ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN
Considera el traslado como última solución en conflictos escolares »PDF 228 Kb
Apuesta por crear aulas de convivencia y reforzar la autoridad de los profesores
· Sugiere a la DGA que respalde las decisiones de los profesores
· Evitar el aislamiento del menor es clave para prevenir el acoso escolar
EFE 28-10-2008 Zaragoza (SOITU)
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que la expulsión de los estudiantes que causen problemas o el traslado de centro de los que sean víctimas de acoso escolar, aunque sea la solución más fácil, siempre ha de ser "la última opción".
Así lo ha considerado durante la presentación, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, del informe "Detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar", en el que se presentan las ideas fundamentales para evitar conflictos en las aulas.
El Justicia ha explicado que una expulsión o un traslado supone una "doble victimización de la víctima", aunque ha aclarado que es una medida aceptable en casos en los que los agresores actúan en grupos más o menos organizados.
El informe propone como alternativa la utilización de aulas y órganos de convivencia, soluciones que ya se han puesto en marcha en Andalucía "con un resultado francamente positivo" y que permiten profundizar en su educación, ha expuesto García Vicente.
También destaca la importancia de evitar el aislamiento del menor, ya que los niños con dificultades para relacionarse son más vulnerables al acoso escolar, así como de garantizar que el profesorado recibe el apoyo de las familias, aún "cuando su actuación haya sido discutible".
La Administración también debe aumentar los medios con los que cuenta el profesorado y apoyarle en sus conflictos con los alumnos cuando su actuación haya sido razonable, ya que revocar las decisiones de los centros desde las instituciones "es contraproducente", ha advertido.
En los últimos cuatro años, la oficina del Justicia ha recibido veinte casos de denuncias por acoso, aunque en un número "importante" de ellos no existía tal comportamiento, ya que los conflictos que se producen "no son todos los que se denuncian ni se denuncian todos los que son", ha aclarado García Vicente, quien ha hablado de una "bolsa oculta" de casos a la que no es posible acceder, dado que las agresiones se producen en un ámbito privado.
García Vicente también ha hablado de la labor de los medios de comunicación, que en su opinión deben evitar las noticias morbosas o dar ideas, y centrarse en dar información real que destaque lo positivo, como un posible arrepentimiento del agresor.
En el turno de portavoces, el diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha recordado que los conflictos no son sólo una cuestión de disciplina en las aulas, ya que en ocasiones tienen un origen social o familiar, y ha defendido que los problemas no pueden resolverse siempre recurriendo a la autoridad, sino que también hay que acudir a medidas relacionadas con la calidad de la enseñanza.
La portavoz de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, ha apuntado la necesidad de mejorar la formación del profesorado y de dotar al sistema educativo aragonés de mediadores y orientadores que ayuden a solucionar los conflictos escolares.
Por parte del PP, Carmen Pobo ha defendido que gran parte de los problemas de los jóvenes vienen por cambios en la sociedad que han provocado la pérdida de valores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la responsabilidad o el respeto a los demás, y en este sentido ha abogado por el papel "importantísimo" de las escuelas de padres para su formación.
Asimismo, ha lamentado que tenga que ser la Administración de Justicia la que resuelva unos conflictos a los que no pueden responder los centros escolares, por lo que ha abogado por plantear reformas para cambiar las leyes actuales.
María Herrero, del Partido Aragonés, ha advertido de que sin la coordinación entre familia, escuela y medios de comunicación "poco se puede hacer" y ha puesto en duda la eficacia de unos protocolos de actuación que comprendan de un modo general cualquier tipo de acoso, ya que "hay que estudiar cada caso por separado". SOITU
EUROPA PRESS. Zaragoza (HERALDO)
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recomendó este martes apoyar a los docentes no universitarios y favorecer el diálogo como mecanismos para prevenir y resolver los conflictos y la violencia entre escolares. García Vicente presentó un informe sobre el fenómeno del 'bulling' (violencia entre escolares) en las Cortes de Aragón.
El titular del Justiciazgo expresó que "la proximidad da mucho mejor conocimiento de las situaciones" y abogó por reforzar la autoridad de maestros y profesores, tras lo que consideró conveniente que la Administración educativa se pronuncie del mismo modo que los docentes cuando surge un conflicto, puesto que para un escolar "nada hay más pernicioso que alguien le diga una cosa y otro, a continuación, lo revoque".
El profesor se tiene que sentir apoyado por la Administración, los directores, el Consejo Escolar y la Administración autonómica" y se debe apoyar al docente "incluso cuando pueda parecer discutible", si bien es necesario que las sanciones a los alumnos no deben ser las primeras medidas a tomar en el aula. La respuesta a una agresión entre alumnos debe ser inmediata.
