros y autoridades escolares, que no hacen más que alimentar y perpetuar el ciclo de indiferencia e impunidad.
“Se trata de que toda la comunidad educativa sepa qué es violencia y todos puedan intervenir”, afirman.
De allí la preocupación del Conapred por atender el tema de la capacitación de los maestros, de cara a la próxima puesta en marcha del nuevo programa de educación cívica y ética.
“No basta que entre en vigor un programa para que se aplique al ciento por ciento. Hay que capacitar a los maestros, sensibilizarlos, porque parece a veces que están a prueba de todo tipo de reformas: les llega un nuevo programa y ellos siguen enseñando como antes”, afirma Gutiérrez Espíndola.
“Hay que incidir en la formación del profesor desde la Escuela Normal, para dotarlo de herramientas teóricas y conceptuales, así como de práctica, para enfrentar estos problemas”, dice.
Su papel, insisten Giangiacomo y Mohadeb, es fundamental, pues nadie mejor que ellos para intervenir en los casos de violencia, desde su papel de terceros.
Los maestros pueden detener al agresor, hablar con él y ayudar a la víctima, rescatándola para colocarla en el nivel de los otros compañeros, dicen.
Sicólogos, autoridades y terapeutas se suman a los padres en la cruzada por entender y afrontar las agresiones que los muchachos sufren... y perpetran
La Secretaría de Educación Pública anunciará en breve el nuevo programa integral de formación cívica y ética para primaria y secundaria, que busca enfrentar la violencia y la discriminación en las escuelas.
Con la asesoría del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este programa introducirá en la formación académica de niños y adolescentes temas como la equidad de género y el respeto a la diversidad.
El propósito es educar a los menores para la pluralidad y el respeto, dentro del nuevo esquema de competencias que ha puesto en marcha la SEP, explica José Luis Gutiérrez Espíndola, director general de Programas Educativos y Divulgación de la Conapred: “Es un logro muy importante. Entiendo que en los próximos días este programa se publicará en el Diario Oficial de la Federación para anunciar su entrada en vigor en el siguiente ciclo escolar, en agosto, después de salvar varios obstáculos”.
La SEP también se comprometió, en septiembre pasado, a aplicar una encuesta sobre discriminación y violencia en las escuelas. Firmó un convenio con el Conapred para involucrarlo en la reforma de los contenidos de educación cívica y ética, y en los métodos para aplicar esos contenidos.
“Le tomamos la palabra y de inmediato comenzamos a trabajar con la Unidad de Planeación de la SEP. Actualmente desarrollamos los instrumentos que nos permitirán —espero que este mismo año— arrancar con este proyecto”, dice Gutiérrez Espíndola.
Por ahora, ya cuentan con el diseño de un primer cuestionario, “que nos permitirá acercarnos al tipo de información que deseamos para desarrollar, con bases más firmes, políticas muy claras contra la discriminación y la violencia en las escuelas, porque no todo es contenido”.
El Conapred no partirá de cero. En 2006, el Instituto Nacional de Estudios para la Educación (INEE) llevó a cabo un diagnóstico que presentó al año siguiente y cuyos resultados arrojan luz sobre las agresiones y la exclusión en los centros escolares.
El estudio elaborado por el INEE se titula “Violencia y disciplina en escuelas primarias y secundarias”, y analizó la violencia que sufren y ejercen los estudiantes de 20 escuelas de primaria y secundaria en el país.
Coordinado por la directora de Educación del INEE, Guadalupe Ruiz Cuéllar, el trabajo tuvo como base una encuesta aplicada a los estudiantes para explorar tres facetas del fenómeno de la violencia: la ejercida y la recibida por los alumnos, tanto desde su propia perspectiva como desde la de sus profesores; el consumo de sustancias nocivas a la salud entre los estudiantes y el sistema de disciplina en los planteles.
De acuerdo con la encuesta, 84.4% de los alumnos de secundaria aseguró que había sido víctima de algún acto de violencia en diferente grado, como el robo de alguna de sus pertenencias o de dinero (43.6%), la agresión física (14.1%), las burlas (13.6%) y las amenazas (13.1%).
En el otro extremo, sólo 26.5% de los alumnos admitió haber participado en algún acto de violencia en la escuela, como peleas (11.1%), daño al inmueble, equipo o mobiliario escolar (7.3%), intimidación y amenazas contra compañeros (6.8%) y robo en el plantel escolar (1.3%).
Sobre esta diferencia entre los porcentajes de adolescentes que se admiten agresores y los que se confiesan víctimas, el estudio apunta: “No tendría por qué haber una correspondencia estrecha entre ambas situaciones, pues un solo agresor puede victimar a varios, y cabe suponer una mayor renuencia a reconocer la participación en actos de trasgresión de las normas que a ser objeto de ellos”.
La mayor violencia entre alumnos y “faltas de respecto” hacia los maestros ocurren en las escuelas privadas, donde se aplica el mayor número de sanciones. No obstante, los maestros de las escuelas públicas y técnicas perciben más los actos de violencia que los profesores de los colegios privados.
