ANÁLISIS· VICENTE GARRIDO GENOVÉS · Valencia, 12.10.08 (LP)
Menores ante la ley
Más dura será la caída
LAS PROVINCIAS se hacía eco el pasado lunes de las palabras de Teresa Gisbert, Fiscal Jefe de Valencia, quien presentaba la Memoria Anual correspondiente a 2007 de la Sección de Menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En sus declaraciones había diversas cosas inquietantes, pero en esta ocasión me quiero ocupar del siguiente hecho: ha habido un aumento del 18,8 por ciento en el número de delitos cometidos por menores de edad respecto a 2006. Es más: el 34,3 por ciento de las infracciones cometidas por menores de edad durante el pasado año en la provincia de Valencia estuvo protagonizado por niños y niñas de menos de 14 años que fueron responsables, entre otros, de más delitos contra la libertad sexual y de más robos con violencia que los jóvenes de 15, 16 y 17 años.
Ignoro si nuestros políticos habrán sacado las conclusiones pertinentes. A mi modo de ver, hay tres muy claras. En primer lugar, un tercio de todos los menores que cometen infracciones penales están fuera del alcance de la ley, ya que son menores de 14 años, y sus delitos quedan impunes. En segundo lugar, que los menores de esta edad penal son más violentos en su delinquir que el resto de los jóvenes que están sujetos a la jurisdicción de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y en tercer lugar lugar, que el número total de los delincuentes juveniles ha aumentado casi un 20% con respecto al año pasado.
Estas tres conclusiones juntas alcanzan una verdad de extraordinaria gravedad, y me sorprende que pocos hayan abundado en las funestas implicaciones que encierra, en especial en lo relativo a los menores de 14 años: la Comunitat Valenciana no está teniendo una política preventiva eficaz con los menores que, en una edad temprana, empiezan a cometer delitos.
Esto es particularmente penoso, puesto que sabemos que cuanto antes empieza un niño a delinquir, más probabilidades hay de que continúe cometiendo delitos en su juventud y en su vida adulta. A esto hemos de añadir el hecho de que esa precocidad es ya manifiestamente violenta: nada menos que cometen más robos con violencia y más agresiones sexuales que los adolescentes, cuyo desarrollo físico y arrojo les convierten en delincuentes potenciales mucho más efectivos. Y así, con respecto a los delitos sexuales, se abrieron diligencias contra menores de 14 años por 44 delitos contra la libertad sexual, frente a los 42 atribuidos a menores con 14 y 15 años y los 34 de los de 16 y 17 años.
Lo confieso: si me hubieran preguntado al respecto con anterioridad a la lectura de esa Memoria de la Fiscalía, nunca lo hubiera acertado. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué está pasando para que los menores sean tan violentos? Según mi criterio, pasan dos cosas. En primer lugar, existe una bolsa de chicos (y chicas, aunque su número sea sensiblemente menor) que fracasan estrepitosamente en la escuela, acerca de los cuales sus padres se muestran inoperantes en su crianza y educación, al menos hasta la fecha. Dudo que sea una coincidencia que ese porcentaje de menores de edad penal sea muy parejo al de los que no llegan a obtener el título de educación secundaria obligatoria. El segundo factor relevante aquí es la impunidad: estos precoces maleantes saben que la sociedad está inerme ante sus delitos, y que después de algunos enojosos trámites administrativos y una corta estancia en residencias para menores en situación de desamparo podrán seguir su camino.
Mi amiga Teresa Gisbert ha hablado con una claridad diáfana a quien quiera escucharla: ella reclama que la Ley de Menores incluya a los chicos desde los 12 años, y no desde los 14, como ocurre actualmente, para que tal estado de impunidad deje de ser un manifiesto acelerante de la conducta antisocial que aquéllos llevan a cabo.
Pero también ha dicho otra cosa muy notable: que las diferentes Consellerías del Gobierno Valenciano deberían hacer un gran esfuerzo en ocuparse de las familias cuyos hijos están mostrando claros signos de un desarrollo socialmente incompetente.
En la actualidad parece que vamos a apoyar a las madres jóvenes que están en situación de riesgo social, para que puedan tener su hijo en vez de abortar. Es una idea que merece nuestro aplauso. Pero es claramente insuficiente. No basta con tener un hijo, hay que poder y saber educarlo. Si estas madres jóvenes no cuentan con una red de apoyo social que les permita esa labor, muchos de esos chicos aparecerán en las sucesivas memorias anuales de los delitos en nuestra Comunitat. La alarma ha sonado clara y fuerte: en nuestro tejido social hay un roto muy peligroso. Que nadie diga que no la ha escuchado. LP
VALENCIA 15 de octubre de 2008 (LEVANTE)
[...]
Me refiero, en parte, a los datos que la Fiscalía de Menores nos ha presentado hace unos días. Esta Institución en su informe de 2007 nos dice que los niños de menos de 14 años protagonizan más de un tercio de los delitos cometidos por menores. Pero, sobre todo cuando nos adentramos en los datos es más alarmante. El segmento de menores de 14 años supera a los otros dos de 14 a 15 años y de 16 a 17 en hurtos, robos con violencia e intimidación, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, acoso escolar y delito contra la vida. Es decir, incluso un asesinato. Hasta aquí la Fiscalía. También, recientemente, la prensa nos trae un relato en Alcàsser de un intento de linchamiento a un niña inmigrante por un pelotón de compañeras de clase. Y, a esto tendríamos que adjuntar los silencios de muchas familias acobardadas ante el comportamiento violento de sus hijos, la crueldad sorda y opaca en las aulas, el salvajismo invisible y las conductas dictatoriales e incívicas de muchos de nuestros muchachos/as. Tampoco podemos olvidar el preocupante aumento de alcohol y droga en edades cada vez más tempranas, así como la iniciación a la sexualidad. No es el Apocalipsis, pero tenemos que decir que estos datos están ahí. LEVANTE
07.10.08 - ARTURO CHECA | ALICANTE (LAS PROVINCIAS)
Uno de cada tres delitos cometidos el año pasado por menores de edad en la Comunitat Valenciana no tuvo reproche penal alguno. Se pudo someter a estos adolescentes a algún tipo de medida de protección social (asistencia a cursos, educadores sociales, psicólogos...) para tratar de reconducir su conducta, pero a ninguno de ellos se les aplicó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
La razón, que ninguno de ellos alcanzaba los 14 años, edad mínima a partir de la cual la Fiscalía puede tomar cartas en el asunto. Por esta razón, 4.527 menores por debajo de esta edad cometieron el año pasado algún delito en la Comunitat que no tuvo respuesta penal alguna.
