INFº DP CENTROS MENORES (16)
PDFs	Parte I Parte II Completo

AL LÍMITE DE LOS DDHH
"Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo"
El Defensor del Pueblo defiende su denuncia de abusos en centros de menores con las palabras de un niño
· Reclama cambio en el modelo de gestión de este tipo de centros para que dejen de ser un lugar donde se cubren las necesidades nutritivas y de seguridad para primar las afectivas, educativas, terapéuticas, y de promoción y desarrollo de los adolescentes

VULNERACIÓN DE DERECHOS ·   "Hay que superar el esquema de vigilar y castigar" ·   Castigos «desproporcionados»       Acabar con la atrocidad de los castigos ·   Algunos niños piden medicación para soportar las salas de aislamiento ·   Sustituir de inmediato esos cuchitriles donde se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia ·   CALIDAD, TERAPIA y PROFESIONALIDAD Son menores tutelados con problemas de conducta por trastornos mentales y no se está trabajando en su salud ·   Censuró la falta de psiquiatras infantiles

M. C. BELAZA - Madrid - 18/02/2009 (ELPAIS)
"Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo, y cuanto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien". El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, utilizó ayer estas palabras, pronunciadas por uno de los niños entrevistados por la institución cuando elaboraba su reciente informe sobre los centros de menores, para defender la conclusión: el modelo mediante el cual la Administración intenta reeducar a los menores con problemas de adaptación social es, en muchos casos, un absoluto fracaso. "Hay que superar el esquema de vigilar y castigar", dijo Múgica, que compareció ayer para explicar el contenido del informe en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Frente a la opinión de las fiscalías de Madrid o Cataluña, que han asegurado en estos días que en los centros de menores -de gestión privada en más de un 90% de los casos- no se comete ninguna irregularidad y que no se maltrata a los niños, desde el Defensor del Pueblo se cuestiona lo que se entiende por "maltrato". "Nosotros tampoco hemos visto maltrato que sea constitutivo de delito en estos centros", señaló Manuel Aguilar Belda, adjunto al Defensor. "Si lo hubiéramos visto, habríamos acudido al fiscal. Pero lo que sí hemos visto es un modelo enfermo y situaciones preocupantes que indican que algo no se está haciendo bien".

Algunas de las entidades gestoras de centros de menores que salen mal parados en el informe se han defendido en estas últimas semanas alegando que los menores han usado las entrevistas para quejarse sin fundamento. El Defensor también respondió ayer a estas críticas explicando que escuchar a los niños es un principio fundamental recogido en las leyes que las administraciones olvidan en demasiadas ocasiones: "La voz de los menores nos ha llegado con la autenticidad y la fuerza que les confiere su dolorosa experiencia personal en estos centros". Y no todos se han quejado. Algunos han transmitido "el gozo de sentirse seguros y amparados" o "la alegría de tener amigos o educadores que les comprenden", mientras que, en "demasiados casos", han referido "el dolor y la rabia de haber sido tratados con tremenda rudeza", aseguró Múgica.

El Defensor reclamó la colaboración tanto de Gobierno como de las comunidades autónomas para que se apruebe un reglamento común a todos los centros. La ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, anunció que ha pedido a los responsables autonómicos en materia de Asuntos Sociales que se cree un grupo de trabajo para abordar este "problema".
PA

RECORTES DE PRENSA
Vulneración de derechos
El Defensor del Pueblo denuncia ante el Senado los castigos «desproporcionados» en los centros de menores
Algunos niños piden medicación para soportar las salas de aislamiento

"Esos cuchitriles, en los que so pretexto de garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia, tendrían que ser sustituidos de inmediato -ha reclamado- por otros espacios, convenientemente acondicionados para evitar posibles lesiones".
Las medidas que suscitan mayor rechazo por parte de los adolescentes son las de separación del grupo y aislamiento, el empleo abusivo de las contenciones, el uso excesivo de fármacos y determinadas prácticas denominadas impropiamente "educativo-creativas", ha proseguido.

