MENORES NO ACOMPAÑADOS
ANÁLISIS· AMANDO VEGA, Catedrático de Educación Especial Especial de la Universidad del País Vasco
“Si para unos la culpa está en las mafias, para otros es la buena atención prestada lo que provoca el efecto llamada”
“Las administraciones se pasan la pelota unas a otras como si de un desecho se tratara y obstaculizan su integración”
MADRID, 16 de ABRIL de 2009 (www.periodicoescuela.es*)
Uno puede pensar que se trata de una banda peligrosa, que nos puede acorralar en cualquier momento. Pero, no. Se trata de los menores inmigrantes no acompañados. Unos llegaron en cayucos, otros, en medios de transporte varios. Vienen de lugares diferentes. Pero los escondemos bajo el término de MENA. Es una palabra que nos aleja emocionalmente de su dramática situación e, incluso, sirve para proteger nuestra indiferencia ante su exclusión.
De todas formas, cada día estos desarrapados se nos echan más encima, tras arriesgar su vida por mares revueltos y, sortear, cuando pueden, todas las barreras que la sociedad “civilizada” les pone delante. Mientras tanto las administraciones se pasan la pelota unas a otras, como si de un desecho se tratara, y ponen más obstáculos a su integración.
Muchos consiguen ser acogidos, pero convendrá conocer en qué condiciones están estos menores.
Y estudios no faltan sobre su compleja problemática. Como referencia, se puede recurrir al Ararteko (2006) quien analizó a fondo la situación de los menores acogidos sen el País Vasco y presentó con claridad los problemas existentes:
¿Volvemos a tomar las medidas del pasado? ¿Grandes centros en lugares apartados, controlados por la policía, con educadores poco formados y sin apoyo social, para unos menores sin futuro en una sociedad excluyente? Justificaciones existen para todos los gustos. Si para unos la culpa está en las mafias que trafican con menores, para otros es la buena atención prestada lo que provoca el efecto llamada. Y no falta quien piensa que el fallo está en la actual Ley del Menor que es garantista y en la ausencia de colaboración de los menores.
Uno ve con esperanza, de todas formas, que la mayoría de los jóvenes tienen la percepción de que el trato de la sociedad hacia los inmigrantes “es negativo”, un porcentaje que aumenta entre la población en general. Y saber que no faltan ciudadanos que se movilizan para defender sus derechos, mostrar las dificultades de los inmigrantes ante la crisis económica y denunciar las restricciones y recortes de derechos que suponen las políticas de la Unión Europea y España en materia de inmigración.
El sistema educativo no puede desentenderse de ninguno de los problemas relacionados con los inmigrantes, menores o adultos, acompañados o no acompañados. Por la escuela pasan también los menores inmigrantes acompañados de sus familias, pero en situación de desprotección. Son menores, que llegan al país en compañía de algún familiar, pero las duras condiciones laborales de los adultos inmigrantes (en numerosos ocasiones es solamente uno de los padres, normalmente la madre, la que está a cargo del menor) dejan al niño en situación de riesgo y clara desprotección de hecho. Muchos sufren también altos índices de absentismo y de fracaso escolar.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la escuela? Es difícil responder por la complejidad de la problemática de los menores no acompañados.
Pero no se puede olvidar que son menores con derecho a una atención preferente y de especial protección, de acuerdo con el principio de “interés superior del menor” que establece la legislación internacional. Personas menores de edad que necesitan de una oportunidad y de un compromiso no sólo institucional, también social, para su desarrollo e integración. De la respuesta que seamos capaces de dar a realidades complejas como ésta, dependerá que logremos una sociedad más o menos solidaria y cohesionada. La escuela debiera ser la primera institución no sólo en abrir sus puertas y corazones a estos menores sino en defender sus derechos. Es el reto de la educación inclusiva.
REFERENCIAS
Ararteko (2005), Situación de los menores extranjeros no acompañados en la CAPV (Informe extraordinario de 2005). http://www.ararteko.net.
* By: www.periodicoescuela.es, AMANDO VEGA [>artículo publicado por ESCUELA -Periódico Profesional de Educación, ISSN 1888-3591- el 16 de abril de 2009, Núm. 3.823 (598). Madrid.]
