Las comunidades internan a tres de cada cuatro desamparados
Una comisión del Senado estudia cómo favorecer acogimientos familiares y adopciones
↓ La urgente reforma de la patria potestad
MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid - 23/03/2009 (EL PAIS)
El sistema de protección de menores en España hace agua. Hay pocas adopciones nacionales -apenas unas 900 cada año-, los trámites son lentos, no hay suficientes acogimientos familiares y más de 14.000 niños desamparados y tutelados por el Estado viven en centros, en ocasiones durante toda su infancia y adolescencia, a pesar de que la Ley de Protección del Menor dice que los chicos deben estar en familias y que sólo cuando esto no sea posible o conveniente la Administración puede optar por una residencia - de forma provisional y durante el menor tiempo posible-. Por otro lado, y a pesar de todos estos niños sin hogar, España está a la cabeza en adopciones internacionales: se han constituido más de 23.000 entre 2003 y 2007. El Senado ha puesto en marcha una comisión para tratar esta cuestión, analizar los fallos y preparar las reformas legales que sean necesarias.
En España había unos 33.000 menores tutelados por el Estado en 2007, bien por haberse quedado sin padres o porque estos no podían atenderlos de forma adecuada. De ellos, 14.000 estaban en centros y 19.000 en hogares, según datos ofrecidos por la directora general de las Familias y de la Infancia, Amparo Marzal. Pero, de los niños que entran nuevos en el sistema cada año, tres de cada cuatro van a una residencia, según los datos del último Boletín Estadístico de Protección a la Infancia del ministerio, con cifras de 2006. Ese año hubo 10.621 altas en acogimiento residencial y tan sólo 3.399 en acogimientos familiares. La fórmula que legalmente apenas debería usarse, el ingreso en un centro, es la mayoritaria.
"Lo peor es que asumimos esta realidad como normal cuando no lo es", señala Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. "España es la excepción, no la regla. Aquí los niños son los grandes olvidados del sistema. Son invisibles. En el resto de Europa lo chocante es que estén en instituciones. La mayor parte de los países hace años que reformaron el sistema y que tienen a prácticamente todos los niños en familias".
En Reino Unido, por ejemplo, los centros casi han desaparecido. Hace más de 20 años que el país reformó el sistema de arriba abajo y acabó con los orfanatos. Siguen existiendo residencias para menores con graves problemas de conducta que necesitan tratamiento terapéutico o para chicos que han sido tutelados por el Estado ya en la adolescencia tardía, pero la gran mayoría van directamente a familias. Incluso los extranjeros que llegan al país como inmigrantes.
"El municipio en el que está el aeropuerto de Gatwick tiene organizado un sistema para llevar desde el primer momento a los menores no acompañados que acaban de aterrizar a una casa de acogida, para que no tengan que pasar por un centro", explica el catedrático Jesús Palacios. El acogimiento está profesionalizado -lo que significa que se da formación a las familias y se les remunera por el servicio- y hay muchas más facilidades que en España para la adopción. "La diferencia con España es cómo se reparten los recursos", prosigue el profesor Palacios. "Reino Unido está volcado en los acogimientos y las adopciones nacionales, y por eso encuentran familias para todos los menores. En España el sistema nunca se ha propuesto resolver el problema. Se dice que no hay familias acogedoras, pero no se buscan. Y las que hay no tienen el apoyo suficiente. La media de los contactos de los servicios sociales con las familias de acogida que no conocen previamente al menor es apenas de tres seguimientos cada dos años. Si los acogedores son familiares del chico, la cifra se reduce a una llamada o visita cada dos años. Faltan recursos, psicólogos, trabajadores sociales".
Hay pocas familias en España que se deciden a acoger a un niño con el que no tienen ninguna relación: el 80% de los acogimientos son dentro de la familia extensa del menor (tíos, primos, hermanos mayores de edad...) y sólo el 20% se inserta en una nueva familia. En estos casos, muchas veces el niño acaba volviendo al centro porque la familia de acogida lo devuelve: o los nuevos hermanos no le aceptan o hay problemas de convivencia o la situación con la familia biológica es difícil. Tres de cada cuatro menores que pasan de una familia de acogida a un centro lo hacen porque los acogedores así lo desean, lo que resulta indicativo de la falta de apoyo de las autoridades hacia las familias que dan el paso de abrir su casa a un menor desamparado.
