«Cada vez hay más adolescentes perpetuos que no saben crecer»
↓ Edades inciertas, por José Antonio Marina
Los 8 síes y noes antes de los 18
SARA CAMPELO | MADRID, 30-03-09 (ABC)
Del país de Nunca Jamás al universo de los derechos civiles, nuestros menores recorren una senda de incoherencias jurídicas que condicionan sus vidas y las llenan de contrasentidos y paradojas. El empeño del Ministerio de Igualdad por permitir que las jóvenes de dieciséis años puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno confronta la madurez real de nuestros jóvenes con aquellas libertades y derechos que el Estado les reconoce. «Efectivamente, el grupo de expertos que ha asesorado al Ministerio para la reforma de la Ley del Aborto, ha tenido en cuenta que a una joven de esa edad se la considera madura para contraer matrimonio sin consentimiento» informa María de la Válgoma, catedrática de Derecho y autora de «Edades ciertas e inciertas en Derecho».
Responsables para abortar
Responsables para abortar, para casarse pero inmaduros para apostatar, comprar tabaco, hacerse un «piercing», viajar o federarse en algún deporte. «La incoherencia de la norma española es escandalosa -prosigue María de la Válgoma-, pero no creo que sea intencionada por parte de los legisladores, más bien se trata de contradicciones fruto de leyes que se han ido aprobando en épocas distintas sin coordinación alguna».
¿Son tan maduros nuestros adolescentes como para acatar sin amparo paterno una decisión tan trascendental como la de abortar? «El apoyo de la familia es fundamental a la hora de afrontar un trance como éste. El aborto que pone a prueba la madurez no sólo de las niñas, sino de cualquier persona que se enfrente a la decisión. Pero de esta forma, al prescindir del asentimiento de los padres en una decisión tan trascendental para el desarrollo psicológico se limita a los progenitores la potestad de educar a sus hijos».
Precisamente, el pasado jueves una delegación del Consejo de la Juventud de España (CJE), encabezada por su Presidente, Daniel Lostao, se reunió ayer con la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para tratar la modificación de la ley del aborto. Lostao insistió en la importancia de la prevención y de la educación para prevenir embarazos no deseados. «Corremos el peligro de que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más, según la experiencia que tenemos», explica María de la Válgoma. La catedrática recuerda que, de hecho, el riesgo psicológico para la madre como supuesto para el aborto no punible «se ha convertido en todo un coladero al que se arriman muchas adolescentes, muchas de ellas reincidentes en la interrupción voluntaria del embarazo».
El colmo de la paradoja se produce en el ámbito sanitario: una joven de dieciséis años es libre de someterse sin consentimiento paterno a una operación de estética con toda la complejidad médica que supone y las consecuencias psicológicas que acarrea y, sin embargo, en algunas comunidades autónomas españolas los menores de dieciocho años no pueden hacerse un inofensivo «piercing» o tatuarse el cuerpo sin un justificante de sus progenitores.
Según la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002, los pacientes de entre 16 y 18 años pueden decidir sobre cualquier tratamiento o intervención, incluso rechazar un trasplante sin consultar en absoluto la figura paterna. Sólo existen tres excepciones: participación en ensayos clínicos, aplicación de técnicas de reproducción asistida e interrupción del embarazo.
Si la recomendación del Comité de Expertos de Ministerio de Igualdad prospera, ésta última excepción desaparecerá. Según el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, si se unifica la mayoría de edad para la toma de decisiones se evitarán las desigualdades que se van a producir al permitir a las adolescentes de dieciséis años interrumpir su embarazo de manera voluntaria sin necesidad de consentimiento paterno.
La edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto (13 años) también ha generado alboroto en la opinión pública. Juicioso para practicar sexo pero inmaduro para comprar una lata de cerveza, ni siquiera con autorización paterna.
«La norma es tremendamente contradictoria: a los chavales se les da mucha capacidad en el ámbito personal pero se les limita en lo patrimonial: no pueden abrir solos una cuenta corriente, firmar un contrato de compra-venta ni votar, aunque tengan responsabilidad penal».
En nuestro país, frente a quienes estiman que sería necesario reformar la Constitución, bastaría que la legislación electoral admitiera el sufragio activo desde los 16 años, dado que el anticipo del derecho al voto no vulneraría ni limitaría la mayoría de edad constitucionalmente fijada en los 18 años. participar en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos a «toda persona», sin vincularlo a la mayoría de edad.