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PS
DONOSTIA / San Sebastián, 11.05.09 - (EL CORREO)
Es muy difícil imaginar cómo debe de ser el éxodo de la mayoría de las personas menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio. Por lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, y a través de sus testimonios, algunos llegan en pateras, otros en los bajos de camiones, otros recorren a pie trayectos muy largos, y a otros los abandonan sus madres en las playas para volver en la misma patera, con la esperanza de que sus hijos encontrarán un futuro mejor. La inmensa mayoría viene con un objetivo: encontrar una vida mejor que la que dejan atrás. Vienen porque creen que nuestra sociedad es mejor y más rica que la suya. Y, por lo menos, a primera vista parece que así es.
Nuestra sociedad avanzada ha desarrollado sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, porque somos conscientes de que es uno de los bienes más preciados que tenemos. Hemos creado leyes para su protección, para garantizar su educación, su salud, su derecho a un desarrollo integral, para prevenir su marginación, la explotación infantil, el abuso, acoso y maltrato físico, psíquico o emocional. En definitiva, para garantizar su bienestar.
En estos momentos en los que estamos asistiendo a un debate sobre la problemática de los menores inmigrantes, es fundamental que tengamos en cuenta muchos aspectos, pero especialmente uno, que debe ser el principal y el más importante: se trata de personas menores de edad, no acompañadas y en situación de desprotección.
Precisamente por esa razón, la tutela, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, recae en las diputaciones forales, que deben activar los mecanismos legales necesarios para que estas personas menores alcancen una edad adulta en condiciones óptimas. De hecho, la mayoría lo consiguen, y eso es algo de lo que nos tenemos que congratular todos y todas, ya que si a veces es difícil lograrlo con nuestros hijos o hijas que han contado con todos los medios para ello, para estos menores que están solos en el mundo, la tarea resulta mucho más complicada y requiere de un gran esfuerzo por su parte. Pero, afortunadamente, insisto, la mayoría lo consiguen y eso hay que darlo a conocer a la opinión pública.
Por ello, somos conscientes de que las administraciones competentes destinan recursos para cumplir con su obligación de tutela, y también sabemos que es difícil gestionar los servicios si no se sabe a cuántas personas menores tendrán que atender. También es una realidad que una minoría de estos menores llega con graves problemas de adicción o de conducta, consecuencia de las condiciones de vida que han tenido en sus países de origen. Esta minoría, si no es atendida adecuadamente, puede provocar una serie de problemas, como los que recientemente han venido apareciendo en los medios.
Reconocemos que no es un problema fácil de solucionar, en absoluto, y es necesario redoblar esfuerzos para conseguirlo. Es cierto que si cometen infracciones y el juez los condena por las mismas, tendrán que cumplir con las medidas que se les apliquen, como el resto de la ciudadanía, pero también es cierto que habría que profundizar en las causas y en las soluciones para evitar que sean recurrentes.
n ese sentido, desde luego, lo que no nos parece lógico es que haya centros especiales para estos menores que no disponen de un programa específico ni ningún proyecto educativo concreto para esos casos, de manera que los citados menores pasan horas y horas en la calle sin nada mejor que hacer.
En nuestra opinión, este pequeño grupo requiere de una atención muy especializada, que aborde sus problemáticas concretas. Para ello, es imprescindible contar con profesionales bien preparados y con unas buenas condiciones laborales, a fin de que se conviertan en verdaderos referentes de estos menores que están totalmente desorientados. Hay que crear un grupo de trabajo con la participación de educadores de los centros de acogida, de los profesionales de los Centros de Iniciación Profesional (CIP) y de técnicos, para que puedan poner en común las problemáticas y así abordar mejor las diferentes situaciones que atraviesan los menores.
También es fundamental garantizar el acceso fácil y diario de estos jóvenes a los CIP, ya que, a día de hoy, a algunos de ellos les resulta imposible, teniendo en cuenta que los centros de acogida están muy lejos de los Centros de Iniciación Profesional. El acceso a la educación y a la preparación constituye la principal garantía para sacar a estos jóvenes de la calle.
Consideramos que como sociedad tenemos una deuda ética y moral con otra parte de la sociedad que no puede acceder a unas condiciones mínimas de vida y, por ello, se ve obligada a dejar su tierra y sus familias.
