FSIE RECHAZA UN TRATO DISCRIMINATORIO AL PROFESORADO
La agresión no se hace por ser funcionario, sino por ser profesor
FSIE reclama que las agresiones a los docentes, tanto de centros públicos como privados, sean consideradas como delito contra la autoridad
↓ La Fiscalía General del Estado ha ordenado que se pidan penas de prisión para quienes agredan al personal sanitario o a los docentes de centros públicos
· La instrucción del fiscal general excluye expresamente a los trabajadores de centros privados y concertados.
· La medida va a entrar en vigor de manera inmediata y está dirigida a mayores de edad: padres que agreden a los profesores de sus hijos, estudiantes que tienen más de 18 años de edad y adultos que atacan a profesionales sanitarios.
Fco. Vírseda García 21/12/2008 (DIARIO DIRECTO)
Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, (FSIE) queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a la disposición que el Fiscal General del Estado ha emitido a todos los fiscales sobre la consideración que deben tener las agresiones a médicos y profesores del sistema público. Desde la Fiscalía General del Estado se aconseja considerar delitos contra la autoridad solo a las agresiones que sufren estos profesionales si ejercen dentro de un sistema público.
Es lamentable que instituciones públicas, como la Fiscalía General, que han sido creadas para defender los derechos de los ciudadanos y para garantizar su integridad, desconozcan los principios básicos que se establecen en nuestras leyes. La LOE en el artículo 104, punto 1, dice: “Las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea”, y en el Artículo 108, punto 4, añade: “La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados” . Se trata, por tanto, de dos redes complementarias: la pública y la privada.
El profesor, cuando ejerce su función, tiene una protección penal contemplada en los artículos 24 y 550 del Código Penal. Cuando el padre o el alumno intimida o agrede a un profesor, intimida o agrede a un funcionario público. La agresión no se hace por ser funcionario, sino por ser profesor. Del mismo modo que cuando un docente comete un delito en el desempeño de sus funciones, tiene una responsabilidad mayor que la de cualquier otro ciudadano.
FSIE no admite y denuncia que desde las Instituciones del Estado se propicien discriminaciones entre los profesionales que ejercen la misma labor de un servicio fundamental como es la educación, aunque sea en distintos centros. Este hecho manifiesta un menosprecio hacia los trabajadores que desarrollan su labor en el marco constitucional, con la misma titulación, misma formación y mismas exigencias para desempeñar la labor docente. No se entiende por qué resulta más barato injuriar y agredir a un profesional que a otro, en función de la titularidad que tenga el centro educativo.
Recomendaciones como ésta, nada contribuyen a la estabilidad y serenidad que todos demandamos para fomentar una enseñanza de calidad en la sociedad española. Por tanto, instamos al Fiscal General del Estado a que dirija sus esfuerzos más a proteger y salvaguardar de modo equitativo la integridad y los derechos de todos los profesionales de la enseñanza, que a establecer diferencias absurdas en un tema tan lamentable y sensible como es la violencia en el ámbito escolar, en el que todos debemos estar implicados por erradicar, y él, el primero.
* FCO, VÍRSEDA GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DE FSIE
DD
Tras los últimos ataques sufridos por maestros y profesores en el ejercicio de su labor profesional y los constantes episodios violentos que se vienen registrando en los centros sanitarios, la Fiscalía General del Estado ha remitido una consulta en la que aconseja a los fiscales que califiquen las agresiones contra los funcionarios que trabajan tanto en el sector de la educación como del ámbito la salud como atentado contra la autoridad y funcionario público. Según ha precisado el Ministerio Público, esta decisión ha sido adoptada a raíz de las reiteradas noticias sobre amenazas y ataques contra dichos colectivos, que han generado un amplio debate en la sociedad acerca de las medidas preventivas y represivas que se deben tomar para erradicar tales manifestaciones.
La Fiscalía señala que para considerar delito de atentado contra la autoridad una agresión de estas características deberán concurrir los requisitos de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia activa, ejercidos contra estos profesionales, al tiempo que indica que podrán ser sujetos pasivos del citado delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. Desde esta perspectiva, no se podrá aplicar este delito en los casos en que las víctimas de las agresiones sean profesionales de la educación o de la salud que presten sus servicios como empleados de empresas o de instituciones públicas relacionadas con la administración en régimen de concierto u otra fórmula similar.