Rebajar la edad de votar
El filósofo José Antonio Marina y la profesora De la Válgoma a petición del alcalde de Sevilla emitieron en 2005 un informe en el que se declaraban a favor de rebajar la edad de voto a los 16 años, como ya pasa en Austria. En el texto se explicaba que a los dieciséis años «ocurren dos hechos de enorme trascendencia personal y social: termina el periodo de enseñanza obligatoria, y se permite la incorporación al mundo del trabajo. Nos parece que la extensión del derecho a voto a los 16 años es viable porque a esa edad los adolescentes tienen las capacidades intelectuales, afectivas y volitivas requeridas para actuar responsablemente. Pero, además, estimamos que sería un eficaz instrumento para educar socialmente a los adolescentes».
«El proceso educativo de nuestros niños y jóvenes es, en general, insuficiente en lo que se refiere a aspectos básicos de su formación como la responsabilidad», asegura Valentín Martínez-Otero, psicólogo y pedagogo y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense.
Martínez-Otero comenta acerca del proceso educativo que «no se presta la debida atención al cultivo de las actitudes y valores». En nuestros días, la asunción de responsabilidades «es tardía» y se advierte «inseguridad, confusión, inestabilidad y aplazamiento de proyectos» en muchos chicos y chicas.
Ante la posibilidad de que de esta manera estemos dejando a nuestros jóvenes en una permanente adolescencia, el doctor Martínez-Otero asegura que «desde una perspectiva psicosocial, se están adelantando, en general, ciertos comportamientos de riesgo, por ejemplo, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como conductas sexuales imprudentes»,
Todo esto lleva a que «al retrasarse la inserción plena de los adolescentes en el mundo de los adultos, un número significativo de personas queden anclados en una suerte de adolescencia permanente». Sucede que «hoy, el «síndrome de Peter Pan» designa al cada vez mayor número de «adolescentes perpetuos" que no quieren o no saben crecer».
¿Y los padres? ¿Son sobreprotectores? «Hay de todo. en unos predomina la permisividad, en otros el autoritarismo y en otros la sobreprotección, los tres igualmente desaconsejables». Lo deseable «es el estilo parental participativo, dialogante y estimulante. Es el estilo más apropiado que fomenta la autoestima en los hijos, la responsabilidad, el equilibrio y la maduración».
Ante la pregunta de si tenemos una sociedad inmadura, el psico-pedagogo complutense responde afirmativamente, aunque matiza que «en algunos aspectos, por ejemplo, de carácter moral-ético». En realidad, «la nuestra es una sociedad desequilibrada, con alto progreso técnico, pero mucho menos desarrollada en el plano humano-social». En definitiva, «la educación no está a la altura de los tiempos y crece la desorientación vital». Esto se plasma en «más «jóvenes-veleta» con conducta inercial y arriesgada, teledirigidos, abocados a problemas como adicciones, enfermedades de transmisión sexual, violencia o sufrimiento».
Por ello y para evitar problemas, el proceso educativo «ha de ser integral», esto es, «igualmente atento a las vertientes cognitiva, emocional, social, moral, física y espiritual del adolescente o joven».
La ministra de Igualdad ha dicho que si una mujer puede casarse a los dieciséis años, también puede abortar a esa edad. Esta afirmación pone de relieve la absoluta imprecisión legal sobre la adolescencia. Nuestra legislación sólo distingue entre menores y mayores de edad. Los términos «adolescencia» y «juventud» no tienen significado jurídico.
Cuando se incluyó en la Constitución una mención a los jóvenes, se hizo a sabiendas de que era un término inutilizable. La mayoría de edad supone la asunción plena de todos los derechos, pero hasta ese momento los menores adquieren capacidad legal para acceder a algunos derechos y libertades, pero de forma incoherente. A los dieciséis años pueden ponerse a trabajar, aunque a los 14, con autorización judicial, pueden casarse, y a los 13 una niña puede decidir tener relaciones sexuales con un adulto. La falta de coherencia acerca de estas edades es universal, basta comprobar la anarquía con que se fija la edad de responsabilidad penal. En el año 2004 -últimos datos que tengo- 32 países la fijaban en los 7 años, y sólo 4 a los 18.
Desde el punto de vista psicológico, un chico o una chica de dieciséis años podría ser responsable de sus actos, o, al menos, tan responsable como otras personas de 30 o 60 años. La cuestión está en que, probablemente, no lo sea, porque los estamos educando en la irresponsabilidad. La adolescencia es una edad artificial, que retrasa la entrada de los niños en el mundo real, para que tengan tiempo de educarse. Este es el problema: hemos inventado una edad educativa y no queremos educarla, para no limitar su libertad, con lo que los adultos estamos perjudicando seriamente a nuestros chicos, y a nosotros mismos. Por ello, me parece urgente revisar el concepto de adolescencia, y también el de libertad.