Además vivimos en una tierra que sabe lo que es la emigración, conoce lo que es tener que enviar a sus hijos e hijas en barcos o trenes hacia otros lugares por miedo a una guerra y a la represión, con la esperanza de un futuro mejor.
Somos conscientes de que la alarma social generada por este reducido número de menores da pie a posiciones intransigentes y xenófobas, pero tenemos la obligación de darnos cuenta de que la inmensa mayoría de ellos sólo buscan realizar un proyecto de vida, algo que también hacemos el resto de la ciudadanía.
EL CORREO
GUIPÚZCOA
EFE| 30/04/2009 - San Sebastián (EL MUNDO)
La Diputación de Guipúzcoa ha dicho que "confía" en que los posibles problemas que pueden provocar los menores extranjeros no acompañados acogidos en esta provincia "tienen solución" aunque, a su juicio, es necesario modificar la legislación vigente y potenciar la colaboración institucional.
La diputada de Política Social, Maite Etxaniz, y el director de Infancia y Juventud, Joxi Insausti, han ofrecido una rueda de prensa tras la celebración de una reunión interinstitucional en la que han participado representantes de organismos judiciales y policiales, de los gobiernos vascos y central, de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y de la propia institución foral.
Etxaniz ha explicado que con este encuentro se pone fin a un primer ciclo de reuniones que la Diputación ha mantenido con el Defensor del Menor, el Ararteko, Eudel y los 16 municipios del territorio que cuentan con recursos de acogida para menores inmigrantes no acompañados.
La diputada de Política Social ha recalcado que actualmente hay acogidos en Guipúzcoa 180 menores extranjeros no acompañados, de los cuales el 90% responde a los recursos que la Diputación pone a su disposición y sólo el 10% restante presenta problemas de conducta.
Ha insistido en que el 90% tiene una "conducta buena", en algunos casos "ejemplar", y muestra voluntad de insertarse en el territorio, aunque hay que tener en cuenta que no dejan de ser adolescentes.
En cuanto al 10% de los chicos que presentan conductas conflictivas, Etxaniz ha dicho que la Diputación Foral se encuentra en ocasiones "sin herramientas para ejercer una buena tutela".
Ha reclamado, en este sentido, un cambio en la legislación vigente, que se establezcan cupos por territorios en toda España ya que, según ha comentado, Euskadi es la segunda o tercera comunidad autónoma en cuanto a acogimiento de estos menores por detrás de Canarias y en empate con Ceuta lo que, según su posición geográfica, resulta "un poco difícil de explicar".
Etxaniz ha recordado que en 2008 se pusieron en marcha en esta provincia siete centros para estos menores a los que hay que sumar los tres habilitados en 2009, que serán más al final del ejercicio.
Joxi Insausti, por su parte, ha señalado que desde que se implantó el programa especializado de atención a estos menores en el centro de Deba se han logrado ya algunos avances ya que al menos 9 de los 13 residentes ya han "hecho su propia reflexión" y son conscientes de que su trayectoria no era la correcta.
"Confiamos en que las cosas pueden ir mejorando", ha comentado Etxaniz, quien ha recordado también a todos los ciudadanos que han sido víctimas de robos, agresiones o intimidaciones por parte de una minoría de estos menores, que acumulan ya una treintena de detenciones en los últimos meses por distintos delitos.
EL MUNDO
ANÁLISIS· AMANDO VEGA, Catedrático de Educación Especial Especial de la Universidad del País Vasco
“Si para unos la culpa está en las mafias, para otros es la buena atención prestada lo que provoca el efecto llamada”
“Las administraciones se pasan la pelota unas a otras como si de un desecho se tratara y obstaculizan su integración”
)
MADRID, 16 de ABRIL de 2009 (www.periodicoescuela.es*)Uno puede pensar que se trata de una banda peligrosa, que nos puede acorralar en cualquier momento. Pero, no. Se trata de los menores inmigrantes no acompañados. Unos llegaron en cayucos, otros, en medios de transporte varios. Vienen de lugares diferentes. Pero los escondemos bajo el término de MENA. Es una palabra que nos aleja emocionalmente de su dramática situación e, incluso, sirve para proteger nuestra indiferencia ante su exclusión.