Con esta consulta, el Ministerio Fiscal intenta proteger el orden público, por entender que estas personas “prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos”. La medida, de enorme trascendencia en el ámbito jurídico, se suma a las iniciativas que vienen desarrollando diversas comunidades autónomas -entre ellas, la andaluza- al objeto de prevenir y atender a los profesionales afectados por estas manifestaciones violentas, mediante la elaboración de protocolos de actuación, publicación de guías de orientación, asesoramiento y personación en las causas judiciales, e incluso a través de la adecuación de las infraestructuras.
Todo un logro
Según ANPE, la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función ha sido una de las grandes demandas de este sindicato desde la puesta en marcha del servicio ‘El Defensor del Profesor’, por lo que le “satisface mucho verla reconocida por el Fiscal General del Estado, aunque seguiremos reivindicando su expreso reconocimiento legal”. Fuentes de esta organización han señalado que la autoridad del profesorado “es un hecho básico de la relación educativa”, y por consiguiente, “debemos dar un paso más: la sociedad tiene que valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo docente y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas”.
Durante los últimos años, desde ANPE y su servicio ‘El Defensor del Profesor’, se ha venido alertando sobre el progresivo deterioro de la convivencia en los centros. Una de sus principales reivindicaciones ha sido el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente en el ejercicio de su función. “Esta exigencia, que en principio fue contestada desde diversos sectores de la comunidad educativa, no sólo es hoy es aceptada mayoritariamente, sino que el mismo Fiscal General del Estado acaba de resolver la consulta planteada por el Fiscal Superior de Andalucía y ha dado instrucciones a las fiscalías para que se consideren todas las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave en las que la víctima sea un funcionario docente como atentado contra la autoridad pública”, apostillaron las citadas fuentes.
En este contexto, el sindicato considera que estas medidas constituyen “una garantía para los derechos de un colectivo que ha padecido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social en los últimos tiempos”, aunque “queda mucho aún para recuperar plenamente la autoridad del docente en el sentido profesional del término”. Por ello, ANPE ha puesto en marcha una campaña para explicar que la autoridad del profesor es un elemento básico de la relación educativa y seguirá trabajando para transmitir a la sociedad “la importancia de reconocer también la autoridad moral, intrínseca a la dignidad de la tarea docente, y la autoridad académica, que tiene que ver con el respeto a la libertad de cátedra y a las decisiones académicas y con que los claustros de profesores recuperen las competencias técnico-profesionales”.
AE
23.12.08 - ELENA CRIADO | ALICANTE (LAS PROVINCIAS)
Los profesores llevan años pidiendo un mayor respaldo social para dignificar la función docente. Ante la proliferación de agresiones y abusos por parte de los propios alumnos y de las familias, el colectivo docente exige más atención y un mayor apoyo legal de las administraciones porque, según apuntan, ellos solos no pueden. La resolución del fiscal General del Estado de solicitar el ingreso en prisión de aquellas personas que cometan una agresión a los profesores ha sido, por tanto, una de las mejores noticias con las que los enseñantes podían acabar el año.
Desde el sindicato ANPE, que en 2006 puso en marcha el teléfono de Atención al Profesor en la Comunitat, "nos congratulamos de la decisión tomada por el Fiscal General del Estado de que los fiscales pedirán penas de prisión por las agresiones a profesores" ya que hace años que "nuestro sindicato está luchando para que se reconozca la autoridad del profesorado en el ejercicio de su profesión, igual que sucede con los agentes de las Fuerzas de Seguridad", explicó la secretaria de Comunicación, Consuelo Cubel.
A partir de ahora, todas los abusos a docentes que vayan seguidas de la pertinente denuncia podrían ser causa del ingreso en una cárcel, en función de la gravedad de cada caso. "Es una gran noticia para el profesorado, que en este momento se encuentra desprotegido y desorientado, al ver que alumnos y los padres le increpan incluso en plena clase con la consiguiente humillación ante el resto del alumnado", subrayó Cubel.
ANPE creó en marzo de 2006 la figura del Defensor del Profesor, un servicio de atención y asesoramiento a profesores que afrontaban situaciones de acoso o violencia, para ofrecer ayuda psicológica y jurídica. Desde entonces, más de un centenar de profesores han solicitado su apoyo, principalmente pertenecientes al cuerpo de enseñantes del nivel de Secundaria.