ABC
↓ Edades inciertas, por José Antonio Marina
SARA CAMPELO | MADRID, 30-03-09 (ABC)Del país de Nunca Jamás al universo de los derechos civiles, nuestros menores recorren una senda de incoherencias jurídicas que condicionan sus vidas y las llenan de contrasentidos y paradojas. El empeño del Ministerio de Igualdad por permitir que las jóvenes de dieciséis años puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno confronta la madurez real de nuestros jóvenes con aquellas libertades y derechos que el Estado les reconoce. «Efectivamente, el grupo de expertos que ha asesorado al Ministerio para la reforma de la Ley del Aborto, ha tenido en cuenta que a una joven de esa edad se la considera madura para contraer matrimonio sin consentimiento» informa María de la Válgoma, catedrática de Derecho y autora de «Edades ciertas e inciertas en Derecho».
Responsables para abortar
Responsables para abortar, para casarse pero inmaduros para apostatar, comprar tabaco, hacerse un «piercing», viajar o federarse en algún deporte. «La incoherencia de la norma española es escandalosa -prosigue María de la Válgoma-, pero no creo que sea intencionada por parte de los legisladores, más bien se trata de contradicciones fruto de leyes que se han ido aprobando en épocas distintas sin coordinación alguna».
¿Son tan maduros nuestros adolescentes como para acatar sin amparo paterno una decisión tan trascendental como la de abortar? «El apoyo de la familia es fundamental a la hora de afrontar un trance como éste. El aborto que pone a prueba la madurez no sólo de las niñas, sino de cualquier persona que se enfrente a la decisión. Pero de esta forma, al prescindir del asentimiento de los padres en una decisión tan trascendental para el desarrollo psicológico se limita a los progenitores la potestad de educar a sus hijos».
Precisamente, el pasado jueves una delegación del Consejo de la Juventud de España (CJE), encabezada por su Presidente, Daniel Lostao, se reunió ayer con la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para tratar la modificación de la ley del aborto. Lostao insistió en la importancia de la prevención y de la educación para prevenir embarazos no deseados. «Corremos el peligro de que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más, según la experiencia que tenemos», explica María de la Válgoma. La catedrática recuerda que, de hecho, el riesgo psicológico para la madre como supuesto para el aborto no punible «se ha convertido en todo un coladero al que se arriman muchas adolescentes, muchas de ellas reincidentes en la interrupción voluntaria del embarazo».
«Corremos el peligro de que el aborto se convierta en un método anticonceptivo más»
El colmo de la paradoja se produce en el ámbito sanitario: una joven de dieciséis años es libre de someterse sin consentimiento paterno a una operación de estética con toda la complejidad médica que supone y las consecuencias psicológicas que acarrea y, sin embargo, en algunas comunidades autónomas españolas los menores de dieciocho años no pueden hacerse un inofensivo «piercing» o tatuarse el cuerpo sin un justificante de sus progenitores.
Según la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002, los pacientes de entre 16 y 18 años pueden decidir sobre cualquier tratamiento o intervención, incluso rechazar un trasplante sin consultar en absoluto la figura paterna. Sólo existen tres excepciones: participación en ensayos clínicos, aplicación de técnicas de reproducción asistida e interrupción del embarazo.
Si la recomendación del Comité de Expertos de Ministerio de Igualdad prospera, ésta última excepción desaparecerá. Según el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, si se unifica la mayoría de edad para la toma de decisiones se evitarán las desigualdades que se van a producir al permitir a las adolescentes de dieciséis años interrumpir su embarazo de manera voluntaria sin necesidad de consentimiento paterno.
La edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto (13 años) también ha generado alboroto en la opinión pública. Juicioso para practicar sexo pero inmaduro para comprar una lata de cerveza, ni siquiera con autorización paterna.
«La norma es tremendamente contradictoria: a los chavales se les da mucha capacidad en el ámbito personal pero se les limita en lo patrimonial: no pueden abrir solos una cuenta corriente, firmar un contrato de compra-venta ni votar, aunque tengan responsabilidad penal».
En nuestro país, frente a quienes estiman que sería necesario reformar la Constitución, bastaría que la legislación electoral admitiera el sufragio activo desde los 16 años, dado que el anticipo del derecho al voto no vulneraría ni limitaría la mayoría de edad constitucionalmente fijada en los 18 años. participar en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos a «toda persona», sin vincularlo a la mayoría de edad.
Rebajar la edad de votar
El filósofo José Antonio Marina y la profesora De la Válgoma a petición del alcalde de Sevilla emitieron en 2005 un informe en el que se declaraban a favor de rebajar la edad de voto a los 16 años, como ya pasa en Austria. En el texto se explicaba que a los dieciséis años «ocurren dos hechos de enorme trascendencia personal y social: termina el periodo de enseñanza obligatoria, y se permite la incorporación al mundo del trabajo. Nos parece que la extensión del derecho a voto a los 16 años es viable porque a esa edad los adolescentes tienen las capacidades intelectuales, afectivas y volitivas requeridas para actuar responsablemente. Pero, además, estimamos que sería un eficaz instrumento para educar socialmente a los adolescentes».