García Vicente rechazó la política de expulsión de los centros educativos tanto de agresores como de las víctimas, ya que "la expulsión es la última de las soluciones posibles" y advirtió de que se puede producir una doble victimización del agredido, si además de recibir la agresión es él el que debe abandonar el centro. El Justicia abogó por implantar 'aulas de convivencia'.
El Justicia indicó que "los conflictos que se plantean en el ámbito escolar ni son todos los que se denuncian ni se denuncian todos los que son" y, de hecho, "hay una bolsa oculta" en la sociedad. También resaltó la responsabilidad de los medios de comunicación en este asunto y recomendó "dar información real y evitar los aspectos morbosos".
Fernando García Vicente recomendó que se vigile a los alumnos en los recreos, comedores y a la entrada y la salida del centro. También propuso que los menores implicados en agresiones sean examinados por psicólogos o psiquiatras. "El profesor está ahí para enseñar, su papel no es investigar, pero sí poner --cualquier agresión-- en conocimiento de la Administración cuando las cosas pasan un cierto límite".
"Lo que no se debe decir a un chico es 'si te pegan devuélvelo' ni que la familia pida explicaciones a la otra familia", continuó el Justicia, quien añadió que es la familia la que debe instruir a los menores sobre cómo resolver conflictos y también recordar a los niños que "en la vida no se puede tener todo y que hay que convivir con la frustración". Igualmente, es necesario que los padres sepan que la televisión no debe ser el cuidador del menor. Los menores deben aprender a utilizar razonablemente internet, señaló García Vicente.
La diputada del Partido Popular (PP), Carmen, Pobo señaló que los menores disponen de mucha información, "pero sin ningún filtro" y lamentó que "estamos en una sociedad donde todo vale". Pobo alertó de la "pérdida de valores" y emplazó a todos a fomentar los valores del trabajo bien hecho, el respeto a los demás y la autodisciplina.
La presidenta del grupo de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, expresó que las normas deben ser cumplidas, aunque es conveniente que se basen en hechos punitivos, y añadió que "muchas veces el propio centro no asume que tienen que cumplirse las normas", que pueden ser negociadas entre las familias, el personal del centro y el alumnado. También es necesaria una mayor colaboración de la Administración educativa, opinó.
Ibeas consideró necesario mejorar el reconocimiento social de la figura del docente. Por otra parte, animó a facilitar que los escolares interioricen los valores democráticos.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, docente de profesión, dijo que no existe un marco adecuado para resolver los conflictos y que se resuelve en ocasiones "recurriendo a la autoridad, la disciplina, incluso la vigilancia de la Policía" y en otras ocasiones se recurre a "medidas excesivamente garantistas".
Barrena vinculó la solución de los conflictos entre alumnos a la mejora de las ratios docente/alumno y a la contratación de personal de diversas profesiones para trabajar en los centros. Los conflictos entre alumnos se producen tanto en la red pública como en la privada, dijo Barrena.
El socialista Carlos lvarez dijo que el sistema educativo debe servir para "enseñar a resolver pacíficamente los conflictos" y remarcó que la prevención de conflictos es fundamental.
María Herrero, del grupo del Partido Aragonés (PAR), señaló que el centro educativo es un reflejo de la sociedad y comentó el acoso escolar es difícil de detectar, tras lo que animó a mejorar la formación de los maestros y profesores en esta materia. HERALDO
El Justicia pide a Educación tolerancia cero con los alumnos conflictivos
García Vicente solicita que si un profesor sanciona a un estudiante, la DGA respete la decisión y no la desautorice. Recomienda que la expulsión del centro se use solo como último recurso.
PATRICIA CIRIA. Zaragoza (HERALDO)
"No hay nada más pernicioso para un niño que en el colegio le manden una cosa y que después venga otra persona y lo revoque. Ocurre como cuando la madre obliga a su hijo a comerse un plato de garbanzos y el padre permite que los deje. Si hay un conflicto de intereses entre adultos, pierde el menor". Para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en la resolución de conflictos escolares, los directores de los centros asumen a diario el papel de esa madre y Educación, en demasiadas ocasiones, el del padre que desautoriza. Esto perjudica al menor, según mantiene la Institución, que pide tolerancia cero a la DGA y le sugiere que respalde las decisiones de los profesores. Es decir, que si estos sancionan a un alumno por agredir a un compañero, la Administración respete ese castigo y no lo cuestione.
"Esto no implica que en los centros tenga que reinar la arbitrariedad. Pero sí que se apoye al docente incluso cuando su actuación pueda ser cuestionable por algunas personas", argumentó el Justicia. Este pidió también comprensión a las familias para que acaten las sanciones impuestas a sus hijos y les recomendó que destierren la recurrente frase de "si alguien te pega en el cole, tú se la devuelves".
