Educación promulga normas de convivencia escolar que por primera vez incluyen medidas para combatir las nuevas modalidades de 'ciberacoso'
↓ La 'culpa in vigilando' del colegio Suizo de Madrid, paradigma del 'bullying'
LUIS J. RUIZ | 18 ENE 2009- LOGROÑO (LR)
El decreto que regula la convivencia en los centros escolares y que, según Educación, publicará el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos 15 días, será el texto base sobre el que los diferentes centros educativos de la región adaptarán sus propios reglamentos de régimen interno. A falta de conocer el contenido concreto de ese articulado -la única referencia es un borrador al que los diferentes colectivos afectados presentaron sus alegaciones- la ley de acompañamiento a los presupuestos incluyó en su articulado las infracciones y sanciones previstas para los casos en que las actuaciones de los alumnos alteren la convivencia de la comunidad educativa.
La falta de asistencia, la no colaboración en las actividades, los actos de indisciplina, el deterioro intencional de las instalaciones, la incitación a la comisión de actos contrarios a las normas, la agresión o acoso físico o moral o la suplantación de personalidad o la falsificación y sustracción de documentos académicos son, entre otras, algunas de las conductas recogidas explícitamente en un articulado que también hace una referencia a las posibles infracciones cometidas en la red.
El régimen de sanciones se configura en función de la incidencia de las infracciones en la normal convivencia en el centro. Así, las menos graves incluyen suspensiones temporales de asistencia a clase o de participación en actividades extraescolares y cambios de grupo o clase por periodos de tiempo no superior a las dos semanas.
Las sanciones más graves se reservan para casos en los que la alteración sea grave y, en el caso de las enseñanzas no obligatorias se recoge la posibilidad de expulsar definitivamente al alumno, mientras que en la educación obligatoria se prevé el cambio forzoso de centro hasta los 18 años.
Desde ANPE-Rioja, su presidente, José Manuel Reinares, reconoce que «la música del borrador de decreto nos gustaba y presentamos alegaciones para afinar la letra». Entre esas peticiones, Reinares señala que «apoyamos que se reconociera como autoridad pública al profesor en línea con la recomendación del Fiscal General del Estado que pide que las agresiones a funcionarios docentes y sanitarios se califiquen como atentado a la autoridad con sanciones a de 2 a 4 años de prisión. Así se evita que los que agreden a docentes acaben con falta de lesiones y una multa de 150 euros».
LAS SANCIONES
Con el borrador del decreto por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros -ese es su nombre completo- encima de la mesa desde el mes de noviembre del año 2007, su tortuoso devenir ha requerido de casi quince meses para ver la luz.
En su tramitación el decreto se ha encontrado con más de una piedra en el camino. La principal fue la recomendación del Consejo Consultivo de La Rioja que advirtió a sus redactores que la tipificación de sanciones en un decreto podría encontrar problemas a la hora de su aplicación.
Así las cosas, el devenir del texto invirtió su evolución natural. El dictamen del Consejo Consultivo aconsejó que las sanciones se recogieran en una norma con rango de ley.
Así, pese a que el articulado del decreto continúa en los cajones de la Consejería de Educación - el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío, confía en que se publique este mes en el Boletín Oficial de La Rioja- el pasado 29 de diciembre e insertado en la ley 5/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2009, vieron la luz tres artículos que, relacionados con ese decreto, fijaban infracciones y sanciones en materia educativa.
Esa publicación, aunque desubicada de su contexto natural (el resto del articulado hace referencia a medidas de carácter fiscal) ha servido según los responsables del sindicato ANPE y del propio director general de Ordenación e Innovación Educativa para no dilatar la entrada en vigor de un decreto que, una vez que quede reflejado en el BOR, tendrá que ser desarrollado por los diferentes centros educativos en sus respectivos reglamentos de régimen interno. LR
RAFAEL FEDERÍO
- Las medidas en materia educativa contenidas en la ley de acompañamiento complementan un decreto que aún está si publicar. ¿Para cuando se prevé su aparición en el BOR?
- Una vez que han sido publicadas las normas en dicha ley, esperamos poder publicarlo dentro de una o dos semanas. Este texto exigía el respaldo de una ley y para evitar dilaciones se decidió que era procedente incluirlo en ese articulado.
- ¿Qué regula el decreto?