La cuestión no es anecdótica. Y la fiscal jefe de Valencia lo sabe. No es la primera vez que Teresa Gisbert apuesta por rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años como principal forma de acabar con estos delincuentes incipientes. Ayer volvió a hacerlo durante la presentación de los datos de la memoria de la Fiscalía de Menores en la Comunitat. "Estamos perdiendo una oportunidad única para reconducir a estos adolescentes, no con el Código Penal en la mano, sino con la Ley del Menor, en aquellas infracciones especialmente graves".
Porque los delitos que cometen los adolescentes de menor edad no son precisamente los más insignificantes. Los delincuentes de menos años son los más activos (por encima de los delincuentes de entre 14 y 17) a la hora de cometer hurtos y robos con violencia e intimidación, las infracciones que más pueden notar los ciudadanos de a pie.
Más delitos sexuales
Protagonizan incluso más episodios de delincuencia sexual que los adolescentes de mayor edad, según el informe de la Fiscalía. Y más de la mitad del centenar de casos de acoso escolar que el ministerio público contabilizó el año pasado en la región tuvieron detrás a adolescentes que aún no habían cumplido los 14 años.
Por si todos estos datos no fueran suficiente prueba de la impunidad que experimentan los delincuentes juveniles, ahí va otra cifra. El medio millar de casos de violencia doméstica protagonizados por menores de edad el año pasado en la Comunitat supuso un aumento del 28% en este tipo de delitos. Pues bien, en ese mismo periodo, los malos tratos protagonizados por adolescentes menores de 14 años casi se han duplicado, al pasar de 54 a 98.
La propia Gisbert especificó que la mayoría de estos episodios hacen referencia a agresiones cometidas por los pequeños sobre sus padres.
La impunidad penal de la que gozan los delincuentes más precoces va, además, en aumento. La cifra de 4.527 adolescentes menores de 14 años que en 2007 no recibieron castigo penal supone un incremento del 33% con respecto al dígito del año anterior, cuando la Fiscalía contabilizó 3.386 adolescentes.
El preocupante panorama de la delincuencia juvenil se completa al comprobar que el aumento de las infracciones penales afecta a todas las franjas de edad. El año pasado, el ministerio público actuó en la Comunitat Valenciana contra 13.179 menores infractores, un 18% más que en 2006.
En los 4.527 casos en los que la Fiscalía actuó en 2007 sobre menores de 14 años, los hechos fueron archivados por el ministerio público después de que se pusiese en marcha la respectiva medida de protección por parte del Gobierno autonómico. Es la única posibilidad que deja abierta la ley, al no estar permitida la actuación penal sobre estos adolescentes.
La fiscal jefe apuntó una de las posibles explicaciones para esta interminable problemática de la criminalidad juvenil, con especial incidencia entre los más pequeños: el absentismo escolar. "Este es un factor de riesgo que está íntimamente ligado con la delincuencia", subrayó Teresa Gisbert.
Cajeros sin botón de 500 euros
La responsable de la Fiscalía de Valencia aprovechó su comparecencia ante la prensa para revisar las actuaciones llevadas a cabo el pasado año. Y destacó una por encima de todas: la desarticulación en Valencia de varias organizaciones criminales que forzaban a menores rumanos a atracar a los usuarios de cajeros automáticos.
Gisbert recordó que la alarma creada por estos asaltos fue tal que llevó a Bancaja -la entidad que sufrió estos robos de manera más masiva- a eliminar de sus pantallas el botón para extraer 500 euros, opción que generalmente pulsaban los pequeños asaltantes tras distraer a su víctima.
Un juzgado de Valencia dictó poco antes del verano una sentencia contra algunos de los acusados de utilizar a los adolescentes en esta trama criminal, como puntualizó Gisbert, aunque no supo precisar la cuantía de la condena ni la identidad de los procesados.
Con respecto a los adolescentes explotados por estas bandas, la fiscal jefe explicó que tres de ellos han sido ya devueltos a sus familias en Rumanía, mientras que una decena está pendiente de que las pruebas de ADN confirmen la relación con aquellos que dicen ser parientes suyos en sus países de origen. "Los adolescentes no tienen especial interés en reintegrarse a sus hogares, pues se encuentran aquí muy bien y muchos de ellos en el seno de familias de acogida", subrayó la fiscal jefe de Valencia.
Gisbert destacó el buen trabajo realizado por la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad y la firma del protocolo de actuación que ha permitido erradicar esta práctica de las calles de Valencia.
lasprovincias.es
07.10.08 - A. CHECA | VALENCIA
La fiscal jefe de Valencia considera que la rebaja de la edad penal a los 12 años es la principal arma para reeducar a los adolescentes delincuentes y frenar la sensación de impunidad con que parecen actuar muchos de ellos. Pero no es la única solución. Teresa Gisbert instó a la Administración autonómica a "ponerse las pilas" para utilizar las labores de prevención para reducir las preocupantes cifras de criminalidad juvenil.
Gisbert explicó que la rebaja penal permitiría a la Fiscalía actuar en un 40% de esos 4.500 delitos que hoy en día quedan impunes. Así se haría con los que tuvieran mayor gravedad, mientras que el resto, los episodios más leves, se archivarían.
Pero junto a ello, la fiscal jefe lamentó la "problemática de la falta de medios" en áreas como Bienestar Social, Sanidad y Educación para fomentar la prevención del delito como instrumento paralelo a la actuación penal.