García Vicente compareció ayer en la comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para presentar un informe especial sobre la detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar. En su intervención, insistió en la importancia de dotar a los centros de recursos y especialistas (psicólogos, orientadores...) que ayuden a prevenir y resolver esos problemas de convivencia. Pero recordó que, además de expertos, se necesita formación para saber cómo se debe actuar. "Debe trasmitirse a todos los profesionales que la expulsión debe ser el último recurso", afirmó el Justicia. Para él, si se detecta una situación de acoso escolar y se cambia de centro al agredido, se produce "una doble victimización de la víctima", que además de sufrir acoso, debe dejar su entorno y empezar de cero en otro centro.
En cuanto al agresor, García Vicente aseguró que resulta más efectivo hacerle pasar más tiempo en el colegio educándole en valores de convivencia, en lugar de trasladarlo a otra escuela en la que puede que repita su conducta. Estas experiencias se han probado en comunidades como Andalucía.
En el informe presentado ayer en las Cortes, -que puede consultarse en www.eljusticiadearagon.com-sugiere que esa "inmersión en valores" de los alumnos problemáticos se haga en "unas aulas de convivencia" en las que se les enseñe a respetar a sus compañeros, profesores, familia y materiales del centro.
No obstante, el Justicia no descartó que en ocasiones las expulsiones puedan resultar aceptables. "Sobre todo cuando los alumnos problemáticos actúan en grupo, de forma organizada. En ese caso, expulsarlos podría servir para distribuirlos entre varios centros", apuntó García Vicente. HERALDO
Evitar el aislamiento del menor es clave para evitar el acoso escolar según el informe del Justicia
RADIO HUESCA
En los últimos años, la Institución del Justicia de Aragón viene percibiendo una creciente preocupación de la sociedad, reflejada a través de los medios de comunicación, por el aumento de la conflictividad en el ámbito escolar, en general, y el acoso entre menores, en particular. A esta sensibilidad, se unen las quejas recibidas en la Institución sobre casos de acoso, un total de 24 en los últimos cinco años y las denuncias de profesores que se sienten indefensos, impotentes e incapaces de ejercer su labor educativa.
Estas razones han motivado por parte del Justicia un interés constante por el tema que ha quedado plasmando en varias Sugerencias, así como en foros especializados, incluyendo un Taller de Defensores del Pueblo celebrado hace un año en Barcelona y finalmente, este Informe Especial que recopila y amplia la labor realizada hasta el momento y tiene por objetivo contribuir a prevenir, detectar y resolver situaciones de acoso en los colegios.
Para ello, es importante definir el concepto de acoso escolar para evitar mal interpretaciones, tanto por exceso, y calificar como acoso entre iguales enfrentamientos entre familias sobre todo en el medio rural, como por defecto, cuando se trata de un problema menor como riñas o pelas entre alumnos parecidos. Según el Informe, las características del acoso escolar son, entre otras, el maltrato continuado físico y psicológico, el menosprecio, la ridiculización de la víctima y el desequilibrio entre acosador y acosado.
Por otro lado, a las formas tradicionales de acoso verbal, físico y psicológico, se ha unido en los últimos tiempos el acoso mediante el empleo de nuevas tecnologías, también llamado ciberbullying, que consiste en el uso de Internet y del correo electrónico para difundir injurias, insultos, fotos, videos humillantes, etc.
En cuanto a las posibles causas del aumento del acoso escolar, el Informe destaca la trivialización de la violencia, en parte debido a una exposición constante a contenidos violentos a través de la televisión, los videojuegos, Internet, etc.; cambios sociales acompañados de pérdida de valores como el respeto a los demás, la autodisciplina o la satisfacción por el trabajo bien hecho; intolerancia a la frustración y, en algunos casos, patologías mentales que se manifiestan a través de conductas violentas.
Según el Informe del Justicia el retrato del acosado es el de un menor débil, con escasa autoestima, indefenso, introvertido e inseguro. Estas características refuerzan la necesidad de evitar el aislamiento del menor mediante su integración, por ejemplo, en deportes de equipo. Por otro lado, los acosadores suelen ser alumnos conflictivos, dominantes y agresivos. Con frecuencia, han sido víctimas de malos tratos o han crecido en un ambiente hostil con falta de cariño. En contra de lo que pudiera parecer, también son inseguros y por eso buscan aliados que les consideren líderes.
La puesta en marcha de las medidas preventivas que apunta el informe requiere la implicación de toda la comunidad educativa y su implantación en las primeras etapas de la enseñanza. El primer paso es una apuesta clara por la educación de los alumnos en valores cívicos y éticos, en el respeto a las normas de convivencia y en la tolerancia cero a la violencia. También es necesaria una adecuada formación del profesorado para que pueda detectar y actuar ante situaciones de riesgo, así como reforzar su autoridad en la labor ordinaria. En cuanto a la Administración educativa, y sin vulnerar el derecho a la elección de centro, debe procurar que no se concentre en un mismo colegio un elevado número de alumnos conflictivos.