De todas formas, cada día estos desarrapados se nos echan más encima, tras arriesgar su vida por mares revueltos y, sortear, cuando pueden, todas las barreras que la sociedad “civilizada” les pone delante. Mientras tanto las administraciones se pasan la pelota unas a otras, como si de un desecho se tratara, y ponen más obstáculos a su integración.
Muchos consiguen ser acogidos, pero convendrá conocer en qué condiciones están estos menores.
Y estudios no faltan sobre su compleja problemática. Como referencia, se puede recurrir al Ararteko (2006) quien analizó a fondo la situación de los menores acogidos sen el País Vasco y presentó con claridad los problemas existentes:
- Ausencia de criterios comunes en la atención y protección a estos menores y la falta de coordinación entre las diferentes instituciones.
- Limitaciones de los recursos residenciales destinados a estos menores, especialmente en cuanto al número de plazas disponibles, por lo que frecuentemente están desbordados.
- Problemas ligados a la gestión de los recursos y a la situación laboral (ratios, formación, experiencia, bajas, condiciones laborales...) de los profesionales que trabajan en ellos, la mayoría contratados por las propias asociaciones que dirigen los centros.
- Retrasos y dificultades en los procedimientos que facilitarían su integración, especialmente en la tramitación de los permisos de residencia y de trabajo que, con frecuencia, se dilatan durante varios años.
- Dificultades en la escolarización y respuesta educativa a las necesidades lingüísticas y de cualificación profesional de estos menores.
- Limitaciones existentes en cuanto a las posibilidades de emancipación al llegara los 18 años, especialmente en cuanto al alojamiento y al trabajo.
- Incremento de menores extranjeros infractores recluidos en centros de internamiento. Posibilidad de que existan menores extranjeros no atendidos por ninguna institución.
- Insuficiencias en las prestaciones sanitarias, especialmente ante consumos problemáticos de drogas o casos de enfermedad mental.
- Imagen social de un colectivo homogéneo y especialmente conflictivo.
¿Volvemos a tomar las medidas del pasado? ¿Grandes centros en lugares apartados, controlados por la policía, con educadores poco formados y sin apoyo social, para unos menores sin futuro en una sociedad excluyente? Justificaciones existen para todos los gustos. Si para unos la culpa está en las mafias que trafican con menores, para otros es la buena atención prestada lo que provoca el efecto llamada. Y no falta quien piensa que el fallo está en la actual Ley del Menor que es garantista y en la ausencia de colaboración de los menores.
Uno ve con esperanza, de todas formas, que la mayoría de los jóvenes tienen la percepción de que el trato de la sociedad hacia los inmigrantes “es negativo”, un porcentaje que aumenta entre la población en general. Y saber que no faltan ciudadanos que se movilizan para defender sus derechos, mostrar las dificultades de los inmigrantes ante la crisis económica y denunciar las restricciones y recortes de derechos que suponen las políticas de la Unión Europea y España en materia de inmigración.
El sistema educativo no puede desentenderse de ninguno de los problemas relacionados con los inmigrantes, menores o adultos, acompañados o no acompañados. Por la escuela pasan también los menores inmigrantes acompañados de sus familias, pero en situación de desprotección. Son menores, que llegan al país en compañía de algún familiar, pero las duras condiciones laborales de los adultos inmigrantes (en numerosos ocasiones es solamente uno de los padres, normalmente la madre, la que está a cargo del menor) dejan al niño en situación de riesgo y clara desprotección de hecho. Muchos sufren también altos índices de absentismo y de fracaso escolar.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la escuela? Es difícil responder por la complejidad de la problemática de los menores no acompañados.
Pero no se puede olvidar que son menores con derecho a una atención preferente y de especial protección, de acuerdo con el principio de “interés superior del menor” que establece la legislación internacional. Personas menores de edad que necesitan de una oportunidad y de un compromiso no sólo institucional, también social, para su desarrollo e integración. De la respuesta que seamos capaces de dar a realidades complejas como ésta, dependerá que logremos una sociedad más o menos solidaria y cohesionada. La escuela debiera ser la primera institución no sólo en abrir sus puertas y corazones a estos menores sino en defender sus derechos. Es el reto de la educación inclusiva.