Insultos, indisciplina, amenazas y hasta agresiones físicas. Los abusos a profesores son una constante en prácticamente la mayoría de aulas de los institutos de la Comunitat, según denunció ANPE hace apenas dos meses.
Así, con el servicio del teléfono del Defensor de Profesor, ANPE constata que "pocas cosas han mejorado este año con respecto al año anterior porque continúa sin haber recursos para proteger a los 50.000 docentes de la autonomía". No obstante, la aprobación el año pasado del nuevo Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos, padres y profesores si que ha mejorado levemente la situación de los profesores "ya que se han agilizado los tiempos en la apertura de actas y a la hora de expedientar al alumno agresor y todos los centros cuentan con un plan de convivencia en el que se regula cómo se debe funcionar para mejorar el clima", reconoció Cubel.
Sin embargo, con el citado teléfono como termómetro de los ánimos de los enseñantes, desde ANPE se sigue percibiendo una ligera sensación de olvido por parte de la administración educativa cuando "lo que estamos necesitando es más personal cualificado para no cargar el actual trabajo de los profesores y darles salida real a los alumnos conflictivos", matizó Consuelo Cubel.
Desde la organización sindical reclaman, además, priorizar la protección y la atención preferente a las víctimas, la creación en cada centro de Aulas de Atención Individualizada para la Mejora de la Convivencia y un nuevo sistema sancionador ágil y desburocratizado.
LP
Medidas contra la violencia
La orden de Cándido Conde-Pumpido va a entrar en vigor de manera inmediata. La portavoz de la Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert, admitió ayer que hasta ahora cada fiscal actuaba libremente por lo que en muchas ocasiones se limitaban a pedir una multa. La Fiscalía General del Estado ha reaccionado ante las demandas de los colectivos de médicos y maestros que reclamaban desde hace meses una mayor protección. El número de denuncias, como ha venido publicando Levante-EMV, ha aumentado en los últimos cinco años, según reveló en mayo el presidente del Colegio de Médicos de Valencia. La judicialización de las agresiones, que antes no se denunciaban, están frenando la agresiones.
La medida sólo se puede aplicar a los mayores de edad, por lo que va dirigida a los padres que agreden a los profesores de sus hijos, a los estudiantes que tienen más de 18 años de edad y a los adultos que atacan a los profesionales sanitarios.
La orden de Conde-Pumpido, firmada el 25 de noviembre, aclara a los fiscales que los profesores y sanitarios sólo tienen esa especial protección cuando la agresión ocurre en el ejercicio de sus funciones, al igual que sucede con los agentes de las Fuerzas de Seguridad.
La instrucción de la Fiscalía General del Estado, a la que ha tenido acceso este periódico, se produce ante la disparidad de criterios adoptados en las juntas de fiscales provinciales de toda España por la ambigüedad del Código Penal. La clave está en el artículo 550 del Código Penal, que define el delito de atentado -que es el que a partir de ahora se va a aplicar de manera sistemática- como las agresiones contra los agentes de la autoridad -la policia- o los funcionarios públicos.
Las agresiones sólo se calificaban como delito cuando producían lesiones de gravedad a las víctimas. La instrucción incide en que a partir de ahora ya no hace falta que se produzcan lesiones. El delito se consuma con el ataque al profesional sanitario o docente, incluso si el agresor no logra su objetivo de golpear materialmente a la víctima.
El quid de la cuestión
La orden reconoce que es cierto que puede sostenerse que el Código Penal protege exclusivamente a aquellos que ejercen funciones relacionadas con el orden público. Sin embargo, Cándido Conde-Pumpido recuerda que la jurisprudencia está protegiendo a las personas que desempeñan determinadas funciones públicas como son la enseñanza y la sanidad.
El dictamen excluye expresamente a los trabajadores de centros privados o concertados porque "aunque participen en el ejercicio de funciones sociales", "no ostentan la condición de funcionarios públicos a efectos penales".
