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Estos centros son mucho más duros "que los de reforma"
Detecta una agresividad "desproporcionada": Se les maniata a los internos , se les prohíbe la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, uso de celdas de aislamiento 'atroces', se abusa del uso de fármacos para tratar a los adolescentes
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· El centro Picón del Jarama acumula más de una docena de denuncias aceptadas a trámite en los juzgados
· Principalmente, por excesos a la hora de "retener corporalmente" a sus internos, uno de los muchos "eufemismos pedagógicos" que denuncia el defensor
| 27 centros investigados de 58 existentes · Los centros están gestionados por entidades privadas y no existe un reglamento interno ni inspecciones regulares · La "insuficiente regulación autonómica en la materia" hace que "las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede ser aún más duro que en los de reforma". |
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, destapa en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.
El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.
A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas. El trabajo también que las ausencias voluntarias de los internados son muy frecuentes, llegándose en muchos casos a cifras muy elevadas de ausencias definitivas.
Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria.
Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
A pesar de ser escasos los reglamentos de régimen interno, Múgica indica que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado por el Tribunal Constitucional.
MUCHOS TIENEN QUE PAGAR LAS LLAMADAS A SU FAMILIA
Sobre el régimen de relaciones con la familia, el estudio revela que la frecuencia de las visitas de sus progenitores o demás familiares, así como las salidas del centro, suelen ser motivo de insatisfacción entre los menores, que continuamente demandan un incremento de las mismas.
Así, se desprende que en la mitad de los centros visitados por la Institución se establece un número fijo de llamadas semanales y, en algún caso, éstas deben ser pagadas por el menor y no siempre se respeta su privacidad. Asimismo, pocas instituciones tienen un programa concreto dirigido a la intervención familiar por falta de medios.
PERSONAL DESMOTIVADO y ESTRESADO
Si bien el éxito las intervenciones pedagógicas en los menores tiene que ver con la labor del personal especializado que trabaja en estas instituciones, la investigación revela que en muchos casos el personal se encuentra desmotivado por un trabajo muy estresante, con escaso soporte y formación continua, con horarios variables, una exigencia de disponibilidad total y un salario no especialmente motivador. Esta situación conduce a la mayoría del personal pedir la baja temporal e incluso el cese voluntario.
En cuanto a la vigilancia de estos centros, el Defensor del Pueblo denuncia que muy pocas administraciones competentes hacen un seguimiento frecuente de la situación en que se encuentran. Por este motivo, desde los centros se reclama una mayor proximidad, implicación y especialización de los técnicos de la entidad pública que se ocupan del seguimiento de cada menor. Asimismo, señala que la excesiva burocracia exigida por parte de las administraciones suele tener consecuencias negativas en los menores.
INVESTIGACIÓN DE 27 DE LOS 58 CENTROS DE MENORES
Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", formuladas por padres alarmados ante las dificultades que para la convivencia suponen los graves problemas de inadaptación familiar y social de sus hijos, así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.
Para realizar una valoración lo más objetiva posible de la situación, la Institución presidida por Enrique Múgica seleccionó 27 centros entre los 58 actualmente existentes en España. Para ello, inspeccionó establecimientos en todas las comunidades autónomas que cuentan con recursos de esta naturaleza, procurando seleccionar los gestionados por diferentes entidades a fin de conocer los distintos tipos de intervención que se están desarrollando con los menores.
De la investigación realizada por el Defensor del Pueblo se deduce que los resultados del sistema de protección que se viene desarrollando no siempre son satisfactorios para los educadores, y en muy pocos casos para los educandos, que manifiestan un elevado índice de insatisfacción, tanto durante su permanencia en estos recursos de acogida, como cuando, al cumplir 18 años, han de abandonar el centro aunque no hayan superado su programa de intervención terapéutica.
NECESIDAD DE REALIZAR INVESTIGACIONES
Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe destacan la realización de investigaciones que permitan conocer losdatos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.
Asimismo, el Defensor del Pueblo aconseja establecer indicadores que permitan evaluar la efectividad de los distintos programas de intervención puestos en práctica para que la Administración asuma elliderazgo que le corresponde como responsable de los menores; prestar especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto; y establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta.
Solicita a las administraciones competentes (estatales, autonómicas y locales) que intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización de los menores.