- Establece los derechos y deberes de los alumnos. Fija un marco general de la convivencia en los centros escolares para que luego sean ellos los que desarrollen sus correspondientes órdenes.
- Es una norma muy reclamada por el profesorado.
- Realmente sí. Se ha trabajado con los miembros de ANPE y se han atendido bastantes de sus requerimientos. LR
Cuando Noelia Zorzano, defensora del profesor del sindicato ANPE, descuelga el teléfono de su despacho es consciente de que al otro lado puede encontrarse con un profesor en apuros. Afortunadamente en La Rioja los casos no son muchos, pero haberlos, haylos. En el 2006 fueron 84 -una cifra que recopila las denuncias de cursos anteriores y no documentados- y en el 2007, 15, un total que se acomoda a la realidad educativa regional y similar a la de otras comunidades uniprovinciales.
¿Cuáles son los casos que atiende la defensora del profesor? Pues prácticamente de todo. Eso sí, las agresiones físicas, afortunadamente, apenas sí tienen incidencia. «Agresiones verbales, amenazas e insultos son los casos más frecuentes», señala Zorzano, quien distingue el tipo de violencia ejercida sobre los profesores en función del nivel educativo. «En Primaria los conflictos son con los padres; en Secundaria son más frecuentes con los alumnos».
Las consecuencias para el profesorado son demoledoras y, aunque no son muchas, sí que se han tenido que tramitar bajas por depresión. «Cada caso es un mundo, pero el profesor muchas veces se autoinculpa y eso se transforma en problemas de sueño, fatiga y acaba convirtiéndose en depresión», relata. Por eso desde ANPE consideran fundamental que estos casos se denuncien desde el primer momento y animan a los profesores a seguir al frente de sus clases: «No tienen por que ser ellos quienes alteren su rutina por culpa de los alumnos».
Con el borrador del decreto encima de la mesa y esperando la publicación del articulado definitivo, la defensora confiesa que «los conflictos han evolucionado y aumentado con el paso de los años» hasta llegar a las tres denuncias presentadas por profesores por casos de 'ciberacoso' en 'Tuenti'.
«Los padres tienen que estar más implicados y tienen que apoyar al profesorado porque ha aumentado la indisciplina y los profesores han perdido su autoridad. Cada vez los padres son más permisivos y hay menos comunicación». Lograr esa implicación es el siguiente reto una vez conseguida la de las Administraciones Públicas. «Hay que evitar -apunta Zorzano- que un tortazo a un profesor se salde con una multa de 150 euros». LR
Durante dos años, uno de sus alumnos, de 11 años, fue víctima de bullying (acoso continuado) que sus padres denunciaron después de conocer de la existencia de una grabación en la que el menor era golpeado hasta en 21 ocasiones con diferentes objetos en cabeza, piernas y espalda. El colegio Suizo pecó, según la sentencia, de 'culpa in vigilando' y recibió la mayor condena económica en toda Europa (30.000 euros) por este concepto al entender que la situación era 'vox populi' en el centro.
Según el borrador del decreto, es obligación del profesorado informar de estos casos, algo que en el caso de Alcobendas nunca sucedió. De hecho, pese al conocimiento de la existencia de la grabación, nunca se puso en conocimiento de los padres. LR
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PS Viernes 23.01.09
23.01.09 - EFE | LOGROÑO (LARIOJA.com)
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el decreto que regula la convivencia en los centros y los derechos y deberes de alumnos, profesores y familias, uno de cuyos principales objetivos es "dignificar la figura del profesor", ha afirmado hoy el consejero de Educación, Luis Alegre.
Alegre, ha presentado este decreto, que tipifica las conductas que afectan a la convivencia y el correspondiente procedimiento sancionador o corrector, de acuerdo a "conductas contrarias a la convivencia del centro" y a "conductas gravemente perjudiciales para la convivencia".
El decreto, ha añadido, pretende responder, "desde el punto de vista educativo, a las posibles situaciones que se dan en el día a día del ámbito escolar y, de ahí, la necesidad de regular las 'reglas del juego'; así como los derechos y obligaciones de profesores, alumnos y padres".
Ha reconocido que "La Rioja registra una buena situación en cuanto a la convivencia escolar", pero cree "fundamental crear mecanismos que regulen las posibles situaciones que se puedan plantear, así como los protocolos de actuación para resolverlos".
