El chaval propinó un puñetazo en la cara a su compañera y le rompió la nariz
La sentencia considera a la Junta de Andalucía, titular del instituto en el que ocurrió el suceso, responsable civil y también castiga a los dos adolescentes
CARLOS MORÁN, 26.05.09 -GRANADA (IDEAL)
Cuando se produce un episodio de violencia escolar, no hay nadie absolutamente inocente. Esa es la filosofía que parece haber inspirado una sentencia que condena a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a indemnizar a una estudiante que fue agredida por otro alumno en un aula de un instituto de la provincia. No es una cantidad desorbitada, no llega a 600 euros, pero es lo de menos en este caso. Lo llamativo es que la resolución judicial estima que Educación, como titular del centro en el que ocurrió el incidente, también tiene su cuota de 'culpa'.
La decisión del magistrado se basa en un precepto legal que establece lo siguiente: «... En la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta» y, «cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados su padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho...»
Lo dicho, que no se libra nadie.
Bola ardiendo
Ni siquiera la víctima, que fue condenada por la comisión de una falta de amenazas e injurias. En este sentido, deberá realizar una «tarea socio educativa consistente en apoyo escolar» para que mejore su rendimiento intelectual.
El agresor, por su parte, fue considerado autor de sendas faltas de daños y lesiones. La pena fue la misma que se le impuso a la joven, pero con una duración más elevada. No fue necesario que se celebrase la vista oral del juicio: los dos chavales reconocieron los hechos y se conformaron con la medida.
El incidente que ahora ha zanjado la justicia ocurrió el año pasado en un instituto de Secundaria de una localidad del Área Metropolitana de la capital. Los dos menores estaban en la misma clase, cuando el chico arrojó una bola ardiendo a la chaqueta de su compañera. La prenda resultó chamuscada y la chica se encaró con el muchacho. La disputa se agravó y el chaval propinó un puñetazo en la cara a la adolescente, que sufrió la fractura de los huesos de la nariz. El perjuicio económico derivado de esa lamentable cadena de acontecimientos ascendió a 713 euros: 18,95 por las quemaduras de la chaqueta, 550 por las lesiones de la joven y otros 144 por la asistencia médica que prestó el Servicio Andaluz de Salud a la herida. Y ahí es donde entra la Consejería de Educación, como responsable civil solidaria.
Precedentes
La sentencia no es única, pero sí poco usual. No hay demasiados precedentes en España.
En Granada, en 2006, un colegio privado fue condenado a resarcir con 12.360 euros a un alumno que fue golpeado por otro en el interior del establecimiento docente -en realidad, fue durante una clase y en presencia del profesor-.
El juez entendió entonces -como ha ocurrido ahora- que el centro educativo tenía responsabilidad ya que la ley le otorga el estatuto de custodio de los estudiantes. En aquella ocasión, la indemnización fue tan elevada porque el adolescente lesionado sufrió una perforación del tímpano como consecuencia de la agresión, lo que le dejó secuelas.
Estas resoluciones judiciales son excepcionales porque, normalmente, los tribunales consideran que este tipo de escaramuzas tienen un carácter fortuito, no son previsibles y, por tanto, no se pueden exigir responsabilidades al colegio -o a la administración pública que tiene la titularidad de dicho centro-.
IDEAL
La sentencia considera a la Junta de Andalucía, titular del instituto en el que ocurrió el suceso, responsable civil y también castiga a los dos adolescentes
CARLOS MORÁN, 26.05.09 -GRANADA (IDEAL)
Cuando se produce un episodio de violencia escolar, no hay nadie absolutamente inocente. Esa es la filosofía que parece haber inspirado una sentencia que condena a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a indemnizar a una estudiante que fue agredida por otro alumno en un aula de un instituto de la provincia. No es una cantidad desorbitada, no llega a 600 euros, pero es lo de menos en este caso. Lo llamativo es que la resolución judicial estima que Educación, como titular del centro en el que ocurrió el incidente, también tiene su cuota de 'culpa'.
La decisión del magistrado se basa en un precepto legal que establece lo siguiente: «... En la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta» y, «cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados su padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho...»
Lo dicho, que no se libra nadie.
Bola ardiendo
Ni siquiera la víctima, que fue condenada por la comisión de una falta de amenazas e injurias. En este sentido, deberá realizar una «tarea socio educativa consistente en apoyo escolar» para que mejore su rendimiento intelectual. El agresor, por su parte, fue considerado autor de sendas faltas de daños y lesiones. La pena fue la misma que se le impuso a la joven, pero con una duración más elevada. No fue necesario que se celebrase la vista oral del juicio: los dos chavales reconocieron los hechos y se conformaron con la medida.
El incidente que ahora ha zanjado la justicia ocurrió el año pasado en un instituto de Secundaria de una localidad del Área Metropolitana de la capital. Los dos menores estaban en la misma clase, cuando el chico arrojó una bola ardiendo a la chaqueta de su compañera. La prenda resultó chamuscada y la chica se encaró con el muchacho. La disputa se agravó y el chaval propinó un puñetazo en la cara a la adolescente, que sufrió la fractura de los huesos de la nariz. El perjuicio económico derivado de esa lamentable cadena de acontecimientos ascendió a 713 euros: 18,95 por las quemaduras de la chaqueta, 550 por las lesiones de la joven y otros 144 por la asistencia médica que prestó el Servicio Andaluz de Salud a la herida. Y ahí es donde entra la Consejería de Educación, como responsable civil solidaria.
Precedentes
La sentencia no es única, pero sí poco usual. No hay demasiados precedentes en España. En Granada, en 2006, un colegio privado fue condenado a resarcir con 12.360 euros a un alumno que fue golpeado por otro en el interior del establecimiento docente -en realidad, fue durante una clase y en presencia del profesor-.
El juez entendió entonces -como ha ocurrido ahora- que el centro educativo tenía responsabilidad ya que la ley le otorga el estatuto de custodio de los estudiantes. En aquella ocasión, la indemnización fue tan elevada porque el adolescente lesionado sufrió una perforación del tímpano como consecuencia de la agresión, lo que le dejó secuelas.
Estas resoluciones judiciales son excepcionales porque, normalmente, los tribunales consideran que este tipo de escaramuzas tienen un carácter fortuito, no son previsibles y, por tanto, no se pueden exigir responsabilidades al colegio -o a la administración pública que tiene la titularidad de dicho centro-.
IDEAL
