EDITORIAL· VANGUARDIA mx · México, 13-Junio-2009
Desde Tapachula hasta Tijuana fueron documentados escenarios urbanos o rurales donde la explotación de menores ha sido plenamente normalizada. Miles de niños migrantes, jornaleros, vendedores, pepenadores o mil usos, obligados a abandonar la escuela, padecen formas de esclavitud disfrazadas con eufemismos como “canguritos”, “zorras”, “boleritos”, “canasteros” o “cerillitos”. Atrapados en la mendicidad a lo largo del país, viven expuestos a la violencia, abandono, enfermedad, accidentes, drogadicción y abuso de los adultos, entre los que algunas veces se ven envueltos sus propios parientes. En el mejor de los casos, los gobiernos están ausentes.
En Tapachula, varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden los cruceros, a 30 kilómetros de la frontera sur. En jornadas de más de 10 horas la hacen de limpiaparabrisas, malabaristas, boleros, vendedores o mendigos. Muchos consumen solventes. No hay un censo, justifican representantes de la Casa de Atención a Menores y Adolescentes en Situación de y en la Calle (CAMASC, organismo municipal), porque en el caso de los guatemaltecos, son una población flotante.
Estos últimos están aquí, denuncia CAMASC, porque fueron enganchados en sus comunidades fronterizas con México por explotadores, entre los que se cuentan parientes. Estas redes están identificadas por las autoridades federales. En febrero pasado, el consulado general de Guatemala denunció ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que 19 niños indígenas eran explotados por Calixto Celestino, quien además los insultaba y los golpeaba.
Durante el cateo a una vivienda en el centro, agentes federales y municipales encontraron a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”— , de lunes a domingo, de ocho de la mañana a diez de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas.
Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona. Portavoces de CAMASC explicaron que los niños y adolescentes que trabajan en las calles no pueden ser trasladados por la fuerza a un albergue, pues se violarían sus derechos.
En Guerrero, asediados por la pobreza extrema, miles y miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), unos 202 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar, y de ellos, 58 mil desertaron de la escuela.
Un funcionario del Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, precisa que en lo que va de 2009, más de 5 mil niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos por una jornada de 12 horas. Muchos otros son llevados a Acapulco, Iguala o Chilpancingo, para vender dulces, frutas, paletas o fritangas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Las consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación. En la Montaña, municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.
Francisco Robello, de 14 años y gesto triste, forma parte de esa multitud de menores explotados. Originario de Cacahuaxtla, cursó hasta quinto de primaria, pero apenas sabe leer y escribir “porque mi papá no tiene trabajo y somos pobres”. Su padre emigró con la familia a Chilpancingo, donde sigue desempleado. Por la desnutrición, Francisco parece más joven de lo que es. Con la venta de granadillas obtiene 100 pesos diarios, dice, de los cuales la mitad son utilidades, con las que “comemos tortilla con chile, frijoles, arroz”. En la temporada de lluvias planea volver a su pueblo para ayudar en la parcela familiar.
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Desde Tapachula hasta Tijuana fueron documentados escenarios urbanos o rurales donde la explotación de menores ha sido plenamente normalizada. Miles de niños migrantes, jornaleros, vendedores, pepenadores o mil usos, obligados a abandonar la escuela, padecen formas de esclavitud disfrazadas con eufemismos como “canguritos”, “zorras”, “boleritos”, “canasteros” o “cerillitos”. Atrapados en la mendicidad a lo largo del país, viven expuestos a la violencia, abandono, enfermedad, accidentes, drogadicción y abuso de los adultos, entre los que algunas veces se ven envueltos sus propios parientes. En el mejor de los casos, los gobiernos están ausentes.En Tapachula, varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden los cruceros, a 30 kilómetros de la frontera sur. En jornadas de más de 10 horas la hacen de limpiaparabrisas, malabaristas, boleros, vendedores o mendigos. Muchos consumen solventes. No hay un censo, justifican representantes de la Casa de Atención a Menores y Adolescentes en Situación de y en la Calle (CAMASC, organismo municipal), porque en el caso de los guatemaltecos, son una población flotante.
Estos últimos están aquí, denuncia CAMASC, porque fueron enganchados en sus comunidades fronterizas con México por explotadores, entre los que se cuentan parientes. Estas redes están identificadas por las autoridades federales. En febrero pasado, el consulado general de Guatemala denunció ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que 19 niños indígenas eran explotados por Calixto Celestino, quien además los insultaba y los golpeaba.
Durante el cateo a una vivienda en el centro, agentes federales y municipales encontraron a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”— , de lunes a domingo, de ocho de la mañana a diez de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas.
Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona. Portavoces de CAMASC explicaron que los niños y adolescentes que trabajan en las calles no pueden ser trasladados por la fuerza a un albergue, pues se violarían sus derechos.
En Guerrero, asediados por la pobreza extrema, miles y miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), unos 202 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar, y de ellos, 58 mil desertaron de la escuela.
Un funcionario del Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, precisa que en lo que va de 2009, más de 5 mil niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos por una jornada de 12 horas. Muchos otros son llevados a Acapulco, Iguala o Chilpancingo, para vender dulces, frutas, paletas o fritangas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Las consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación. En la Montaña, municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.
Francisco Robello, de 14 años y gesto triste, forma parte de esa multitud de menores explotados. Originario de Cacahuaxtla, cursó hasta quinto de primaria, pero apenas sabe leer y escribir “porque mi papá no tiene trabajo y somos pobres”. Su padre emigró con la familia a Chilpancingo, donde sigue desempleado. Por la desnutrición, Francisco parece más joven de lo que es. Con la venta de granadillas obtiene 100 pesos diarios, dice, de los cuales la mitad son utilidades, con las que “comemos tortilla con chile, frijoles, arroz”. En la temporada de lluvias planea volver a su pueblo para ayudar en la parcela familiar.
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