El Defensor del Pueblo reclama que se prime la educación de los adolescentes sobre la represión
Exige acabar con la atrocidad de los castigos en los centros de menores

Los centros bajo sospecha acogen a menores tutelados por la Administración con problemas de conducta por trastornos mentales. El Defensor del Pueblo incidió en su ponencia en que no se está trabajando en su salud y censuró la falta de psiquiatras infantiles. Múgica advirtió a los parlamentarios que la solución no es atiborrar a los niños con pastillas que en el futuro les pueden dejar graves secuelas.
   Durante su intervención, defendió un cambio en el modelo de gestión de este tipo de centros para que dejen de ser un lugar donde se cubren las necesidades nutritivas y de seguridad para primar las afectivas, educativas, terapéuticas, y de promoción y desarrollo de los adolescentes. Para ello, propuso que se prohíba el uso de la fuerza y que se prime la educación sobre la represión.

Múgica pide un reglamento común para los centros de menores         

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reclamado hoy en el Parlamento un gran debate nacional y la colaboración del Gobierno y las CCAA para disponer de un reglamento de aplicación común en todos los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.

Igualmente, ha apuntado a que se solicite la autorización judicial cuando el internamiento de un menor sea por razón de trastorno psíquico, y ha sugerido que también se requiera por ingreso en centros que apliquen medidas que supongan alguna limitación de los derechos de los menores.

Múgica ha presentado en la Comisión Mixta Congreso-Senado un informe elaborado entre 2007 y 2008 sobre 27 de los 58 centros de este tipo existentes en España, en el que se denuncian casos de maltrato.

Ha cuestionado el nivel ético de determinados métodos que se aplican a algunos de esos centros, después de atender denuncias de familias y educadores, y contar con el testimonio de niños, trabajadores y directores de al menos un centro por cada comunidad que dispone de ellos.

Entre las deficiencias encontradas, ha citado que se prohíbe a los menores la asistencia a centros educativos, se les administra medicación psiquiátrica a veces abusiva y contra su voluntad.

Se imponen como castigo, ha proseguido, determinadas medidas de contención o aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente sin justificación.

Ha denunciado que algunos especialistas justifican el internamiento en salas de aislamiento sin ventilación, a veces por tiempo indeterminado, porque se trata de que "el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia".

Estos menores "no son delincuentes", ha advertido Múgica, sino que su único delito es 'nacer" en familias desestructuradas o haber crecido en la marginación y la exclusión social
El Defensor ha sugerido que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, que contenga los supuestos, requisitos y condiciones para aplicar medidas de contención de carácter no sancionador.

Ha reclamado que el régimen de infracciones y sanciones sea tipificado en el reglamento, y no se contemplen, directa o indirectamente, los castigos corporales, el maltrato psíquico, la privación de la alimentación o del descanso, la privación del derecho a sus relaciones personales, la privación del derecho a la educación obligatoria ni de asistencia al centro escolar.

"En muchos centros hay una tendencia proclive a la confusión entre pedagogía y derecho penal", ha apostillado, al tiempo que ha aludido a las "fugas" de menores.

También ha pedido un sistema de reclamaciones y quejas en los centros, que se aprueben las especialidades de psiquiatría y psicología infantil y de la adolescencia y más inspecciones fiscales, que son "muy escasas", y sobre todo, ha agregado, es necesario "escuchar a los menores".

Ha denunciado falta de planificación y que los menores son enviados a veces a centros que no son adecuados a sus necesidades, muchas veces gestionados por entidades privadas en régimen de concierto.

En declaraciones previas a la prensa, ha señalado que los correctivos son necesarios, pero se debe superar el método de "vigilar y castigar".

En relación con las críticas recibidas por este informe de parte del jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Múgica ha replicado que han descrito una situación como la de "Alicia en el País de las Maravillas".

El Fiscal General del Estado ha acordado la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas, ha dicho Múgica en la comisión.

