ENCUESTA del CONACE
Sanciones internas y programas de prevención están entre las medidas que adoptan los establecimientos, que reconocen el problema y están decididos a enfrentarlo.
· La ley chilena no distingue entre compartir y vender droga en un lugar público. A ambos los considera tráfico
Pamela Elgueda y Carmen Rodríguez 18 JUN 2008 Santiago de Chile (EMOL)
Hace seis años, cuando el Conace les preguntaba a los escolares cuánto demoraban en conseguir drogas, ellos respondían que "entre un día y un día y medio". En la última encuesta, a la misma interrogante, los alumnos de 8° a 4° medio respondieron que tardaban "entre una hora y una hora y media".
La última encuesta de Conace sobre consumo de sustancias en población escolar muestra un aumento en la percepción que tienen los estudiantes acerca del uso y tráfico de estupefacientes tanto dentro como en los alrededores de sus colegios.
En el caso de los establecimientos municipalizados, el alza en la percepción de uso y tráfico dentro del colegio fue de 13 puntos, en los subvencionados de 14 puntos y en los particulares pagados de cinco puntos. El aumento en la sensación de uso y tráfico en los alrededores de las escuelas también subió en todos los colegios.
Ambas percepciones son mayores en los estudiantes de colegios municipalizados: "Eso es porque acogen a una población más vulnerable, con más factores de riesgo y menos protectores. Es un público de mayor interés para los que venden drogas", dice Catalina Droppelmann, investigadora de la Fundación Paz Ciudadana.
Problema transversal
Pero este problema no es privativo de los sectores vulnerables. Rodrigo Díaz, abogado especialista en educación, advierte un aumento transversal de los casos en que los colegios sorprenden a alumnos portando o repartiendo drogas. "Me ha tocado verlo en todo tipo de colegios". Él es asesor del FIDE, agrupación que reúne a 600 colegios particulares subvencionados y particulares pagados: "Si antes teníamos un caso por semestre, ahora tenemos tres".
Rodrigo Díaz relata el caso de un colegio del sector oriente de Santiago en que un niño de 13 años fue expulsado del plantel por vender droga a sus compañeros. Pero no se hizo una denuncia, ya que, por su edad, era inimputable. "Sin embargo, le recomendé al colegio que diera aviso al Sename: si un niño de esa edad está en eso es porque algo pasa con su familia".
Hace dos años en el Liceo Almirante Riveros, de Conchalí, tuvieron que enfrentar una sospecha fundada de venta de drogas en sus dependencias. Su reacción fue trasladar a los estudiantes involucrados a otro establecimiento, donde "les podían dar una enseñanza más especializada, asistencia psicológica y mayor control tanto a la llegada como a la salida", explica el director, Enrique Farías.
"No podíamos dejarlos solos, porque si los expulsábamos iban a traficar el doble. Debíamos sacarlos del ambiente que influía en ellos", agrega el pedagogo.
Medidas internas
El secretario general de la Corporación de Educación de Conchalí, Fernando Echeverría, agrega que la preocupación por lo sucedido llevó a pedirle al OS-7 de Carabineros que hiciera una investigación además de tomar medidas internas para detectar el ingreso de drogas al liceo.
En medio de la población José María Caro (comuna Pedro Aguirre Cerda), el colegio Monseñor Luis Arturo Pérez vive está realidad muy de cerca. "Tenemos alumnos que viven en pasajes donde todo el mundo se droga. Pero nosotros somos una isla dentro de este contexto y, para enfrentarlo, nos basamos en el diálogo con los alumnos: sabemos lo que les está pasando", dice el director Luis Gianelli.
La misma estrategia utiliza el Colegio Altamira, establecimiento privado de Peñalolén: "Tenemos una política de aminoramiento del riesgo. Sabemos quiénes consumen y quiénes no. Y trabajamos en mantener el vínculo y el seguimiento de los procesos de cada uno", dice Camilo Herrera, el director.
Pero tanto en el Altamira como en el Monseñor Luis Arturo Pérez -ambos de realidades sociales muy diferentes- hay límites claros: los alumnos saben que no pueden llevar droga al colegio y que si lo hacen se exponen a sanciones.
Estos colegios, así como el Liceo Almirante Riveros, le dan mucha importancia al tema de la prevención, a través de charlas y talleres con alumnos y apoderados. En este ámbito, el senador Jaime Orpis ha presentado dos veces, sin resultado, un proyecto de ley para incluir contenidos de prevención del consumo de drogas en el curriculum escolar.
"Hay una oferta de prevención buena, pero no es obligatoria. Ahí cojeamos", agrega María Teresa Chadwick.
Pasos a seguir
El abogado Rodrigo Díaz explica que, ante situaciones de tráfico interno, los establecimientos deben seguir dos caminos en forma paralela. "Por un lado, está el reglamento interno de cada colegio, que puede contemplar sanciones de distinto tipo, según la gravedad del caso. Por otro, está la vía legal, en la que se debe hacer una denuncia al Ministerio Público si el alumno que incurrió en tráfico es mayor de 14 años".
Camilo Herrera, del Colegio Altamira, advierte que "bajo la legislación chilena, si un estudiante trae un 'pito' y lo comparte con compañeros, está haciendo tráfico, aunque no lo venda. La ley no hace distinción". Por eso, los jóvenes y los colegios deben tener muy claro a qué se exponen. EL MERCURIO OnLine
Sanciones internas y programas de prevención están entre las medidas que adoptan los establecimientos, que reconocen el problema y están decididos a enfrentarlo.