En este nuevo decreto se refuerza el carácter educativo de los procesos, que serán simples y ágiles, tanto para prevenir como para sancionar determinados comportamientos, según Alegre, para quien "uno de los principales objetivos que se pretende cumplir con esta nueva normativa educativa es dignificar la figura del profesor", al que se le reconoce como "autoridad pública".
El texto reconocer a la familia como la "primera y principal educadora de los hijos" y "corresponsable y garante del respeto a las normas de convivencia"; mientras que destaca la importancia de la institución escolar como "educadora en valores de convivencia".
Se concretan las normas y los principios que debe inspirar la convivencia y se establece la obligación de los centros de adaptar sus documentos -Proyecto Educativo, Plan de Convivencia y Reglamento de Organización y Funcionamiento- a lo dispuesto en el decreto.
También se fija la obligación de que en los Consejos Escolares de los centros se constituya una comisión de convivencia para garantizar la correcta aplicación del decreto y del Plan de Convivencia y se posibilita la creación de los Consejos del Aula para ordenar las actividades de la clase y la convivencia del grupo, con normas claras y sencillas.
Ente los derechos de los profesores figuran el respeto a su persona y la labor que desarrolla y a que su actividad docente se realice en condiciones de normalidad y en un clima de orden, disciplina y respeto de sus derechos, sobre todo al de su integridad física y moral.
Algunos de los deberes del profesorado son el respeto a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales y a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Los alumnos tienen marcados cinco derechos, como recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y respeto de su identidad, integridad y dignidad; y seis obligaciones, como deber de estudio y esfuerzo; y de respeto al profesorado y hacia todos los demás alumnos.
Las familias, como principales responsables de la educación de sus hijos, tienen un capítulo dedicado a sus derechos, en el que se detallan quince, y deberes, con catorce.
El texto incluye los criterios para aplicar las medidas correctoras y sancionadoras de los incumplimientos de las normas, que deben tener un carácter educativo, garantizar el respeto de los derechos de los demás alumnos y procurar la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
Se establece que los alumnos, o sus familias como responsables civiles, se harán cargo del coste económico de los daños que se produzcan intencionadamente o por negligencia; y, además, hay un apartado para las faltas de asistencia y el absentismo escolar.
LA RIOJA
El profesor será «autoridad pública» y se le protege ante agresiones
A. GIL | 24.01.2009 LOGROÑO (LARIOJA.com)
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula las normas de convivencia de los centros educativos, que, por primera vez, tiene un desarrollo específico regional con el objetivo de proteger a profesores, alumnos y padres de situaciones indeseables: «Es necesario recuperar la disciplina en las aulas y la responsabilidad individual y colectiva», en palabras del consejero de Educación, Luis Alegre.
Tal y como informó Diario LA RIOJA la semana pasada, el decreto, que entrará en vigor con su inminente publicación en el BOR, permite obligar a los alumnos que alteren la convivencia a cambiar de centro e incluso contempla la expulsión definitiva en enseñanzas no obligatorias.
La normativa establece los deberes y derechos de la comunidad educativa y en su título 1 reconoce al profesor como «autoridad pública»: «Deja de ser un maestro para convertirse en autoridad», señaló Alegre. En la práctica, este reconocimiento supondría que las agresiones, que habitualmente se saldan con una falta de lesiones y una pequeña multa, conllevaran incluso penas de prisión.
Cada centro educativo tendrá obligación de aprobar un Plan y una Comisión de Convivencia. Entre los derechos y deberes de cada parte de la comunidad educativa, destaca el hecho de que se reconoce a las familias como primeros responsables de la educación: deberán velar por la asistencia, la puntualidad, la higiene, la alimentación y la conservación del material escolar por parte de sus hijos.
Asimismo, se considerarán atenuantes y agravantes para calificar las conductas. En este sentido, entre las agravantes está la publicidad de las infracciones por cualquier medio (grabaciones y difusión vía móvil, Internet, etc.) y destaca también que los alumnos, o sus familias, se harán cargo económico de los daños intencionados o negligentes.
Dos tipos de conductas
El decreto tipifica las conductas que afectan a las normas de convivencia de «contrarias» o «gravemente perjudiciales», con medidas correctivas y sanciones específicas. Entre las primeras, se encuentran las faltas de asistencia, actos menores de indisciplina, interferir la actividad (con aparatos tecnológicos, por ejemplo)..., que se saldarán con amonestaciones directas como la privación del recreo hasta dos semanas, tareas en horario no lectivo o la suspensión de las clases hasta un máximo de diez días.