La responsable del ministerio público en Valencia lamentó la escasez de "profesores, psicólogos y plazas para poder atender" a aquellos menores que, por ejemplo, presentan trastornos mentales o de personalidad. Gisbert exigió los centros específicos que marcaba la ley de Infancia y Juventud.
Desde la Fiscalía de Menores también advierten de la excesiva facilidad que tienen los adolescentes para acceder a internet, donde la posibilidad de sufrir "daños psicológicos es elevada", advirtió Gisbert.
"Es una maravillosa herramienta pero utilizada muchas veces con fines perniciosos", apuntó la fiscal jefe. Los continuos episodios de pornografía infantil difundida por la red o los casos de foros juveniles en los que se injuria a menores o docentes son sólo algunos de los ejemplos más repetidos.
Otras infracciones
La comparecencia de Teresa Gisbert, la portavoz de la Fiscalía -Susana Gisbert- y la coordinadora de la sección de Menores, Gema García, sirvió también para exponer otros datos de delincuencia, estos referentes únicamente a la provincia de Valencia.
En materia de medio ambiente, la memoria de la Fiscalía revela que el año pasado se investigaron centenar y medio de incendios forestales en Valencia. Algo más de la mitad de ellos tuvieron como causa una imprudencia o una circunstancia fortuita. Mientras, un 45,7% fueron intencionados, según el informe anual.
La memoria recoge también un episodio dedicado a otra de las grandes preocupaciones de la sociedad actual: la siniestralidad laboral. Algunas cifras revelan la magnitud de este problema: durante 2007 perecieron 47 obreros en accidentes de trabajo; la Fiscalía incoó 176 diligencias de investigación (25 de las cuales terminaron en querella); y se iniciaron 53 causas por la existencia de un posible homicidio imprudente en la actuación de los responsables de una obra o empresa durante un siniestro.
Seguridad vial
Acerca de los delitos relacionados con seguridad vial, la Fiscalía destaca que no hay comparativa posible de datos estadísticos al tratarse de una sección de nueva creación.
El informe anual sí destaca, no obstante, que, pese al endurecimiento de la normativa contra los accidentes de tráfico el año pasado, "no recuerda ningún caso en 2007" que llevará a un conductor a acabar en situación de prisión provisional.
En el resumen sobre la memoria entregado por la Fiscalía de Valencia a los medios de comunicación se recoge también un apartado destinado a dejar constancia de las carencias materiales y personales que sufren los miembros del ministerio público.
La memoria califica como "mundo no resuelto" la escasez que siguen padeciendo en materia de material informático. El informe insiste en la insuficiencia de los sistemas de videoconferencia (que reduciría la necesidad de desplazamiento de los fiscales) y la inexistencia de una conexión informática entre la Fiscalía y los juzgados.
La Fiscalía también hace hincapié en la falta de auxiliares y funcionarios que les apoyan en su trabajo del día a día. LP
ENTREVISTA: TERESA GISBERT Fiscal jefe provincial de Valencia
"No estoy segura de que alargar las penas sea una buena solución"
"Decir que la Ley de Violencia no funciona es obviar todo lo demás"
"Las teles deberían pensar seriamente sobre su deficiente programación"
LYDIA GARRIDO - Valencia - 13/10/2008
Se ha propuesto que la Fiscalía sea una referencia para los ciudadanos, y con esa máxima modifica su estructura para acercarla como un servicio público más. Las víctimas son su prioridad. Y que se las cuide, una exigencia.
Llegó con la intención de practicar un cambio tranquilo. Ocho meses después, sus planes se han ido concretando. La fiscalía provincial de Valencia tiene una delegada de Víctimas y firmará en breve un protocolo sobre la materia con la consejería de Justicia. Se han creado las secciones del Jurado, porque quiere eliminar que "se utilicen las puertas traseras que tiene la ley para evitarlo", y de Delitos Informáticos. Y pelea para que el mayor número de recursos posibles entre a disposición de Violencia sobre la Mujer. Lograr la máxima eficacia es su objetivo. Por eso es crítica con los que la entorpecen y agradece la colaboración, más allá de siglas. La militancia en valores que exhibió en Menores Teresa Gisbert (Valencia, 1957) la aplica ahora como jefa provincial. No desaprovecha oportunidad en contribuir a una justicia más
Pregunta. ¿Eran necesarias todas esas reformas?
Respuesta. Esas y otras muchas. A mí me interesa que las víctimas sepan que tienen un lugar pensado para ayudarlas, que el jurado funcione y dé la respuesta adecuada, que los fiscales tengan un grupo especializado para abordarlo, que en materia de delitos informáticos los compañeros tengan una jurisprudencia disponible y especialistas para afrontar ese tipo de delitos. Me preocupa luchar contra la vulneración de derechos en Internet, especialmente de los menores. Es demasiado fácil y sale muy barato.
P. ¿Cómo va a resolver el atasco en ejecución de sentencias?
R. De nada sirve que haya una sentencia por un delito si la condena no se cumple y no se ejecuta. Se han doblado los juzgados de ejecutorias en jueces y secretarios y se dotó por parte de la Consejería de más funcionarios. En Fiscalía, eso ha supuesto que entren muchas más ejecutorias. Tenemos un problema de coordinación de sistemas informáticos. Para ilustrarlo: un funcionario tiene que abrir diez pantallas por cada registro. Me dirigí a la Inspección fiscal para que me nombraran un fiscal sustituto de refuerzo. Me lo han concedido y voy a pedir funcionarios de refuerzo a la consejería.
P. ¿Existe riesgo real aún ahora de otro caso Mari Luz?
R. El riesgo real de que pueda producirse otro caso Mari Luz existe. En este momento, no tenemos a nuestra disposición la técnica suficiente. Todo funciona, muchas veces, por la voluntariedad de las personas que intervienen. Un tema tan grave no puede depender de la voluntariedad.
