Peace El Poder Judicial detecta que faltan centros, educadores y medidas terapéuticas
Las medidas no funcionan
· El informe habla de "quiebra del sistema" por falta de recursos
· Las diferencias entre regiones "vulneran el principio de igualdad ante la ley"
· La rapidez de la medida es básica para lograr la resocialización
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 19/05/2008 (EL PAIS)
Innumerables voces han pedido en los últimos años sucesivos endurecimientos de la Ley del Menor. Pero, ¿se han puesto todos los medios para que esta norma, que entró en vigor en 2001, funcione? ¿Hay plazas en los centros, educadores para la libertad vigilada, medidas socioeducativas adecuadas? ¿Están los reformatorios en buenas condiciones? ¿Hay centros terapéuticos, como manda la ley, para los drogadictos o enfermos psíquicos? No. Un reciente informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha detectado graves deficiencias en la aplicación de la ley. Hay casi 6.000 sentencias cuya ejecución no se puede iniciar por falta de medios. De ellas, 2.825 (el 48%) se dictaron en 2004 o antes. Es decir, en una jurisdicción en la que es fundamental la rapidez para evitar que los menores que han cometido delitos no se conviertan en grandes delincuentes, pueden pasar años antes de que se ejecute una medida que el juez ha considerado imprescindible para recuperar al menor.
El propio informe afirma que la insuficiencia y escasez de recursos ha supuesto, de hecho, "la quiebra del sistema", ya que "la imposibilidad de ejecutar una medida en el momento adecuado supone finalmente que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicción de menores no pueden ser alcanzados". Y añade, también, otro aspecto preocupante: las diferencias en la ejecución de las medidas en función de dónde se cometa el delito, ya que las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas. El informe habla incluso de una "vulneración del principio de igualdad del menor ante la ley".
No hay medios suficientes para llevar a cabo las medidas en el momento en que se necesitan. El número total de sentencias pendientes de ejecución era, a finales de 2006, de 30.000. Pero esta cifra engloba tanto las resoluciones que se estaban tramitando como aquellas que no habían empezado a ejecutarse. Así que la Inspección del Poder Judicial decidió mandar cuestionarios a los 81 juzgados de menores para precisar la información. De ellos, sólo se ha obtenido -a lo largo de 2007- información válida de 65, pero se trata de un muestreo del que ya se pueden extraer conclusiones. En cualquier caso, dado que no son datos totales, los resultados reales serían aún peores que los que revela el informe.
A finales de 2006 había 10.455 sentencias cuya ejecución no se había iniciado. En 4.595 casos era porque el menor estaba cumpliendo otra medida, pero, en otros 5.850 (el 56%) el problema era la escasez de medios: la Administración no había puesto ningún recurso a disposición del juzgado. 4.483 casos eran anteriores a 2006. Es decir, los condenados llevaban más de un año, y hasta cinco, esperando la ejecución de su medida. No todas las comunidades funcionan igual. Valencia, Andalucía y Cataluña, eran, con diferencia, las regiones con un mayor número de menores esperando que se les asignara un recurso. En Navarra, sin embargo, no había ninguno en esta situación.
Para agilizar las ejecuciones en los casos en los que a un mismo menor se le imponen varias medidas, en la reforma de la ley de diciembre de 2006 se dispuso que fuera un solo juez el que se encargara de controlarlas todas, y que pudiera unificarlas. Esta posibilidad no ha servido de nada ni se está aplicando con carácter general, como señala el informe del CGPJ. Los medios informáticos para que los distintos juzgados compartan información sobre cada menor son casi inexistentes.
La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entró en vigor en 2001, recogía todo un catálogo de medidas que se podían imponer a los menores. El espíritu de la ley, que buscaba por encima de todo la resocialización, confiaba en que se pudiera tratar a cada menor según sus necesidades. La realidad, sin embargo, es que esto es imposible porque la mayoría de estas medidas no se llevan a cabo adecuadamente.