También llama la atención de los investigadores que los alumnos de los planteles particulares son quienes “en mayor proporción aceptan que han consumido alcohol alguna vez, mientras que para sus maestros el fenómeno es prácticamente inexistente”.
Estos resultados sugieren, se apunta en el estudio, que “la manifestación de conductas agresivas por parte de los alumnos no está vinculada con una condición socioeconómica particular o con un capital cultural específico, aunque evidentemente es necesario profundizar en la investigación al respecto”.
De la encuesta también se obtuvieron los perfiles del estudiante agresor y de quien es víctima. Advierte que los adolescentes involucrados en actos de violencia son, en su mayoría, hombres, de mayor edad en relación con su grupo y con una trayectoria escolar irregular y poco exitosa.
También son varones la mayor parte de los adolescentes víctimas de algún acto de violencia, en cualquiera de sus modalidades, así como aquellos que presentan “alguna condición personal desfavorable (como dificultades para desplazarse, ver u oír)”.
Esto sugiere condiciones “potencialmente desfavorables” para el aprendizaje de estos muchachos y evidencia que existe poca aceptación y comprensión hacia las diferencias por parte de quienes no se encuentran en situación de desventaja, se advierte.
A pesar de los datos que arroja, las conclusiones del estudio llaman a la calma, pues “la magnitud de las manifestaciones de violencia en las instituciones educativas mexicanas es relativamente baja y se ajusta a los rangos registrados en otros estudios, tanto nacionales como de otros países”.
En el Conapred son menos optimistas. Al menos en lo que se refiere a la discriminación en las escuelas, donde se presentan casos muy graves.
Cuentan entre ellos los casos de padres de familia o menores que son portadores de VIH, a quienes han llegado a expulsar de las escuelas por esta razón.
También están los casos de quienes son testigos de Jehová y que por sus creencias se niegan a participar en las ceremonias cívicas.
Frente a esta situación, “nosotros nos adherimos a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se asienta que en estos casos lo que prevalece es el respeto a la convicción religiosa de la persona”, explica Gutiérrez Espíndola.
En contraste, también relata el caso de una escuela judía de Guadalajara, que decidió permitir el ingreso de menores que no profesan esa religión.
“Hubo conflictos entre los estudiantes, pues los menores de la comunidad original no aceptaban a los otros, de allí que recurrieron a nosotros para intervenir”, asienta.
Para José Luis Gutiérrez, estos ejemplos —entre muchos que conocen— evidencian la persistencia de la discriminación en las escuelas.
Por esta razón, arguye, no se puede dejar de ver a la exclusión como una forma de violencia, que a su vez implica el fracaso mismo de la escuela. “La presencia de discriminación en la escuela, condenable de suyo, se convierte en un elemento que impide a un niño educarse cabalmente, pues un menor que es discriminado dedica sus energías a defenderse de la violencia, en lugar de canalizarlas a su aprendizaje”, advierte.
Esos efectos obligan a considerar el problema como una prioridad. “Lamentablemente, hay muchos casos de agresiones entre alumnos, ante los cuales la escuela, si no es complaciente, por lo menos sí es indiferente, ya sea porque piensa que no le toca hacerse cargo de esos asuntos o no sabe cómo entrarle”, dice.
Con él coinciden los terapeutas y especialistas en violencia escolar Marina Giangiacomo y Alberto Mohabed, del instituto Vivenciando.
Afirman que al silencio de los alumnos que no se aceptan víctimas de violencia se suman la indiferencia de los maestros y autoridades escolares, que no hacen más que alimentar y perpetuar el ciclo de indiferencia e impunidad.
“Se trata de que toda la comunidad educativa sepa qué es violencia y todos puedan intervenir”, afirman.
De allí la preocupación del Conapred por atender el tema de la capacitación de los maestros, de cara a la próxima puesta en marcha del nuevo programa de educación cívica y ética.
“No basta que entre en vigor un programa para que se aplique al ciento por ciento. Hay que capacitar a los maestros, sensibilizarlos, porque parece a veces que están a prueba de todo tipo de reformas: les llega un nuevo programa y ellos siguen enseñando como antes”, afirma Gutiérrez Espíndola.
“Hay que incidir en la formación del profesor desde la Escuela Normal, para dotarlo de herramientas teóricas y conceptuales, así como de práctica, para enfrentar estos problemas”, dice.
Su papel, insisten Giangiacomo y Mohadeb, es fundamental, pues nadie mejor que ellos para intervenir en los casos de violencia, desde su papel de terceros.
Los maestros pueden detener al agresor, hablar con él y ayudar a la víctima, rescatándola para colocarla en el nivel de los otros compañeros, dicen.
Por eso, en sus talleres y al acercarse a las escuelas, prestan mucha atención a las demandas de los docentes, quienes son los que enfrentan la violencia en su salón de clases, pues sucede que se han convertido en uno de los principales escenarios de actos de abuso y maltrato.
Así lo demuestran las investigaciones que ha llevado a cabo el especialista Arturo Loredo-Abdalá, director de la Clínica de Atención al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría.