P. Ahora que ya domina todas las secciones, ¿cuánta corrupción urbanística hay?
R. Hay un nivel alto de corrupción urbanística y también lo hay de investigación.
P. Hay sectores que dudan de que los políticos que puedan estar implicados paguen por ello.
R. Tengo la certeza de que sea quien sea, del color que sea, si hay una investigación en la que se puede probar prevaricación, cohecho, en delitos urbanísticos, sobres por el medio, lo que sea, los fiscales lo van a llevar hasta el final.
P. ¿Cómo valora la Ley de Violencia sobre la Mujer?
R. Es evidente que la situación no es la que debiera porque siguen muriendo muchas, demasiadas mujeres. Una es demasiado. Decir que la ley de violencia no funciona es obviar el resto de los campos que hay alrededor. La ley no puede solucionar todos los problemas, y menos aquí. Cuando actúa la ley es porque ya ha habido una lesión o una muerte. Muchas veces, las leyes no van acompañadas de la memoria económica necesaria para ponerlas en marcha absolutamente. Hace falta mayor coordinación y creo que la fiscalía tiene ahí una labor fundamental dado que está en medio.
P. ¿Qué hace falta?
R. Para que la ley funcione también es importante que las penas se cumplan. Por ejemplo, en lo que a cursos de formación y rehabilitación se refiere. No hay plazas suficientes. Y, por supuesto, los trabajos en beneficio de la comunidad, para lo que hay muy pocas plazas. La ley falla en la prevención. Y la prevención es educación, es formación, es detección. Tendremos que esperar una generación, educada en valores y en la no violencia, en la solidaridad.
P. ¿Educación para la ciudadanía, por ejemplo?
R. No entiendo qué pasa. El frenazo a la educación para la ciudadanía tiene mucho que ver con la eficacia o no en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia entre menores, en favor de la convivencia. Me parece absurdo lo que está ocurriendo. Son temas éticos, de un estado de derecho, que no deberían plantear mayores problemas. No se puede entrar en una especie de obstaculización a una ley mediante argucias como el hecho de que se dé en un idioma determinado. Si hay una ley que han aprobado las cortes españolas, hay que cumplirla. Una situación como la que se observa no es ni educativa ni cívica.
P. ¿Qué importancia tiene la televisión en esa educación?
R. Las televisiones deberían pensar seriamente sobre su deficiente programación. Escenas de Matrimonio, por ejemplo, que reproduce unos desvalores manifiestos, debería desaparecer. Da una imagen de las relaciones sociales, personales y sexuales con estereotipos de los que hay que huir, que hay que eliminar. Pero también algunos dibujos. A Belén Esteban le prohibiría que saliera en televisión, no sale más que para hablar de los problemas con su hija. La menor no es un personaje público. Pero claro, como eso vende. La siguiente pregunta es qué clase de sociedad tenemos. Determinados anuncios, como el de unos niños que secuestran un perro y chantajean al dueño de un coche, lo cual es un delito, son inaceptables.
P. ¿Qué opina de las políticas en favor de la adopción en casos de embarazo no deseado?
R. De lo que se habla ahora es de lo que recoge la Ley de la Infancia y la Juventud, que dice que se garantiza la vida de los menores que se hallan en la Comunidad Valenciana, y se garantiza el derecho a la vida en formación. Se supone que eso es a los embarazos. Pero, ¿cuáles? ¿De una semana? ¿De quince días? Cualquier ayuda que se dé a las mujeres embarazadas que están en una situación de exclusión social por problemas económicos, por problemas de inmigración, por cualquier situación, bienvenida sea. Eso tendría que ir unido a medidas para embarazos no deseados. No pongamos el parche al final, pongámoslo al principio, garanticemos el adecuado acceso a los anticonceptivos para los menores, garanticemos el adecuado acceso en la sanidad pública a la píldora del día siguiente cuando haya una indicación médica. Siempre se olvida que la píldora del día siguiente no es un método abortivo, es un servicio de la sanidad pública y depende de una indicación médica. Y que no resulte que haya tantas objeciones de conciencia que nadie la dé. Aplaudo cualquier ayuda a una mujer embarazada pero lo primero que hay que hacer es evitar los embarazos no deseados. Y hay que tener presente que una mujer no puede decidir si da o no a su hijo en adopción hasta pasados 30 días del alumbramiento, y me parece un plazo corto. Espero que no estemos hablando de pactos previos. Puede ser peligroso que llegado el momento la mujer no se sienta con libertad suficiente para tomar la decisión que desea por su situación económica, por obligación o agradecimiento.
P. ¿Son razonables los miedos a la instrucción del fiscal?
R. El fiscal a la hora de tomar sus decisiones es independiente porque está sujeto al principio de legalidad. Decir que los fiscales están sujetos a los vaivenes políticos es, aparte de una falacia, desconocer la carrera fiscal. Soy una defensora de la instrucción por el fiscal. En materia de menores, ha quedado demostrado que lo lógico es que el fiscal haga la instrucción y el juez cumpla con las dos importantes misiones que le confiere la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ser juez de garantías. Pero si se da la instrucción al fiscal, sobran jueces. Es una decisión política muy costosa.