Sobre el tratamiento de los menores con problemas de drogas y trastornos mentales el informe es contundente: no hay ni centros ni medios efectivos. En cuanto a los reformatorios, se indica que no hay plazas suficientes en todos los territorios, así que muchas veces deben buscarse reformatorios en otras provincias, lo que supone que la medida se retrasa de forma excesiva y "se desarraiga al menor de su familia y entorno". Una de las medidas estrella que planteaba la ley era la libertad vigilada. Se trataba de que el menor quedara en libertad pero tutelado estrechamente por un educador que le ayudara a no volver a delinquir, estudiara cuáles eran los problemas que le habían llevado a cometer el delito y la mejor forma para solucionarlos.
Es la medida que más imponen los jueces (lo hacen en el 30% de los casos). Pero es ineficaz. No hay suficientes equipos ni educadores, así que muchas veces la medida estrella no va más allá de que el menor acuda de tanto en tanto a firmar un papel y hable cinco minutos con un educador que tiene muchos otros a los que atender. Hay escasez de profesionales y no siempre están especializados. Como en otros casos, la situación no es igual en todas las comunidades. En algunas, como el País Vasco o Asturias, la medida funciona mejor.
El informe alerta también sobre la necesidad de controlar la gestión de los centros de menores, mayoritariamente en manos privadas. Mientras que una privatización de las cárceles de adultos hubiera acarreado un serio debate público, los reformatorios se privatizaron sin que apenas se hablara del asunto. En comunidades como Madrid o Andalucía más del 85% están en manos de asociaciones. Muchas veces, son fundaciones de empresas que nada tienen que ver con la protección de menores. En algunos casos, son incluso constructoras que se lucran con la edificación de los centros. El informe del Poder Judicial hace hincapié en la necesidad de que los jueces controlen la ejecución de las medidas y las administraciones extremen sus mecanismos de vigilancia.
- Arresto de fin de semana. No funciona. No hay centros.
- Internamiento en centros terapéuticos. En la mayoría de las comunidades, no existen estos centros. No hay medios efectivos para los menores con trastornos mentales y problemas de consumo de drogas, ni tratamientos ambulatorios.
- Medidas de régimen abierto. No hay plazas suficientes, ni educadores, ni equipos especializados para centros de día o medidas socioeducativas.
- Libertad vigilada. Incumplimiento por falta de equipos. En algunas comunidades autónomas no funciona en absoluto.
- Mediación. Apenas se usa salvo en Cataluña.
By: EL PAIS
Avelino Fierro apuesta por habilitar a los fiscales como instructores en este tipo de causas
«La construcción de un centro especial para León podría retrasarse dos o tres años más todavía»
Miguel Ángel Zamora 20 MAY 2008 LEÓN
El fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de León, Avelino Fierro, insistió públicamente en su adhesión a las nuevas corrientes que sostienen que la edad penal para menores debería ser reducida a los doce años «porque los psicólogos están dando la razón a quienes pensamos que a partir de ese momento de la vida ya hay un raciocinio suficiente como para discernir la idoneidad de las conductas y porque los cambios en la sociedad así nos lo exigen».
Fierro se expresó en estos términos durante la ponencia inaugural del curso de formación para agentes policiales especializados en menores, que comenzó ayer en el salón de actos del Ayuntamiento de la capital y se prolongará hasta el próximo viernes. Las actividades están dirigidas a agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. El concejal de Tráfico de León, José Antonio Díez, y el Intendente Jefe de la Policía Local, Martín Muñoz, asistieron al acto.
El curso permitirá forma específicamente a los agentes para un Grupo de Policía de Menores creado con propósito de concentrar en una unidad operativa todas las actuaciones que las distintas unidades del cuerpo realizan en el ámbito escolar y de menores en general y potenciar los aspectos preventivos respecto de la violencia de la que puedan ser objeto para propiciar una protección adecuada y prevenir conductas antisociales o delictivas de las que los menores pueden ser sujetos activos.
Fierro explicó también su cambio de criterio respecto a la norma en materia de conciliación (alcanzar acuerdos amistosos entre las partes cuando se producen actos delictivos de trascendencia menor). «Hasta ahora se intentaba que con un simple apretón de manos o una petición expresa de disculpas se zanjaran asuntos de gravedad mínima. Yo he optado por la política de entrar en esa dinámica siempre que previamente los padres o tutores del menor hayan hecho frente a las indemnizaciones correspondientes por esa pintada, ese espejo roto en un coche o casos similares».