Por último, ha reconocido en general la labor de los profesionales que atienden los centros, "sometidos a diario a una fuerte tensión personal y emocional".

Según datos del Defensor, las bajas, los despidos y la rotación de trabajadores suele ser habitual en algunos centros; en algunos casos se llega al 50 por ciento de casos.

Entre otros grupos, el PSOE ha entendido que se debe reflexionar y luego trabajar sobre el asunto de las autorizaciones judiciales propuestas por el Defensor y ha anunciado una proposición no de ley para promover un catálogo de buenas prácticas en colaboración con las CCAAS y otras entidades sociales.

El PP ha calificado de "desoladora" la situación descrita por Múgica, ha mentado los "muchos 'mea culpa' de las administraciones" y ha indicado que el Defensor debería haber puesto algunos datos del informe "inmediatamente" en conocimiento de la fiscalía.

´Algunos niños piden medicación para soportar las salas de aislamiento´           

La soledad puede llegar a ser tan honda en las "celdas" de aislamiento de algunos centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que los niños reclaman a veces una medicación que les ayude a "soportar la angustia del emparedamiento".

EFE.-  Así ha descrito hoy el Defensor del Pueblo las consecuencias de ser internado en estas salas, a veces por tiempo indeterminado, de las que disponen el 68 por ciento de los 27 centros de este tipo analizados en un informe presentado hoy en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Su objetivo es "garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol", con el nombre eufemístico de "salas de reflexión" o "salas de baja estimulación", ha explicado Múgica.

Sin embargo, "un instante de permanencia en el interior de esas celdas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad que debieran inspirar todos los métodos de intervención terapéutica", ha indicado.

Llegan a tener, en algún caso, portones de hierro y paredes forradas de caucho negro, carecen de ventilación y apenas alcanzan los tres metros de longitud.

"Esos cuchitriles, en los que so pretexto de garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia, tendrían que ser sustituidos de inmediato -ha reclamado- por otros espacios, convenientemente acondicionados para evitar posibles lesiones".

Las medidas que suscitan mayor rechazo por parte de los adolescentes son las de separación del grupo y aislamiento, el empleo abusivo de las contenciones, el uso excesivo de fármacos y determinadas prácticas denominadas impropiamente "educativo-creativas", ha proseguido.

Algunas de ellas han desembocado en lesiones de los menores, causadas por sí mismos o por otras personas, que han llegado a requerir la hospitalización de menores de algunos centros de Madrid, según ha citado Múgica.

El Defensor ha asegurado que el sistema para atender a estos menores no está dando frutos, a pesar de que las administraciones gastan una media de 3.810 euros mensuales por cada menor.
LaOpiniónTenerife
 

Múgica exige acabar con la atrocidad de los castigos en los centros de menores

El Defensor del Pueblo reclama que se prime la educación de los adolescentes sobre la represión          

Ramón Ferrando, Valencia (LEVANTE)
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, cuestionó ayer el nivel ético de determinados tratamientos que se aplican a menores con problemas de conducta en los centros tutelados por la Administración que están bajo sospecha por vulnerar los derechos fundamentales de los internos. Múgica defendió ante una comisión mixta de parlamentarios del Congreso y el Senado el informe que ha elaborado para alertar de la vulneración de derechos y que ha sido cuestionado por algunas Fiscalías como las de Alicante o Madrid. El Defensor del Pueblo lamentó la aplicación de medidas disciplinarias que priman el castigo sobre la educación, el fracaso del trabajo sobre la salud mental de los menores, el olvido de sus intereses y la nula preparación para que afronten su futuro. Los centros cuestionados por Múgica en la Comunitat son el Baix Maestrat de Vinaròs y l´Omet de Elx.

Múgica fue muy crítico con la aplicación del régimen disciplinario de los centros que priman la sanción y olvidan las medidas positivas y estimulantes. El Defensor insistió en que algunas salas de aislamiento tienen portones de hierro, paredes forradas de caucho negro y carecen de ventilación, tras denunciar algunos menores que permanecían en ellas por tiempo indefinido.

