ENTREVISTA · Antonio Campanón, educador social y coordinador de Camiña Social
Su entidad promueve una investigación para establecer un protocolo que detecte comportamientos antisociales
· Los jóvenes están sobreprotegidos por sus familias
Guillermo Pardo 26/5/2008 A CORUÑA (LVG)
Antonio Campanón Sanjurjo es educador social y antiguo director de centros de reeducación de menores, además de coordinador general de Camiña Social, entidad sin ánimo de lucro con sede en Lugo que, en convenio con la Xunta, gestiona las instituciones para jóvenes conflictivos Concepción Arenal (A Coruña) y Monteledo (Ourense).
-¿Cómo está la atención a menores conflictivos en Galicia?
-En recursos en centros de internamiento y en régimen de medio abierto, bastante bien. Y mejor estará si Vicepresidencia lleva a cabo sus proyectos. Se echan en falta, sin embargo, programas de formación específica y empleo. La vida de los chicos continúa una vez han cumplido las medidas judiciales, pero muchos no tienen la formación adecuada para enfrentarla.
-¿Proceden de familias sin recursos y marginales?
-Hasta hace unos años era así, pero ya no. Pertenecen a familias normales y sin grandes carencias. A los que las tienen procuramos apoyarlos. El problema de los otros es que han perdido las posibilidades que tenían al verse cortada su trayectoria a causa de su actitud.
-Se suele achacar a la falta de valores los casos de violencia en la familia. ¿Es así?
-No creo que los delitos y faltas que cometen los hijos provengan de la falta de valores, sino más bien de un exceso de proteccionismo.
-¿Qué falla entonces?
-Lo fácil es culpar a la familia, de donde parten las primeras pautas educativas, pero no debemos olvidar que quien educa es la tribu. La frase no es mía, pero define bien el estado de cosas. La televisión, los amigos, la escuela o la calle son ámbitos en los que se aprenden conductas. Es importante detectar cuándo un chaval presenta señales de comportamiento antisocial.
-¿Qué se puede hacer?
-Nosotros [por la organización que dirige] hemos firmado un convenio de investigación con la Universidade de Santiago, que permitirá elaborar un protocolo de conductas que puedan ser delictivas mediante la recogida de información para identificar a los menores con más riesgo de incurrir en ellas. Esperamos tenerlo preparado a final de año.
-¿Tienen clara los menores la línea que separa bien y mal?
-La ley dice que sí y por eso les exige responsabilidades, que el juez acuerda apoyado por un equipo técnico.
-¿Cómo toman las medidas privativas de libertad?
-Hay quienes no asumen que han hecho algo mal y no lo aceptan. El centro en el que cumplen medidas disciplinarias suple a la comunidad, por eso están todo el día haciendo actividades sociales, deportivas o laborales. En esos lugares hay vida y ellos aprenden a vivirla. Quizá por eso muchos no quieren irse. En la privación de libertad hay un paso fundamental: los talleres productivos, que desarrollamos en colaboración con Vicepresidencia. Se hizo en penitenciarías, pero no con menores. Permiten a los mayores de 16 años cobrar por su trabajo y tener seguridad social, entrar en la dinámica laboral y adquirir responsabilidad civil. El siguiente paso es disponer de un tejido empresarial que les garantice una continuidad para cuando cumplan las medidas judiciales. LVG
En opinión de este profesional, la falta de valores, normas y límites condiciona el futuro de muchos adolescentes, que hallan en esos grupos de iguales el caldo de cultivo sobre el que se forjarán sus conductas futuras, aderezadas ya a edad temprana con dosis de baja tolerancia social y alta frustración personal.
«El no haber sido educados en el esfuerzo les condiciona y les hunde en la falta de responsabilidad», añade Marzoa, para quien los valores tienen que canalizarse y afianzarse mediante las emociones, el respeto y la empatía.
