Videovigilancia escolar polémica
   
ANÁLISIS ·  RAMÓN JIMÉNEZ MADRID (LA OPINIÓN Murcia)
   
Ha saltado a la prensa -lo que significa dar un paso adelante y sacar del anonimato cuestiones educativas que pasaban desapercibidas hasta ahora, pero de las que teníamos constancia y experiencia- el asunto de las cámaras de vigilancia de un instituto valenciano que, finalmente ha optado por suprimirlas de los puntos vitales como los aseos y ha esquivado el asunto de la entrada al centro de las huellas digitales de los alumnos, rebajando por tanto y reduciendo - tras explotar el asunto en los periódicos- las consideraciones y preocupaciones que el director, imagino que con la complacencia del Consejo del Centro, había tomado con anterioridad. Y no crean que sólo ha ocurrido en el mencionado instituto valenciano, también en nuestra tierra la instalación de dichas cámaras ha sido motivo en alguna ocasión de polémica sin que se llegara, tal como he indicado antes, al caso de que hubiera trascendido a ningún medio informativo hasta el momento. Pero llegará, sin duda, porque un instituto encierra a todos los institutos que existen.

No es fácil delimitar desde el campo legal -o al menos yo no dispongo de la debida preparación para estimarlo- si se puede o no proceder a convertir un centro educativo en un campo de concentración, vigilado desde los faros o las torres, prestos a captar con sus ojos abiertos todo cuanto pasa en cualquier institución educativa, fuera colegio o instituto. Desde el punto de vista jurídico parece duro admitir que sea posible seguir de modo inescrutable los pasos de este profesor por el umbral, de aquel alumno en el gimnasio, de aquella alumna en un laboratorio, de aquel conserje en su estancia, de un padre que visite la institución, de todo quisque viviente que trabaje o habite la institución.

Parece que no están los tiempos democráticos dispuestos a permitir un cierre de fronteras, a que la ley severa se llevara por delante la protección de datos, la de la imagen, la de todas aquellas normas que han prevalecido hasta el momento en que la convivencia de un centro, que antes era una especie de jardín, se esté convirtiendo, aunque les pese a algunos, en un infierno que desquicia a muchos directores que ven como cada fin de semana buena parte de las instalaciones aparecen deterioradas, rotas las sillas, castigadas las mesas, ennegrecidas las mesas, picadas o acribilladas las pizarras, quemadas las papeleras, desencolados los armarios, quemados los enchufes, quebradas y destrozadas las persianas, inundados de chicles y porquerías los techos, pintadas groseramente las pizarras, escupidos con vergajos los cuadros, abatidos los mosaicos, esculpidas las puertas de los retretes, repletos de jeroglíficos, insultos y groserías los aseos, y otras muchas menudencias que ocasiona un alumnado que parece que ha nacido para romper, para destruir, como bien saben todos aquellos que han pasado por la función directiva, por las jefaturas de estudios, por las tutorías. Nadie que haya ocupado cargo -y es desde donde se ve más negra la perspectiva de la docencia- deja de tener la noción de que no se está ante una masa que está allí para aprender y ser educada, antes bien ante un ejército de vándalos o una estampida de búfalos en la estepa europea. Tal es su poder de destrucción.

Si hemos vivido, dirán algunos, sin cámaras ni otras adherencias hasta ahora ¿cómo es posible que surjan tentaciones en la actualidad, tal como ha ocurrido en el instituto valenciano y en otros lugares, de acorazar una institución docente que debería ser modélica, escuela de convivencia y tolerancia? ¿Qué está ocurriendo para que sea necesario recurrir a tales procedimientos de vigilancia? Podríamos decir que los directores, que afrontan con escaso presupuesto el mantenimiento de los centros, pretenden -no creo que sean fieros sanguinarios que persigan detectar los actos de violencia gratuita, los besos que se arrojan los enamorados, las explosivas manifestaciones de alegría juvenil, las indecorosas maneras de comportarse o tantas otras muestras escolares- preservar a sus centros, como si fueran sus casas, de la rotura o la descomposición. Prolongar por mucho tiempo el mobiliario o las estancias es prueba de una adherencia que no tienen los inquietos y vivarachos mozos y hembras que campan a sus anchas en una hacienda que no es la suya, dispuestos, aunque nos duela, a llevarse por delante, como un vendaval, las cosas que pertenecen a la comunidad.

Si bien se pretende evitar quebrantos y que pague el culpable, no el inocente -cuántos castigos colectivos se han impuestos en pasadas calendas- ocurre que entramos en un tiempo delicado y peligroso en donde instalar las cámaras en los centros significa ni más ni menos aceptar de antemano que no es posible educar a unos jóvenes que han de crecer en libertad, es como desconfiar del todo de esa naturaleza joven que no ha madurado y que maldice su suerte ante un banco o una mesa; es como levantarles parte de sus derechos como personas ante unos objetivos oscuros que persiguen hasta sus sombras. No seré yo quien decida si deben o pueden instalarse tales ingenios en sus madrigueras, si hay que acudir a tales mecanismos para acabar con la barbarie creciente, o si, por el contrario, deben ser abatidas todas esas cámaras que hoy, con sus ojos ocultos, miran y controlan lo que es delito y también todo aquello que es libertad.
LOM