Otras veces, los jueces obligan a la familia de acogida a entregar al niño a unos padres biológicos que en realidad siguen sin estar preparados para hacerse cargo de su hijo, como lo demuestra el hecho de que en el 71% de estos casos el menor acaba volviendo más pronto o más tarde a un centro y siendo otra vez tutelado por el Estado.
"Es el otro gran debate pendiente", señala Mario Bedera, senador socialista y miembro de la recién creada comisión especial para el estudio de la adopción nacional y otros temas afines. "Hay que resolver cómo conjugar los derechos de la familia biológica con los derechos de los menores. Los jueces en España muchas veces dan una primacía excesiva a los lazos biológicos, pero lo que hay que evitar es el peregrinaje de los niños por familias y centros. Hay que procurarles estabilidad, ya sea con su propia familia o con una nueva".
Los conocidos casos de Piedad o el niño de El Royo son claros exponentes de este problema. Piedad fue apartada de su madre biológica a los siete meses. Estuvo en dos centros distintos hasta los tres años y después pasó a vivir con una familia tinerfeña en régimen de acogimiento preadoptivo. Pasó tres años con ellos, tras los cuales la madre biológica la reclamó de nuevo. Piedad volvió con su madre por orden judicial y la madre de acogida fue condenada por un delito de desobediencia, por negarse a entregar a la niña. Un año después, en octubre de 2008, la madre biológica pidió que la niña volviera de nuevo a un centro por falta de recursos económicos. Piedad vuelve a estar sin hogar. Un peregrinaje similar ha vivido el niño de El Royo en sus primeros 10 años de vida.
Con el texto de la Ley de Adopciones Internacionales, de 2007, se aprovechó para poner límites a los derechos de las familias biológicas. Ahora tienen dos años para pedir que se anule la declaración de desamparo del menor y que éste vuelva con ellos. Una vez pasado este plazo, decae su derecho y el niño sólo podrá volver con ellos si la administración entiende que esta solución es la mejor. En los próximos años empezará a verse si esta medida ha funcionado y se ha logrado una mayor estabilidad para los niños.
Otro problema que también debe resolverse se refiere a las enormes diferencias que las distintas comunidades autónomas dan a los menores. La legislación es la misma para todos, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, pero cada uno la aplica en función de sus prioridades y recursos, según explicó en el Senado Amparo Marzal, directora general de las Familias y la Infancia. "Es difícil establecer indicadores comunes que permitan evaluar las distintas medidas de protección y realizar seguimientos adecuados", señaló.
Los Defensores del Menor de Madrid, Arturo Canalda, y de Andalucía, José Chamizo, también han comparecido en el Senado, que pasará todo este año escuchando a los expertos para poder hacer los cambios legales necesarios antes de que acabe la legislatura. En algo coincidieron todos los senadores durante la primera sesión: el sistema, tal y como está, no funciona.
PA
MADRID 23/03/2009 (EL PAIS)
El grado de desarrollo de una sociedad se mide, entre otros parámetros, por la protección que ésta ejerce sobre los menores. En nuestra cultura latina las familias los protegen y cuidan, pero cuando esta obligación se incumple, surge el deber de los poderes públicos de intervenir y de velar por ellos.
Algo no va bien, cuando anualmente se declaran en situación de desamparo una media de 30.000 niños, muchos de ellos "institucionalizados", es decir, que viven en centros públicos de acogida en lugar de en el seno de una familia. Se trata de menores a los que el sistema teóricamente defiende pero que en la práctica resultan invisibles y sin voz, con la consecuencia de que muchos de ellos pasan la mayor parte de su vida internados en los centros públicos incluso hasta la mayoría de edad -momento en que dejan de estar tutelados por la Administración-, con las secuelas que podemos imaginar.
¿Debemos -la sociedad en su conjunto- implicarnos para abordar el reto de cambiar esta situación? Indudablemente. Para ello, es preciso revisar las actuaciones y el modelo de protección para la infancia desfavorecida desarrollado en los últimos 20 años, y reconocer sus luces y sus sombras. Fijemos entre todos el modelo de protección de la infancia desfavorecida que estamos dispuestos a elaborar y desarrollar, bajo la premisa del interés superior del menor, que debe presidir todas las actuaciones. Las obligaciones de los padres para con los hijos están perfectamente delimitadas en la legislación, pero existe una gran confusión social sobre los derechos que los progenitores tienen sobre ellos.