Las conductas «gravemente perjudiciales» serán actos graves de indisciplina, insultos, vejaciones, humillaciones, falsificación de documentos, deterioro repetido o grave de instalaciones e implicarán sanciones como actividades fuera del horario lectivo, cambios de grupo hasta por dos semanas, suspensión de clases entre 10 y 20 días, el comentado cambio de centro educativo, la pérdida de la evaluación continua y, en enseñanzas no obligatorias, la expulsión definitiva.
Otro aspecto importante son los expedientes sancionadores. La normativa determina una serie de circunstancias para su paralización, que se deberán cumplir en su totalidad: el beneplácito de la familia agraviada, cambio de conducta, compromiso del alumno a no repetir los hechos y un compromiso por escrito también de la familia en el mismo sentido.
LARIOJA
↓ La 'culpa in vigilando' del colegio Suizo de Madrid, paradigma del 'bullying'
| CIBERACOSO 14 Ene 2009 Tres profesores de dos institutos logroñeses han denunciado 'ciberacoso' a través de 'Tuenti' ANPE conoce desde junio denuncias de profesores de dos institutos de Logroño por violaciones de su intimidad, burlas y tergiversación de sus fotografías, suplantación de sus personas, ataques contra su honor e injurias efectuadas en "Tuenti". 13 Ene 2009 Dos colegios de Logroño descubren sendos casos entre alumnos de supuesta violación de la intimidad en 'Tuenti' subiendo imágenes manipuladas de compañeros con comentarios burlescos y de tintes vejatorios. La Fiscalía de Menores investiga la denuncia de los padres de uno de ellos. |
El decreto que regula la convivencia en los centros escolares y que, según Educación, publicará el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos 15 días, será el texto base sobre el que los diferentes centros educativos de la región adaptarán sus propios reglamentos de régimen interno. A falta de conocer el contenido concreto de ese articulado -la única referencia es un borrador al que los diferentes colectivos afectados presentaron sus alegaciones- la ley de acompañamiento a los presupuestos incluyó en su articulado las infracciones y sanciones previstas para los casos en que las actuaciones de los alumnos alteren la convivencia de la comunidad educativa.
La falta de asistencia, la no colaboración en las actividades, los actos de indisciplina, el deterioro intencional de las instalaciones, la incitación a la comisión de actos contrarios a las normas, la agresión o acoso físico o moral o la suplantación de personalidad o la falsificación y sustracción de documentos académicos son, entre otras, algunas de las conductas recogidas explícitamente en un articulado que también hace una referencia a las posibles infracciones cometidas en la red.
El régimen de sanciones se configura en función de la incidencia de las infracciones en la normal convivencia en el centro. Así, las menos graves incluyen suspensiones temporales de asistencia a clase o de participación en actividades extraescolares y cambios de grupo o clase por periodos de tiempo no superior a las dos semanas.
Las sanciones más graves se reservan para casos en los que la alteración sea grave y, en el caso de las enseñanzas no obligatorias se recoge la posibilidad de expulsar definitivamente al alumno, mientras que en la educación obligatoria se prevé el cambio forzoso de centro hasta los 18 años.
Desde ANPE-Rioja, su presidente, José Manuel Reinares, reconoce que «la música del borrador de decreto nos gustaba y presentamos alegaciones para afinar la letra». Entre esas peticiones, Reinares señala que «apoyamos que se reconociera como autoridad pública al profesor en línea con la recomendación del Fiscal General del Estado que pide que las agresiones a funcionarios docentes y sanitarios se califiquen como atentado a la autoridad con sanciones a de 2 a 4 años de prisión. Así se evita que los que agreden a docentes acaben con falta de lesiones y una multa de 150 euros».
LAS SANCIONES
- Conductas contrarias a la convivencia
- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares.
- Cambio de grupo o clase de hasta 2 semanas.
- Suspensión del derecho a la asistencia a clase de hasta 10 días.
- Gravemente prejudiciales de la convivencia
- Realización de tareas fuera del horario lectivo.
- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares entre 1 mes y lo que reste de curso.
- Cambio de grupo o clase entre 2 semanas y lo que reste de curso.
- Suspensión del derecho de asistencia a clase entre 10 y 20 días.
