INFº DP CENTROS MENORES (15)
PDFs	Parte I Parte II Completo

MADRID, EUROPA PRESS
La ministra de Educación  anunció ayer  que ha pedido a los responsables autonómicos en materia de Asuntos Sociales la creación de un grupo de trabajo para abordar el "problema" de los centros de menores con problemas de conducta, tras conocer el informe elaborado por el Defensor del Pueblo que destapa maltratos físicos y vejaciones a los internos.

Así lo expresó la ministra en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, donde indicó que la situación de los menores internos en centros especiales, "a pesar de que sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas, es un tema de gran importancia y especialmente sensible".

Cabrera dijo también que sobre este asunto a su departamento le corresponde "la coordinación y la propuesta de reformas para una mejor atención de los menores". EP

El Defensor del Pueblo pide un reglamento común para centros de menores en dificultad social

Reclamó ayer en el Parlamento un gran debate nacional y la colaboración del Gobierno y las CCAA para disponer de un reglamento de aplicación común en todos los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.

Igualmente, ha apuntado a que se solicite la autorización judicial cuando el internamiento de un menor sea por razón de trastorno psíquico, y ha sugerido que también se requiera por ingreso en centros que apliquen medidas que supongan alguna limitación de los derechos de los menores.

Múgica ha presentado en la Comisión Mixta Congreso-Senado un informe elaborado entre 2007 y 2008 sobre 27 de los 58 centros de este tipo existentes en España, en el que se denuncian casos de maltrato.

Ha cuestionado el nivel ético de determinados métodos que se aplican a algunos de esos centros, después de atender denuncias de familias y educadores, y contar con el testimonio de niños, trabajadores y directores de al menos un centro por cada comunidad que dispone de ellos.

Entre las deficiencias encontradas, ha citado que se prohíbe a los menores la asistencia a centros educativos, se les administra medicación psiquiátrica a veces abusiva y contra su voluntad.

Se imponen como castigo, ha proseguido, determinadas medidas de contención o aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente sin justificación.

Ha denunciado que algunos especialistas justifican el internamiento en salas de aislamiento sin ventilación, a veces por tiempo indeterminado, porque se trata de que "el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia".

Estos menores "no son delincuentes", ha advertido Múgica, sino que su único delito es 'nacer" en familias desestructuradas o haber crecido en la marginación y la exclusión social

El Defensor ha sugerido que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, que contenga los supuestos, requisitos y condiciones para aplicar medidas de contención de carácter no sancionador.

Ha reclamado que el régimen de infracciones y sanciones sea tipificado en el reglamento, y no se contemplen, directa o indirectamente, los castigos corporales, el maltrato psíquico, la privación de la alimentación o del descanso, la privación del derecho a sus relaciones personales, la privación del derecho a la educación obligatoria ni de asistencia al centro escolar.

"En muchos centros hay una tendencia proclive a la confusión entre pedagogía y derecho penal", ha apostillado, al tiempo que ha aludido a las "fugas" de menores.

También ha pedido un sistema de reclamaciones y quejas en los centros, que se aprueben las especialidades de psiquiatría y psicología infantil y de la adolescencia y más inspecciones fiscales, que son "muy escasas", y sobre todo, ha agregado, es necesario "escuchar a los menores".

Ha denunciado falta de planificación y que los menores son enviados a veces a centros que no son adecuados a sus necesidades, muchas veces gestionados por entidades privadas en régimen de concierto.

En declaraciones previas a la prensa, ha señalado que los correctivos son necesarios, pero se debe superar el método de "vigilar y castigar".

En relación con las críticas recibidas por este informe de parte del jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Múgica ha replicado que han descrito una situación como la de "Alicia en el País de las Maravillas".

El Fiscal General del Estado ha acordado la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas, ha dicho Múgica en la comisión.

Por último, ha reconocido en general la labor de los profesionales que atienden los centros, "sometidos a diario a una fuerte tensión personal y emocional".

Según datos del Defensor, las bajas, los despidos y la rotación de trabajadores suele ser habitual en algunos centros; en algunos casos se llega al 50 por ciento de casos.