En la prevención, el papel de las familias es insustituible para transmitir aquellos valores que contribuyan a establecer una relación positiva con los demás: la responsabilidad, la cooperación, la tolerancia y el rechazo a cualquier tipo de violencia.
En este sentido, el Informe sugiere potenciar las escuelas de padres y desarrollar campañas de concienciación y también sobre los riesgos del uso indiscriminado de videojuegos e Internet. En otro orden, también sugiere estudiar la presencia de jóvenes en los colegios, que de forma más próxima a los alumnos, ejerzan un cierto tipo de apoyo y supervisión en las situaciones conflictivas.
¿Cómo actuar ante una situación conflictiva? El Informe destaca la necesidad de dar una respuesta inmediata, ya que la demora de las sanciones hace que pierdan efectividad y de que exista coordinación entre Administración, profesores y dirección del centro en la decisión o sanción que deba adoptarse. También sugiere modificar el régimen de sanciones y que en lugar de expulsar al alumno conflictivo del centro se le imponga una mayor permanencia en el mismo. En último extremo, el Justicia propone estudiar el cambio de centro del alumno del agresor o agresores con el fin de dispersar al grupo de alumnos violentos y evitar una doble victimización del menor agredido.
Finalmente, el Informe Especial elaborado por el Justicia hace un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación como formadores e informadores. RH
Zaragoza (ARAGÓN DIGITAL)
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha expresado este lunes ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos que se impulsen aulas de convivencia en los centros educativos aragoneses para hacer frente a los conflictos en el aula. En estas aulas se debe “socializar al individuo en el mismo centro”, ha explicado el Justicia. “Hay que tenerlo más tiempo en el colegio enseñándole unas prácticas distintas de las que son conocer las materias escolares”, ha opinado. El Justicia ha recordado que estas medidas ya se están aplicando con éxito en Andalucía.
De este modo, García Vicente ha expuesto una apuesta en la que la “expulsión sea la última de las medidas posibles” y ha añadido que “ni de la víctima ni del agresor”. El Justicia ha explicado que en muchos casos las familias de las víctimas de conflictos escolares tratan de alejar al menor de ese ambiente pero, a su juicio, “en estos casos se da una doble victimización”. No obstante, tampoco ha negado que esta iniciativa pueda ser “aceptable”, “sobre todo cuando actúan en grupo, de forma organizada, para distribuir ese grupo entre varios centros”.
Junto a esta medida, el Justicia de Aragón ha planteado a la Comisión otras dos medidas que deben paliar los conflictos escolares. Por un lado, ha abogado por evitar el aislamiento de los alumnos. “Aquellos niños tímidos y sin capacidad de relación son más fácilmente víctimas de conflictos en el ámbito escolar”, ha asegurado. La última propuesta de García Vicente ha sido multiplicar el apoyo al profesorado tanto por parte de la familia, como de los alumnos y la propia Administración. “El profesor no debe estar solo por eso es necesario que se aumente los medios de apoyo con más especialistas como psicólogos y psiquiatras que detecten el conflicto prematuramente y a buscarles soluciones”, ha reclamado. En ese sentido, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de formar a los docentes en este aspecto.
Por otro lado, el Justicia ha concluido solicitando a las familias más implicación en la formación del menor imponiendo filtros en los contenidos de televisión y videojuegos que consume “para que no se termine banalizando la violencia”. Asimismo, ha pedido a los padres que “apoyen al profesor incluso en aquellas situaciones en que su actuación sea discutible”, aunque también ha dejado clara su oposición a la “arbitrariedad”. Por último, ha indicado la necesidad de completar todas estas medidas con una mayor vigilancia “porque el acoso, más que en las aulas, se producen en los recreos, los comedores y los exteriores de los centros”.
24 casos en cuatro años
Fernando García Vicente ha afirmado que es necesario no exagerar acerca del tema del conflicto escolar aunque también ha puntualizado que “estaría preocupado con que se diera un sólo caso”. En ese sentido, ha informado que su institución ha recibido 24 casos en los últimos cinco años, a los que hay que sumar dos quejas de profesores. No obstante, ha matizado que en esta materia “ni son todos los casos que se denuncian, ni se denuncian todos los que son”. Por eso, ha explicado que “el acoso requiere persistencia y desigualdad entre el agresor y el agredido”. ARAGON D
http://www.eljusticiadearagon.com/
Secció Menores: 'Habla con el Justicia' http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=habla_con_el_justicia
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Apuesta por crear aulas de convivencia y reforzar la autoridad de los profesores
· Sugiere a la DGA que respalde las decisiones de los profesores· Evitar el aislamiento del menor es clave para prevenir el acoso escolar
EFE 28-10-2008 Zaragoza (SOITU)
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que la expulsión de los estudiantes que causen problemas o el traslado de centro de los que sean víctimas de acoso escolar, aunque sea la solución más fácil, siempre ha de ser "la última opción".