- Cambio de centro en educación obligatoria y hasta los 18 años.
- Pérdida del derecho a la evaluación continua.
- Expulsión del centro en enseñanzas no obligatorias.
Cobertura legal previa para un decreto que se dilata en el tiempo
Con el borrador del decreto por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros -ese es su nombre completo- encima de la mesa desde el mes de noviembre del año 2007, su tortuoso devenir ha requerido de casi quince meses para ver la luz.
En su tramitación el decreto se ha encontrado con más de una piedra en el camino. La principal fue la recomendación del Consejo Consultivo de La Rioja que advirtió a sus redactores que la tipificación de sanciones en un decreto podría encontrar problemas a la hora de su aplicación.
Así las cosas, el devenir del texto invirtió su evolución natural. El dictamen del Consejo Consultivo aconsejó que las sanciones se recogieran en una norma con rango de ley.
Así, pese a que el articulado del decreto continúa en los cajones de la Consejería de Educación - el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío, confía en que se publique este mes en el Boletín Oficial de La Rioja- el pasado 29 de diciembre e insertado en la ley 5/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2009, vieron la luz tres artículos que, relacionados con ese decreto, fijaban infracciones y sanciones en materia educativa.
Esa publicación, aunque desubicada de su contexto natural (el resto del articulado hace referencia a medidas de carácter fiscal) ha servido según los responsables del sindicato ANPE y del propio director general de Ordenación e Innovación Educativa para no dilatar la entrada en vigor de un decreto que, una vez que quede reflejado en el BOR, tendrá que ser desarrollado por los diferentes centros educativos en sus respectivos reglamentos de régimen interno. LR
RAFAEL FEDERÍO
«Esperamos que el decreto se publique en una o dos semanas»
El director general de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío, resalta la importancia de una norma que regulará la convivencia en los centros escolares y que fijará los derechos y deberes tanto de los alumnos como del profesorado.- Las medidas en materia educativa contenidas en la ley de acompañamiento complementan un decreto que aún está si publicar. ¿Para cuando se prevé su aparición en el BOR?
- Una vez que han sido publicadas las normas en dicha ley, esperamos poder publicarlo dentro de una o dos semanas. Este texto exigía el respaldo de una ley y para evitar dilaciones se decidió que era procedente incluirlo en ese articulado.
- ¿Qué regula el decreto?
- Establece los derechos y deberes de los alumnos. Fija un marco general de la convivencia en los centros escolares para que luego sean ellos los que desarrollen sus correspondientes órdenes.
- Es una norma muy reclamada por el profesorado.
- Realmente sí. Se ha trabajado con los miembros de ANPE y se han atendido bastantes de sus requerimientos. LR
Un calvario continuado
La defensora del profesor de ANPE señala que las agresiones verbales, los insultos y las amenazas centran las denunciasCuando Noelia Zorzano, defensora del profesor del sindicato ANPE, descuelga el teléfono de su despacho es consciente de que al otro lado puede encontrarse con un profesor en apuros. Afortunadamente en La Rioja los casos no son muchos, pero haberlos, haylos. En el 2006 fueron 84 -una cifra que recopila las denuncias de cursos anteriores y no documentados- y en el 2007, 15, un total que se acomoda a la realidad educativa regional y similar a la de otras comunidades uniprovinciales.
¿Cuáles son los casos que atiende la defensora del profesor? Pues prácticamente de todo. Eso sí, las agresiones físicas, afortunadamente, apenas sí tienen incidencia. «Agresiones verbales, amenazas e insultos son los casos más frecuentes», señala Zorzano, quien distingue el tipo de violencia ejercida sobre los profesores en función del nivel educativo. «En Primaria los conflictos son con los padres; en Secundaria son más frecuentes con los alumnos».
Las consecuencias para el profesorado son demoledoras y, aunque no son muchas, sí que se han tenido que tramitar bajas por depresión. «Cada caso es un mundo, pero el profesor muchas veces se autoinculpa y eso se transforma en problemas de sueño, fatiga y acaba convirtiéndose en depresión», relata. Por eso desde ANPE consideran fundamental que estos casos se denuncien desde el primer momento y animan a los profesores a seguir al frente de sus clases: «No tienen por que ser ellos quienes alteren su rutina por culpa de los alumnos».
