El asesinato de una abogada embarazada reabre el debate de los beneficios judiciales a menores en Colombia
El asesinato a balazos de una abogada, embarazada de ocho meses, a manos de dos sicarios de 14 y 19 años, el miércoles en Medellín, ha reabierto el debate sobre los beneficios judiciales de los que gozan los menores de edad en Colombia y su utilización por parte de organizaciones del narcotráfico para realizar sus crímenes.
La polémica no es nueva, pero ha revivido tras el asesinato el miércoles de Julieth Patricia Mejía, de 28 años, embarazada. Los dos sicarios que dispararon a sangre fría, a plena luz del día, tenían 19 y 14 años. El bebé sobrevivió. Los médicos pudieron salvarle y permanece en una incubadora. Los dos asesinos fueron capturados tras salir tranquilamente del despacho donde acababan de cometer el salvaje crimen. El primero, para evadir la justicia, aseguró tener 16 años; el segundo, 11. Tras las primeras investigaciones, la policía lo desmintió. El mayor, de 19 años, responderá ante la justicia ordinaria; el de 14 años, según la Ley de Infancia implantada hace tres años, irá a una institución especial de reeducación. A esta edad se inicia la responsabilidad penal pero no hay castigo de cárcel.
En Cali, la tercera ciudad colombiana más importante, en 2008, en uno de cada cinco homicidios ha participado un menor de 18 años. Este año, en Bogotá, 19 jóvenes han sido detenidos por crímenes. Elvira Forero, directora del ICBF aseguró que detrás de un 17% de los delitos que se comenten en el país hay un menor de edad.
Dos menores implicados en otro asesinato en Medellín
Sólo 48 horas después de que una abogada fuera asesinada en su propio despacho con la participación de un menor de edad, otro caso en el que dos jovencitos de 15 años apuñalaron a un hombre hasta su muerte en pleno centro de la ciudad, tiene conmocionadas a las autoridades y a la ciudadanía. Y aunque los dos muchachos ya fueron capturados, ayer el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez aseguró que parte del problema se debe a que los programas de rehabilitación y socialización que el ICBF realiza con niños y jóvenes no están funcionando.
El asesinato a balazos de una abogada, embarazada de ocho meses, a manos de dos sicarios de 14 y 19 años, el miércoles en Medellín, ha reabierto el debate sobre los beneficios judiciales de los que gozan los menores de edad en Colombia y su utilización por parte de organizaciones del narcotráfico para realizar sus crímenes.
La polémica no es nueva, pero ha revivido tras el asesinato el miércoles de Julieth Patricia Mejía, de 28 años, embarazada. Los dos sicarios que dispararon a sangre fría, a plena luz del día, tenían 19 y 14 años. El bebé sobrevivió. Los médicos pudieron salvarle y permanece en una incubadora. Los dos asesinos fueron capturados tras salir tranquilamente del despacho donde acababan de cometer el salvaje crimen. El primero, para evadir la justicia, aseguró tener 16 años; el segundo, 11. Tras las primeras investigaciones, la policía lo desmintió. El mayor, de 19 años, responderá ante la justicia ordinaria; el de 14 años, según la Ley de Infancia implantada hace tres años, irá a una institución especial de reeducación. A esta edad se inicia la responsabilidad penal pero no hay castigo de cárcel.En Cali, la tercera ciudad colombiana más importante, en 2008, en uno de cada cinco homicidios ha participado un menor de 18 años. Este año, en Bogotá, 19 jóvenes han sido detenidos por crímenes. Elvira Forero, directora del ICBF aseguró que detrás de un 17% de los delitos que se comenten en el país hay un menor de edad.
Dos menores implicados en otro asesinato en Medellín
Sólo 48 horas después de que una abogada fuera asesinada en su propio despacho con la participación de un menor de edad, otro caso en el que dos jovencitos de 15 años apuñalaron a un hombre hasta su muerte en pleno centro de la ciudad, tiene conmocionadas a las autoridades y a la ciudadanía. Y aunque los dos muchachos ya fueron capturados, ayer el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez aseguró que parte del problema se debe a que los programas de rehabilitación y socialización que el ICBF realiza con niños y jóvenes no están funcionando.
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