Es ineludible y urgente realizar reformas legales, especialmente de la patria potestad, estableciendo causas tasadas de privación (en lugar de la mera suspensión de ejercicio, como ocurre actualmente) que faculten y obliguen a los responsables de protección de la infancia a su aplicación. Es inconcebible un sistema como el vigente, donde un padre o madre que no se preocupa por sus hijos y permite que estén institucionalizados pueda rechazar la convivencia del menor con otra familia; y, cuando el acogimiento familiar se produce sin su consentimiento, se generan en el hijo graves conflictos emocionales y de lealtades parentales. Es imprescindible que la gestión y la defensa de la infancia desfavorecida estén presididas por las garantías de los derechos de los propios menores, diferentes a los de la familia en que nacieron. En la actualidad este control está en manos de las fiscalías de menores con deficiencias singulares.
El sistema de protección debe evolucionar para convertirse en estrategia de políticas sociales de futuro. Para ello los costes deben ser considerados verdaderas inversiones y no meros gastos solidarios o asistenciales. Es preciso avanzar en modelos de gestión integral con apoyos técnicos multidisciplinares suficientes, unidos a mecanismos de seguimiento y control efectivo para que los niños se desarrollen en el seno de una familia. Para ello sería preciso modificar las leyes permitiendo que las administraciones competentes puedan establecer directamente los acogimientos familiares de los menores, sin previa autorización judicial, sin perjuicio del derecho de las familias biológicas a recurrirlo. Los derechos del menor no son los únicos que deben tenerse en cuenta en el nuevo marco, pero sí son los más importantes.
* María del Mar Calvo es abogada y presidenta de las asociaciones de padres adoptantes Daga y Laluna. www.unionlaluna.org
PA
lunes, 26 de enero de 2009
Adoptar y acoger un niño
Descubrimos el mundo del acogimiento familiar de menores y de las casas hogar
Padres sustitutos, familias de urgencia o permanencia que con muy poco hacen muy felices a niños indefensos que, de otra forma, seguirían viviendo en los centros de acogida. En España hay más de 40.000 niños en centros que podrían adaptarse a alguna de las modalidades de acogimiento que existen. De momento, ya son más de 28.000 familias las que han dado el paso pero todavía son muchos los niños que, por diferentes motivos, se encuentran tutelados pro el sistema de protección
Una comisión del Senado estudia cómo favorecer acogimientos familiares y adopciones
↓ La urgente reforma de la patria potestad
| En España hay unos 33.000 chicos tutelados por la Administración Los abuelos suelen atender a sus nietos cuando los padres no pueden hacerlo
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El sistema de protección de menores en España hace agua. Hay pocas adopciones nacionales -apenas unas 900 cada año-, los trámites son lentos, no hay suficientes acogimientos familiares y más de 14.000 niños desamparados y tutelados por el Estado viven en centros, en ocasiones durante toda su infancia y adolescencia, a pesar de que la Ley de Protección del Menor dice que los chicos deben estar en familias y que sólo cuando esto no sea posible o conveniente la Administración puede optar por una residencia - de forma provisional y durante el menor tiempo posible-. Por otro lado, y a pesar de todos estos niños sin hogar, España está a la cabeza en adopciones internacionales: se han constituido más de 23.000 entre 2003 y 2007. El Senado ha puesto en marcha una comisión para tratar esta cuestión, analizar los fallos y preparar las reformas legales que sean necesarias.
En España había unos 33.000 menores tutelados por el Estado en 2007, bien por haberse quedado sin padres o porque estos no podían atenderlos de forma adecuada. De ellos, 14.000 estaban en centros y 19.000 en hogares, según datos ofrecidos por la directora general de las Familias y de la Infancia, Amparo Marzal. Pero, de los niños que entran nuevos en el sistema cada año, tres de cada cuatro van a una residencia, según los datos del último Boletín Estadístico de Protección a la Infancia del ministerio, con cifras de 2006. Ese año hubo 10.621 altas en acogimiento residencial y tan sólo 3.399 en acogimientos familiares. La fórmula que legalmente apenas debería usarse, el ingreso en un centro, es la mayoritaria.
"Lo peor es que asumimos esta realidad como normal cuando no lo es", señala Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. "España es la excepción, no la regla. Aquí los niños son los grandes olvidados del sistema. Son invisibles. En el resto de Europa lo chocante es que estén en instituciones. La mayor parte de los países hace años que reformaron el sistema y que tienen a prácticamente todos los niños en familias".