P. ¿Aumentaría las penas a los agresores sexuales?
R. Esa revisión de penas tiene un peligro, si empezamos por ese camino acabaremos en la cadena perpetua. El camino natural es pensar que como no se sabe si va a repetir o no un delito, que no salga. Las ciencias jurídicas demandan más equipos técnicos que nos hablen de la personalidad. No para llegar a un derecho penal de autor, pero no podemos castigar el hecho sin tener en cuenta la personalidad. No creo que la solución esté sólo en alargar las penas. Ese es un camino que lo empiezas y acabas en la cadena perpetua. No es fácil de resolver, y entiendo a los padres de las víctimas. PA
Menores ante la ley
Más dura será la caída
| FISCAL JEFE DE VALENCIA · "Estamos perdiendo una oportunidad única para reconducir a estos adolescentes, no con el Código Penal en la mano, sino con la Ley del Menor, en aquellas infracciones especialmente graves". · Los delitos que cometen los adolescentes de menor edad no son precisamente los más insignificantes · Los delincuentes de menos años son los más activos (por encima de los delincuentes de entre 14 y 17) a la hora de cometer infracciones que más pueden notar los ciudadanos de a pie · Protagonizan más episodios de delincuencia sexual que los adolescentes de mayor edad, · Más de la mitad del centenar de casos de acoso escolar en 2007 tuvieron detrás a adolescentes que aún no habían cumplido los 14 años · Los casos de violencia doméstica -mayoría agresiones a sus padres- protagonizados por menores de 14 años casi se han duplicado, al pasar de 54 a 98 |
Ignoro si nuestros políticos habrán sacado las conclusiones pertinentes. A mi modo de ver, hay tres muy claras. En primer lugar, un tercio de todos los menores que cometen infracciones penales están fuera del alcance de la ley, ya que son menores de 14 años, y sus delitos quedan impunes. En segundo lugar, que los menores de esta edad penal son más violentos en su delinquir que el resto de los jóvenes que están sujetos a la jurisdicción de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y en tercer lugar lugar, que el número total de los delincuentes juveniles ha aumentado casi un 20% con respecto al año pasado.
Estas tres conclusiones juntas alcanzan una verdad de extraordinaria gravedad, y me sorprende que pocos hayan abundado en las funestas implicaciones que encierra, en especial en lo relativo a los menores de 14 años: la Comunitat Valenciana no está teniendo una política preventiva eficaz con los menores que, en una edad temprana, empiezan a cometer delitos.
Esto es particularmente penoso, puesto que sabemos que cuanto antes empieza un niño a delinquir, más probabilidades hay de que continúe cometiendo delitos en su juventud y en su vida adulta. A esto hemos de añadir el hecho de que esa precocidad es ya manifiestamente violenta: nada menos que cometen más robos con violencia y más agresiones sexuales que los adolescentes, cuyo desarrollo físico y arrojo les convierten en delincuentes potenciales mucho más efectivos. Y así, con respecto a los delitos sexuales, se abrieron diligencias contra menores de 14 años por 44 delitos contra la libertad sexual, frente a los 42 atribuidos a menores con 14 y 15 años y los 34 de los de 16 y 17 años.
Lo confieso: si me hubieran preguntado al respecto con anterioridad a la lectura de esa Memoria de la Fiscalía, nunca lo hubiera acertado. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué está pasando para que los menores sean tan violentos? Según mi criterio, pasan dos cosas. En primer lugar, existe una bolsa de chicos (y chicas, aunque su número sea sensiblemente menor) que fracasan estrepitosamente en la escuela, acerca de los cuales sus padres se muestran inoperantes en su crianza y educación, al menos hasta la fecha. Dudo que sea una coincidencia que ese porcentaje de menores de edad penal sea muy parejo al de los que no llegan a obtener el título de educación secundaria obligatoria. El segundo factor relevante aquí es la impunidad: estos precoces maleantes saben que la sociedad está inerme ante sus delitos, y que después de algunos enojosos trámites administrativos y una corta estancia en residencias para menores en situación de desamparo podrán seguir su camino.
Mi amiga Teresa Gisbert ha hablado con una claridad diáfana a quien quiera escucharla: ella reclama que la Ley de Menores incluya a los chicos desde los 12 años, y no desde los 14, como ocurre actualmente, para que tal estado de impunidad deje de ser un manifiesto acelerante de la conducta antisocial que aquéllos llevan a cabo.
Pero también ha dicho otra cosa muy notable: que las diferentes Consellerías del Gobierno Valenciano deberían hacer un gran esfuerzo en ocuparse de las familias cuyos hijos están mostrando claros signos de un desarrollo socialmente incompetente.
En la actualidad parece que vamos a apoyar a las madres jóvenes que están en situación de riesgo social, para que puedan tener su hijo en vez de abortar. Es una idea que merece nuestro aplauso. Pero es claramente insuficiente. No basta con tener un hijo, hay que poder y saber educarlo. Si estas madres jóvenes no cuentan con una red de apoyo social que les permita esa labor, muchos de esos chicos aparecerán en las sucesivas memorias anuales de los delitos en nuestra Comunitat. La alarma ha sonado clara y fuerte: en nuestro tejido social hay un roto muy peligroso. Que nadie diga que no la ha escuchado. LP
Delincuencia infantil y Ciudadanía
JOSÉ LUIS FERRANDO LADAVALENCIA 15 de octubre de 2008 (LEVANTE)
[...]
Me refiero, en parte, a los datos que la Fiscalía de Menores nos ha presentado hace unos días. Esta Institución en su informe de 2007 nos dice que los niños de menos de 14 años protagonizan más de un tercio de los delitos cometidos por menores. Pero, sobre todo cuando nos adentramos en los datos es más alarmante. El segmento de menores de 14 años supera a los otros dos de 14 a 15 años y de 16 a 17 en hurtos, robos con violencia e intimidación, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, acoso escolar y delito contra la vida. Es decir, incluso un asesinato. Hasta aquí la Fiscalía. También, recientemente, la prensa nos trae un relato en Alcàsser de un intento de linchamiento a un niña inmigrante por un pelotón de compañeras de clase. Y, a esto tendríamos que adjuntar los silencios de muchas familias acobardadas ante el comportamiento violento de sus hijos, la crueldad sorda y opaca en las aulas, el salvajismo invisible y las conductas dictatoriales e incívicas de muchos de nuestros muchachos/as. Tampoco podemos olvidar el preocupante aumento de alcohol y droga en edades cada vez más tempranas, así como la iniciación a la sexualidad. No es el Apocalipsis, pero tenemos que decir que estos datos están ahí. LEVANTE
4.500 delincuentes quedan sin condena en la Comunitat por tener menos de 14 años
La fiscal jefe reitera la necesidad de rebajar la edad penal hasta los 12 años de edad07.10.08 - ARTURO CHECA | ALICANTE (LAS PROVINCIAS)
Uno de cada tres delitos cometidos el año pasado por menores de edad en la Comunitat Valenciana no tuvo reproche penal alguno. Se pudo someter a estos adolescentes a algún tipo de medida de protección social (asistencia a cursos, educadores sociales, psicólogos...) para tratar de reconducir su conducta, pero a ninguno de ellos se les aplicó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
La razón, que ninguno de ellos alcanzaba los 14 años, edad mínima a partir de la cual la Fiscalía puede tomar cartas en el asunto. Por esta razón, 4.527 menores por debajo de esta edad cometieron el año pasado algún delito en la Comunitat que no tuvo respuesta penal alguna.