Así lo ha considerado durante la presentación, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, del informe "Detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar", en el que se presentan las ideas fundamentales para evitar conflictos en las aulas.
El Justicia ha explicado que una expulsión o un traslado supone una "doble victimización de la víctima", aunque ha aclarado que es una medida aceptable en casos en los que los agresores actúan en grupos más o menos organizados.
El informe propone como alternativa la utilización de aulas y órganos de convivencia, soluciones que ya se han puesto en marcha en Andalucía "con un resultado francamente positivo" y que permiten profundizar en su educación, ha expuesto García Vicente.
También destaca la importancia de evitar el aislamiento del menor, ya que los niños con dificultades para relacionarse son más vulnerables al acoso escolar, así como de garantizar que el profesorado recibe el apoyo de las familias, aún "cuando su actuación haya sido discutible".
La Administración también debe aumentar los medios con los que cuenta el profesorado y apoyarle en sus conflictos con los alumnos cuando su actuación haya sido razonable, ya que revocar las decisiones de los centros desde las instituciones "es contraproducente", ha advertido.
En los últimos cuatro años, la oficina del Justicia ha recibido veinte casos de denuncias por acoso, aunque en un número "importante" de ellos no existía tal comportamiento, ya que los conflictos que se producen "no son todos los que se denuncian ni se denuncian todos los que son", ha aclarado García Vicente, quien ha hablado de una "bolsa oculta" de casos a la que no es posible acceder, dado que las agresiones se producen en un ámbito privado.
García Vicente también ha hablado de la labor de los medios de comunicación, que en su opinión deben evitar las noticias morbosas o dar ideas, y centrarse en dar información real que destaque lo positivo, como un posible arrepentimiento del agresor.
En el turno de portavoces, el diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha recordado que los conflictos no son sólo una cuestión de disciplina en las aulas, ya que en ocasiones tienen un origen social o familiar, y ha defendido que los problemas no pueden resolverse siempre recurriendo a la autoridad, sino que también hay que acudir a medidas relacionadas con la calidad de la enseñanza.
La portavoz de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, ha apuntado la necesidad de mejorar la formación del profesorado y de dotar al sistema educativo aragonés de mediadores y orientadores que ayuden a solucionar los conflictos escolares.
Por parte del PP, Carmen Pobo ha defendido que gran parte de los problemas de los jóvenes vienen por cambios en la sociedad que han provocado la pérdida de valores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la responsabilidad o el respeto a los demás, y en este sentido ha abogado por el papel "importantísimo" de las escuelas de padres para su formación.
Asimismo, ha lamentado que tenga que ser la Administración de Justicia la que resuelva unos conflictos a los que no pueden responder los centros escolares, por lo que ha abogado por plantear reformas para cambiar las leyes actuales.
María Herrero, del Partido Aragonés, ha advertido de que sin la coordinación entre familia, escuela y medios de comunicación "poco se puede hacer" y ha puesto en duda la eficacia de unos protocolos de actuación que comprendan de un modo general cualquier tipo de acoso, ya que "hay que estudiar cada caso por separado". SOITU
El Justicia apuesta por reforzar la autoridad de los profesores para prevenir el acoso escolar
Evitar el "si te pegan devuélvelo" y fomentar la violencia es el primer paso para acabar con el acoso escolar, según el informe que el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha presentado ante las Cortes. Aboga por reforzar la autoridad de maestros y profesores, ya que "la proximidad da mucho mejor conocimiento de las situaciones".EUROPA PRESS. Zaragoza (HERALDO)
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recomendó este martes apoyar a los docentes no universitarios y favorecer el diálogo como mecanismos para prevenir y resolver los conflictos y la violencia entre escolares. García Vicente presentó un informe sobre el fenómeno del 'bulling' (violencia entre escolares) en las Cortes de Aragón.
El titular del Justiciazgo expresó que "la proximidad da mucho mejor conocimiento de las situaciones" y abogó por reforzar la autoridad de maestros y profesores, tras lo que consideró conveniente que la Administración educativa se pronuncie del mismo modo que los docentes cuando surge un conflicto, puesto que para un escolar "nada hay más pernicioso que alguien le diga una cosa y otro, a continuación, lo revoque".
El profesor se tiene que sentir apoyado por la Administración, los directores, el Consejo Escolar y la Administración autonómica" y se debe apoyar al docente "incluso cuando pueda parecer discutible", si bien es necesario que las sanciones a los alumnos no deben ser las primeras medidas a tomar en el aula. La respuesta a una agresión entre alumnos debe ser inmediata.