“Se creía que la violencia entre los jóvenes ocurría principalmente en el patio de recreo o en los alrededores de la escuela, pero lo cierto es que ocurre principalmente en el salón de clase y en presencia del maestro, que es el último en darse cuenta”, explica.
Recomienda, por eso, la interrelación constante entre maestros y padres de familia, y de éstos con las autoridades.
Loredo-Abdalá destaca la responsabilidad de las autoridades, porque “en algunos casos, las escuelas, sobre todo si son privadas, se niegan a ver el problema de la violencia, porque eso implica la pérdida de prestigio, que se vayan alumnos y se afecte el negocio”.
Sin embargo, reconoce que hay instituciones que se han preocupado por acercarse a la Clínica de Atención al Niño Maltratado, para atender el problema.
El Conapred también realiza talleres de capacitación para maestros, padres de familia y alumnos, a petición de las escuelas.
En algunas de ellas funcionan, además, los talleres para padres, que son grupos autogestivos para buscar ayuda respecto de algún tema.
Por desgracia, el Conapred —ni ninguna instancia gubernamental— imparte los talleres si no hay una petición expresa, pues hasta hoy no existe un plan para tratar la violencia y la discriminación en las escuelas.
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El cálculo aproximado es escandaloso: uno de cada diez menores padece cualquier forma de violencia, pero sólo uno de cada 100 recibirá atención, afirma Arturo Loredo-Abdalá, director de la Clínica de Atención al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría (INP).
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Es tan grave el impacto emocional, económico y social del maltrato infantil y adolescente, que desde 1999 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como un problema de salud pública, esto es, que nadie está salvo, que su recurrencia tiene efectos en la sociedad y que urgen políticas públicas para enfrentarlo.
Sorprende saber los muchos métodos de la violencia contra los adolescentes, a quienes la UNICEF ha clasificado como aquella población entre los 12 y 17 años, y que en México suma aproximadamente 13 millones.
Los hay víctimas de abuso sexual, maltrato físico o sicológico y por negliencia, como en el caso de los niños de la calle. O de fenómenos poco conocidos como el síndrome de Munchausen (dañar a los niños para llamar la atención).
La clasificación de la Clínica de Atención al Niño Maltratado incluye también a los menores migrantes y trabajadores, y a aquellos que sufren bullying, como se conoce el fenómeno de la violencia entre iguales, es decir, la que ejercen conoce el fenómeno de la violencia entre iguales, es decir, la que ejercen principalmente adolescentes contra adolescentes.
En cualquiera de sus manifestaciones, el abuso y maltrato que sufren los adolescentes se diluye, la mayoría de las veces, en el silencio, sea de la familia o de ellos mismos. Por miedo o vergüenza, como ocurre en los casos de víctimas de bullying. Aunque en este último ocurre también que la víctima no se reconoce como tal, no habla de ello, y no se reconoce en el ámbito escolar.
“Los adolescentes lo toman como algo normal, con resignación, como si se tratara de una broma que deberán aguantar, cuando en realidad es mucho más grave y sus efectos van más allá que una simple broma”, explican Marina Giangiacomo y Alberto Mohadeb, sicólogos y terapeutas dedicados a atender problemas de bullying en colegios privados, a través de su instituto Vivenciando.
Ninguna de las formas de violencia contra los adolescentes es desconocida. Pero sí son distintas las reacciones que la gente experimenta frente a cada una de ellas.
Ante el abuso sexual, el maltrato físico o sicológico, la condena es unánime. Pero poco se hace frente a casos de síndrome de Munchausen, porque ni siquiera son conocidos, y mucho menos detectados, puesto que en estos casos el muchacho es víctima de sus propios familiares.
En el caso del bullying, sin embargo, la mayor parte de la sociedad ni siquiera lo advierte como un problema de maltrato y abuso. No sólo es violencia física, sino también emocional, e involucra burlas, exclusión, marginación y discriminación.
Este rechazo, en sí, es una manifestación de la violencia, dice el director general de Programa Educativos y Divulgación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, José Luis Gutiérrez Espíndola.
“La discriminación es un fenómeno tan generalizado en la sociedad mexicana que termina trasminando en todos los espacios sociales y las escuelas no son excepción. Allí la discriminación se refleja, incluso, con mucha más virulencia”, explica.
En el mejor de los casos, el adolescente víctima de discriminación padecerá el aislamiento; en el peor, todo tipo de agresiones, afirma.
Que lance la primera piedra quien transitó por la secundaria libre de burlas. Casi nadie. Porque todos, alguna vez, fuimos víctimas de algún tipo de abuso en la escuela por parte de nuestros propios compañeros y vemos esta conducta como una experiencia normal, como algo propio de la adolescencia. Algo así como una prueba necesaria de supervivencia.
“Ha estado naturalizado, como todos los otros tipos de violencia, como la de género: no es que antes las mujeres no fueran golpeadas, sino que de eso no se hablaba”, explican Marina Giangiacomo y Alberto Mohadeb.
“Son situaciones que han pasado siempre, pero el contexto ya es otro y pretendemos que ya no se tolere. Al menos es un adelanto que se considere como violencia, y no sólo lo veamos como cosa de chicos”, aseguran los sicólogos.