Entre otros grupos, el PSOE ha entendido que se debe reflexionar y luego trabajar sobre el asunto de las autorizaciones judiciales propuestas por el Defensor y ha anunciado una proposición no de ley para promover un catálogo de buenas prácticas en colaboración con las CCAAS y otras entidades sociales.

El PP ha calificado de "desoladora" la situación descrita por Múgica, ha mentado los "muchos 'mea culpa' de las administraciones" y ha indicado que el Defensor debería haber puesto algunos datos del informe "inmediatamente" en conocimiento de la fiscalía.
PUBLICO EFE - Madrid - 17/02/2009

El Defensor del Pueblo denuncia ante el Senado los castigos «desproporcionados» en los centros de menores

La respuesta de los grupos

La portavoz del PP en la Comisión Mixta, Begoña Contreras, ha criticado la difusión pública de este informe que ha tildado de "desolador" y ha preguntado al Defensor por qué no se habían puesto antes en conocimiento de la Fiscalía algunas de las irregularidades señaladas. Según Aguilar, no se acudió a la Justicia antes porque no había hechos "constitutivos de delito", aunque sí indicios "preocupantes" de que "algo estaba ocurriendo".

El portavoz del PSOE, Miguel Angel Heredia, ha puesto el acento en la necesidad de apostar por un modelo de acogimiento familiar en lugar de los centros de acogida y ha expresado su preocupación por el grado de generalización de medidas como la contención mecánica y el aislamiento, lo que según la Oficina del Defensor del Pueblo no ocurre en todos los centros, porque las prácticas son diversas y los modelos difícilmente homologables entre sí.

De parte de IU, Gaspar Llamazares, ha señalado la "privatización descarada de un sistema tan delicado" como el de la protección del menor y ha apuntado que "si nadie se plantea la privatización del sistema penitenciario, cómo es posible que se haya privatizado la protección de menores". En su opinión, es necesario un cambio de modelo para la atención de los jóvenes que tienen problemas de conducta, posición en la que ha coincidido el senador del Grupo Mixto Pedro Torres, quien además ha cuestionado la legalidad de las medidas de contención reflejadas en el informe y la medicación sin consentimiento del menor que según el texto se está aplicando en algunos centros.

Por último, la vocal de CiU, Montserrat Surroca, ha incidido en que se debe "reflexionar porque las luces y sombras que recoge el informe deben contextualizarse" dado que describe "situaciones muy complejas".
LRioja

Un senador de Baleares señala la necesidad de crear centros «humanizados y óptimos»

             El senador pitiuso Pere Torres, Casetes, señaló ayer en la Cámara Alta la necesidad de crear centros de menores «humanizados y óptimos» para que cumplan con eficacia su función de «socializar y educar» a los menores problemáticos o delincuentes. Casetes trasladó la necesidad de crear centros en Balears y, en concreto, en Eivissa.

Así lo expuso el senador durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en la que compareció su titular, Enrique Múgica.

Torres también dijo que realizó una intervención de carácter general mientras que reservaba un segundo turno de intervención para detallar la problemática juvenil de Eivissa. No obstante, la misma terminó sin el segundo turno, por lo que no pudo intervenir de nuevo para exponer en sede parlamentaria este aspecto.

Aún así, el senador sí pudo trasladar al Defensor del Pueblo tras su comparecencia la situación de Balears, que no cuenta en la actualidad con ningún centro de menores para el tratamiento de trastornos de conducta o dificultad social.

El senador incidió en la problemática que supone en Eivissa el que tengan los menores que trasladarse para su internamiento a otros centros de Málaga, Girona o Barcelona. Torres señaló que las competencias en materia de atención de menores pertenecen a la Comunitat Autònoma y que existe la previsión de crear dos centros en Mallorca y uno en Eivissa por parte de las administraciones insulares.
No obstante, el senador dijo que hasta la creación de estos centros, los jóvenes de las islas se encuentran «desperdigados por la geografía», por lo que ha trasladado a Múgica esta cuestión, de la que en su opinión el Defensor del Pueblo «es consciente»
DDIbiza