Para el responsable del área de Menores de la Audiencia Provincial la especialización es necesaria: «Hay aproximadamente un centenar de abogados dedicados a esta materia en la provincia y nos están ayudando de una forma encomiable porque son los verdaderos protagonistas de muchas soluciones».
Avelino Fierro lamenta que el propósito de la ley, que fija que las medidas de internamiento de los menores se deban cumplir en centros especiales en la propia provincia choque con la realidad presupuestaria: «Nosotros tenemos que mandar a los chavales al Centro Especial de Zambrana (Valladolid) y aunque se había hablado de construir uno en León, me parece que tenemos como poco para otros tres años más de espera».
«Otra iniciativa interesante sería habilitar a los fiscales como instructores en casos de menores. Ahorraríamos mucho trabajo a los jueces y se ganaría en celeridad en la administración de justicia».
«Acepto los acuerdos amistosos entre las partes, pero pagando la indemnización antes»
Fiscal de Menores El fiscal de Menores aplaudió la iniciativa del legislador (nombre técnico que se le concede en la judicatura al Gobierno de turno) de apostar por el llamado «sistema de las togas negras y las batas blancas» en lugar de acudir a otros supuestos que también se habían planteado: «Había quien defendía la necesidad de poner en manos de los psicólogos toda esta materia, pero a la larga hubiera sido perjudicial. En el 85% de los casos somos especialmente benevolentes y confiamos en la labor última de reinserción para la que se establecen las medidas que se dictan».
Los cambios en la legislación permiten incluir también acusaciones particulares ahora en materia de menores: «Si se permitiera a los fiscales desarrollar la labor que realmente pueden llevar a cabo, se eliminarían el 50% de los juicios en este campo. El juicio supone a veces un estigma victimizador que no agrada a nadie y siempre que sea posible hay que tratar de evitar eso». DIARIO DE LEON
Las medidas no funcionan
· El informe habla de "quiebra del sistema" por falta de recursos
· Las diferencias entre regiones "vulneran el principio de igualdad ante la ley"
· La rapidez de la medida es básica para lograr la resocialización
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 19/05/2008 (EL PAIS)
Innumerables voces han pedido en los últimos años sucesivos endurecimientos de la Ley del Menor. Pero, ¿se han puesto todos los medios para que esta norma, que entró en vigor en 2001, funcione? ¿Hay plazas en los centros, educadores para la libertad vigilada, medidas socioeducativas adecuadas? ¿Están los reformatorios en buenas condiciones? ¿Hay centros terapéuticos, como manda la ley, para los drogadictos o enfermos psíquicos? No. Un reciente informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha detectado graves deficiencias en la aplicación de la ley. Hay casi 6.000 sentencias cuya ejecución no se puede iniciar por falta de medios. De ellas, 2.825 (el 48%) se dictaron en 2004 o antes. Es decir, en una jurisdicción en la que es fundamental la rapidez para evitar que los menores que han cometido delitos no se conviertan en grandes delincuentes, pueden pasar años antes de que se ejecute una medida que el juez ha considerado imprescindible para recuperar al menor.
El propio informe afirma que la insuficiencia y escasez de recursos ha supuesto, de hecho, "la quiebra del sistema", ya que "la imposibilidad de ejecutar una medida en el momento adecuado supone finalmente que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicción de menores no pueden ser alcanzados". Y añade, también, otro aspecto preocupante: las diferencias en la ejecución de las medidas en función de dónde se cometa el delito, ya que las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas. El informe habla incluso de una "vulneración del principio de igualdad del menor ante la ley".
No hay medios suficientes para llevar a cabo las medidas en el momento en que se necesitan. El número total de sentencias pendientes de ejecución era, a finales de 2006, de 30.000. Pero esta cifra engloba tanto las resoluciones que se estaban tramitando como aquellas que no habían empezado a ejecutarse. Así que la Inspección del Poder Judicial decidió mandar cuestionarios a los 81 juzgados de menores para precisar la información. De ellos, sólo se ha obtenido -a lo largo de 2007- información válida de 65, pero se trata de un muestreo del que ya se pueden extraer conclusiones. En cualquier caso, dado que no son datos totales, los resultados reales serían aún peores que los que revela el informe.