«El amor es un arte que hay que enseñar», concluye este profesional que trabaja con adolescentes conflictivos en la entidad lucense Camiña Social. Esta asociación desarrolla desde junio Xeracciona, programa de intercambio de experiencias intergeneracionales mediante el que, en semanas alternativas, jóvenes internos en los centros de reeducación Concepción Arenal y Monteledo, de A Coruña y Ourense, respectivamente, se reúnen con adultos en centros sociales y acogidos en residencias de la tercera edad de ambas provincias para conversar e intercambiar experiencias vitales. LVG
De esa cantidad, casi 8,5 millones se destinaron a costear el internamiento en las 109 plazas de que disponen los cinco centros de titularidad pública existentes en Galicia para estos cometidos, de los que tres están ubicados en Ourense y los otros dos en Pontevedra y A Coruña. El millón de euros restante se dedicó a cubrir los gastos de las medidas que los adolescentes deben cumplir en régimen medio abierto.
Cada una de esas plazas, de las que 66 se gestionan por convenio con entidades privadas, tuvo un coste medio de 180 euros por menor y día, siendo 80 el promedio mensual de puestos ocupados.
Dado que muchas de las resoluciones no implican privación de libertad, hay menores que no las cumplen, sobre todo los reincidentes, que se niegan a acudir a las citas alegando, entre otros motivos, que trabajan o que no les ha llegado la notificación, según argumenta Mariscal de Gante, quien considera que se deben ampliar los recursos para que los adolescentes no se queden desasistidos una vez cumplida la pena.
El fiscal pone como ejemplo la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en talleres que procuren formación específica, puesto que si los menores no encuentran apoyo ni tienen conocimientos para valerse, algunos pueden volver a delinquir. «A los menores debe dárseles toda la protección posible para que cuando se vean libres de la sanción que se les impuso, la labor que se hace con ellos en los centros de reforma dé los resultados esperados», concluye Mariscal de Gante. LVG
http://www.caminasocial.net/
Su entidad promueve una investigación para establecer un protocolo que detecte comportamientos antisociales
· Los jóvenes están sobreprotegidos por sus familias
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Antonio Campanón Sanjurjo es educador social y antiguo director de centros de reeducación de menores, además de coordinador general de Camiña Social, entidad sin ánimo de lucro con sede en Lugo que, en convenio con la Xunta, gestiona las instituciones para jóvenes conflictivos Concepción Arenal (A Coruña) y Monteledo (Ourense).
-¿Cómo está la atención a menores conflictivos en Galicia?
-En recursos en centros de internamiento y en régimen de medio abierto, bastante bien. Y mejor estará si Vicepresidencia lleva a cabo sus proyectos. Se echan en falta, sin embargo, programas de formación específica y empleo. La vida de los chicos continúa una vez han cumplido las medidas judiciales, pero muchos no tienen la formación adecuada para enfrentarla.
-¿Proceden de familias sin recursos y marginales?
-Hasta hace unos años era así, pero ya no. Pertenecen a familias normales y sin grandes carencias. A los que las tienen procuramos apoyarlos. El problema de los otros es que han perdido las posibilidades que tenían al verse cortada su trayectoria a causa de su actitud.
-Se suele achacar a la falta de valores los casos de violencia en la familia. ¿Es así?
-No creo que los delitos y faltas que cometen los hijos provengan de la falta de valores, sino más bien de un exceso de proteccionismo.
-¿Qué falla entonces?
-Lo fácil es culpar a la familia, de donde parten las primeras pautas educativas, pero no debemos olvidar que quien educa es la tribu. La frase no es mía, pero define bien el estado de cosas. La televisión, los amigos, la escuela o la calle son ámbitos en los que se aprenden conductas. Es importante detectar cuándo un chaval presenta señales de comportamiento antisocial.
-¿Qué se puede hacer?
-Nosotros [por la organización que dirige] hemos firmado un convenio de investigación con la Universidade de Santiago, que permitirá elaborar un protocolo de conductas que puedan ser delictivas mediante la recogida de información para identificar a los menores con más riesgo de incurrir en ellas. Esperamos tenerlo preparado a final de año.
-¿Tienen clara los menores la línea que separa bien y mal?
-La ley dice que sí y por eso les exige responsabilidades, que el juez acuerda apoyado por un equipo técnico.