· La ley chilena no distingue entre compartir y vender droga en un lugar público. A ambos los considera tráfico
Pamela Elgueda y Carmen Rodríguez 18 JUN 2008 Santiago de Chile (EMOL)
Hace seis años, cuando el Conace les preguntaba a los escolares cuánto demoraban en conseguir drogas, ellos respondían que "entre un día y un día y medio". En la última encuesta, a la misma interrogante, los alumnos de 8° a 4° medio respondieron que tardaban "entre una hora y una hora y media".
La última encuesta de Conace sobre consumo de sustancias en población escolar muestra un aumento en la percepción que tienen los estudiantes acerca del uso y tráfico de estupefacientes tanto dentro como en los alrededores de sus colegios.
En el caso de los establecimientos municipalizados, el alza en la percepción de uso y tráfico dentro del colegio fue de 13 puntos, en los subvencionados de 14 puntos y en los particulares pagados de cinco puntos. El aumento en la sensación de uso y tráfico en los alrededores de las escuelas también subió en todos los colegios.
Ambas percepciones son mayores en los estudiantes de colegios municipalizados: "Eso es porque acogen a una población más vulnerable, con más factores de riesgo y menos protectores. Es un público de mayor interés para los que venden drogas", dice Catalina Droppelmann, investigadora de la Fundación Paz Ciudadana.
Problema transversal
Pero este problema no es privativo de los sectores vulnerables. Rodrigo Díaz, abogado especialista en educación, advierte un aumento transversal de los casos en que los colegios sorprenden a alumnos portando o repartiendo drogas. "Me ha tocado verlo en todo tipo de colegios". Él es asesor del FIDE, agrupación que reúne a 600 colegios particulares subvencionados y particulares pagados: "Si antes teníamos un caso por semestre, ahora tenemos tres".
Rodrigo Díaz relata el caso de un colegio del sector oriente de Santiago en que un niño de 13 años fue expulsado del plantel por vender droga a sus compañeros. Pero no se hizo una denuncia, ya que, por su edad, era inimputable. "Sin embargo, le recomendé al colegio que diera aviso al Sename: si un niño de esa edad está en eso es porque algo pasa con su familia".
Hace dos años en el Liceo Almirante Riveros, de Conchalí, tuvieron que enfrentar una sospecha fundada de venta de drogas en sus dependencias. Su reacción fue trasladar a los estudiantes involucrados a otro establecimiento, donde "les podían dar una enseñanza más especializada, asistencia psicológica y mayor control tanto a la llegada como a la salida", explica el director, Enrique Farías.
"No podíamos dejarlos solos, porque si los expulsábamos iban a traficar el doble. Debíamos sacarlos del ambiente que influía en ellos", agrega el pedagogo.
Medidas internas
El secretario general de la Corporación de Educación de Conchalí, Fernando Echeverría, agrega que la preocupación por lo sucedido llevó a pedirle al OS-7 de Carabineros que hiciera una investigación además de tomar medidas internas para detectar el ingreso de drogas al liceo.
En medio de la población José María Caro (comuna Pedro Aguirre Cerda), el colegio Monseñor Luis Arturo Pérez vive está realidad muy de cerca. "Tenemos alumnos que viven en pasajes donde todo el mundo se droga. Pero nosotros somos una isla dentro de este contexto y, para enfrentarlo, nos basamos en el diálogo con los alumnos: sabemos lo que les está pasando", dice el director Luis Gianelli.
La misma estrategia utiliza el Colegio Altamira, establecimiento privado de Peñalolén: "Tenemos una política de aminoramiento del riesgo. Sabemos quiénes consumen y quiénes no. Y trabajamos en mantener el vínculo y el seguimiento de los procesos de cada uno", dice Camilo Herrera, el director.
Pero tanto en el Altamira como en el Monseñor Luis Arturo Pérez -ambos de realidades sociales muy diferentes- hay límites claros: los alumnos saben que no pueden llevar droga al colegio y que si lo hacen se exponen a sanciones.
Estos colegios, así como el Liceo Almirante Riveros, le dan mucha importancia al tema de la prevención, a través de charlas y talleres con alumnos y apoderados. En este ámbito, el senador Jaime Orpis ha presentado dos veces, sin resultado, un proyecto de ley para incluir contenidos de prevención del consumo de drogas en el curriculum escolar.
"Hay una oferta de prevención buena, pero no es obligatoria. Ahí cojeamos", agrega María Teresa Chadwick.
Pasos a seguir
El abogado Rodrigo Díaz explica que, ante situaciones de tráfico interno, los establecimientos deben seguir dos caminos en forma paralela. "Por un lado, está el reglamento interno de cada colegio, que puede contemplar sanciones de distinto tipo, según la gravedad del caso. Por otro, está la vía legal, en la que se debe hacer una denuncia al Ministerio Público si el alumno que incurrió en tráfico es mayor de 14 años".
Camilo Herrera, del Colegio Altamira, advierte que "bajo la legislación chilena, si un estudiante trae un 'pito' y lo comparte con compañeros, está haciendo tráfico, aunque no lo venda. La ley no hace distinción". Por eso, los jóvenes y los colegios deben tener muy claro a qué se exponen. EL MERCURIO OnLine