«Cada vez hay más adolescentes perpetuos que no saben crecer»
M. ASENJO | MADRID Lunes, 30-03-09 (ABC)«El proceso educativo de nuestros niños y jóvenes es, en general, insuficiente en lo que se refiere a aspectos básicos de su formación como la responsabilidad», asegura Valentín Martínez-Otero, psicólogo y pedagogo y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense.
Martínez-Otero comenta acerca del proceso educativo que «no se presta la debida atención al cultivo de las actitudes y valores». En nuestros días, la asunción de responsabilidades «es tardía» y se advierte «inseguridad, confusión, inestabilidad y aplazamiento de proyectos» en muchos chicos y chicas.
Ante la posibilidad de que de esta manera estemos dejando a nuestros jóvenes en una permanente adolescencia, el doctor Martínez-Otero asegura que «desde una perspectiva psicosocial, se están adelantando, en general, ciertos comportamientos de riesgo, por ejemplo, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como conductas sexuales imprudentes»,
Todo esto lleva a que «al retrasarse la inserción plena de los adolescentes en el mundo de los adultos, un número significativo de personas queden anclados en una suerte de adolescencia permanente». Sucede que «hoy, el «síndrome de Peter Pan» designa al cada vez mayor número de «adolescentes perpetuos" que no quieren o no saben crecer».
¿Y los padres? ¿Son sobreprotectores? «Hay de todo. en unos predomina la permisividad, en otros el autoritarismo y en otros la sobreprotección, los tres igualmente desaconsejables». Lo deseable «es el estilo parental participativo, dialogante y estimulante. Es el estilo más apropiado que fomenta la autoestima en los hijos, la responsabilidad, el equilibrio y la maduración».
En nuestros días, la asunción de responsabilidades «es tardía» y se advierte «inseguridad»
Ante la pregunta de si tenemos una sociedad inmadura, el psico-pedagogo complutense responde afirmativamente, aunque matiza que «en algunos aspectos, por ejemplo, de carácter moral-ético». En realidad, «la nuestra es una sociedad desequilibrada, con alto progreso técnico, pero mucho menos desarrollada en el plano humano-social». En definitiva, «la educación no está a la altura de los tiempos y crece la desorientación vital». Esto se plasma en «más «jóvenes-veleta» con conducta inercial y arriesgada, teledirigidos, abocados a problemas como adicciones, enfermedades de transmisión sexual, violencia o sufrimiento».
Por ello y para evitar problemas, el proceso educativo «ha de ser integral», esto es, «igualmente atento a las vertientes cognitiva, emocional, social, moral, física y espiritual del adolescente o joven».
Edades inciertas
JOSÉ ANTONIO MARINA, FilósofoLa ministra de Igualdad ha dicho que si una mujer puede casarse a los dieciséis años, también puede abortar a esa edad. Esta afirmación pone de relieve la absoluta imprecisión legal sobre la adolescencia. Nuestra legislación sólo distingue entre menores y mayores de edad. Los términos «adolescencia» y «juventud» no tienen significado jurídico.
Cuando se incluyó en la Constitución una mención a los jóvenes, se hizo a sabiendas de que era un término inutilizable. La mayoría de edad supone la asunción plena de todos los derechos, pero hasta ese momento los menores adquieren capacidad legal para acceder a algunos derechos y libertades, pero de forma incoherente. A los dieciséis años pueden ponerse a trabajar, aunque a los 14, con autorización judicial, pueden casarse, y a los 13 una niña puede decidir tener relaciones sexuales con un adulto. La falta de coherencia acerca de estas edades es universal, basta comprobar la anarquía con que se fija la edad de responsabilidad penal. En el año 2004 -últimos datos que tengo- 32 países la fijaban en los 7 años, y sólo 4 a los 18.
Desde el punto de vista psicológico, un chico o una chica de dieciséis años podría ser responsable de sus actos, o, al menos, tan responsable como otras personas de 30 o 60 años. La cuestión está en que, probablemente, no lo sea, porque los estamos educando en la irresponsabilidad. La adolescencia es una edad artificial, que retrasa la entrada de los niños en el mundo real, para que tengan tiempo de educarse. Este es el problema: hemos inventado una edad educativa y no queremos educarla, para no limitar su libertad, con lo que los adultos estamos perjudicando seriamente a nuestros chicos, y a nosotros mismos. Por ello, me parece urgente revisar el concepto de adolescencia, y también el de libertad.
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