La cuestión no es anecdótica. Y la fiscal jefe de Valencia lo sabe. No es la primera vez que Teresa Gisbert apuesta por rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años como principal forma de acabar con estos delincuentes incipientes. Ayer volvió a hacerlo durante la presentación de los datos de la memoria de la Fiscalía de Menores en la Comunitat. "Estamos perdiendo una oportunidad única para reconducir a estos adolescentes, no con el Código Penal en la mano, sino con la Ley del Menor, en aquellas infracciones especialmente graves".
Porque los delitos que cometen los adolescentes de menor edad no son precisamente los más insignificantes. Los delincuentes de menos años son los más activos (por encima de los delincuentes de entre 14 y 17) a la hora de cometer hurtos y robos con violencia e intimidación, las infracciones que más pueden notar los ciudadanos de a pie.
Más delitos sexuales
Protagonizan incluso más episodios de delincuencia sexual que los adolescentes de mayor edad, según el informe de la Fiscalía. Y más de la mitad del centenar de casos de acoso escolar que el ministerio público contabilizó el año pasado en la región tuvieron detrás a adolescentes que aún no habían cumplido los 14 años.
Por si todos estos datos no fueran suficiente prueba de la impunidad que experimentan los delincuentes juveniles, ahí va otra cifra. El medio millar de casos de violencia doméstica protagonizados por menores de edad el año pasado en la Comunitat supuso un aumento del 28% en este tipo de delitos. Pues bien, en ese mismo periodo, los malos tratos protagonizados por adolescentes menores de 14 años casi se han duplicado, al pasar de 54 a 98.
La propia Gisbert especificó que la mayoría de estos episodios hacen referencia a agresiones cometidas por los pequeños sobre sus padres.
La impunidad penal de la que gozan los delincuentes más precoces va, además, en aumento. La cifra de 4.527 adolescentes menores de 14 años que en 2007 no recibieron castigo penal supone un incremento del 33% con respecto al dígito del año anterior, cuando la Fiscalía contabilizó 3.386 adolescentes.
El preocupante panorama de la delincuencia juvenil se completa al comprobar que el aumento de las infracciones penales afecta a todas las franjas de edad. El año pasado, el ministerio público actuó en la Comunitat Valenciana contra 13.179 menores infractores, un 18% más que en 2006.
En los 4.527 casos en los que la Fiscalía actuó en 2007 sobre menores de 14 años, los hechos fueron archivados por el ministerio público después de que se pusiese en marcha la respectiva medida de protección por parte del Gobierno autonómico. Es la única posibilidad que deja abierta la ley, al no estar permitida la actuación penal sobre estos adolescentes.
La fiscal jefe apuntó una de las posibles explicaciones para esta interminable problemática de la criminalidad juvenil, con especial incidencia entre los más pequeños: el absentismo escolar. "Este es un factor de riesgo que está íntimamente ligado con la delincuencia", subrayó Teresa Gisbert.
Cajeros sin botón de 500 euros
La responsable de la Fiscalía de Valencia aprovechó su comparecencia ante la prensa para revisar las actuaciones llevadas a cabo el pasado año. Y destacó una por encima de todas: la desarticulación en Valencia de varias organizaciones criminales que forzaban a menores rumanos a atracar a los usuarios de cajeros automáticos.
Gisbert recordó que la alarma creada por estos asaltos fue tal que llevó a Bancaja -la entidad que sufrió estos robos de manera más masiva- a eliminar de sus pantallas el botón para extraer 500 euros, opción que generalmente pulsaban los pequeños asaltantes tras distraer a su víctima.
Un juzgado de Valencia dictó poco antes del verano una sentencia contra algunos de los acusados de utilizar a los adolescentes en esta trama criminal, como puntualizó Gisbert, aunque no supo precisar la cuantía de la condena ni la identidad de los procesados.
Con respecto a los adolescentes explotados por estas bandas, la fiscal jefe explicó que tres de ellos han sido ya devueltos a sus familias en Rumanía, mientras que una decena está pendiente de que las pruebas de ADN confirmen la relación con aquellos que dicen ser parientes suyos en sus países de origen. "Los adolescentes no tienen especial interés en reintegrarse a sus hogares, pues se encuentran aquí muy bien y muchos de ellos en el seno de familias de acogida", subrayó la fiscal jefe de Valencia.
Gisbert destacó el buen trabajo realizado por la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad y la firma del protocolo de actuación que ha permitido erradicar esta práctica de las calles de Valencia.
lasprovincias.es
La Fiscalía reclama al Consell más medios en Sanidad y Bienestar Social contra la delincuencia juvenil
Gisbert pide más centros y profesionales para tratar a los adolescentes
07.10.08 - A. CHECA | VALENCIA
La fiscal jefe de Valencia considera que la rebaja de la edad penal a los 12 años es la principal arma para reeducar a los adolescentes delincuentes y frenar la sensación de impunidad con que parecen actuar muchos de ellos. Pero no es la única solución. Teresa Gisbert instó a la Administración autonómica a "ponerse las pilas" para utilizar las labores de prevención para reducir las preocupantes cifras de criminalidad juvenil.
Gisbert explicó que la rebaja penal permitiría a la Fiscalía actuar en un 40% de esos 4.500 delitos que hoy en día quedan impunes. Así se haría con los que tuvieran mayor gravedad, mientras que el resto, los episodios más leves, se archivarían.
