Ministra Mónica Jiménez dará a conocer paquete de medidas en los próximos días
Nueva política contempla la entrega a todos los colegios de un manual antibullying, la creación de un portal web y la reactualización del plan de convivencia escolar que databa de 2003
No es todo: los 7 mil colegios que postulan a subvención escolar preferencial estarán obligados a contar con un programa para optar al subsidio y por primera vez podrán destinar recursos estatales para estos fines
SANTIAGO de Chile- 13 OCT 2008- (L ANACION)
El suicidio de Pamela Pizarro (13) hace dos años no sólo remeció al país, sino que instaló de golpe un tema ignorado, pero que se reproducía silenciosa y corrosivamente en los colegios del país: el matonaje escolar. No era la primera escolar en ser víctima de bullying ni sería la última. Sólo en el último año el Liceo Lastarria expulsó a un alumno por romper la mandíbula y nariz de un compañero, tres alumnas del Liceo de Niñas de Concepción ingirieron una sobredosis de antidepresivos para dar fin al acoso de sus compañeras, una alumna de educación media fue hospitalizada en Antofagasta tras recibir la golpiza de siete compañeros. En Ñuñoa, a otra chica de 16 años la arrastraron por la calle y le reventaron una botella en la cabeza "porque les caía mal". Y hace cuatro días un primo de Pamela Pizarro, Diego, se colgó en el patio de su casa para terminar con la silenciosa tortura de las burlas.
Desde el caso de Pamela, en el Gobierno se habló de planes especiales, se abrió una línea telefónica para denuncias, se instalaron varios pilotos de programas de convivencia escolar y se anunció la intervención de los colegios con más casos (ver recuadro). Pero nada ha sido suficiente, desatando el clamor de los padres por una política más profunda desde el Estado, que no dejara al arbitrio de los colegios la decisión de contar o no con un plan integral de violencia escolar.
Consciente del problema el Ministerio de Educación decidió actuar: en las próximos días dará a conocer un programa nacional antibullying -Plan nacional de fortalecimiento de la convivencia escolar y la ciudadanía- con el que dejará atrás la seguidilla de políticas piloto para abordar el problema de forma directa, dando directrices concretas a los establecimientos educacionales para prevenir y resolver los casos de matonaje y violencia.
Adicionalmente, cerca de siete mil establecimientos educacionales que participan en el sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP) deberán incluir en sus planes de mejoramiento en diversas áreas, una especialmente dedicada a la convivencia escolar. El diseño incorporará, también por primera vez, la autorización por ley "para invertir recursos de la subvención en mejorar los temas de convivencia escolar, esto porque se entiende que la convivencia es un factor fundamental para que los estudiantes logren aprendizajes de calidad", explica el documento al que La Nación tuvo acceso exclusivo, el que agrega que para lograrlo, los colegios podrán contratar especialistas que apoyen esta gestión de manera integral.
Manual y portal web
El primer paso que dará el Mineduc será la actualización de la Política de Convivencia Escolar generada en el 2003, que no incluía muchos de los fenómenos de violencia con las características de difusión, acceso a tecnología digital en celulares y cámaras y la disponibilidad de internet que los alumnos tienen hoy al alcance de un botón.
Para eso se abordará la difusión y sensibilización de la comunidad educativa respecto de estos temas junto a la formación y capacitación de actores de la comunidad escolar.
A eso se suma la entrega en cada colegio de un "Manual de orientaciones para la convivencia y marcos de actuación ante situaciones de violencia" en el que se mostrará cómo elaborar este plan y cómo reaccionar frente estos conflictos.
Los colegios dispondrán, por primera vez, "de elementos concretos de reacción para que puedan concentrar sus esfuerzos en la prevención y en mejorar la convivencia y no en resolver crisis. El manual incluirá un mapeo curricular que muestra a los docentes los ramos y áreas en los que se puede abordar el tema de la convivencia", dice el documento.
Un complemento de todas estas iniciativas será el lanzamiento de un portal web sobre convivencia escolar, cuyo nombre y funcionamiento también será anunciado en las próximas semanas por el Mineduc, dentro de un paquete de otras medidas que serán dadas a conocer en la oportunidad.
Lo que se ha hecho hasta ahora
Hasta ahora los planes o programas para enfrentarlo no han pasado de experiencias aisladas. Desde proyectos de apoyo sicológico y capacitación de monitores (marzo 2007), resolución pacífica de conflictos emanada desde el Ministerio de Justicia (2007) y mediación entre pares implementado por el Mineduc en colaboración con dos universidades también durante el 2007. En agosto de este año la autoridad educacional lanza una forma de catastro a través de denuncias en www.600mineduc.cl para decidir colegios con necesidad de intervenir. Ese dato habla de un 43% de aumento en las denuncias de matonaje escolar, sin embargo a este portal sólo llegan los casos que logran traspasar el silencio de los alumnos que son la minoría.