García Vicente rechazó la política de expulsión de los centros educativos tanto de agresores como de las víctimas, ya que "la expulsión es la última de las soluciones posibles" y advirtió de que se puede producir una doble victimización del agredido, si además de recibir la agresión es él el que debe abandonar el centro. El Justicia abogó por implantar 'aulas de convivencia'.
El Justicia indicó que "los conflictos que se plantean en el ámbito escolar ni son todos los que se denuncian ni se denuncian todos los que son" y, de hecho, "hay una bolsa oculta" en la sociedad. También resaltó la responsabilidad de los medios de comunicación en este asunto y recomendó "dar información real y evitar los aspectos morbosos".
Fernando García Vicente recomendó que se vigile a los alumnos en los recreos, comedores y a la entrada y la salida del centro. También propuso que los menores implicados en agresiones sean examinados por psicólogos o psiquiatras. "El profesor está ahí para enseñar, su papel no es investigar, pero sí poner --cualquier agresión-- en conocimiento de la Administración cuando las cosas pasan un cierto límite".
"Lo que no se debe decir a un chico es 'si te pegan devuélvelo' ni que la familia pida explicaciones a la otra familia", continuó el Justicia, quien añadió que es la familia la que debe instruir a los menores sobre cómo resolver conflictos y también recordar a los niños que "en la vida no se puede tener todo y que hay que convivir con la frustración". Igualmente, es necesario que los padres sepan que la televisión no debe ser el cuidador del menor. Los menores deben aprender a utilizar razonablemente internet, señaló García Vicente.
La diputada del Partido Popular (PP), Carmen, Pobo señaló que los menores disponen de mucha información, "pero sin ningún filtro" y lamentó que "estamos en una sociedad donde todo vale". Pobo alertó de la "pérdida de valores" y emplazó a todos a fomentar los valores del trabajo bien hecho, el respeto a los demás y la autodisciplina.
La presidenta del grupo de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, expresó que las normas deben ser cumplidas, aunque es conveniente que se basen en hechos punitivos, y añadió que "muchas veces el propio centro no asume que tienen que cumplirse las normas", que pueden ser negociadas entre las familias, el personal del centro y el alumnado. También es necesaria una mayor colaboración de la Administración educativa, opinó.
Ibeas consideró necesario mejorar el reconocimiento social de la figura del docente. Por otra parte, animó a facilitar que los escolares interioricen los valores democráticos.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, docente de profesión, dijo que no existe un marco adecuado para resolver los conflictos y que se resuelve en ocasiones "recurriendo a la autoridad, la disciplina, incluso la vigilancia de la Policía" y en otras ocasiones se recurre a "medidas excesivamente garantistas".
Barrena vinculó la solución de los conflictos entre alumnos a la mejora de las ratios docente/alumno y a la contratación de personal de diversas profesiones para trabajar en los centros. Los conflictos entre alumnos se producen tanto en la red pública como en la privada, dijo Barrena.
El socialista Carlos lvarez dijo que el sistema educativo debe servir para "enseñar a resolver pacíficamente los conflictos" y remarcó que la prevención de conflictos es fundamental.
María Herrero, del grupo del Partido Aragonés (PAR), señaló que el centro educativo es un reflejo de la sociedad y comentó el acoso escolar es difícil de detectar, tras lo que animó a mejorar la formación de los maestros y profesores en esta materia. HERALDO
El Justicia pide a Educación tolerancia cero con los alumnos conflictivos
García Vicente solicita que si un profesor sanciona a un estudiante, la DGA respete la decisión y no la desautorice. Recomienda que la expulsión del centro se use solo como último recurso.
PATRICIA CIRIA. Zaragoza (HERALDO)
"No hay nada más pernicioso para un niño que en el colegio le manden una cosa y que después venga otra persona y lo revoque. Ocurre como cuando la madre obliga a su hijo a comerse un plato de garbanzos y el padre permite que los deje. Si hay un conflicto de intereses entre adultos, pierde el menor". Para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en la resolución de conflictos escolares, los directores de los centros asumen a diario el papel de esa madre y Educación, en demasiadas ocasiones, el del padre que desautoriza. Esto perjudica al menor, según mantiene la Institución, que pide tolerancia cero a la DGA y le sugiere que respalde las decisiones de los profesores. Es decir, que si estos sancionan a un alumno por agredir a un compañero, la Administración respete ese castigo y no lo cuestione.
"Esto no implica que en los centros tenga que reinar la arbitrariedad. Pero sí que se apoye al docente incluso cuando su actuación pueda ser cuestionable por algunas personas", argumentó el Justicia. Este pidió también comprensión a las familias para que acaten las sanciones impuestas a sus hijos y les recomendó que destierren la recurrente frase de "si alguien te pega en el cole, tú se la devuelves".