Aconseja que se dote a la Fiscalía de los medios necesarios para realizar el control periódico del funcionamiento y organización de los centros de protección y de los proyectos educativos que en ellos se aplican y que este organismo judicial extreme la vigilancia en los casos de ingresos de menores en centros específicos para el tratamiento de los trastornos de conducta de forma semestral.
Sobre las infraestructuras, recomienda que tanto en los casos señalados en el informe, como en todos aquellos en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros propiedad de la Administración, se doten los recursos económicos necesarios para tal fin.
En cuanto a las referidas a los profesionales que trabajan en la atención a menores con trastornos sugiere que dispongan deactuaciones y programas de soporte y refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor y se promueva la formación especializada y continuada de este colectivo.
EP
El Defensor del Pueblo detecta una agresividad "desproporcionada" en algunos centros de menores
EFE 02 FEB 2009 MADRID (EL PERIODICO)Muchos centros de menores están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" y varias veces al día, según un informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, conocido hoy.
El origen del informe han sido las quejas de padres y denuncias de los educadores recibidas por el Defensor. Inicialmente, la investigación se centró en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, pero a medida que se descubrió "una realidad extremadamente dura, dolorosa y compleja, cuyos graves problemas alcanzaban límites inesperados", se amplió a todo el país.
La mayor parte de los recursos para la atención de menores con trastornos de conducta están gestionados por entidades privadas que mantienen conciertos con las administraciones públicas competentes. En el momento de elaborarse el informe, 41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros existentes.
Atados por las muñecas
Según el Defensor, bajo la denominación de "medidas educativas creativas", "medidas correctoras" u otras expresiones de cariz pedagógico, se están realizando prácticas contrarias a los derechos de los menores en muchos centros, como atar a dos menores uniéndolos por las muñecas o prohibirles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana.
La mayoría de los centros hacen registros personales y de las habitaciones de los menores, pese a ser escasos los reglamentos de régimen interno que recojan dicha posibilidad. En algunos supuestos, incluso, se realizan registros con desnudos integrales sin justificación bastante, ni comunicación al juez.
En casos de crisis de los menores, la mayoría de centros llevan a cabo contenciones físicas o mecánicas y medidas de aislamiento. Pese a que las contenciones deben limitarse a momentos puntuales, en muchos "se realizan varias veces al día, y en ocasiones con una agresividad desproporcionada que puede provocar lesiones físicas a los menores", según el informe.
Medidas de aislamiento
Además, en el 75% de los centros se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración y, aunque su administración debe ajustarse a un protocolo clínico previamente establecido, "no siempre se cumple este procedimiento".
En más de la mitad de los centros se usan medidas de aislamiento y, aunque estas solo deben aplicarse por razones terapéuticas y de seguridad, "en ocasiones se llevan a cabo como medida de sanción o intimidación del menor, más allá del tiempo estrictamente necesario". Algunas tienen un reducido tamaño y carecen de ventanas, lo que causa una atmósfera asfixiante.
En cuanto al régimen de ingreso, la mayor parte de las entidades públicas consideran que no es necesaria la autorización judicial para los ingresos de menores tutelados en los centros que desarrollan programas específicos para el tratamiento de trastornos de conducta, al entender que esos centros son de protección y no de internamiento.
El número de altas por superación del programa terapéutico es escaso; la mayor parte de los menores son trasladados o abandonan el centro al cumplir la mayoría de edad. En la mayor parte de los casos, el menor debe dejar el centro al cumplir 18 años, aunque no haya superado los objetivos marcados en el programa individualizado, sin que se le facilite la ayuda para afrontar su futuro.
ePC
El Defensor del Pueblo destapa malos tratos en los centros de menores
Un informe monográfico denuncia el uso de celdas de aislamiento 'atroces'Afirma que se abusa del uso de fármacos para tratar a los adolescentes
Los centros están gestionados por entidades privadas y no existe un reglamento interno ni inspecciones regulares
Ana del Barrio | Madrid unes 02/02/2009 (EL MUNDO)
El Defensor del Pueblo ha dado un fuerte tirón de orejas a los centros de acogida de menores y ha denunciado que utilizan un régimen disciplinario demasiado duro y que incluso emplean celdas de aislamiento, que en nada favorecen la protección social del menor.
La Institución pública ha puesto el dedo en la llaga y ha destapado en un informe monográfico el descontrol existente en los centros de menores -que dependen de las comunidades autónomas-, a los que acuden jóvenes con problemas de inadaptación social y familiar o con trastornos de conducta.