A finales de 2006 había 10.455 sentencias cuya ejecución no se había iniciado. En 4.595 casos era porque el menor estaba cumpliendo otra medida, pero, en otros 5.850 (el 56%) el problema era la escasez de medios: la Administración no había puesto ningún recurso a disposición del juzgado. 4.483 casos eran anteriores a 2006. Es decir, los condenados llevaban más de un año, y hasta cinco, esperando la ejecución de su medida. No todas las comunidades funcionan igual. Valencia, Andalucía y Cataluña, eran, con diferencia, las regiones con un mayor número de menores esperando que se les asignara un recurso. En Navarra, sin embargo, no había ninguno en esta situación.
Para agilizar las ejecuciones en los casos en los que a un mismo menor se le imponen varias medidas, en la reforma de la ley de diciembre de 2006 se dispuso que fuera un solo juez el que se encargara de controlarlas todas, y que pudiera unificarlas. Esta posibilidad no ha servido de nada ni se está aplicando con carácter general, como señala el informe del CGPJ. Los medios informáticos para que los distintos juzgados compartan información sobre cada menor son casi inexistentes.
La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entró en vigor en 2001, recogía todo un catálogo de medidas que se podían imponer a los menores. El espíritu de la ley, que buscaba por encima de todo la resocialización, confiaba en que se pudiera tratar a cada menor según sus necesidades. La realidad, sin embargo, es que esto es imposible porque la mayoría de estas medidas no se llevan a cabo adecuadamente.
Sobre el tratamiento de los menores con problemas de drogas y trastornos mentales el informe es contundente: no hay ni centros ni medios efectivos. En cuanto a los reformatorios, se indica que no hay plazas suficientes en todos los territorios, así que muchas veces deben buscarse reformatorios en otras provincias, lo que supone que la medida se retrasa de forma excesiva y "se desarraiga al menor de su familia y entorno". Una de las medidas estrella que planteaba la ley era la libertad vigilada. Se trataba de que el menor quedara en libertad pero tutelado estrechamente por un educador que le ayudara a no volver a delinquir, estudiara cuáles eran los problemas que le habían llevado a cometer el delito y la mejor forma para solucionarlos.
Es la medida que más imponen los jueces (lo hacen en el 30% de los casos). Pero es ineficaz. No hay suficientes equipos ni educadores, así que muchas veces la medida estrella no va más allá de que el menor acuda de tanto en tanto a firmar un papel y hable cinco minutos con un educador que tiene muchos otros a los que atender. Hay escasez de profesionales y no siempre están especializados. Como en otros casos, la situación no es igual en todas las comunidades. En algunas, como el País Vasco o Asturias, la medida funciona mejor.
El informe alerta también sobre la necesidad de controlar la gestión de los centros de menores, mayoritariamente en manos privadas. Mientras que una privatización de las cárceles de adultos hubiera acarreado un serio debate público, los reformatorios se privatizaron sin que apenas se hablara del asunto. En comunidades como Madrid o Andalucía más del 85% están en manos de asociaciones. Muchas veces, son fundaciones de empresas que nada tienen que ver con la protección de menores. En algunos casos, son incluso constructoras que se lucran con la edificación de los centros. El informe del Poder Judicial hace hincapié en la necesidad de que los jueces controlen la ejecución de las medidas y las administraciones extremen sus mecanismos de vigilancia.
Las medidas no funcionan
- Internamiento en centros cerrados. No hay plazas suficientes y no todas las provincias cuentan con un centro donde cumplir la medida.- Arresto de fin de semana. No funciona. No hay centros.
- Internamiento en centros terapéuticos. En la mayoría de las comunidades, no existen estos centros. No hay medios efectivos para los menores con trastornos mentales y problemas de consumo de drogas, ni tratamientos ambulatorios.
- Medidas de régimen abierto. No hay plazas suficientes, ni educadores, ni equipos especializados para centros de día o medidas socioeducativas.