REFERENCIAS
Ararteko (2005), Situación de los menores extranjeros no acompañados en la CAPV (Informe extraordinario de 2005). http://www.ararteko.net.
* By: www.periodicoescuela.es, AMANDO VEGA [>artículo publicado por ESCUELA -Periódico Profesional de Educación, ISSN 1888-3591- el 16 de abril de 2009, Núm. 3.823 (598). Madrid.]
VER TAMBIÉNAmando Vega >Publicaciones
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PS
Deuda ética y moral
ARANTZA GONZÁLEZ | JUNTERA DE EZKER BATUA-BERDEAK EN GUIPÚZCOADONOSTIA / San Sebastián, 11.05.09 - (EL CORREO)
Es muy difícil imaginar cómo debe de ser el éxodo de la mayoría de las personas menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio. Por lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, y a través de sus testimonios, algunos llegan en pateras, otros en los bajos de camiones, otros recorren a pie trayectos muy largos, y a otros los abandonan sus madres en las playas para volver en la misma patera, con la esperanza de que sus hijos encontrarán un futuro mejor. La inmensa mayoría viene con un objetivo: encontrar una vida mejor que la que dejan atrás. Vienen porque creen que nuestra sociedad es mejor y más rica que la suya. Y, por lo menos, a primera vista parece que así es.
Nuestra sociedad avanzada ha desarrollado sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, porque somos conscientes de que es uno de los bienes más preciados que tenemos. Hemos creado leyes para su protección, para garantizar su educación, su salud, su derecho a un desarrollo integral, para prevenir su marginación, la explotación infantil, el abuso, acoso y maltrato físico, psíquico o emocional. En definitiva, para garantizar su bienestar.
En estos momentos en los que estamos asistiendo a un debate sobre la problemática de los menores inmigrantes, es fundamental que tengamos en cuenta muchos aspectos, pero especialmente uno, que debe ser el principal y el más importante: se trata de personas menores de edad, no acompañadas y en situación de desprotección.
Precisamente por esa razón, la tutela, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, recae en las diputaciones forales, que deben activar los mecanismos legales necesarios para que estas personas menores alcancen una edad adulta en condiciones óptimas. De hecho, la mayoría lo consiguen, y eso es algo de lo que nos tenemos que congratular todos y todas, ya que si a veces es difícil lograrlo con nuestros hijos o hijas que han contado con todos los medios para ello, para estos menores que están solos en el mundo, la tarea resulta mucho más complicada y requiere de un gran esfuerzo por su parte. Pero, afortunadamente, insisto, la mayoría lo consiguen y eso hay que darlo a conocer a la opinión pública.
Por ello, somos conscientes de que las administraciones competentes destinan recursos para cumplir con su obligación de tutela, y también sabemos que es difícil gestionar los servicios si no se sabe a cuántas personas menores tendrán que atender. También es una realidad que una minoría de estos menores llega con graves problemas de adicción o de conducta, consecuencia de las condiciones de vida que han tenido en sus países de origen. Esta minoría, si no es atendida adecuadamente, puede provocar una serie de problemas, como los que recientemente han venido apareciendo en los medios.
Reconocemos que no es un problema fácil de solucionar, en absoluto, y es necesario redoblar esfuerzos para conseguirlo. Es cierto que si cometen infracciones y el juez los condena por las mismas, tendrán que cumplir con las medidas que se les apliquen, como el resto de la ciudadanía, pero también es cierto que habría que profundizar en las causas y en las soluciones para evitar que sean recurrentes.
n ese sentido, desde luego, lo que no nos parece lógico es que haya centros especiales para estos menores que no disponen de un programa específico ni ningún proyecto educativo concreto para esos casos, de manera que los citados menores pasan horas y horas en la calle sin nada mejor que hacer.
En nuestra opinión, este pequeño grupo requiere de una atención muy especializada, que aborde sus problemáticas concretas. Para ello, es imprescindible contar con profesionales bien preparados y con unas buenas condiciones laborales, a fin de que se conviertan en verdaderos referentes de estos menores que están totalmente desorientados. Hay que crear un grupo de trabajo con la participación de educadores de los centros de acogida, de los profesionales de los Centros de Iniciación Profesional (CIP) y de técnicos, para que puedan poner en común las problemáticas y así abordar mejor las diferentes situaciones que atraviesan los menores.