El aguafuerte que pinta el Defensor del Pueblo podría ser digno de las 'Pinturas Negras' de Goya: menores atados por las muñecas, niños a los que se prohíbe acudir a la escuela o a los que ni siquiera se deja salir al patio durante una semana.
El informe también señala el uso excesivo de los fármacos para tratar a los jóvenes con trastornos psicológicos: "Hemos constatado la tendencia a medicar profusamente los trastornos psicosociales de los menores, con el grave riesgo que puede conllevar para su salud la ingesta continuada y en altas dosis de medicaciones psiquiátricas".
Sin ventilación ni comunicación exterior
Y lanza un dardo a los profesionales de los centros: "Atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogimiento residencial revela abulia profesional en lugar de implicación personal en el tratamiento".
El Defensor del Pueblo asegura haber sido testigo "de la existencia y funcionamiento en los centros de celdas de aislamiento verdaderamente atroces, denominadas 'salas de tiempo fuera' o 'salas de baja estimulación'". La descripción que realiza el informe de estas salas es sobrecogedora: "Son de reducido tamaño, con portones blindados de hierro, sin ventilación ni comunicación alguna al exterior, en las que los menores pueden permanecer recluidos por tiempo indeterminado, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo entre los menores".
El estudio también critica "las contenciones físicas" y las medidas de aislamiento, una práctica habitual en estos centros y denuncia que en ocasiones la "agresividad es desproporcionada", como el caso del centro Baix Maestrat en Castellón, donde un vigilante rompió un brazo a un adolescente cuando intentaba reducirle.
Entre los centros peor valorados por los menores en el informe figuran tres gestionados por la Fundación O' Belén en Madrid, Castellón y Guadalajara; uno en Cantabria, administrado por Cruz de los Ángeles, y otro en Chavea (Pontevedra), gestionado por LAR.
El presidente de la Fundación O' Belén, Emilio Pinto, negó a elmundo.es las acusaciones del Defensor: "Es falso que existan celdas de aislamiento. También niego con total rotundidad que se ate a los menores. Aquellos que tienen trastornos bipolares reciben medicación en función de lo que recete el psiquiatra, que forma parte de la plantilla del centro".
El estudio no destapa tan sólo incidentes con los castigos físicos sino que desvela un problema estructural de los centros -gestionados en su mayoría por entidades privadas- donde no existe un criterio sobre la estructura que deben tener, ni un reglamento interno ni un sistema de inspecciones adecuadas.
Al final, el menor se convierte en víctima de la burocracia y de una situación en la que apenas se le deja opinar. El informe relata el caso de una niña rumana, de 12 años, que fue ingresada en un centro cerrado, con rejas incluidas, después de haber sufrido un aborto unos meses antes, debido a la posibilidad de que el autor del embarazado estuviese en el entorno familiar.
"Sólo tuve relación con el chico al que quiero. ¿Tanto mal he hecho para que me encierren aquí? En mi país, tenemos relaciones y nos casamos muy pronto... Este centro no es para mí: aquí aprendo cosas de los chicos mayores que no me gustan", asegura la pequeña en el estudio.
EL MUNDO
El Defensor del Pueblo denuncia a los centros de menores por vulnerar los derechos de los niños
El organismo revela castigos corporales y maltratos psicológicos como prohibirles asistir a la escuela o dejarles sin comerCARLOS E. CUE / D. BORASTEROS - Madrid - 02/02/2009 (EL PAIS)
Los centros de protección de menores con trastornos de la conducta y en situación de dificultad social, una suerte de "internados" para chicos con problemas psíquicos, vulneran los derechos fundamentales de los niños a su cargo. Castigos corporales no justificados, maltratos psicológicos, dejarles sin comer, prohibirles asistir a la escuela, humillarles y ridiculizarles son algunas de las cosas que un extenso informe del Defensor del Pueblo, que ha recibido hoy al Congreso, achaca a estos lugares, dependientes de las administraciones públicas pero gestionados por fundaciones privadas.
Uno de los lugares donde se ejemplifican los problemas hallados por el defensor es el centro de Picón de Jarama, en Madrid. Allí se suicidó a principios del pasado diciembre un chico marroquí de 12 años. Poco después, un adolescente intentó hacer lo mismo, aunque en este caso, sin éxito. El centro acumula más de una docena de denuncias aceptadas a trámite en los juzgados. Principalmente, por excesos a la hora de "retener corporalmente" a sus internos.