Siempre se espera que sea una situación transitoria, que “sólo dure este curso”, pero puede no serlo, advierte Loredo-Abdalá, director de la Clínica de Atención al Niño Maltratado.
Tal como lo explica el especialista, el bullying bien puede ser visto como una puesta en escena: hay dos personajes, que son la víctima y el agresor, y un grupo de espectadores, que a veces son utilizados por el agresor para herir al compañero.
El agresor es un personaje ambivalente, explica: puede agredir verbal, emocional o físicamente a su compañero, pero también se hace cargo de que los otros actúen de la misma manera.
El papel de los espectadores es muy pasivo, aunque saben que está ocurriendo una agresión y en algunos casos no están de acuerdo. Sin embargo, no intervienen para evitar que luego ellos puedan ser las víctimas.
También involucra factores como el poder y la superioridad, explican Marina Giangiacomo y Alberto Mohadeb.
“Hay un chico que se siente superior a otro y ejerce su superioridad frente a los demás, mientras la víctima no tiene herramientas, mecanismos para defenderse. Los terceros, los testigos, callan porque pueden sentirse intimidados por el agresor, o son cómplices de éste y se ríen por lo que hace. De este modo, el agresor se siente retroalimentado por sus actos”, explican.
Como sea, se trata de un asunto más grave de lo que se piensa, afirma Alberto Loredo- Abdalá: deja secuelas profundas en la salud física y emocional del menor, lo hace propenso a la depresión y el asilamiento y, por ende, presa fácil del consumo de drogas y alcohol. “Puede provocar disminución del rendimiento escolar, deserción y llegar hasta el intento suicida. Y ahora sabemos también que la obesidad, la falta de apetito, las pesadillas y el insomnio también pueden ser síntomas de algún trastorno emocional provocado por algún tipo de abuso como bullying”, afirma el especialista.
Estos síntomas, sin embargo, siempre pueden confundirse o minimizarse si los padres no ponen atención o recurren con un médico poco familiarizado con el tema, advierte.
Si esto ocurre, el diagnóstico será equivocado y se atribuirán los problemas a otras razones, y, lo que es peor aún, sin preguntarle al muchacho, dice.
“El diagnóstico será equivocado y el adolescente no recibirá la terapia específica, la estrategia de atención que requiere”, puntualiza.
Las consecuencias pueden ser de largo plazo, porque la violencia, además de afectar profundamente la autoestima y la capacidad de relación con los otros, siempre repercutirá en el rendimiento escolar de los adolescentes y, en consecuencia, en su posibilidades a futuro.
Una encuesta elaborada en 2006 por los investigadores María Cristina Montaño y Fernando Figueroa para la organización MUND América, que tuvo como propósito conocer las razones de la deserción escolar en el Distrito Federal, detectó que uno de los motivos de los estudiantes de secundaria para dejar la escuela eran las burlas y los insultos, tanto de otros estudiantes como de sus maestros.
Estos adolescentes perciben un ambiente difícil y hasta hostil. “Comparten la sensación de que están marcados para desertar y eventualmente lo harán en realidad”, se apunta en el estudio.
La encuesta advirtió entonces que 14.1% de los menores entrevistados para el estudio había pensado dejar la escuela o la iba a dejar por violencia de grupos y otro 11.2% por la violencia o la intimidación de sus maestros.
El estudio se realizó en secundarias públicas de las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, donde la mayor parte los adolescentes aseguró que, frente al maltrato, prefería callar.
El resultado: confusión emocional. Ante los actos de violencia hacia ellos o sus compañeros, 40% respondió: “me siento mal, con coraje, con enojo”. Otro 19% afirmó que sentía impotencia, frustración o miedo. El sentimiento de venganza se despertó en 17%, mientras 14.9% dijo que sentía tristeza, depresión o humillación. Y hubo otro 3.2% que admitió llorar.
Recientemente, jóvenes emos fueron golpeados por otros muchachos en Querétaro, Pachuca y el Distrito Federal. Estos ataques obligan a prestar atención a los fenómenos de discriminación y violencia, advierte Elena Azaola, doctora en antropología social, sicoanalista e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Nadie ha puesto atención a la violencia contra y entre adolescentes, porque lo más fácil es criminalizar el comportamiento de los jóvenes o identificarlo como un asunto aislado, coyuntural, entre tribus, grupos o pandillas, a riesgo de estigmatizarlos, dice.
Estos episodios deberían llamar la atención de las autoridades, las instituciones y la sociedad toda, acerca de la poca comprensión de los adolescentes, su realidad y las circunstancias de violencia y exclusión que enfrentan, dice Azaola.
“Hay instituciones para niños, para jóvenes, pero de los adolescentes nadie se acuerda y son un sector muy vulnerable”, afirma la especialista.
Es en esa etapa, entre los 12 y los 17 años (si no es que antes), los menores tienen su primer contacto con el tabaco, el alcohol y las drogas, según todas las encuestas sobre adicciones.