En Reino Unido, por ejemplo, los centros casi han desaparecido. Hace más de 20 años que el país reformó el sistema de arriba abajo y acabó con los orfanatos. Siguen existiendo residencias para menores con graves problemas de conducta que necesitan tratamiento terapéutico o para chicos que han sido tutelados por el Estado ya en la adolescencia tardía, pero la gran mayoría van directamente a familias. Incluso los extranjeros que llegan al país como inmigrantes.
"El municipio en el que está el aeropuerto de Gatwick tiene organizado un sistema para llevar desde el primer momento a los menores no acompañados que acaban de aterrizar a una casa de acogida, para que no tengan que pasar por un centro", explica el catedrático Jesús Palacios. El acogimiento está profesionalizado -lo que significa que se da formación a las familias y se les remunera por el servicio- y hay muchas más facilidades que en España para la adopción. "La diferencia con España es cómo se reparten los recursos", prosigue el profesor Palacios. "Reino Unido está volcado en los acogimientos y las adopciones nacionales, y por eso encuentran familias para todos los menores. En España el sistema nunca se ha propuesto resolver el problema. Se dice que no hay familias acogedoras, pero no se buscan. Y las que hay no tienen el apoyo suficiente. La media de los contactos de los servicios sociales con las familias de acogida que no conocen previamente al menor es apenas de tres seguimientos cada dos años. Si los acogedores son familiares del chico, la cifra se reduce a una llamada o visita cada dos años. Faltan recursos, psicólogos, trabajadores sociales".
Hay pocas familias en España que se deciden a acoger a un niño con el que no tienen ninguna relación: el 80% de los acogimientos son dentro de la familia extensa del menor (tíos, primos, hermanos mayores de edad...) y sólo el 20% se inserta en una nueva familia. En estos casos, muchas veces el niño acaba volviendo al centro porque la familia de acogida lo devuelve: o los nuevos hermanos no le aceptan o hay problemas de convivencia o la situación con la familia biológica es difícil. Tres de cada cuatro menores que pasan de una familia de acogida a un centro lo hacen porque los acogedores así lo desean, lo que resulta indicativo de la falta de apoyo de las autoridades hacia las familias que dan el paso de abrir su casa a un menor desamparado.
Otras veces, los jueces obligan a la familia de acogida a entregar al niño a unos padres biológicos que en realidad siguen sin estar preparados para hacerse cargo de su hijo, como lo demuestra el hecho de que en el 71% de estos casos el menor acaba volviendo más pronto o más tarde a un centro y siendo otra vez tutelado por el Estado.
"Es el otro gran debate pendiente", señala Mario Bedera, senador socialista y miembro de la recién creada comisión especial para el estudio de la adopción nacional y otros temas afines. "Hay que resolver cómo conjugar los derechos de la familia biológica con los derechos de los menores. Los jueces en España muchas veces dan una primacía excesiva a los lazos biológicos, pero lo que hay que evitar es el peregrinaje de los niños por familias y centros. Hay que procurarles estabilidad, ya sea con su propia familia o con una nueva".
Los conocidos casos de Piedad o el niño de El Royo son claros exponentes de este problema. Piedad fue apartada de su madre biológica a los siete meses. Estuvo en dos centros distintos hasta los tres años y después pasó a vivir con una familia tinerfeña en régimen de acogimiento preadoptivo. Pasó tres años con ellos, tras los cuales la madre biológica la reclamó de nuevo. Piedad volvió con su madre por orden judicial y la madre de acogida fue condenada por un delito de desobediencia, por negarse a entregar a la niña. Un año después, en octubre de 2008, la madre biológica pidió que la niña volviera de nuevo a un centro por falta de recursos económicos. Piedad vuelve a estar sin hogar. Un peregrinaje similar ha vivido el niño de El Royo en sus primeros 10 años de vida.
Con el texto de la Ley de Adopciones Internacionales, de 2007, se aprovechó para poner límites a los derechos de las familias biológicas. Ahora tienen dos años para pedir que se anule la declaración de desamparo del menor y que éste vuelva con ellos. Una vez pasado este plazo, decae su derecho y el niño sólo podrá volver con ellos si la administración entiende que esta solución es la mejor. En los próximos años empezará a verse si esta medida ha funcionado y se ha logrado una mayor estabilidad para los niños.
Otro problema que también debe resolverse se refiere a las enormes diferencias que las distintas comunidades autónomas dan a los menores. La legislación es la misma para todos, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, pero cada uno la aplica en función de sus prioridades y recursos, según explicó en el Senado Amparo Marzal, directora general de las Familias y la Infancia. "Es difícil establecer indicadores comunes que permitan evaluar las distintas medidas de protección y realizar seguimientos adecuados", señaló.