Pero junto a ello, la fiscal jefe lamentó la "problemática de la falta de medios" en áreas como Bienestar Social, Sanidad y Educación para fomentar la prevención del delito como instrumento paralelo a la actuación penal.
La responsable del ministerio público en Valencia lamentó la escasez de "profesores, psicólogos y plazas para poder atender" a aquellos menores que, por ejemplo, presentan trastornos mentales o de personalidad. Gisbert exigió los centros específicos que marcaba la ley de Infancia y Juventud.
Desde la Fiscalía de Menores también advierten de la excesiva facilidad que tienen los adolescentes para acceder a internet, donde la posibilidad de sufrir "daños psicológicos es elevada", advirtió Gisbert.
"Es una maravillosa herramienta pero utilizada muchas veces con fines perniciosos", apuntó la fiscal jefe. Los continuos episodios de pornografía infantil difundida por la red o los casos de foros juveniles en los que se injuria a menores o docentes son sólo algunos de los ejemplos más repetidos.
Otras infracciones
La comparecencia de Teresa Gisbert, la portavoz de la Fiscalía -Susana Gisbert- y la coordinadora de la sección de Menores, Gema García, sirvió también para exponer otros datos de delincuencia, estos referentes únicamente a la provincia de Valencia.
En materia de medio ambiente, la memoria de la Fiscalía revela que el año pasado se investigaron centenar y medio de incendios forestales en Valencia. Algo más de la mitad de ellos tuvieron como causa una imprudencia o una circunstancia fortuita. Mientras, un 45,7% fueron intencionados, según el informe anual.
La memoria recoge también un episodio dedicado a otra de las grandes preocupaciones de la sociedad actual: la siniestralidad laboral. Algunas cifras revelan la magnitud de este problema: durante 2007 perecieron 47 obreros en accidentes de trabajo; la Fiscalía incoó 176 diligencias de investigación (25 de las cuales terminaron en querella); y se iniciaron 53 causas por la existencia de un posible homicidio imprudente en la actuación de los responsables de una obra o empresa durante un siniestro.
Seguridad vial
Acerca de los delitos relacionados con seguridad vial, la Fiscalía destaca que no hay comparativa posible de datos estadísticos al tratarse de una sección de nueva creación.
El informe anual sí destaca, no obstante, que, pese al endurecimiento de la normativa contra los accidentes de tráfico el año pasado, "no recuerda ningún caso en 2007" que llevará a un conductor a acabar en situación de prisión provisional.
En el resumen sobre la memoria entregado por la Fiscalía de Valencia a los medios de comunicación se recoge también un apartado destinado a dejar constancia de las carencias materiales y personales que sufren los miembros del ministerio público.
La memoria califica como "mundo no resuelto" la escasez que siguen padeciendo en materia de material informático. El informe insiste en la insuficiencia de los sistemas de videoconferencia (que reduciría la necesidad de desplazamiento de los fiscales) y la inexistencia de una conexión informática entre la Fiscalía y los juzgados.
La Fiscalía también hace hincapié en la falta de auxiliares y funcionarios que les apoyan en su trabajo del día a día. LP
ENTREVISTA: TERESA GISBERT Fiscal jefe provincial de Valencia
"Lo que pasa con Educación para la Ciudadanía no es ni cívico ni educativo"
"Lo que hay que hacer es prevenir los embarazos no deseados""No estoy segura de que alargar las penas sea una buena solución"
"Decir que la Ley de Violencia no funciona es obviar todo lo demás"
"Las teles deberían pensar seriamente sobre su deficiente programación"
LYDIA GARRIDO - Valencia - 13/10/2008
Se ha propuesto que la Fiscalía sea una referencia para los ciudadanos, y con esa máxima modifica su estructura para acercarla como un servicio público más. Las víctimas son su prioridad. Y que se las cuide, una exigencia.
Llegó con la intención de practicar un cambio tranquilo. Ocho meses después, sus planes se han ido concretando. La fiscalía provincial de Valencia tiene una delegada de Víctimas y firmará en breve un protocolo sobre la materia con la consejería de Justicia. Se han creado las secciones del Jurado, porque quiere eliminar que "se utilicen las puertas traseras que tiene la ley para evitarlo", y de Delitos Informáticos. Y pelea para que el mayor número de recursos posibles entre a disposición de Violencia sobre la Mujer. Lograr la máxima eficacia es su objetivo. Por eso es crítica con los que la entorpecen y agradece la colaboración, más allá de siglas. La militancia en valores que exhibió en Menores Teresa Gisbert (Valencia, 1957) la aplica ahora como jefa provincial. No desaprovecha oportunidad en contribuir a una justicia más
Pregunta. ¿Eran necesarias todas esas reformas?
Respuesta. Esas y otras muchas. A mí me interesa que las víctimas sepan que tienen un lugar pensado para ayudarlas, que el jurado funcione y dé la respuesta adecuada, que los fiscales tengan un grupo especializado para abordarlo, que en materia de delitos informáticos los compañeros tengan una jurisprudencia disponible y especialistas para afrontar ese tipo de delitos. Me preocupa luchar contra la vulneración de derechos en Internet, especialmente de los menores. Es demasiado fácil y sale muy barato.
P. ¿Cómo va a resolver el atasco en ejecución de sentencias?
R. De nada sirve que haya una sentencia por un delito si la condena no se cumple y no se ejecuta. Se han doblado los juzgados de ejecutorias en jueces y secretarios y se dotó por parte de la Consejería de más funcionarios. En Fiscalía, eso ha supuesto que entren muchas más ejecutorias. Tenemos un problema de coordinación de sistemas informáticos. Para ilustrarlo: un funcionario tiene que abrir diez pantallas por cada registro. Me dirigí a la Inspección fiscal para que me nombraran un fiscal sustituto de refuerzo. Me lo han concedido y voy a pedir funcionarios de refuerzo a la consejería.