García Vicente compareció ayer en la comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para presentar un informe especial sobre la detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar. En su intervención, insistió en la importancia de dotar a los centros de recursos y especialistas (psicólogos, orientadores...) que ayuden a prevenir y resolver esos problemas de convivencia. Pero recordó que, además de expertos, se necesita formación para saber cómo se debe actuar. "Debe trasmitirse a todos los profesionales que la expulsión debe ser el último recurso", afirmó el Justicia. Para él, si se detecta una situación de acoso escolar y se cambia de centro al agredido, se produce "una doble victimización de la víctima", que además de sufrir acoso, debe dejar su entorno y empezar de cero en otro centro.
En cuanto al agresor, García Vicente aseguró que resulta más efectivo hacerle pasar más tiempo en el colegio educándole en valores de convivencia, en lugar de trasladarlo a otra escuela en la que puede que repita su conducta. Estas experiencias se han probado en comunidades como Andalucía.
En el informe presentado ayer en las Cortes, -que puede consultarse en www.eljusticiadearagon.com-sugiere que esa "inmersión en valores" de los alumnos problemáticos se haga en "unas aulas de convivencia" en las que se les enseñe a respetar a sus compañeros, profesores, familia y materiales del centro.
No obstante, el Justicia no descartó que en ocasiones las expulsiones puedan resultar aceptables. "Sobre todo cuando los alumnos problemáticos actúan en grupo, de forma organizada. En ese caso, expulsarlos podría servir para distribuirlos entre varios centros", apuntó García Vicente. HERALDO
Evitar el aislamiento del menor es clave para evitar el acoso escolar según el informe del Justicia
RADIO HUESCA
En los últimos años, la Institución del Justicia de Aragón viene percibiendo una creciente preocupación de la sociedad, reflejada a través de los medios de comunicación, por el aumento de la conflictividad en el ámbito escolar, en general, y el acoso entre menores, en particular. A esta sensibilidad, se unen las quejas recibidas en la Institución sobre casos de acoso, un total de 24 en los últimos cinco años y las denuncias de profesores que se sienten indefensos, impotentes e incapaces de ejercer su labor educativa.
Estas razones han motivado por parte del Justicia un interés constante por el tema que ha quedado plasmando en varias Sugerencias, así como en foros especializados, incluyendo un Taller de Defensores del Pueblo celebrado hace un año en Barcelona y finalmente, este Informe Especial que recopila y amplia la labor realizada hasta el momento y tiene por objetivo contribuir a prevenir, detectar y resolver situaciones de acoso en los colegios.
Para ello, es importante definir el concepto de acoso escolar para evitar mal interpretaciones, tanto por exceso, y calificar como acoso entre iguales enfrentamientos entre familias sobre todo en el medio rural, como por defecto, cuando se trata de un problema menor como riñas o pelas entre alumnos parecidos. Según el Informe, las características del acoso escolar son, entre otras, el maltrato continuado físico y psicológico, el menosprecio, la ridiculización de la víctima y el desequilibrio entre acosador y acosado.
Por otro lado, a las formas tradicionales de acoso verbal, físico y psicológico, se ha unido en los últimos tiempos el acoso mediante el empleo de nuevas tecnologías, también llamado ciberbullying, que consiste en el uso de Internet y del correo electrónico para difundir injurias, insultos, fotos, videos humillantes, etc.
En cuanto a las posibles causas del aumento del acoso escolar, el Informe destaca la trivialización de la violencia, en parte debido a una exposición constante a contenidos violentos a través de la televisión, los videojuegos, Internet, etc.; cambios sociales acompañados de pérdida de valores como el respeto a los demás, la autodisciplina o la satisfacción por el trabajo bien hecho; intolerancia a la frustración y, en algunos casos, patologías mentales que se manifiestan a través de conductas violentas.
Según el Informe del Justicia el retrato del acosado es el de un menor débil, con escasa autoestima, indefenso, introvertido e inseguro. Estas características refuerzan la necesidad de evitar el aislamiento del menor mediante su integración, por ejemplo, en deportes de equipo. Por otro lado, los acosadores suelen ser alumnos conflictivos, dominantes y agresivos. Con frecuencia, han sido víctimas de malos tratos o han crecido en un ambiente hostil con falta de cariño. En contra de lo que pudiera parecer, también son inseguros y por eso buscan aliados que les consideren líderes.
La puesta en marcha de las medidas preventivas que apunta el informe requiere la implicación de toda la comunidad educativa y su implantación en las primeras etapas de la enseñanza. El primer paso es una apuesta clara por la educación de los alumnos en valores cívicos y éticos, en el respeto a las normas de convivencia y en la tolerancia cero a la violencia. También es necesaria una adecuada formación del profesorado para que pueda detectar y actuar ante situaciones de riesgo, así como reforzar su autoridad en la labor ordinaria. En cuanto a la Administración educativa, y sin vulnerar el derecho a la elección de centro, debe procurar que no se concentre en un mismo colegio un elevado número de alumnos conflictivos.