Los Defensores del Menor de Madrid, Arturo Canalda, y de Andalucía, José Chamizo, también han comparecido en el Senado, que pasará todo este año escuchando a los expertos para poder hacer los cambios legales necesarios antes de que acabe la legislatura. En algo coincidieron todos los senadores durante la primera sesión: el sistema, tal y como está, no funciona.
PA
La urgente reforma de la patria potestad
ANÁLISIS· MARÍA DEL MAR CALVO*MADRID 23/03/2009 (EL PAIS)
El grado de desarrollo de una sociedad se mide, entre otros parámetros, por la protección que ésta ejerce sobre los menores. En nuestra cultura latina las familias los protegen y cuidan, pero cuando esta obligación se incumple, surge el deber de los poderes públicos de intervenir y de velar por ellos.
Algo no va bien, cuando anualmente se declaran en situación de desamparo una media de 30.000 niños, muchos de ellos "institucionalizados", es decir, que viven en centros públicos de acogida en lugar de en el seno de una familia. Se trata de menores a los que el sistema teóricamente defiende pero que en la práctica resultan invisibles y sin voz, con la consecuencia de que muchos de ellos pasan la mayor parte de su vida internados en los centros públicos incluso hasta la mayoría de edad -momento en que dejan de estar tutelados por la Administración-, con las secuelas que podemos imaginar.
¿Debemos -la sociedad en su conjunto- implicarnos para abordar el reto de cambiar esta situación? Indudablemente. Para ello, es preciso revisar las actuaciones y el modelo de protección para la infancia desfavorecida desarrollado en los últimos 20 años, y reconocer sus luces y sus sombras. Fijemos entre todos el modelo de protección de la infancia desfavorecida que estamos dispuestos a elaborar y desarrollar, bajo la premisa del interés superior del menor, que debe presidir todas las actuaciones. Las obligaciones de los padres para con los hijos están perfectamente delimitadas en la legislación, pero existe una gran confusión social sobre los derechos que los progenitores tienen sobre ellos.
Es ineludible y urgente realizar reformas legales, especialmente de la patria potestad, estableciendo causas tasadas de privación (en lugar de la mera suspensión de ejercicio, como ocurre actualmente) que faculten y obliguen a los responsables de protección de la infancia a su aplicación. Es inconcebible un sistema como el vigente, donde un padre o madre que no se preocupa por sus hijos y permite que estén institucionalizados pueda rechazar la convivencia del menor con otra familia; y, cuando el acogimiento familiar se produce sin su consentimiento, se generan en el hijo graves conflictos emocionales y de lealtades parentales. Es imprescindible que la gestión y la defensa de la infancia desfavorecida estén presididas por las garantías de los derechos de los propios menores, diferentes a los de la familia en que nacieron. En la actualidad este control está en manos de las fiscalías de menores con deficiencias singulares.
El sistema de protección debe evolucionar para convertirse en estrategia de políticas sociales de futuro. Para ello los costes deben ser considerados verdaderas inversiones y no meros gastos solidarios o asistenciales. Es preciso avanzar en modelos de gestión integral con apoyos técnicos multidisciplinares suficientes, unidos a mecanismos de seguimiento y control efectivo para que los niños se desarrollen en el seno de una familia. Para ello sería preciso modificar las leyes permitiendo que las administraciones competentes puedan establecer directamente los acogimientos familiares de los menores, sin previa autorización judicial, sin perjuicio del derecho de las familias biológicas a recurrirlo. Los derechos del menor no son los únicos que deben tenerse en cuenta en el nuevo marco, pero sí son los más importantes.
* María del Mar Calvo es abogada y presidenta de las asociaciones de padres adoptantes Daga y Laluna. www.unionlaluna.org
PA
lunes, 26 de enero de 2009Adoptar y acoger un niño
Descubrimos el mundo del acogimiento familiar de menores y de las casas hogar
Padres sustitutos, familias de urgencia o permanencia que con muy poco hacen muy felices a niños indefensos que, de otra forma, seguirían viviendo en los centros de acogida. En España hay más de 40.000 niños en centros que podrían adaptarse a alguna de las modalidades de acogimiento que existen. De momento, ya son más de 28.000 familias las que han dado el paso pero todavía son muchos los niños que, por diferentes motivos, se encuentran tutelados pro el sistema de protección
