ANÁLISIS· Adriana Malvido · MÉXICO, 17 Septiembre, 2008 (MILENIO)
¡Nunca más!
En octubre de 2006 una pequeña de seis años se acercó a sus padres para desahogarse. Su abuelo materno la violaba sistemáticamente. Cuando Miguel Adame, su padre, quiso denunciar y se dio cuenta que los procedimientos implicaban una nueva tortura psicológica y emocional para su niña y que en este país no hay condiciones para hacerlo sin incidir en la revictimización, entendió por qué sólo 10 por ciento de las agresiones sexuales a menores son denunciados. Y optó por otro camino.
En octubre de 2007, otra niña, de 13 años, le llamó por teléfono a su madre, Karla Flores, quien la encontró desnuda y tendida en su cama después de la violación de dos desconocidos. Inmediatamente hicieron la denuncia, los exámenes médicos demostraron la agresión sexual, la madre emprendió su propia investigación hasta que los culpables fueron identificados por la menor y consignados por las autoridades. Sin embargo, poco tiempo después, los liberaron “por falta de pruebas”.
A estas historias se suman muchas más que la mayoría de los niños sufren en silencio durante toda su vida. Se sabe que en México más de 220 mil jóvenes, el 6 por ciento de los estudiantes de bachilleratos federales, han sufrido abuso sexual; que 80 mil niños al año son víctimas de la pederastia y que 20 mil lo son de trata de personas y sometimiento a explotación sexual.
Adame emprendió una lucha sin tregua, se dirigió a todos los niveles de gobierno, a organismos nacionales e internacionales y a los medios de comunicación para convencerlos de la urgencia de políticas públicas dirigidas a la prevención de estos abusos y para cambiar el actual mecanismo, tan inhumano como burocrático, que enfrentan los niños a la hora de denunciarlos. Abrió un espacio (migueladameblogspot.com) y redactó, junto con el asambleísta Agustín Castilla, una iniciativa de ley para reformar el Código Penal del DF que espera su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa propone la creación de “condiciones mínimas” de denuncia, hoy inexistentes, como: la presencia de personal especializado en menores para la exploración física y el apoyo emocional de los niños; audiencias y desahogo de pruebas a puerta cerrada; el uso de video grabaciones para evitar el careo entre la víctima y su agresor y la “traumática” repetición de declaraciones; que el plazo de prescripción corra a partir de los 18 años de la víctimas y la creación de una fiscalía especializada, entre otras medidas.
La mayoría de los abusos sexuales los cometen sujetos aparentemente “normales” dentro del entorno familiar. Muy pocos, como Adame, les han dicho: ¡Nunca más!
MILENIO
¡Nunca más!
En octubre de 2006 una pequeña de seis años se acercó a sus padres para desahogarse. Su abuelo materno la violaba sistemáticamente. Cuando Miguel Adame, su padre, quiso denunciar y se dio cuenta que los procedimientos implicaban una nueva tortura psicológica y emocional para su niña y que en este país no hay condiciones para hacerlo sin incidir en la revictimización, entendió por qué sólo 10 por ciento de las agresiones sexuales a menores son denunciados. Y optó por otro camino.
En octubre de 2007, otra niña, de 13 años, le llamó por teléfono a su madre, Karla Flores, quien la encontró desnuda y tendida en su cama después de la violación de dos desconocidos. Inmediatamente hicieron la denuncia, los exámenes médicos demostraron la agresión sexual, la madre emprendió su propia investigación hasta que los culpables fueron identificados por la menor y consignados por las autoridades. Sin embargo, poco tiempo después, los liberaron “por falta de pruebas”.
A estas historias se suman muchas más que la mayoría de los niños sufren en silencio durante toda su vida. Se sabe que en México más de 220 mil jóvenes, el 6 por ciento de los estudiantes de bachilleratos federales, han sufrido abuso sexual; que 80 mil niños al año son víctimas de la pederastia y que 20 mil lo son de trata de personas y sometimiento a explotación sexual.
Adame emprendió una lucha sin tregua, se dirigió a todos los niveles de gobierno, a organismos nacionales e internacionales y a los medios de comunicación para convencerlos de la urgencia de políticas públicas dirigidas a la prevención de estos abusos y para cambiar el actual mecanismo, tan inhumano como burocrático, que enfrentan los niños a la hora de denunciarlos. Abrió un espacio (migueladameblogspot.com) y redactó, junto con el asambleísta Agustín Castilla, una iniciativa de ley para reformar el Código Penal del DF que espera su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa propone la creación de “condiciones mínimas” de denuncia, hoy inexistentes, como: la presencia de personal especializado en menores para la exploración física y el apoyo emocional de los niños; audiencias y desahogo de pruebas a puerta cerrada; el uso de video grabaciones para evitar el careo entre la víctima y su agresor y la “traumática” repetición de declaraciones; que el plazo de prescripción corra a partir de los 18 años de la víctimas y la creación de una fiscalía especializada, entre otras medidas.
La mayoría de los abusos sexuales los cometen sujetos aparentemente “normales” dentro del entorno familiar. Muy pocos, como Adame, les han dicho: ¡Nunca más!
MILENIO