Con el borrador del decreto encima de la mesa y esperando la publicación del articulado definitivo, la defensora confiesa que «los conflictos han evolucionado y aumentado con el paso de los años» hasta llegar a las tres denuncias presentadas por profesores por casos de 'ciberacoso' en 'Tuenti'.
«Los padres tienen que estar más implicados y tienen que apoyar al profesorado porque ha aumentado la indisciplina y los profesores han perdido su autoridad. Cada vez los padres son más permisivos y hay menos comunicación». Lograr esa implicación es el siguiente reto una vez conseguida la de las Administraciones Públicas. «Hay que evitar -apunta Zorzano- que un tortazo a un profesor se salde con una multa de 150 euros». LR
La 'culpa in vigilando' del colegio Suizo de Madrid, paradigma del 'bullying'
Tanto el borrador del decreto de convivencia en los centros docentes pergeñado por el Gobierno de La Rioja -pendiente de publicación- como el articulado de infracciones y sanciones incluido en la llamada ley de acompañamiento a los presupuestos -que le atribuye la fuerza legal de que carece el decreto- incluyen medidas específicas para evitar que casos como el que aconteció en el colegio Suizo de Alcobendas se repitan en los centros educativos de La Rioja.Durante dos años, uno de sus alumnos, de 11 años, fue víctima de bullying (acoso continuado) que sus padres denunciaron después de conocer de la existencia de una grabación en la que el menor era golpeado hasta en 21 ocasiones con diferentes objetos en cabeza, piernas y espalda. El colegio Suizo pecó, según la sentencia, de 'culpa in vigilando' y recibió la mayor condena económica en toda Europa (30.000 euros) por este concepto al entender que la situación era 'vox populi' en el centro.
Según el borrador del decreto, es obligación del profesorado informar de estos casos, algo que en el caso de Alcobendas nunca sucedió. De hecho, pese al conocimiento de la existencia de la grabación, nunca se puso en conocimiento de los padres. LR
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PS Viernes 23.01.09
El Gobierno aprueba el decreto de convivencia en los centros escolares
En este nuevo decreto se refuerza el carácter educativo de los procesos, que serán simples y ágiles, tanto para prevenir como para sancionar determinados comportamientos23.01.09 - EFE | LOGROÑO (LARIOJA.com)
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el decreto que regula la convivencia en los centros y los derechos y deberes de alumnos, profesores y familias, uno de cuyos principales objetivos es "dignificar la figura del profesor", ha afirmado hoy el consejero de Educación, Luis Alegre.
Alegre, ha presentado este decreto, que tipifica las conductas que afectan a la convivencia y el correspondiente procedimiento sancionador o corrector, de acuerdo a "conductas contrarias a la convivencia del centro" y a "conductas gravemente perjudiciales para la convivencia".
El decreto, ha añadido, pretende responder, "desde el punto de vista educativo, a las posibles situaciones que se dan en el día a día del ámbito escolar y, de ahí, la necesidad de regular las 'reglas del juego'; así como los derechos y obligaciones de profesores, alumnos y padres".
Ha reconocido que "La Rioja registra una buena situación en cuanto a la convivencia escolar", pero cree "fundamental crear mecanismos que regulen las posibles situaciones que se puedan plantear, así como los protocolos de actuación para resolverlos".
En este nuevo decreto se refuerza el carácter educativo de los procesos, que serán simples y ágiles, tanto para prevenir como para sancionar determinados comportamientos, según Alegre, para quien "uno de los principales objetivos que se pretende cumplir con esta nueva normativa educativa es dignificar la figura del profesor", al que se le reconoce como "autoridad pública".
El texto reconocer a la familia como la "primera y principal educadora de los hijos" y "corresponsable y garante del respeto a las normas de convivencia"; mientras que destaca la importancia de la institución escolar como "educadora en valores de convivencia".
Se concretan las normas y los principios que debe inspirar la convivencia y se establece la obligación de los centros de adaptar sus documentos -Proyecto Educativo, Plan de Convivencia y Reglamento de Organización y Funcionamiento- a lo dispuesto en el decreto.
También se fija la obligación de que en los Consejos Escolares de los centros se constituya una comisión de convivencia para garantizar la correcta aplicación del decreto y del Plan de Convivencia y se posibilita la creación de los Consejos del Aula para ordenar las actividades de la clase y la convivencia del grupo, con normas claras y sencillas.