P. ¿Existe riesgo real aún ahora de otro caso Mari Luz?
R. El riesgo real de que pueda producirse otro caso Mari Luz existe. En este momento, no tenemos a nuestra disposición la técnica suficiente. Todo funciona, muchas veces, por la voluntariedad de las personas que intervienen. Un tema tan grave no puede depender de la voluntariedad.
P. Ahora que ya domina todas las secciones, ¿cuánta corrupción urbanística hay?
R. Hay un nivel alto de corrupción urbanística y también lo hay de investigación.
P. Hay sectores que dudan de que los políticos que puedan estar implicados paguen por ello.
R. Tengo la certeza de que sea quien sea, del color que sea, si hay una investigación en la que se puede probar prevaricación, cohecho, en delitos urbanísticos, sobres por el medio, lo que sea, los fiscales lo van a llevar hasta el final.
P. ¿Cómo valora la Ley de Violencia sobre la Mujer?
R. Es evidente que la situación no es la que debiera porque siguen muriendo muchas, demasiadas mujeres. Una es demasiado. Decir que la ley de violencia no funciona es obviar el resto de los campos que hay alrededor. La ley no puede solucionar todos los problemas, y menos aquí. Cuando actúa la ley es porque ya ha habido una lesión o una muerte. Muchas veces, las leyes no van acompañadas de la memoria económica necesaria para ponerlas en marcha absolutamente. Hace falta mayor coordinación y creo que la fiscalía tiene ahí una labor fundamental dado que está en medio.
P. ¿Qué hace falta?
R. Para que la ley funcione también es importante que las penas se cumplan. Por ejemplo, en lo que a cursos de formación y rehabilitación se refiere. No hay plazas suficientes. Y, por supuesto, los trabajos en beneficio de la comunidad, para lo que hay muy pocas plazas. La ley falla en la prevención. Y la prevención es educación, es formación, es detección. Tendremos que esperar una generación, educada en valores y en la no violencia, en la solidaridad.
P. ¿Educación para la ciudadanía, por ejemplo?
R. No entiendo qué pasa. El frenazo a la educación para la ciudadanía tiene mucho que ver con la eficacia o no en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia entre menores, en favor de la convivencia. Me parece absurdo lo que está ocurriendo. Son temas éticos, de un estado de derecho, que no deberían plantear mayores problemas. No se puede entrar en una especie de obstaculización a una ley mediante argucias como el hecho de que se dé en un idioma determinado. Si hay una ley que han aprobado las cortes españolas, hay que cumplirla. Una situación como la que se observa no es ni educativa ni cívica.
P. ¿Qué importancia tiene la televisión en esa educación?
R. Las televisiones deberían pensar seriamente sobre su deficiente programación. Escenas de Matrimonio, por ejemplo, que reproduce unos desvalores manifiestos, debería desaparecer. Da una imagen de las relaciones sociales, personales y sexuales con estereotipos de los que hay que huir, que hay que eliminar. Pero también algunos dibujos. A Belén Esteban le prohibiría que saliera en televisión, no sale más que para hablar de los problemas con su hija. La menor no es un personaje público. Pero claro, como eso vende. La siguiente pregunta es qué clase de sociedad tenemos. Determinados anuncios, como el de unos niños que secuestran un perro y chantajean al dueño de un coche, lo cual es un delito, son inaceptables.
P. ¿Qué opina de las políticas en favor de la adopción en casos de embarazo no deseado?
R. De lo que se habla ahora es de lo que recoge la Ley de la Infancia y la Juventud, que dice que se garantiza la vida de los menores que se hallan en la Comunidad Valenciana, y se garantiza el derecho a la vida en formación. Se supone que eso es a los embarazos. Pero, ¿cuáles? ¿De una semana? ¿De quince días? Cualquier ayuda que se dé a las mujeres embarazadas que están en una situación de exclusión social por problemas económicos, por problemas de inmigración, por cualquier situación, bienvenida sea. Eso tendría que ir unido a medidas para embarazos no deseados. No pongamos el parche al final, pongámoslo al principio, garanticemos el adecuado acceso a los anticonceptivos para los menores, garanticemos el adecuado acceso en la sanidad pública a la píldora del día siguiente cuando haya una indicación médica. Siempre se olvida que la píldora del día siguiente no es un método abortivo, es un servicio de la sanidad pública y depende de una indicación médica. Y que no resulte que haya tantas objeciones de conciencia que nadie la dé. Aplaudo cualquier ayuda a una mujer embarazada pero lo primero que hay que hacer es evitar los embarazos no deseados. Y hay que tener presente que una mujer no puede decidir si da o no a su hijo en adopción hasta pasados 30 días del alumbramiento, y me parece un plazo corto. Espero que no estemos hablando de pactos previos. Puede ser peligroso que llegado el momento la mujer no se sienta con libertad suficiente para tomar la decisión que desea por su situación económica, por obligación o agradecimiento.
P. ¿Son razonables los miedos a la instrucción del fiscal?
R. El fiscal a la hora de tomar sus decisiones es independiente porque está sujeto al principio de legalidad. Decir que los fiscales están sujetos a los vaivenes políticos es, aparte de una falacia, desconocer la carrera fiscal. Soy una defensora de la instrucción por el fiscal. En materia de menores, ha quedado demostrado que lo lógico es que el fiscal haga la instrucción y el juez cumpla con las dos importantes misiones que le confiere la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ser juez de garantías. Pero si se da la instrucción al fiscal, sobran jueces. Es una decisión política muy costosa.
P. ¿Aumentaría las penas a los agresores sexuales?
R. Esa revisión de penas tiene un peligro, si empezamos por ese camino acabaremos en la cadena perpetua. El camino natural es pensar que como no se sabe si va a repetir o no un delito, que no salga. Las ciencias jurídicas demandan más equipos técnicos que nos hablen de la personalidad. No para llegar a un derecho penal de autor, pero no podemos castigar el hecho sin tener en cuenta la personalidad. No creo que la solución esté sólo en alargar las penas. Ese es un camino que lo empiezas y acabas en la cadena perpetua. No es fácil de resolver, y entiendo a los padres de las víctimas. PA