Lemv
Buenos resultados en Alicante
Los fiscales de Alicante comenzaron a pedir de forma sistemática penas de uno a tres años de cárcel en noviembre de 2006, como ya informó este periódico. El fiscal jefe en funciones, Juan Carlos López Coig, tomó la decisión tras el incremento de denuncias de violencia escolar y de ataques a médicos y enfermeros. La Fiscalía de Valencia no redactó en ese momento una instrucción similar al considerar que no era necesario. En realidad, la idea de incrementar la protección del personal sanitario y docente partió del anterior fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena.
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, explicó ayer que la medida que llevan dos años aplicando está dando muy buenos resultados, aunque todavía no han salido muchos juicios. Magro apuntó que la instrucción de Conde-Pumpido "es muy acertada ante la disparidad de criterios que se estaban aplicando hasta ahora en el resto de España. El problema es que la sociedad está perdiendo valores fundamentales. El incremento de la violencia en las aulas y los hospitales es kafkiano. El Estado de derecho tiene que reaccionar ante este tipo de ataques a profesores y médicos".
Vicente Magro insistió en que "desde que se aplica en Alicante está mejorando mucho la situación. Ha sido muy positiva la publicidad que dieron los medios de comunicación al cambio de criterio porque la gente está tomando conciencia de que una agresión conlleva aparejadas penas de cárcel".
El primer caso que ha trascendido fue la condena de un año de prisión dictada en junio contra un alicantino por intentar agredir a una médica del Hospital General de Alicante.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2006, justo con el cambio de criterio en Alicante, cuando el condenado fue trasladado a Urgencias del Hospital General por un traumatismo en la mano. Al levantarle de la camilla, comenzó a "insultar e intentar agredir" al personal sanitario. El fallo judicial concluyó que los hechos era constitutivos de un delito de atentado contra un funcionario público, ya que el acusado actuó cuando la profesional se encontraba en el ejercicio de sus funciones.
El Colegio de Médicos reveló en mayo que durante 2007 cuarenta facultativos valencianos denunciaron agresiones.
Lemv
La agresión no se hace por ser funcionario, sino por ser profesor
FSIE reclama que las agresiones a los docentes, tanto de centros públicos como privados, sean consideradas como delito contra la autoridad
↓ La Fiscalía General del Estado ha ordenado que se pidan penas de prisión para quienes agredan al personal sanitario o a los docentes de centros públicos
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· La instrucción del fiscal general excluye expresamente a los trabajadores de centros privados y concertados.
· La medida va a entrar en vigor de manera inmediata y está dirigida a mayores de edad: padres que agreden a los profesores de sus hijos, estudiantes que tienen más de 18 años de edad y adultos que atacan a profesionales sanitarios.
Fco. Vírseda García 21/12/2008 (DIARIO DIRECTO)
Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, (FSIE) queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a la disposición que el Fiscal General del Estado ha emitido a todos los fiscales sobre la consideración que deben tener las agresiones a médicos y profesores del sistema público. Desde la Fiscalía General del Estado se aconseja considerar delitos contra la autoridad solo a las agresiones que sufren estos profesionales si ejercen dentro de un sistema público.
Es lamentable que instituciones públicas, como la Fiscalía General, que han sido creadas para defender los derechos de los ciudadanos y para garantizar su integridad, desconozcan los principios básicos que se establecen en nuestras leyes. La LOE en el artículo 104, punto 1, dice: “Las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea”, y en el Artículo 108, punto 4, añade: “La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados” . Se trata, por tanto, de dos redes complementarias: la pública y la privada.
El profesor, cuando ejerce su función, tiene una protección penal contemplada en los artículos 24 y 550 del Código Penal. Cuando el padre o el alumno intimida o agrede a un profesor, intimida o agrede a un funcionario público. La agresión no se hace por ser funcionario, sino por ser profesor. Del mismo modo que cuando un docente comete un delito en el desempeño de sus funciones, tiene una responsabilidad mayor que la de cualquier otro ciudadano.
FSIE no admite y denuncia que desde las Instituciones del Estado se propicien discriminaciones entre los profesionales que ejercen la misma labor de un servicio fundamental como es la educación, aunque sea en distintos centros. Este hecho manifiesta un menosprecio hacia los trabajadores que desarrollan su labor en el marco constitucional, con la misma titulación, misma formación y mismas exigencias para desempeñar la labor docente. No se entiende por qué resulta más barato injuriar y agredir a un profesional que a otro, en función de la titularidad que tenga el centro educativo.