Este es uno de los muchos "eufemismos pedagógicos" que denuncia el defensor, cuyo informe asegura que estos centros son mucho más duros "que los de reforma". Las "contenciones físicas" según se denuncia no las realizan en todos los casos personas especializadas ni sólo en situaciones muy excepcionales, sino como método de reprender y llegando a causar lesiones físicas a los niños.
Unos eufemismos, "medidas educativas creativas", que encubren prácticas como atar por las muñecas a dos muchachos o castigar en salas de aislamiento "mucho más tiempo del aconsejado" a los menores. Además, según subraya el informe, con una intención no educativa, sino de castigo. También se alude al uso de fármacos sin que quede clara su utilidad y sin un protocolo establecido.
Una larga lista de "problemas" que el informe achaca, entre otras cosas, a la "insuficiente regulación autonómica en la materia" lo que hace que "las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede ser aún más duro que en los de reforma".
EL PAIS
El defensor del pueblo denuncia la práctica de "torturas" en los centros de menores
Los centros de protección de menores vulneran los derechos fundamentales de personas a su cargo. El catálogo de torturas que se aplicarían, según el defensor del pueblo, en estos centros va de los castigos corporales no justificados, al maltrato psicológico, dejarles sin comer, prohibirles asistir a la escuela según un extenso informe del Defensor del Pueblo remitido al Congreso.Se trata de centros dependientes de las administraciones públicas pero gestionados por fundaciones privadas.
Uno de los lugares donde se ejemplifican los problemas hallados por el defensor es el centro de Picón de Jarama, en Madrid. Allí se suicidó a principios del pasado diciembre un chico marroquí de 12 años. Poco después, un adolescente intentó hacer lo mismo, aunque en este caso, sin éxito. El centro acumula más de una docena de denuncias aceptadas a trámite en los juzgados. Principalmente, por excesos a la hora de "retener corporalmente" a sus internos.
El informe-denuncia señala, por ejemplo, que las "contenciones físicas" según se denuncia no las realizan en todos los casos personas especializadas ni sólo en situaciones muy excepcionales, sino como método de reprender y llegando a causar lesiones físicas a los niños.
Unos eufemismos, "medidas educativas creativas", que encubren prácticas como atar por las muñecas a dos muchachos o castigar en salas de aislamiento "mucho más tiempo del aconsejado" a los menores. Además, según subraya el informe, con una intención no educativa, sino de castigo. También se alude al uso de fármacos sin que quede clara su utilidad y sin un protocolo establecido.
Una larga lista de "problemas" que el informe achaca, entre otras cosas, a la "insuficiente regulación autonómica en la materia" lo que hace que "las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede ser aún más duro que en los de reforma".
Dminorias
El Defensor del Pueblo denuncia malos tratos sistemáticos en los centros de menores
Colpisa / Madrid
Las quejas de algunos padres y de no pocos educadores llevaron al Defensor del Pueblo a echar un vistazo a los centros para menores problemáticos de diversa índole, sea por adicciones, trastornos psicológicos o psiquiátricos, o por descomposición familiar. Lo que ha visto en 27 de los 58 centros de estas características que hay en España provoca algunos escalofríos.
Existen celdas de castigo siniestras, uso desproporcionado de la fuerza para sofocar crisis, sedaciones dudosas y vulneración frecuente de derechos de los menores.
El resultado son 469 páginas remitidas a las Cortes, apenas "unas pinceladas", dice la institución, de un cuadro bastante negro y del que emana una evidencia; falta un sistema de atención coherente, homogéneo e integrado para menores problemáticos según su tipología. Una vez más, cada comunidad autónoma es un mundo, la normativa es dispersa y cada centro sigue su propio protocolo sin apenas supervisión oficial.
Hay de todo, desde pseudocárceles hasta chalets idílicos en medio de la naturaleza pero todos, incluso los mejores, dan cierta impresión de ser aparcaderos de chavales desnortados más que centros de recuperación. En general, faltan plazas, hay listas de espera, y a menudo se mezclan churras con merinas, jóvenes que necesitan ser reformados con jóvenes que han de ser protegidos.