Se inician también las experiencias sexuales y el riesgo de embarazo, que es regular si consideramos que uno de cada seis nacimientos en el país ocurren en mujeres menores de 19 años, de acuerdo con las cifras del sector salud.
A la turbulencia de los cambios en la adolescencia se suman, además, circunstancias de pobreza y exclusión, que aumentan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de los adolescentes. Y no son pocos los menores que se encuentran en esta circunstancia en México.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, uno de cada cinco adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. Uno de cada tres no tiene ingresos que le permitan estudiar y siete millones, que representan más de la mitad del total de adolescentes, son pobres de patrimonio, es decir, que no cuentan con los medios necesarios para gozar de una vida digna y cubrir el costo de vestido, calzado, vivienda, energía eléctrica y combustible o transporte público.
Para la especialista Elena Azaola, estas condiciones de exclusión y pobreza son tierra fértil para la violencia y la discriminación y factor que potencia la conformación de tribus y pandillas.
Al menos en esos grupos los adolescentes se sienten arropados al sentir que forman parte de una colectividad y reafirman su ser: crean códigos de lealtad y entre ellos se protegen del mundo exterior, que perciben hostil, con lo que juntos enfrentan la discriminación y la exclusión.
Sin embargo, hay miles de jóvenes que afrontan el maltrato y la discriminación solos y en silencio.
“Ya tenemos ubicado el problema, ahora hay que comenzar a prevenir para evitar que se sigan suscitando episodios de violencia tan fuertes entre los adolescentes”, afirma Marina Giangiacomo.
EXCELSIOR exonline
Atacan violencia con metralla de civismo
Sicólogos, autoridades y terapeutas se suman a los padres en la cruzada por entender y afrontar las agresiones que los muchachos sufren... y perpetranElia Baltazar 08 ABR 2008 MÉXICO (Excelsior OL)
La Secretaría de Educación Pública anunciará en breve el nuevo programa integral de formación cívica y ética para primaria y secundaria, que busca enfrentar la violencia y la discriminación en las escuelas.
Con la asesoría del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este programa introducirá en la formación académica de niños y adolescentes temas como la equidad de género y el respeto a la diversidad.
El propósito es educar a los menores para la pluralidad y el respeto, dentro del nuevo esquema de competencias que ha puesto en marcha la SEP, explica José Luis Gutiérrez Espíndola, director general de Programas Educativos y Divulgación de la Conapred: “Es un logro muy importante. Entiendo que en los próximos días este programa se publicará en el Diario Oficial de la Federación para anunciar su entrada en vigor en el siguiente ciclo escolar, en agosto, después de salvar varios obstáculos”.
La SEP también se comprometió, en septiembre pasado, a aplicar una encuesta sobre discriminación y violencia en las escuelas. Firmó un convenio con el Conapred para involucrarlo en la reforma de los contenidos de educación cívica y ética, y en los métodos para aplicar esos contenidos.
“Le tomamos la palabra y de inmediato comenzamos a trabajar con la Unidad de Planeación de la SEP. Actualmente desarrollamos los instrumentos que nos permitirán —espero que este mismo año— arrancar con este proyecto”, dice Gutiérrez Espíndola.
Por ahora, ya cuentan con el diseño de un primer cuestionario, “que nos permitirá acercarnos al tipo de información que deseamos para desarrollar, con bases más firmes, políticas muy claras contra la discriminación y la violencia en las escuelas, porque no todo es contenido”.
El Conapred no partirá de cero. En 2006, el Instituto Nacional de Estudios para la Educación (INEE) llevó a cabo un diagnóstico que presentó al año siguiente y cuyos resultados arrojan luz sobre las agresiones y la exclusión en los centros escolares.
El estudio elaborado por el INEE se titula “Violencia y disciplina en escuelas primarias y secundarias”, y analizó la violencia que sufren y ejercen los estudiantes de 20 escuelas de primaria y secundaria en el país.
Coordinado por la directora de Educación del INEE, Guadalupe Ruiz Cuéllar, el trabajo tuvo como base una encuesta aplicada a los estudiantes para explorar tres facetas del fenómeno de la violencia: la ejercida y la recibida por los alumnos, tanto desde su propia perspectiva como desde la de sus profesores; el consumo de sustancias nocivas a la salud entre los estudiantes y el sistema de disciplina en los planteles.
De acuerdo con la encuesta, 84.4% de los alumnos de secundaria aseguró que había sido víctima de algún acto de violencia en diferente grado, como el robo de alguna de sus pertenencias o de dinero (43.6%), la agresión física (14.1%), las burlas (13.6%) y las amenazas (13.1%).
En el otro extremo, sólo 26.5% de los alumnos admitió haber participado en algún acto de violencia en la escuela, como peleas (11.1%), daño al inmueble, equipo o mobiliario escolar (7.3%), intimidación y amenazas contra compañeros (6.8%) y robo en el plantel escolar (1.3%).
Sobre esta diferencia entre los porcentajes de adolescentes que se admiten agresores y los que se confiesan víctimas, el estudio apunta: “No tendría por qué haber una correspondencia estrecha entre ambas situaciones, pues un solo agresor puede victimar a varios, y cabe suponer una mayor renuencia a reconocer la participación en actos de trasgresión de las normas que a ser objeto de ellos”.