Enrique Múgica defendió ante los congresistas y senadores la modificación de las salas de aislamiento, que encontraron en el 68% de los 27 centros de toda España que visitaron los técnicos de la oficina que dirige. "La utilización de estas salas es defendida por algunos especialistas, que intentan justificar esta atrocidad pseudocientífica argumentando que 'se trata de que el niño toque fondo, de doblegar su resistencia'", según recoge la ponencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. El Defensor considera que un instante de permanencia en ese tipo de salas "atenta no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales métodos de intervención terapéutica. Tan honda puede llegar a ser su soledad en esos casos que los niños, antes de entrar en esas celdas, reclaman a veces una medicación que les ayuda a soportar la angustia del emparedamiento". Múgica denunció que algunas son "cuchitriles" en donde "se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia".

Problemas de conducta

Los centros bajo sospecha acogen a menores tutelados por la Administración con problemas de conducta por trastornos mentales. El Defensor del Pueblo incidió en su ponencia en que no se está trabajando en su salud y censuró la falta de psiquiatras infantiles. Múgica advirtió a los parlamentarios que la solución no es atiborrar a los niños con pastillas que en el futuro les pueden dejar graves secuelas.
Durante su intervención, defendió un cambio en el modelo de gestión de este tipo de centros para que dejen de ser un lugar donde se cubren las necesidades nutritivas y de seguridad para primar las afectivas, educativas, terapéuticas, y de promoción y desarrollo de los adolescentes. Para ello, propuso que se prohíba el uso de la fuerza y que se prime la educación sobre la represión.
LV

"Tocar fondo, doblegar toda su resistencia"

El Defensor del Pueblo relata en el Senado las malas prácticas en algunos centros de menores y plantea una batería de soluciones, entre ellas la psiquiatría infantil.

Madrid, 17 feb. (COLPISA, Daniel Roldán).
Portones de hierro, cantidades ingentes de pastillas, régimen carcelario, salas incomunicadas y acolchadas, intentos de suicidios con hojas de sacapuntas o con sabanas colgadas de barrotes. Son algunas de las conclusiones del polémico y extenso informe sobre los centro de menores elaborado por el Defensor del Pueblo. Enrique Múgica alertó de la situación de estos lugares en los que están internos chavales sólo con problemas sociales (no delictivos) y solicitó la actuación inmediata de las administraciones para “acabar con esta situación”.

El Defensor del Pueblo criticó ante la comisión mixta de senadores y diputados la gran disparidad existente en cuanto a los regímenes disciplinarios. Denunció que reciben la misma consideración todos los comportamientos transgresores de los jóvenes, “sin profundizar demasiado en las causas singulares de la infracción” y destacó que en el 68% de los centros visitados existen salas de aislamiento, conocidas con subterfugios como ‘de reflexión’ o ‘de baja estimulación’. El objetivo no es otro, según algunos especialistas de los propios centros, que “el niño toque fondo, de doblegar toda su resistencia”.

El pavor de los chavales era tal que pedían ser medicados antes de entrar “para soportar la angustia del emparedamiento” en habitáculos, en algún caso, con portones de hierro, paredes forradas de caucho negro, de tres metros de longitud y sin ventilación. El aislamiento puede tener consecuencias muy graves. Múgica puso como ejemplo el de una chica acogida en el centro de Tetuán (Madrid) que se hirió con la cuchilla de un sacapuntas tras sufrir un ataque de pánico. Ante estas situaciones, el Defensor del Pueblo apostó por eliminar estos lugares por unos espacios acondicionados que eviten lesiones y que se limiten la estancia en estas salas.