La falta de política que oriente para enfrentar el problema ha influido en la judicialización de los casos. La Ley de Responsabilidad Penal hace imputables a niños entre 14 y 18 años abriendo la puerta para que jueces resuelvan, de una vez, problemas de convivencia escolar que traspasaron la línea del delito. En Concepción la Fiscalía indaga la responsabilidad penal de alumnas que amenazaron a las tres niñas que intentaron quitarse la vida ingiriendo sobredosis de antidepresivos. La Fiscalía Oriente investiga el matonaje de un alumno del Liceo Lastarria y en septiembre, la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), entregó en 860 colegios un manual para enfrentar el bullying judicialmente.
“Fue amarrado con una pitilla en el cuello”
La visibilidad de las agresiones por los pares actúa en la impunidad de muchos establecimientos, sobrepasados por las formas tradicionales de establecer disciplina.
Ronald (9) cursa cuarto año básico en el Colegio Ramón Freire. Al final de una de las jornadas escolares fue agredido por compañeros de quinto y sexto básico. Tomaron una pitilla y la amarraron a su cuello. Apretaron hasta causarle una quemadura que le dejó una cicatriz que días después su madre descubrió. Durante días Ronald no dijo nada de la agresión a sus padres ni a sus profesores. Sólo la paciente insistencia de su madre sacó su voz: lloró y admitió que no se trataba de la primera vez. Al dolor y preocupación de los padres le siguió la impotencia por la inmovilidad del colegio, que escucha, pero sólo recita que “aplicaremos el reglamento interno”, sin dar indicios de comprender la gravedad del incidente.
Padres desesperados y un niño asustado. No saben si cambiarlo de colegio o insistir: ¿qué será mejor?, se preguntan. Gerardo Gálvez, su padre, no cree que el colegio sea capaz de garantizar que en un recreo los mismos niños no vuelvan a agredir a su hijo. Advierte pasividad en la dirección del establecimiento y decide denunciar su situación a La Nación. La presión aplicada por este medio sobre el colegio, al inquirir las medidas concretas aplicadas para abordar la agresión a Ronald, surte efecto y a las respuestas equívocas y posteriores mentiras sobre las medidas adoptadas terminan con una propuesta que da tranquilidad a los padres. Un plan de conciliación entre los alumnos con una conversación individual con los padres y niños involucrados en la agresión. Ronald recibirá apoyo sicológico y el compromiso del colegio de trabajar en la “unidad de los niños”. Van tres días desde que Ronald regresó al colegio y hasta ahora todo marcha bien.
Quince contra uno
Cerca de 15 alumnos del Liceo Industrial Particular Cerrillos emboscaron a Patricio (16) cuando se dirigía a tomar micro de regreso a su casa. Un típico problema de adolescente que se enfrentan por una niña, terminó en una golpiza que gracias a la aparición de estudiantes a suboficiales cercanos al lugar, podría haber terminado con su vida.
Liderados por otro alumno, lo patearon y golpearon en la cabeza con una manopla, dejándolo casi inconsciente en medio de la calle. Sólo la alerta de los estudiantes de la escuela de suboficiales hizo huir a los agresores. Lo que siguió fue la constatación de lesiones, contusiones por todo su cuerpo y un TEC cerrado que le causó mareos y vómitos, además del miedo permanente de ser atacado. Patricio está con atención sicológica y licencia por al menos dos semanas.
El padre de adolescente, Patricio Sánchez, estampó una denuncia en la Fiscalía que tendrá que llamar a declarar a los presuntos implicados. El colegio fue interpelado por la familia y la pasividad inicial, y demora de varios días en ser atendido por el director, se transformó en la “aplicación del reglamento interno” que desembocó en la expulsión de dos de los alumnos implicados.
En conversación con La Nación, el rector del establecimiento, Arturo Montero, refrendó la medida, producto de una investigación de lo sucedido. Los padres del adolescente tienen dudas sobre el curso de las indagatorias, que no alcanzaron al resto de los agresores ni al inicio de un diálogo interno con los padres y apoderados del colegio que dé cuenta de las situaciones de violencia que se desatan en su interior.