La mayor violencia entre alumnos y “faltas de respecto” hacia los maestros ocurren en las escuelas privadas, donde se aplica el mayor número de sanciones. No obstante, los maestros de las escuelas públicas y técnicas perciben más los actos de violencia que los profesores de los colegios privados.
También llama la atención de los investigadores que los alumnos de los planteles particulares son quienes “en mayor proporción aceptan que han consumido alcohol alguna vez, mientras que para sus maestros el fenómeno es prácticamente inexistente”.
Estos resultados sugieren, se apunta en el estudio, que “la manifestación de conductas agresivas por parte de los alumnos no está vinculada con una condición socioeconómica particular o con un capital cultural específico, aunque evidentemente es necesario profundizar en la investigación al respecto”.
De la encuesta también se obtuvieron los perfiles del estudiante agresor y de quien es víctima. Advierte que los adolescentes involucrados en actos de violencia son, en su mayoría, hombres, de mayor edad en relación con su grupo y con una trayectoria escolar irregular y poco exitosa.
También son varones la mayor parte de los adolescentes víctimas de algún acto de violencia, en cualquiera de sus modalidades, así como aquellos que presentan “alguna condición personal desfavorable (como dificultades para desplazarse, ver u oír)”.
Esto sugiere condiciones “potencialmente desfavorables” para el aprendizaje de estos muchachos y evidencia que existe poca aceptación y comprensión hacia las diferencias por parte de quienes no se encuentran en situación de desventaja, se advierte.
A pesar de los datos que arroja, las conclusiones del estudio llaman a la calma, pues “la magnitud de las manifestaciones de violencia en las instituciones educativas mexicanas es relativamente baja y se ajusta a los rangos registrados en otros estudios, tanto nacionales como de otros países”.
En el Conapred son menos optimistas. Al menos en lo que se refiere a la discriminación en las escuelas, donde se presentan casos muy graves.
Cuentan entre ellos los casos de padres de familia o menores que son portadores de VIH, a quienes han llegado a expulsar de las escuelas por esta razón.
También están los casos de quienes son testigos de Jehová y que por sus creencias se niegan a participar en las ceremonias cívicas.
Frente a esta situación, “nosotros nos adherimos a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se asienta que en estos casos lo que prevalece es el respeto a la convicción religiosa de la persona”, explica Gutiérrez Espíndola.
En contraste, también relata el caso de una escuela judía de Guadalajara, que decidió permitir el ingreso de menores que no profesan esa religión.
“Hubo conflictos entre los estudiantes, pues los menores de la comunidad original no aceptaban a los otros, de allí que recurrieron a nosotros para intervenir”, asienta.
Para José Luis Gutiérrez, estos ejemplos —entre muchos que conocen— evidencian la persistencia de la discriminación en las escuelas. Por esta razón, arguye, no se puede dejar de ver a la exclusión como una forma de violencia, que a su vez implica el fracaso mismo de la escuela. “La presencia de discriminación en la escuela, condenable de suyo, se convierte en un elemento que impide a un niño educarse cabalmente, pues un menor que es discriminado dedica sus energías a defenderse de la violencia, en lugar de canalizarlas a su aprendizaje”, advierte.
Esos efectos obligan a considerar el problema como una prioridad. “Lamentablemente, hay muchos casos de agresiones entre alumnos, ante los cuales la escuela, si no es complaciente, por lo menos sí es indiferente, ya sea porque piensa que no le toca hacerse cargo de esos asuntos o no sabe cómo entrarle”, dice.
Con él coinciden los terapeutas y especialistas en violencia escolar Marina Giangiacomo y Alberto Mohabed, del instituto Vivenciando.
Afirman que al silencio de los alumnos que no se aceptan víctimas de violencia se suman la indiferencia de los maestros y autoridades escolares, que no hacen más que alimentar y perpetuar el ciclo de indiferencia e impunidad.
“Se trata de que toda la comunidad educativa sepa qué es violencia y todos puedan intervenir”, afirman.
De allí la preocupación del Conapred por atender el tema de la capacitación de los maestros, de cara a la próxima puesta en marcha del nuevo programa de educación cívica y ética.
“No basta que entre en vigor un programa para que se aplique al ciento por ciento. Hay que capacitar a los maestros, sensibilizarlos, porque parece a veces que están a prueba de todo tipo de reformas: les llega un nuevo programa y ellos siguen enseñando como antes”, afirma Gutiérrez Espíndola.
“Hay que incidir en la formación del profesor desde la Escuela Normal, para dotarlo de herramientas teóricas y conceptuales, así como de práctica, para enfrentar estos problemas”, dice.
Su papel, insisten Giangiacomo y Mohadeb, es fundamental, pues nadie mejor que ellos para intervenir en los casos de violencia, desde su papel de terceros.
Los maestros pueden detener al agresor, hablar con él y ayudar a la víctima, rescatándola para colocarla en el nivel de los otros compañeros, dicen.