-¿Cómo toman las medidas privativas de libertad?
-Hay quienes no asumen que han hecho algo mal y no lo aceptan. El centro en el que cumplen medidas disciplinarias suple a la comunidad, por eso están todo el día haciendo actividades sociales, deportivas o laborales. En esos lugares hay vida y ellos aprenden a vivirla. Quizá por eso muchos no quieren irse. En la privación de libertad hay un paso fundamental: los talleres productivos, que desarrollamos en colaboración con Vicepresidencia. Se hizo en penitenciarías, pero no con menores. Permiten a los mayores de 16 años cobrar por su trabajo y tener seguridad social, entrar en la dinámica laboral y adquirir responsabilidad civil. El siguiente paso es disponer de un tejido empresarial que les garantice una continuidad para cuando cumplan las medidas judiciales. LVG
La falta de atención familiar, de normas y límites condiciona el futuro de muchos adolescentes
«Cuando en los primeros años de vida los chavales no reciben el alimento emocional que proporciona la familia, luego, con el paso del tiempo, se sentirán inseguros y canalizarán esa sensación a través de la tribu, del grupo de iguales que son sus amigos, para encontrar en ella lo que no han encontrado donde debían», afirma el psicólogo José Marzoa a la hora de explicar qué puede inducir a un joven a delinquir.En opinión de este profesional, la falta de valores, normas y límites condiciona el futuro de muchos adolescentes, que hallan en esos grupos de iguales el caldo de cultivo sobre el que se forjarán sus conductas futuras, aderezadas ya a edad temprana con dosis de baja tolerancia social y alta frustración personal.
«El no haber sido educados en el esfuerzo les condiciona y les hunde en la falta de responsabilidad», añade Marzoa, para quien los valores tienen que canalizarse y afianzarse mediante las emociones, el respeto y la empatía.
«El amor es un arte que hay que enseñar», concluye este profesional que trabaja con adolescentes conflictivos en la entidad lucense Camiña Social. Esta asociación desarrolla desde junio Xeracciona, programa de intercambio de experiencias intergeneracionales mediante el que, en semanas alternativas, jóvenes internos en los centros de reeducación Concepción Arenal y Monteledo, de A Coruña y Ourense, respectivamente, se reúnen con adultos en centros sociales y acogidos en residencias de la tercera edad de ambas provincias para conversar e intercambiar experiencias vitales. LVG
La ejecución de las medidas acarrea costes de casi diez millones de euros
La ejecución de las medidas judiciales derivadas de los expedientes incoados contra menores infractores no salen gratis, y es la Administración autonómica la que debe hacer frente a los gastos que acarrean, que fueron de 9.486.035 euros el año pasado.De esa cantidad, casi 8,5 millones se destinaron a costear el internamiento en las 109 plazas de que disponen los cinco centros de titularidad pública existentes en Galicia para estos cometidos, de los que tres están ubicados en Ourense y los otros dos en Pontevedra y A Coruña. El millón de euros restante se dedicó a cubrir los gastos de las medidas que los adolescentes deben cumplir en régimen medio abierto.
Cada una de esas plazas, de las que 66 se gestionan por convenio con entidades privadas, tuvo un coste medio de 180 euros por menor y día, siendo 80 el promedio mensual de puestos ocupados.
Dado que muchas de las resoluciones no implican privación de libertad, hay menores que no las cumplen, sobre todo los reincidentes, que se niegan a acudir a las citas alegando, entre otros motivos, que trabajan o que no les ha llegado la notificación, según argumenta Mariscal de Gante, quien considera que se deben ampliar los recursos para que los adolescentes no se queden desasistidos una vez cumplida la pena.
El fiscal pone como ejemplo la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en talleres que procuren formación específica, puesto que si los menores no encuentran apoyo ni tienen conocimientos para valerse, algunos pueden volver a delinquir. «A los menores debe dárseles toda la protección posible para que cuando se vean libres de la sanción que se les impuso, la labor que se hace con ellos en los centros de reforma dé los resultados esperados», concluye Mariscal de Gante. LVG
http://www.caminasocial.net/