- Libertad vigilada. Incumplimiento por falta de equipos. En algunas comunidades autónomas no funciona en absoluto.
- Mediación. Apenas se usa salvo en Cataluña.
By: EL PAIS
El fiscal de Menores es partidario de rebajar la edad penal hasta los 12 años
El sistema de togas negras y batas blancasAvelino Fierro apuesta por habilitar a los fiscales como instructores en este tipo de causas
«La construcción de un centro especial para León podría retrasarse dos o tres años más todavía»
Miguel Ángel Zamora 20 MAY 2008 LEÓN
El fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de León, Avelino Fierro, insistió públicamente en su adhesión a las nuevas corrientes que sostienen que la edad penal para menores debería ser reducida a los doce años «porque los psicólogos están dando la razón a quienes pensamos que a partir de ese momento de la vida ya hay un raciocinio suficiente como para discernir la idoneidad de las conductas y porque los cambios en la sociedad así nos lo exigen».
Fierro se expresó en estos términos durante la ponencia inaugural del curso de formación para agentes policiales especializados en menores, que comenzó ayer en el salón de actos del Ayuntamiento de la capital y se prolongará hasta el próximo viernes. Las actividades están dirigidas a agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. El concejal de Tráfico de León, José Antonio Díez, y el Intendente Jefe de la Policía Local, Martín Muñoz, asistieron al acto.
El curso permitirá forma específicamente a los agentes para un Grupo de Policía de Menores creado con propósito de concentrar en una unidad operativa todas las actuaciones que las distintas unidades del cuerpo realizan en el ámbito escolar y de menores en general y potenciar los aspectos preventivos respecto de la violencia de la que puedan ser objeto para propiciar una protección adecuada y prevenir conductas antisociales o delictivas de las que los menores pueden ser sujetos activos.
Fierro explicó también su cambio de criterio respecto a la norma en materia de conciliación (alcanzar acuerdos amistosos entre las partes cuando se producen actos delictivos de trascendencia menor). «Hasta ahora se intentaba que con un simple apretón de manos o una petición expresa de disculpas se zanjaran asuntos de gravedad mínima. Yo he optado por la política de entrar en esa dinámica siempre que previamente los padres o tutores del menor hayan hecho frente a las indemnizaciones correspondientes por esa pintada, ese espejo roto en un coche o casos similares».
Para el responsable del área de Menores de la Audiencia Provincial la especialización es necesaria: «Hay aproximadamente un centenar de abogados dedicados a esta materia en la provincia y nos están ayudando de una forma encomiable porque son los verdaderos protagonistas de muchas soluciones».
Avelino Fierro lamenta que el propósito de la ley, que fija que las medidas de internamiento de los menores se deban cumplir en centros especiales en la propia provincia choque con la realidad presupuestaria: «Nosotros tenemos que mandar a los chavales al Centro Especial de Zambrana (Valladolid) y aunque se había hablado de construir uno en León, me parece que tenemos como poco para otros tres años más de espera».
«Otra iniciativa interesante sería habilitar a los fiscales como instructores en casos de menores. Ahorraríamos mucho trabajo a los jueces y se ganaría en celeridad en la administración de justicia».
«Acepto los acuerdos amistosos entre las partes, pero pagando la indemnización antes»
Fiscal de Menores El fiscal de Menores aplaudió la iniciativa del legislador (nombre técnico que se le concede en la judicatura al Gobierno de turno) de apostar por el llamado «sistema de las togas negras y las batas blancas» en lugar de acudir a otros supuestos que también se habían planteado: «Había quien defendía la necesidad de poner en manos de los psicólogos toda esta materia, pero a la larga hubiera sido perjudicial. En el 85% de los casos somos especialmente benevolentes y confiamos en la labor última de reinserción para la que se establecen las medidas que se dictan».
Los cambios en la legislación permiten incluir también acusaciones particulares ahora en materia de menores: «Si se permitiera a los fiscales desarrollar la labor que realmente pueden llevar a cabo, se eliminarían el 50% de los juicios en este campo. El juicio supone a veces un estigma victimizador que no agrada a nadie y siempre que sea posible hay que tratar de evitar eso». DIARIO DE LEON