Recomendaciones como ésta, nada contribuyen a la estabilidad y serenidad que todos demandamos para fomentar una enseñanza de calidad en la sociedad española. Por tanto, instamos al Fiscal General del Estado a que dirija sus esfuerzos más a proteger y salvaguardar de modo equitativo la integridad y los derechos de todos los profesionales de la enseñanza, que a establecer diferencias absurdas en un tema tan lamentable y sensible como es la violencia en el ámbito escolar, en el que todos debemos estar implicados por erradicar, y él, el primero.
* FCO, VÍRSEDA GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DE FSIE
DD
La Fiscalía General del Estado solicita que las agresiones a docentes sean consideradas delitos de atentado a funcionario
22/12/2008 - Esther G. Robles (ANDALUCIA EDUCA)Tras los últimos ataques sufridos por maestros y profesores en el ejercicio de su labor profesional y los constantes episodios violentos que se vienen registrando en los centros sanitarios, la Fiscalía General del Estado ha remitido una consulta en la que aconseja a los fiscales que califiquen las agresiones contra los funcionarios que trabajan tanto en el sector de la educación como del ámbito la salud como atentado contra la autoridad y funcionario público. Según ha precisado el Ministerio Público, esta decisión ha sido adoptada a raíz de las reiteradas noticias sobre amenazas y ataques contra dichos colectivos, que han generado un amplio debate en la sociedad acerca de las medidas preventivas y represivas que se deben tomar para erradicar tales manifestaciones.
La Fiscalía señala que para considerar delito de atentado contra la autoridad una agresión de estas características deberán concurrir los requisitos de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia activa, ejercidos contra estos profesionales, al tiempo que indica que podrán ser sujetos pasivos del citado delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. Desde esta perspectiva, no se podrá aplicar este delito en los casos en que las víctimas de las agresiones sean profesionales de la educación o de la salud que presten sus servicios como empleados de empresas o de instituciones públicas relacionadas con la administración en régimen de concierto u otra fórmula similar.
Con esta consulta, el Ministerio Fiscal intenta proteger el orden público, por entender que estas personas “prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos”. La medida, de enorme trascendencia en el ámbito jurídico, se suma a las iniciativas que vienen desarrollando diversas comunidades autónomas -entre ellas, la andaluza- al objeto de prevenir y atender a los profesionales afectados por estas manifestaciones violentas, mediante la elaboración de protocolos de actuación, publicación de guías de orientación, asesoramiento y personación en las causas judiciales, e incluso a través de la adecuación de las infraestructuras.
Todo un logro
Según ANPE, la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función ha sido una de las grandes demandas de este sindicato desde la puesta en marcha del servicio ‘El Defensor del Profesor’, por lo que le “satisface mucho verla reconocida por el Fiscal General del Estado, aunque seguiremos reivindicando su expreso reconocimiento legal”. Fuentes de esta organización han señalado que la autoridad del profesorado “es un hecho básico de la relación educativa”, y por consiguiente, “debemos dar un paso más: la sociedad tiene que valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo docente y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas”.
Durante los últimos años, desde ANPE y su servicio ‘El Defensor del Profesor’, se ha venido alertando sobre el progresivo deterioro de la convivencia en los centros. Una de sus principales reivindicaciones ha sido el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente en el ejercicio de su función. “Esta exigencia, que en principio fue contestada desde diversos sectores de la comunidad educativa, no sólo es hoy es aceptada mayoritariamente, sino que el mismo Fiscal General del Estado acaba de resolver la consulta planteada por el Fiscal Superior de Andalucía y ha dado instrucciones a las fiscalías para que se consideren todas las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave en las que la víctima sea un funcionario docente como atentado contra la autoridad pública”, apostillaron las citadas fuentes.
En este contexto, el sindicato considera que estas medidas constituyen “una garantía para los derechos de un colectivo que ha padecido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social en los últimos tiempos”, aunque “queda mucho aún para recuperar plenamente la autoridad del docente en el sentido profesional del término”. Por ello, ANPE ha puesto en marcha una campaña para explicar que la autoridad del profesor es un elemento básico de la relación educativa y seguirá trabajando para transmitir a la sociedad “la importancia de reconocer también la autoridad moral, intrínseca a la dignidad de la tarea docente, y la autoridad académica, que tiene que ver con el respeto a la libertad de cátedra y a las decisiones académicas y con que los claustros de profesores recuperen las competencias técnico-profesionales”.