Sicólogos, autoridades y terapeutas se suman a los padres en la cruzada por entender y afrontar las agresiones que los muchachos sufren... y perpetran
La Secretaría de Educación Pública anunciará en breve el nuevo programa integral de formación cívica y ética para primaria y secundaria, que busca enfrentar la violencia y la discriminación en las escuelas.
Con la asesoría del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este programa introducirá en la formación académica de niños y adolescentes temas como la equidad de género y el respeto a la diversidad.
El propósito es educar a los menores para la pluralidad y el respeto, dentro del nuevo esquema de competencias que ha puesto en marcha la SEP, explica José Luis Gutiérrez Espíndola, director general de Programas Educativos y Divulgación de la Conapred: “Es un logro muy importante. Entiendo que en los próximos días este programa se publicará en el Diario Oficial de la Federación para anunciar su entrada en vigor en el siguiente ciclo escolar, en agosto, después de salvar varios obstáculos”.
La SEP también se comprometió, en septiembre pasado, a aplicar una encuesta sobre discriminación y violencia en las escuelas. Firmó un convenio con el Conapred para involucrarlo en la reforma de los contenidos de educación cívica y ética, y en los métodos para aplicar esos contenidos.
“Le tomamos la palabra y de inmediato comenzamos a trabajar con la Unidad de Planeación de la SEP. Actualmente desarrollamos los instrumentos que nos permitirán —espero que este mismo año— arrancar con este proyecto”, dice Gutiérrez Espíndola.
Por ahora, ya cuentan con el diseño de un primer cuestionario, “que nos permitirá acercarnos al tipo de información que deseamos para desarrollar, con bases más firmes, políticas muy claras contra la discriminación y la violencia en las escuelas, porque no todo es contenido”.
El Conapred no partirá de cero. En 2006, el Instituto Nacional de Estudios para la Educación (INEE) llevó a cabo un diagnóstico que presentó al año siguiente y cuyos resultados arrojan luz sobre las agresiones y la exclusión en los centros escolares.
El estudio elaborado por el INEE se titula “Violencia y disciplina en escuelas primarias y secundarias”, y analizó la violencia que sufren y ejercen los estudiantes de 20 escuelas de primaria y secundaria en el país.
Coordinado por la directora de Educación del INEE, Guadalupe Ruiz Cuéllar, el trabajo tuvo como base una encuesta aplicada a los estudiantes para explorar tres facetas del fenómeno de la violencia: la ejercida y la recibida por los alumnos, tanto desde su propia perspectiva como desde la de sus profesores; el consumo de sustancias nocivas a la salud entre los estudiantes y el sistema de disciplina en los planteles.
De acuerdo con la encuesta, 84.4% de los alumnos de secundaria aseguró que había sido víctima de algún acto de violencia en diferente grado, como el robo de alguna de sus pertenencias o de dinero (43.6%), la agresión física (14.1%), las burlas (13.6%) y las amenazas (13.1%).
En el otro extremo, sólo 26.5% de los alumnos admitió haber participado en algún acto de violencia en la escuela, como peleas (11.1%), daño al inmueble, equipo o mobiliario escolar (7.3%), intimidación y amenazas contra compañeros (6.8%) y robo en el plantel escolar (1.3%).
Sobre esta diferencia entre los porcentajes de adolescentes que se admiten agresores y los que se confiesan víctimas, el estudio apunta: “No tendría por qué haber una correspondencia estrecha entre ambas situaciones, pues un solo agresor puede victimar a varios, y cabe suponer una mayor renuencia a reconocer la participación en actos de trasgresión de las normas que a ser objeto de ellos”.
La mayor violencia entre alumnos y “faltas de respecto” hacia los maestros ocurren en las escuelas privadas, donde se aplica el mayor número de sanciones. No obstante, los maestros de las escuelas públicas y técnicas perciben más los actos de violencia que los profesores de los colegios privados.
También llama la atención de los investigadores que los alumnos de los planteles particulares son quienes “en mayor proporción aceptan que han consumido alcohol alguna vez, mientras que para sus maestros el fenómeno es prácticamente inexistente”.
Estos resultados sugieren, se apunta en el estudio, que “la manifestación de conductas agresivas por parte de los alumnos no está vinculada con una condición socioeconómica particular o con un capital cultural específico, aunque evidentemente es necesario profundizar en la investigación al respecto”.
De la encuesta también se obtuvieron los perfiles del estudiante agresor y de quien es víctima. Advierte que los adolescentes involucrados en actos de violencia son, en su mayoría, hombres, de mayor edad en relación con su grupo y con una trayectoria escolar irregular y poco exitosa.
También son varones la mayor parte de los adolescentes víctimas de algún acto de violencia, en cualquiera de sus modalidades, así como aquellos que presentan “alguna condición personal desfavorable (como dificultades para desplazarse, ver u oír)”.
Esto sugiere condiciones “potencialmente desfavorables” para el aprendizaje de estos muchachos y evidencia que existe poca aceptación y comprensión hacia las diferencias por parte de quienes no se encuentran en situación de desventaja, se advierte.