Cuando Patricio vuelva al colegio, deberá enfrentar sus miedos sin un plan que lo contenga y asegure que la situación se vuelva a repetir. LA NACION
Nueva política contempla la entrega a todos los colegios de un manual antibullying, la creación de un portal web y la reactualización del plan de convivencia escolar que databa de 2003
No es todo: los 7 mil colegios que postulan a subvención escolar preferencial estarán obligados a contar con un programa para optar al subsidio y por primera vez podrán destinar recursos estatales para estos fines
SANTIAGO de Chile- 13 OCT 2008- (L ANACION)
El suicidio de Pamela Pizarro (13) hace dos años no sólo remeció al país, sino que instaló de golpe un tema ignorado, pero que se reproducía silenciosa y corrosivamente en los colegios del país: el matonaje escolar. No era la primera escolar en ser víctima de bullying ni sería la última. Sólo en el último año el Liceo Lastarria expulsó a un alumno por romper la mandíbula y nariz de un compañero, tres alumnas del Liceo de Niñas de Concepción ingirieron una sobredosis de antidepresivos para dar fin al acoso de sus compañeras, una alumna de educación media fue hospitalizada en Antofagasta tras recibir la golpiza de siete compañeros. En Ñuñoa, a otra chica de 16 años la arrastraron por la calle y le reventaron una botella en la cabeza "porque les caía mal". Y hace cuatro días un primo de Pamela Pizarro, Diego, se colgó en el patio de su casa para terminar con la silenciosa tortura de las burlas.
Desde el caso de Pamela, en el Gobierno se habló de planes especiales, se abrió una línea telefónica para denuncias, se instalaron varios pilotos de programas de convivencia escolar y se anunció la intervención de los colegios con más casos (ver recuadro). Pero nada ha sido suficiente, desatando el clamor de los padres por una política más profunda desde el Estado, que no dejara al arbitrio de los colegios la decisión de contar o no con un plan integral de violencia escolar.
Consciente del problema el Ministerio de Educación decidió actuar: en las próximos días dará a conocer un programa nacional antibullying -Plan nacional de fortalecimiento de la convivencia escolar y la ciudadanía- con el que dejará atrás la seguidilla de políticas piloto para abordar el problema de forma directa, dando directrices concretas a los establecimientos educacionales para prevenir y resolver los casos de matonaje y violencia.
Adicionalmente, cerca de siete mil establecimientos educacionales que participan en el sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP) deberán incluir en sus planes de mejoramiento en diversas áreas, una especialmente dedicada a la convivencia escolar. El diseño incorporará, también por primera vez, la autorización por ley "para invertir recursos de la subvención en mejorar los temas de convivencia escolar, esto porque se entiende que la convivencia es un factor fundamental para que los estudiantes logren aprendizajes de calidad", explica el documento al que La Nación tuvo acceso exclusivo, el que agrega que para lograrlo, los colegios podrán contratar especialistas que apoyen esta gestión de manera integral.
Manual y portal web
El primer paso que dará el Mineduc será la actualización de la Política de Convivencia Escolar generada en el 2003, que no incluía muchos de los fenómenos de violencia con las características de difusión, acceso a tecnología digital en celulares y cámaras y la disponibilidad de internet que los alumnos tienen hoy al alcance de un botón.
Para eso se abordará la difusión y sensibilización de la comunidad educativa respecto de estos temas junto a la formación y capacitación de actores de la comunidad escolar.
A eso se suma la entrega en cada colegio de un "Manual de orientaciones para la convivencia y marcos de actuación ante situaciones de violencia" en el que se mostrará cómo elaborar este plan y cómo reaccionar frente estos conflictos.
Los colegios dispondrán, por primera vez, "de elementos concretos de reacción para que puedan concentrar sus esfuerzos en la prevención y en mejorar la convivencia y no en resolver crisis. El manual incluirá un mapeo curricular que muestra a los docentes los ramos y áreas en los que se puede abordar el tema de la convivencia", dice el documento.
Un complemento de todas estas iniciativas será el lanzamiento de un portal web sobre convivencia escolar, cuyo nombre y funcionamiento también será anunciado en las próximas semanas por el Mineduc, dentro de un paquete de otras medidas que serán dadas a conocer en la oportunidad.
Lo que se ha hecho hasta ahora
Hasta ahora los planes o programas para enfrentarlo no han pasado de experiencias aisladas. Desde proyectos de apoyo sicológico y capacitación de monitores (marzo 2007), resolución pacífica de conflictos emanada desde el Ministerio de Justicia (2007) y mediación entre pares implementado por el Mineduc en colaboración con dos universidades también durante el 2007. En agosto de este año la autoridad educacional lanza una forma de catastro a través de denuncias en www.600mineduc.cl para decidir colegios con necesidad de intervenir. Ese dato habla de un 43% de aumento en las denuncias de matonaje escolar, sin embargo a este portal sólo llegan los casos que logran traspasar el silencio de los alumnos que son la minoría.