AE
El profesor recupera la autoridad
El fiscal general anuncia que las agresiones al colectivo docente se castigarán conel ingreso en prisión y mejorará su protección ante los abusos de alumnos y padre23.12.08 - ELENA CRIADO | ALICANTE (LAS PROVINCIAS)
Los profesores llevan años pidiendo un mayor respaldo social para dignificar la función docente. Ante la proliferación de agresiones y abusos por parte de los propios alumnos y de las familias, el colectivo docente exige más atención y un mayor apoyo legal de las administraciones porque, según apuntan, ellos solos no pueden. La resolución del fiscal General del Estado de solicitar el ingreso en prisión de aquellas personas que cometan una agresión a los profesores ha sido, por tanto, una de las mejores noticias con las que los enseñantes podían acabar el año.
Desde el sindicato ANPE, que en 2006 puso en marcha el teléfono de Atención al Profesor en la Comunitat, "nos congratulamos de la decisión tomada por el Fiscal General del Estado de que los fiscales pedirán penas de prisión por las agresiones a profesores" ya que hace años que "nuestro sindicato está luchando para que se reconozca la autoridad del profesorado en el ejercicio de su profesión, igual que sucede con los agentes de las Fuerzas de Seguridad", explicó la secretaria de Comunicación, Consuelo Cubel.
A partir de ahora, todas los abusos a docentes que vayan seguidas de la pertinente denuncia podrían ser causa del ingreso en una cárcel, en función de la gravedad de cada caso. "Es una gran noticia para el profesorado, que en este momento se encuentra desprotegido y desorientado, al ver que alumnos y los padres le increpan incluso en plena clase con la consiguiente humillación ante el resto del alumnado", subrayó Cubel.
ANPE creó en marzo de 2006 la figura del Defensor del Profesor, un servicio de atención y asesoramiento a profesores que afrontaban situaciones de acoso o violencia, para ofrecer ayuda psicológica y jurídica. Desde entonces, más de un centenar de profesores han solicitado su apoyo, principalmente pertenecientes al cuerpo de enseñantes del nivel de Secundaria.
Insultos, indisciplina, amenazas y hasta agresiones físicas. Los abusos a profesores son una constante en prácticamente la mayoría de aulas de los institutos de la Comunitat, según denunció ANPE hace apenas dos meses.
Así, con el servicio del teléfono del Defensor de Profesor, ANPE constata que "pocas cosas han mejorado este año con respecto al año anterior porque continúa sin haber recursos para proteger a los 50.000 docentes de la autonomía". No obstante, la aprobación el año pasado del nuevo Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos, padres y profesores si que ha mejorado levemente la situación de los profesores "ya que se han agilizado los tiempos en la apertura de actas y a la hora de expedientar al alumno agresor y todos los centros cuentan con un plan de convivencia en el que se regula cómo se debe funcionar para mejorar el clima", reconoció Cubel.
Sin embargo, con el citado teléfono como termómetro de los ánimos de los enseñantes, desde ANPE se sigue percibiendo una ligera sensación de olvido por parte de la administración educativa cuando "lo que estamos necesitando es más personal cualificado para no cargar el actual trabajo de los profesores y darles salida real a los alumnos conflictivos", matizó Consuelo Cubel.
Desde la organización sindical reclaman, además, priorizar la protección y la atención preferente a las víctimas, la creación en cada centro de Aulas de Atención Individualizada para la Mejora de la Convivencia y un nuevo sistema sancionador ágil y desburocratizado.
LP
Medidas contra la violencia
El fiscal pedirá cárcel para quien agreda a médicos y maestros
La Fiscalía General del Estado ha ordenado que se pidan penas de prisión para quienes agredan al personal sanitario o a los docentes. La orden excluye expresamente a los empleados de estos sectores en centros privados o concertados.