Ente los derechos de los profesores figuran el respeto a su persona y la labor que desarrolla y a que su actividad docente se realice en condiciones de normalidad y en un clima de orden, disciplina y respeto de sus derechos, sobre todo al de su integridad física y moral.
Algunos de los deberes del profesorado son el respeto a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales y a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Los alumnos tienen marcados cinco derechos, como recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y respeto de su identidad, integridad y dignidad; y seis obligaciones, como deber de estudio y esfuerzo; y de respeto al profesorado y hacia todos los demás alumnos.
Las familias, como principales responsables de la educación de sus hijos, tienen un capítulo dedicado a sus derechos, en el que se detallan quince, y deberes, con catorce.
El texto incluye los criterios para aplicar las medidas correctoras y sancionadoras de los incumplimientos de las normas, que deben tener un carácter educativo, garantizar el respeto de los derechos de los demás alumnos y procurar la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
Se establece que los alumnos, o sus familias como responsables civiles, se harán cargo del coste económico de los daños que se produzcan intencionadamente o por negligencia; y, además, hay un apartado para las faltas de asistencia y el absentismo escolar.
LA RIOJA
La difusión por cualquier medio de infracciones educativas será un agravante de las conductas
La nueva normativa prevé hasta el cambio de centro o la expulsión de alumnos en enseñanza no obligatoriaEl profesor será «autoridad pública» y se le protege ante agresiones
A. GIL | 24.01.2009 LOGROÑO (LARIOJA.com)
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula las normas de convivencia de los centros educativos, que, por primera vez, tiene un desarrollo específico regional con el objetivo de proteger a profesores, alumnos y padres de situaciones indeseables: «Es necesario recuperar la disciplina en las aulas y la responsabilidad individual y colectiva», en palabras del consejero de Educación, Luis Alegre.
Tal y como informó Diario LA RIOJA la semana pasada, el decreto, que entrará en vigor con su inminente publicación en el BOR, permite obligar a los alumnos que alteren la convivencia a cambiar de centro e incluso contempla la expulsión definitiva en enseñanzas no obligatorias.
La normativa establece los deberes y derechos de la comunidad educativa y en su título 1 reconoce al profesor como «autoridad pública»: «Deja de ser un maestro para convertirse en autoridad», señaló Alegre. En la práctica, este reconocimiento supondría que las agresiones, que habitualmente se saldan con una falta de lesiones y una pequeña multa, conllevaran incluso penas de prisión.
Cada centro educativo tendrá obligación de aprobar un Plan y una Comisión de Convivencia. Entre los derechos y deberes de cada parte de la comunidad educativa, destaca el hecho de que se reconoce a las familias como primeros responsables de la educación: deberán velar por la asistencia, la puntualidad, la higiene, la alimentación y la conservación del material escolar por parte de sus hijos.
Asimismo, se considerarán atenuantes y agravantes para calificar las conductas. En este sentido, entre las agravantes está la publicidad de las infracciones por cualquier medio (grabaciones y difusión vía móvil, Internet, etc.) y destaca también que los alumnos, o sus familias, se harán cargo económico de los daños intencionados o negligentes.
Dos tipos de conductas
El decreto tipifica las conductas que afectan a las normas de convivencia de «contrarias» o «gravemente perjudiciales», con medidas correctivas y sanciones específicas. Entre las primeras, se encuentran las faltas de asistencia, actos menores de indisciplina, interferir la actividad (con aparatos tecnológicos, por ejemplo)..., que se saldarán con amonestaciones directas como la privación del recreo hasta dos semanas, tareas en horario no lectivo o la suspensión de las clases hasta un máximo de diez días.
Las conductas «gravemente perjudiciales» serán actos graves de indisciplina, insultos, vejaciones, humillaciones, falsificación de documentos, deterioro repetido o grave de instalaciones e implicarán sanciones como actividades fuera del horario lectivo, cambios de grupo hasta por dos semanas, suspensión de clases entre 10 y 20 días, el comentado cambio de centro educativo, la pérdida de la evaluación continua y, en enseñanzas no obligatorias, la expulsión definitiva.
Otro aspecto importante son los expedientes sancionadores. La normativa determina una serie de circunstancias para su paralización, que se deberán cumplir en su totalidad: el beneplácito de la familia agraviada, cambio de conducta, compromiso del alumno a no repetir los hechos y un compromiso por escrito también de la familia en el mismo sentido.
LARIOJA