Adolescentes con cuadros psiquiátricos clínicos, otros con problemas de adicción a las drogas; asociales, delincuentes o víctimas de familias degradadas. Una cuarta parte son menores inmigrantes.
A menudo, la ausencia de recursos especializados para cada problemática obliga a la administración autonómica correspondiente "a derivarlos al dispositivo en el que haya alguna plaza vacante, aunque éste no sea el más adecuado para el niño ( ) lo que puede provocar consecuencias indeseadas tanto para la evolución del menor como para la del grupo de niños acogidos en el centro", reza el estudio.
El trabajo retrata a 27 centros de casi todas las comunidades autónomas, 5 en Madrid, 3 en Andalucía, Cataluña y País Vasco, 2 en Aragón, Valencia y ambas Castillas, y uno en Navarra, Murcia, Cantabria, Canarias, Galicia. Sólo tres son de gestión y titularidad públicas. En la mayoría la gestión es privada, delegada desde la administración autonómica, aunque no parece ser relevante para su buen o mal funcionamiento.
Goma negra
Sin generalizar, los casos más graves descritos en el informe hablan de menores atados por las muñecas con correas, castigados sin salir durante días y, sobre todo, de celdas de aislamiento "verdaderamente atroces", rebautizadas con eufemismos imaginativos como 'salas de agitación', 'de reflexión', de 'tiempo fuera', o 'espacio libre de estímulos' para los momentos de crisis.
Las hay que lindan peligrosamente con la tortura, faltas de ventanas y de ventilación, sin iluminación, con correas de sujeción. La del centro Casa Joven, de Guadalajara, es descrita como "siniestra, de reducido tamaño, no tiene ventana, estando las paredes recubiertas de una goma negra que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable".
Capítulo aparte merecen las actuaciones para reducir a algún joven violento o en shock. Con frecuencia las "contenciones físicas" por parte del personal de seguridad va cargadas de "agresividad desproporcionada". En el centro Baix Maestrat, de Castellón, un vigilante fracturó un brazo a un chico al tratar de reducirle. En las crisis también se abusa de la medicación y los sedantes, utilizados hasta en un 75 por ciento de los casos, dice el informe, y "no siempre" existe un protocolo claro de intervención clínica previamente establecido.
El retrato robot del 'menor-tipo' ingresado en uno de estos centros es el de "un adolescente varón, español, de entre 13 y 18 años de edad, tutelado por la Administración, que ha pasado ya por otros recursos existentes y que padece algún trastorno de conducta", recalca el estudio.
Más del 70 por ciento de los centros visitados abrieron sus puertas después del año 2000. Sólo 5 centros lo hicieron antes.
Revela "la prevalencia de los trastornos de conducta en los últimos años", y la asunción por parte del tercer sector y de la Administración de la existencia de un problema "al que hasta hace poco no se daba respuesta alguna", explican los autores.
Un tercio de los ingresos han sido supervisados por un juez o un fiscal. En otros casos han sido derivados por las administraciones y algunos a solicitud de padres incapaces de lidiar con el problema de sus hijos. Casi siempre la entidad pública de protección de menores asume la tutela del menor, pero menudean ya los supuestos de padres que, "ante la conflictividad de sus hijos, acuden a la Administración solicitando su ingreso en un centro de atención especializada". Andalucía y Madrid condicionan el ingreso del menor para un tratamiento a que los padres renuncien a la tutela.
Autolesiones
Los propios menores se quejan con frecuencia de "la ligereza, frecuencia y arbitrariedad con que se les castiga sin haberles escuchado previamente". Lo que peor llevan son los aislamientos y abundan las autolesiones en esos momentos.
Un niño marroquí de 13 años acogido en el centro Picón de Jarama (Madrid) murió el pasado 2 de diciembre en circunstancias aún no aclaradas. Había ingresado días atrás en dicho centro después de que su padre fuese repatriado por haber entrado en España de forma irregular. Otros dos chicos del mismo establecimiento fueron hospitalizados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno al tratar de ahorcarse con una sábana y el otro tras tragarse un lapicero y unas llaves.
Más allá de los episodios siniestros subyace un problema de fondo difícil de subsanar. Además de normativa, planificación y protocolos comunes, falta también una especialización en psiquiatría infantil y de la adolescencia. España es de los pocos países de Europa donde ocurre y ello "tiene graves repercusiones en la práctica asistencial", apostilla el informe.
COLPISA / Canarias7