Ramón Ferrando, Valencia (LEVANTE)La orden de Cándido Conde-Pumpido va a entrar en vigor de manera inmediata. La portavoz de la Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert, admitió ayer que hasta ahora cada fiscal actuaba libremente por lo que en muchas ocasiones se limitaban a pedir una multa. La Fiscalía General del Estado ha reaccionado ante las demandas de los colectivos de médicos y maestros que reclamaban desde hace meses una mayor protección. El número de denuncias, como ha venido publicando Levante-EMV, ha aumentado en los últimos cinco años, según reveló en mayo el presidente del Colegio de Médicos de Valencia. La judicialización de las agresiones, que antes no se denunciaban, están frenando la agresiones.
La medida sólo se puede aplicar a los mayores de edad, por lo que va dirigida a los padres que agreden a los profesores de sus hijos, a los estudiantes que tienen más de 18 años de edad y a los adultos que atacan a los profesionales sanitarios.
La orden de Conde-Pumpido, firmada el 25 de noviembre, aclara a los fiscales que los profesores y sanitarios sólo tienen esa especial protección cuando la agresión ocurre en el ejercicio de sus funciones, al igual que sucede con los agentes de las Fuerzas de Seguridad.
La instrucción de la Fiscalía General del Estado, a la que ha tenido acceso este periódico, se produce ante la disparidad de criterios adoptados en las juntas de fiscales provinciales de toda España por la ambigüedad del Código Penal. La clave está en el artículo 550 del Código Penal, que define el delito de atentado -que es el que a partir de ahora se va a aplicar de manera sistemática- como las agresiones contra los agentes de la autoridad -la policia- o los funcionarios públicos.
Las agresiones sólo se calificaban como delito cuando producían lesiones de gravedad a las víctimas. La instrucción incide en que a partir de ahora ya no hace falta que se produzcan lesiones. El delito se consuma con el ataque al profesional sanitario o docente, incluso si el agresor no logra su objetivo de golpear materialmente a la víctima.
El quid de la cuestión
La orden reconoce que es cierto que puede sostenerse que el Código Penal protege exclusivamente a aquellos que ejercen funciones relacionadas con el orden público. Sin embargo, Cándido Conde-Pumpido recuerda que la jurisprudencia está protegiendo a las personas que desempeñan determinadas funciones públicas como son la enseñanza y la sanidad.
El dictamen excluye expresamente a los trabajadores de centros privados o concertados porque "aunque participen en el ejercicio de funciones sociales", "no ostentan la condición de funcionarios públicos a efectos penales".
Lemv
Buenos resultados en Alicante
Los fiscales de Alicante comenzaron a pedir de forma sistemática penas de uno a tres años de cárcel en noviembre de 2006, como ya informó este periódico. El fiscal jefe en funciones, Juan Carlos López Coig, tomó la decisión tras el incremento de denuncias de violencia escolar y de ataques a médicos y enfermeros. La Fiscalía de Valencia no redactó en ese momento una instrucción similar al considerar que no era necesario. En realidad, la idea de incrementar la protección del personal sanitario y docente partió del anterior fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena.
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, explicó ayer que la medida que llevan dos años aplicando está dando muy buenos resultados, aunque todavía no han salido muchos juicios. Magro apuntó que la instrucción de Conde-Pumpido "es muy acertada ante la disparidad de criterios que se estaban aplicando hasta ahora en el resto de España. El problema es que la sociedad está perdiendo valores fundamentales. El incremento de la violencia en las aulas y los hospitales es kafkiano. El Estado de derecho tiene que reaccionar ante este tipo de ataques a profesores y médicos".
Vicente Magro insistió en que "desde que se aplica en Alicante está mejorando mucho la situación. Ha sido muy positiva la publicidad que dieron los medios de comunicación al cambio de criterio porque la gente está tomando conciencia de que una agresión conlleva aparejadas penas de cárcel".
El primer caso que ha trascendido fue la condena de un año de prisión dictada en junio contra un alicantino por intentar agredir a una médica del Hospital General de Alicante.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2006, justo con el cambio de criterio en Alicante, cuando el condenado fue trasladado a Urgencias del Hospital General por un traumatismo en la mano. Al levantarle de la camilla, comenzó a "insultar e intentar agredir" al personal sanitario. El fallo judicial concluyó que los hechos era constitutivos de un delito de atentado contra un funcionario público, ya que el acusado actuó cuando la profesional se encontraba en el ejercicio de sus funciones.
El Colegio de Médicos reveló en mayo que durante 2007 cuarenta facultativos valencianos denunciaron agresiones.
Lemv