La falta de política que oriente para enfrentar el problema ha influido en la judicialización de los casos. La Ley de Responsabilidad Penal hace imputables a niños entre 14 y 18 años abriendo la puerta para que jueces resuelvan, de una vez, problemas de convivencia escolar que traspasaron la línea del delito. En Concepción la Fiscalía indaga la responsabilidad penal de alumnas que amenazaron a las tres niñas que intentaron quitarse la vida ingiriendo sobredosis de antidepresivos. La Fiscalía Oriente investiga el matonaje de un alumno del Liceo Lastarria y en septiembre, la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), entregó en 860 colegios un manual para enfrentar el bullying judicialmente.
“Fue amarrado con una pitilla en el cuello”
La visibilidad de las agresiones por los pares actúa en la impunidad de muchos establecimientos, sobrepasados por las formas tradicionales de establecer disciplina.
Ronald (9) cursa cuarto año básico en el Colegio Ramón Freire. Al final de una de las jornadas escolares fue agredido por compañeros de quinto y sexto básico. Tomaron una pitilla y la amarraron a su cuello. Apretaron hasta causarle una quemadura que le dejó una cicatriz que días después su madre descubrió. Durante días Ronald no dijo nada de la agresión a sus padres ni a sus profesores. Sólo la paciente insistencia de su madre sacó su voz: lloró y admitió que no se trataba de la primera vez. Al dolor y preocupación de los padres le siguió la impotencia por la inmovilidad del colegio, que escucha, pero sólo recita que “aplicaremos el reglamento interno”, sin dar indicios de comprender la gravedad del incidente.
Padres desesperados y un niño asustado. No saben si cambiarlo de colegio o insistir: ¿qué será mejor?, se preguntan. Gerardo Gálvez, su padre, no cree que el colegio sea capaz de garantizar que en un recreo los mismos niños no vuelvan a agredir a su hijo. Advierte pasividad en la dirección del establecimiento y decide denunciar su situación a La Nación. La presión aplicada por este medio sobre el colegio, al inquirir las medidas concretas aplicadas para abordar la agresión a Ronald, surte efecto y a las respuestas equívocas y posteriores mentiras sobre las medidas adoptadas terminan con una propuesta que da tranquilidad a los padres. Un plan de conciliación entre los alumnos con una conversación individual con los padres y niños involucrados en la agresión. Ronald recibirá apoyo sicológico y el compromiso del colegio de trabajar en la “unidad de los niños”. Van tres días desde que Ronald regresó al colegio y hasta ahora todo marcha bien.
Quince contra uno
Cerca de 15 alumnos del Liceo Industrial Particular Cerrillos emboscaron a Patricio (16) cuando se dirigía a tomar micro de regreso a su casa. Un típico problema de adolescente que se enfrentan por una niña, terminó en una golpiza que gracias a la aparición de estudiantes a suboficiales cercanos al lugar, podría haber terminado con su vida.
Liderados por otro alumno, lo patearon y golpearon en la cabeza con una manopla, dejándolo casi inconsciente en medio de la calle. Sólo la alerta de los estudiantes de la escuela de suboficiales hizo huir a los agresores. Lo que siguió fue la constatación de lesiones, contusiones por todo su cuerpo y un TEC cerrado que le causó mareos y vómitos, además del miedo permanente de ser atacado. Patricio está con atención sicológica y licencia por al menos dos semanas.
El padre de adolescente, Patricio Sánchez, estampó una denuncia en la Fiscalía que tendrá que llamar a declarar a los presuntos implicados. El colegio fue interpelado por la familia y la pasividad inicial, y demora de varios días en ser atendido por el director, se transformó en la “aplicación del reglamento interno” que desembocó en la expulsión de dos de los alumnos implicados.
En conversación con La Nación, el rector del establecimiento, Arturo Montero, refrendó la medida, producto de una investigación de lo sucedido. Los padres del adolescente tienen dudas sobre el curso de las indagatorias, que no alcanzaron al resto de los agresores ni al inicio de un diálogo interno con los padres y apoderados del colegio que dé cuenta de las situaciones de violencia que se desatan en su interior.
Cuando Patricio vuelva al colegio, deberá enfrentar sus miedos sin un plan que lo contenga y asegure que la situación se vuelva a repetir. LA NACION