A pesar de los datos que arroja, las conclusiones del estudio llaman a la calma, pues “la magnitud de las manifestaciones de violencia en las instituciones educativas mexicanas es relativamente baja y se ajusta a los rangos registrados en otros estudios, tanto nacionales como de otros países”.
En el Conapred son menos optimistas. Al menos en lo que se refiere a la discriminación en las escuelas, donde se presentan casos muy graves.
Cuentan entre ellos los casos de padres de familia o menores que son portadores de VIH, a quienes han llegado a expulsar de las escuelas por esta razón.
También están los casos de quienes son testigos de Jehová y que por sus creencias se niegan a participar en las ceremonias cívicas.
Frente a esta situación, “nosotros nos adherimos a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se asienta que en estos casos lo que prevalece es el respeto a la convicción religiosa de la persona”, explica Gutiérrez Espíndola.
En contraste, también relata el caso de una escuela judía de Guadalajara, que decidió permitir el ingreso de menores que no profesan esa religión.
“Hubo conflictos entre los estudiantes, pues los menores de la comunidad original no aceptaban a los otros, de allí que recurrieron a nosotros para intervenir”, asienta.
Para José Luis Gutiérrez, estos ejemplos —entre muchos que conocen— evidencian la persistencia de la discriminación en las escuelas.
Por esta razón, arguye, no se puede dejar de ver a la exclusión como una forma de violencia, que a su vez implica el fracaso mismo de la escuela. “La presencia de discriminación en la escuela, condenable de suyo, se convierte en un elemento que impide a un niño educarse cabalmente, pues un menor que es discriminado dedica sus energías a defenderse de la violencia, en lugar de canalizarlas a su aprendizaje”, advierte.
Esos efectos obligan a considerar el problema como una prioridad. “Lamentablemente, hay muchos casos de agresiones entre alumnos, ante los cuales la escuela, si no es complaciente, por lo menos sí es indiferente, ya sea porque piensa que no le toca hacerse cargo de esos asuntos o no sabe cómo entrarle”, dice.
Con él coinciden los terapeutas y especialistas en violencia escolar Marina Giangiacomo y Alberto Mohabed, del instituto Vivenciando.
Afirman que al silencio de los alumnos que no se aceptan víctimas de violencia se suman la indiferencia de los maestros y autoridades escolares, que no hacen más que alimentar y perpetuar el ciclo de indiferencia e impunidad.
“Se trata de que toda la comunidad educativa sepa qué es violencia y todos puedan intervenir”, afirman.
De allí la preocupación del Conapred por atender el tema de la capacitación de los maestros, de cara a la próxima puesta en marcha del nuevo programa de educación cívica y ética.
“No basta que entre en vigor un programa para que se aplique al ciento por ciento. Hay que capacitar a los maestros, sensibilizarlos, porque parece a veces que están a prueba de todo tipo de reformas: les llega un nuevo programa y ellos siguen enseñando como antes”, afirma Gutiérrez Espíndola.
“Hay que incidir en la formación del profesor desde la Escuela Normal, para dotarlo de herramientas teóricas y conceptuales, así como de práctica, para enfrentar estos problemas”, dice.
Su papel, insisten Giangiacomo y Mohadeb, es fundamental, pues nadie mejor que ellos para intervenir en los casos de violencia, desde su papel de terceros.
Los maestros pueden detener al agresor, hablar con él y ayudar a la víctima, rescatándola para colocarla en el nivel de los otros compañeros, dicen.
Por eso, en sus talleres y al acercarse a las escuelas, prestan mucha atención a las demandas de los docentes, quienes son los que enfrentan la violencia en su salón de clases, pues sucede que se han convertido en uno de los principales escenarios de actos de abuso y maltrato.
Así lo demuestran las investigaciones que ha llevado a cabo el especialista Arturo Loredo-Abdalá, director de la Clínica de Atención al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría.
“Se creía que la violencia entre los jóvenes ocurría principalmente en el patio de recreo o en los alrededores de la escuela, pero lo cierto es que ocurre principalmente en el salón de clase y en presencia del maestro, que es el último en darse cuenta”, explica.
Recomienda, por eso, la interrelación constante entre maestros y padres de familia, y de éstos con las autoridades.
Loredo-Abdalá destaca la responsabilidad de las autoridades, porque “en algunos casos, las escuelas, sobre todo si son privadas, se niegan a ver el problema de la violencia, porque eso implica la pérdida de prestigio, que se vayan alumnos y se afecte el negocio”.
Sin embargo, reconoce que hay instituciones que se han preocupado por acercarse a la Clínica de Atención al Niño Maltratado, para atender el problema.
El Conapred también realiza talleres de capacitación para maestros, padres de familia y alumnos, a petición de las escuelas.
En algunas de ellas funcionan, además, los talleres para padres, que son grupos autogestivos para buscar ayuda respecto de algún tema.
Por desgracia, el Conapred —ni ninguna instancia gubernamental— imparte los talleres si no hay una petición expresa, pues hasta hoy no existe un plan para tratar la violencia y la discriminación en las escuelas.
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