En la prevención, el papel de las familias es insustituible para transmitir aquellos valores que contribuyan a establecer una relación positiva con los demás: la responsabilidad, la cooperación, la tolerancia y el rechazo a cualquier tipo de violencia.
En este sentido, el Informe sugiere potenciar las escuelas de padres y desarrollar campañas de concienciación y también sobre los riesgos del uso indiscriminado de videojuegos e Internet. En otro orden, también sugiere estudiar la presencia de jóvenes en los colegios, que de forma más próxima a los alumnos, ejerzan un cierto tipo de apoyo y supervisión en las situaciones conflictivas.
¿Cómo actuar ante una situación conflictiva? El Informe destaca la necesidad de dar una respuesta inmediata, ya que la demora de las sanciones hace que pierdan efectividad y de que exista coordinación entre Administración, profesores y dirección del centro en la decisión o sanción que deba adoptarse. También sugiere modificar el régimen de sanciones y que en lugar de expulsar al alumno conflictivo del centro se le imponga una mayor permanencia en el mismo. En último extremo, el Justicia propone estudiar el cambio de centro del alumno del agresor o agresores con el fin de dispersar al grupo de alumnos violentos y evitar una doble victimización del menor agredido.
Finalmente, el Informe Especial elaborado por el Justicia hace un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación como formadores e informadores. RH
El Justicia apuesta por crear aulas de convivencia para hacer frente a los conflictos escolares
El Justicia de Aragón ha presentado este martes su informe acerca de los conflictos en el ámbito escolar y ha expresado su apuesta por crear aulas de convivencia para hacer frente a este problema. De este modo, ha rechazado optar por la expulsión del centro como primera medida. Además, ha solicitado mayor apoyo al profesorado.Zaragoza (ARAGÓN DIGITAL)
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha expresado este lunes ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos que se impulsen aulas de convivencia en los centros educativos aragoneses para hacer frente a los conflictos en el aula. En estas aulas se debe “socializar al individuo en el mismo centro”, ha explicado el Justicia. “Hay que tenerlo más tiempo en el colegio enseñándole unas prácticas distintas de las que son conocer las materias escolares”, ha opinado. El Justicia ha recordado que estas medidas ya se están aplicando con éxito en Andalucía.
De este modo, García Vicente ha expuesto una apuesta en la que la “expulsión sea la última de las medidas posibles” y ha añadido que “ni de la víctima ni del agresor”. El Justicia ha explicado que en muchos casos las familias de las víctimas de conflictos escolares tratan de alejar al menor de ese ambiente pero, a su juicio, “en estos casos se da una doble victimización”. No obstante, tampoco ha negado que esta iniciativa pueda ser “aceptable”, “sobre todo cuando actúan en grupo, de forma organizada, para distribuir ese grupo entre varios centros”.
Junto a esta medida, el Justicia de Aragón ha planteado a la Comisión otras dos medidas que deben paliar los conflictos escolares. Por un lado, ha abogado por evitar el aislamiento de los alumnos. “Aquellos niños tímidos y sin capacidad de relación son más fácilmente víctimas de conflictos en el ámbito escolar”, ha asegurado. La última propuesta de García Vicente ha sido multiplicar el apoyo al profesorado tanto por parte de la familia, como de los alumnos y la propia Administración. “El profesor no debe estar solo por eso es necesario que se aumente los medios de apoyo con más especialistas como psicólogos y psiquiatras que detecten el conflicto prematuramente y a buscarles soluciones”, ha reclamado. En ese sentido, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de formar a los docentes en este aspecto.
Por otro lado, el Justicia ha concluido solicitando a las familias más implicación en la formación del menor imponiendo filtros en los contenidos de televisión y videojuegos que consume “para que no se termine banalizando la violencia”. Asimismo, ha pedido a los padres que “apoyen al profesor incluso en aquellas situaciones en que su actuación sea discutible”, aunque también ha dejado clara su oposición a la “arbitrariedad”. Por último, ha indicado la necesidad de completar todas estas medidas con una mayor vigilancia “porque el acoso, más que en las aulas, se producen en los recreos, los comedores y los exteriores de los centros”.
24 casos en cuatro años
Fernando García Vicente ha afirmado que es necesario no exagerar acerca del tema del conflicto escolar aunque también ha puntualizado que “estaría preocupado con que se diera un sólo caso”. En ese sentido, ha informado que su institución ha recibido 24 casos en los últimos cinco años, a los que hay que sumar dos quejas de profesores. No obstante, ha matizado que en esta materia “ni son todos los casos que se denuncian, ni se denuncian todos los que son”. Por eso, ha explicado que “el acoso requiere persistencia y desigualdad entre el agresor y el agredido”. ARAGON D
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