También es fundamental garantizar el acceso fácil y diario de estos jóvenes a los CIP, ya que, a día de hoy, a algunos de ellos les resulta imposible, teniendo en cuenta que los centros de acogida están muy lejos de los Centros de Iniciación Profesional. El acceso a la educación y a la preparación constituye la principal garantía para sacar a estos jóvenes de la calle.
Consideramos que como sociedad tenemos una deuda ética y moral con otra parte de la sociedad que no puede acceder a unas condiciones mínimas de vida y, por ello, se ve obligada a dejar su tierra y sus familias.
Además vivimos en una tierra que sabe lo que es la emigración, conoce lo que es tener que enviar a sus hijos e hijas en barcos o trenes hacia otros lugares por miedo a una guerra y a la represión, con la esperanza de un futuro mejor.
Somos conscientes de que la alarma social generada por este reducido número de menores da pie a posiciones intransigentes y xenófobas, pero tenemos la obligación de darnos cuenta de que la inmensa mayoría de ellos sólo buscan realizar un proyecto de vida, algo que también hacemos el resto de la ciudadanía.
EL CORREO
GUIPÚZCOA
La diputada foral Etxaniz ve avances en el problema con los menores extranjeros
Ha insistido en que el 90% de los jóvenes tiene una 'conducta buena'EFE| 30/04/2009 - San Sebastián (EL MUNDO)
La Diputación de Guipúzcoa ha dicho que "confía" en que los posibles problemas que pueden provocar los menores extranjeros no acompañados acogidos en esta provincia "tienen solución" aunque, a su juicio, es necesario modificar la legislación vigente y potenciar la colaboración institucional.
La diputada de Política Social, Maite Etxaniz, y el director de Infancia y Juventud, Joxi Insausti, han ofrecido una rueda de prensa tras la celebración de una reunión interinstitucional en la que han participado representantes de organismos judiciales y policiales, de los gobiernos vascos y central, de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y de la propia institución foral.
Etxaniz ha explicado que con este encuentro se pone fin a un primer ciclo de reuniones que la Diputación ha mantenido con el Defensor del Menor, el Ararteko, Eudel y los 16 municipios del territorio que cuentan con recursos de acogida para menores inmigrantes no acompañados.
La diputada de Política Social ha recalcado que actualmente hay acogidos en Guipúzcoa 180 menores extranjeros no acompañados, de los cuales el 90% responde a los recursos que la Diputación pone a su disposición y sólo el 10% restante presenta problemas de conducta.
Ha insistido en que el 90% tiene una "conducta buena", en algunos casos "ejemplar", y muestra voluntad de insertarse en el territorio, aunque hay que tener en cuenta que no dejan de ser adolescentes.
En cuanto al 10% de los chicos que presentan conductas conflictivas, Etxaniz ha dicho que la Diputación Foral se encuentra en ocasiones "sin herramientas para ejercer una buena tutela".
Ha reclamado, en este sentido, un cambio en la legislación vigente, que se establezcan cupos por territorios en toda España ya que, según ha comentado, Euskadi es la segunda o tercera comunidad autónoma en cuanto a acogimiento de estos menores por detrás de Canarias y en empate con Ceuta lo que, según su posición geográfica, resulta "un poco difícil de explicar".
Etxaniz ha recordado que en 2008 se pusieron en marcha en esta provincia siete centros para estos menores a los que hay que sumar los tres habilitados en 2009, que serán más al final del ejercicio.
Joxi Insausti, por su parte, ha señalado que desde que se implantó el programa especializado de atención a estos menores en el centro de Deba se han logrado ya algunos avances ya que al menos 9 de los 13 residentes ya han "hecho su propia reflexión" y son conscientes de que su trayectoria no era la correcta.
"Confiamos en que las cosas pueden ir mejorando", ha comentado Etxaniz, quien ha recordado también a todos los ciudadanos que han sido víctimas de robos, agresiones o intimidaciones por parte de una minoría de estos menores, que acumulan ya una treintena de detenciones en los últimos meses por distintos delitos.
EL MUNDO