Asimismo, indicó que es necesario prohibir el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios y que se utilice de forma excepcional. Múgica indicó que se abusa de las “medidas de contención”, como lo demuestra el testimonio de un joven de Levante al que le rompieron un brazo. Estas respuestas tan contundentes sólo provocan rebeldía (“cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo y cuanto mejor me tratan, más hago por portarme bien”, decía un chaval) o autolesiones. El documento recoge los casos de un menor de 17 años ingresado en Picón de Jarama (Madrid), que se intentó ahorcar con una sábana mientras otro chico se hirió al tragarse un lápiz y unas llaves. Algunos pueden llegar al suicidio.

Falta preparación

Otra de las peticiones del Defensor del Pueblo es acabar con el abuso de los fármacos, que se dan sin ningún tipo de control, y determinar unos protocolos de actuación. El informe destaca que se dan antidepresivos para tratar la infelicidad de los jóvenes, lo que demuestra la “incapacidad para ofrecer soluciones”. “Atiborrar de pastillas a los adolescentes revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación en el tratamiento”, acusó Mújica, quien dudó de que los niños no padezcan secuelas por este abuso.

Juntos y revueltos

Además se estudiaron los casos en que los niños que necesiten medicación no la reciban y viceversa. Esta situación es debida a la inoperancia de las administraciones al separar a los chavales. Falta una actuación coordinada y planificada, según el informe, por parte de las administraciones públicas (sanitaria, educativa y social) a las que concierne la atención a los menores con problemas de conducta. “Son derivados a un centro u otro en función de las vacantes existentes”, comentó Múgica. De esta manera, no se sigue ningún tipo de criterio al no estar delimitadas ni legal ni administradamente las razones para el ingreso. La “falta de rigor” en estos trámites se debe también a que no existe la figura del psiquiatra infantil. España y Rumania son los únicos países de la Unión Europea que no reconocen esta especialidad.

Como consecuencia, el informe recoge casos de niños que padecen graves trastornos y no están diagnosticados, adolescentes con alarmantes niveles de fracaso escolar o jóvenes con problemas de drogadicción. Otras soluciones planteadas son elaborar un marco jurídico, solicitud de una autorización judicial en caso de internamiento, un régimen de infracciones y sanciones tipificado.

Luces

Pero dentro de este panorama, también hay pequeñas luces. Los propios menores destacaron el papel de los educadores de los centros Irisasi (Guipúzcoa), Sansoheta (Álava), Dulce Nombre de María (Málaga), Los Olivos (Zaragoza), Santa Lucía (Madrid) y Cango (Tenerife)
COLPISA

Daño voluntario

El informe de la institución que preside Enrique Múgica reproduce entre sus páginas un escrito remitido por un grupo de antiguos educadores del centro Casa Joven Juan Carlos I (Guadalajara).

“Muchas de las intervenciones educativas no son adecuadas, llegando a constituir un maltrato psicológico y en ocasiones también físico. Se abusa cotidianamente de la contención física y casi nunca se realiza de manera adecuada, poniendo habitualmente en grave riesgo físico al menor. Este debe ser el último recurso para evitar un mayor daño físico y psicológico al menor y siempre debe realizarse de la manera menos dolorosa para éste. En cambio, en muchos casos, las contenciones se usan como modo de imponer límites, de castigar, o de demostrar una supuesta superioridad del educador que el menor habría puesto en duda”.

“Esto provoca que en estas contenciones se haga daño a los menores de forma consciente y voluntaria –casos de educadores de casi dos metros y más de cien kilos que contienen a una menor de 14 años durante más de una hora inmovilizándola tres veces en el suelo, recién fregado con lejía, sin que la conducta de la niña fuera un riesgo para sí misma ni para los que la rodeaban-. Tras las contenciones, ningún médico revisa el estado de los menores”, continúa la carta.

Los autores del estudio recuerdan el nulo valor educativo y terapéutico de la violencia y el efecto rebote que a menudo provoca. Uno de los niños entrevistados en su centro de acogida lo resumía a su modo. “Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo. Cuanto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien”.
COLPISA, A. P. 02/02/2009

COMPARECENCIA del  Defensor del Pueblo  >PDF 182 Kb
Excmo. Sr. D. Enrique Múgica Herzog,
Ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo