CLAUSURA Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores en Valencia
Los jueces reclaman filtros en internet para evitar el acceso indebido de menores
Tildan de «fracaso» rebajar la edad penal y denuncian que la protección de adolescentes en España «no funciona» • Proponen que empresas de internet sean responsables de los delitos de menores
— Fiscalía y Fuerzas de Seguridad intensifican el control de extranjeros que fingen ser niños
A. CHECA | VALENCIA (LAS PROVINCIAS)
Controlar los peligros de internet para los más jóvenes, difundir entre los escolares las consecuencias penales de cometer un delito y lamentar lo poco que hace la Administración por evitar que un niño simplemente conflictivo acabe convertido en un delincuente y sea carne de cañón del sistema penal. Tres días después de iniciarse en Valencia las jornadas nacionales sobre jueces de menores, los togados alcanzaron ayer conclusiones de este cariz, muchas de ellas con una importante carga de crítica.
Porque no se puede catalogar de otra forma frases como la que sigue: «La protección de menores en España no funciona». Los jueces lamentan así que se vean «obligados» a judicializar asuntos que deberían ser resueltos por la familia, los educadores o los servicios sociales. Y la solución de rebajar a 12 años la edad penal no parece convencer a los togados. «Sería reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español», sostienen en las conclusiones expuestas en la Ciudad de la Justicia por Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Evitar el lado pernicioso de la red es otro objetivo colocado en el horizonte. Los jueces de menores buscan acabar con los «espacios de impunidad» en internet. Empresas que ponen sus webs al servicio de todo el que quiera colgar un video y que luego se lavan las manos al asumir culpas. «Hay que regular oportunamente las responsabilidades civiles derivadas», proclamaron los jueces.
Pero no sólo siguen aumentando los delitos cometidos por menores en internet -o sobre estos a través de la red-, como confesaron con «preocupación» los propios magistrados en las jornadas. El permanente auge de las agresiones cometidas por adolescentes en el ámbito familiar es otro motivo de alarma entre los juristas.
Trabajar entre pupitres
Dos de las conclusiones van dirigidas a tratar de paliar este problema. Trabajar, en primer lugar, entre pupitres. «Que los menores, en el ámbito educativo, tengan pleno conocimiento de la justicia penal juvenil». Trasladar a los más jóvenes que cometer un delito no sale gratis. Y, al mismo tiempo, afrontar el conflicto en la intimidad de los hogares. Poner en marcha campañas divulgativas sobre «normas y pautas educativas» a tener en cuenta por los progenitores para intentar evitar la aparición de esos malos tratos.
Los jueces reunidos en Valencia también alcanzaron dos conclusiones encaminadas a lograr una mejor lucha judicial contra los delincuencia juvenil. Instar a «Fiscalía y Administraciones» para que pongan en marcha el expediente único en esta jurisdicción, es decir, unificar la investigación de las diferentes infracciones que afecten a un sólo menor. Y, en un sentido similar, recomendar a los Colegios de Abogados que se designe siempre el mismo letrado para un menor, para lograr así una «asistencia especializada».
Como ayer publicó LAS PROVINCIAS, una nueva oleada de extranjeros que se hacen pasar por menores es una de las últimas preocupaciones parea la Fiscalía de Valencia. Desde el ministerio público confirmaron ayer que «todos los implicados en esta lucha» (Fuerzas de Seguridad, Administración y Fiscalía) han «intensificado» los controles para detectarlos. Radiografías de los huesos, de las piezas dentales y una mayor coordinación con los países africanos de origen son las principales armas.
LP
La protección de menores no funciona en España
Los magistrados recomiendan a los poderes públicos que realicen estudios rigurosos y fiables sobre cuántos menores pasan de protección a reforma, para prevenir que todos ellos se conviertan en delincuentes. Dos cosas, pues, coinciden: la dificultad de detectar y actuar sobre los menores que tienen comportamientos difíciles o algún tipo de trastorno, y ejecutar una protección eficaz que evite que ese mismo comportamiento lleve a los menores a la infracción penal.
A pesar de reconocer que cada año la conflictividad entre menores y con menores es mayor, los jueces rechazan la rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 años. Sería, aseguran en las conclusiones, "reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español".
La prevención es la reclamación más reiterada. Los jueces consideran que es la clave para superar situaciones que están dificultando seriamente la elaboración de diagnósticos acertados y el diseño de políticas adecuadas. Los jueces, tal como señaló Bravo, piden que se favorezcan la mediación y la conciliación como propuestas de futuro para superar conflictos, especialmente los de maltrato familiar, y evitar una penalización mayor al menor.
Hay problemas con la ejecución de las sentencias, de las medidas que se imponen a menores infractores. Y los jueces de menores reunidos en Valencia, tal como trasladó ayer Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, quieren una "mayor implicación de las entidades públicas". Más aún, reclaman "celeridad en el proceso con la finalidad de que el menor reciba respuesta inmediata a su conducta infractora".
Los jueces reunidos en Valencia han repasado durante tres días las distintas áreas de conflicto en las que se ven habitualmente implicados menores. Internet ha sido objeto de uno de los debates más intensos. Los magistrados consideran urgente que se acabe con la "impunidad en caso de los delitos cometidos por menores utilizando como medio la Red". Y, además, "la regulación de las responsabilidades civiles derivadas". Una de las recomendaciones es la de "establecer la obligación de constituir una representación legal de los operadores de Internet en el territorio español". Al mismo tiempo, sugieren la conveniencia de "establecer mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red", a través de filtros que garanticen "la autenticidad de los datos que se introducen en la página web".
La violencia en la escuela ha sido otro de los problemas sobre los que han reflexionado los magistrados. Entienden, tal como consta en las conclusiones, que "es responsabilidad de los poderes públicos incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y en valores". Consideran importante que los menores sepan de la legislación penal que les atañe para prevenir "actitudes violentas y fomentar conductas prosociales". Afirman los magistrados que es determinante "la adopción de políticas preventivas en materia de acoso escolar para evitar que el Estado social se convierta en Estado policial, apostando por políticas públicas con componentes fundamentalmente preventivos, debiendo ser la respuesta punitiva siembre subsidiaria".
Los técnicos creen que es también urgente que haya un único expediente sobre un menor, un único abogado, una unificación en los procesos que permita conocer todo aquello en lo que el menor es protagonista. Y lo es también que la Administración penitenciaria se dote de los medios para que los jóvenes sometidos a medidas de larga duración las cumplan con la finalidad reeducativa que indica la Ley del Menor.
Por último, los magistrados piden una adecuada cobertura de la salud mental de menores y jóvenes, así como la coordinación entre Sanidad y Justicia para afrontar situaciones dramáticas que hoy no tienen respuesta.
PA
Jueces piden "medios adecuados" para ejecutar medidas terapéuticas a menores
Valencia, 17 jun (EFE /EL CONFIDENCIAL).- Medio centenar de jueces y expertos en legislación de menores han pedido hoy a las administraciones autonómicas que doten a esta jurisdicción de los medios adecuados para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores de edad que cometen actos delictivos.
Esta es una de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores, celebradas en Valencia y en las que, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados y técnicos han debatido los diferentes delitos cometidos por este grupo de la población.
El seminario, que ha abordado asuntos como la violencia escolar, los delitos cibernéticos y la violencia cometida por menores en el ámbito familiar, ha sido clausurado hoy en la Ciudad de la Justicia por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien ha destacado las carencias de los centros para menores y ha pedido "más medios" para dotarlos.
"La mayoría de centros de menores no disponen de los recursos necesarios para poder aplicar los tratamientos terapéuticos", se ha quejado.
En ese sentido, ha señalado que en materia de protección, cuando se trata de un menor con problemas de conducta pero que no ha cometido ningún delito, "no se le puede dar respuesta en el ámbito social porque no la hay".
En cuanto a los problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores, los asistentes a las jornadas han concluido que hay que evitar "espacios de impunidad" para la comisión de esos actos delictivos así como regular "oportunamente" las responsabilidades civiles derivadas de éstos.
La responsabilidad civil debería recaer, a su juicio, en las páginas web que "permiten" la comisión de esos delitos -por ejemplo, en las que se "cuelgan" vídeos de agresiones- o, en su defecto, en el Estado.
Como mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red proponen instituir técnicas de filtros que garanticen la autenticidad de los datos que se introducen en la página web, fundamentalmente la edad.
Respecto a la violencia escolar, que ha sufrido un aumento "considerable" en los últimos años, los magistrados han instado a los poderes públicos a incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores como garantía de la educación.
Consideran, además, que es necesario que en el ámbito educativo los menores tengan "pleno conocimiento de la justicia penal juvenil con el fin de prevenir estas actitudes violentas".
Asimismo, han instado a la comunidad educativa y de los organismos competentes a la detección de variables como el fracaso escolar que, en su opinión, inciden de forma significativa en la delincuencia juvenil, "para poder prevenirla".
Respecto a la violencia cometida por los menores en el ámbito familiar, han abogado por el desarrollo de una política de prevención del maltrato de los hijos hacia los padres con campañas divulgativas sobre normas y pautas educativas para prevenir el problema y sus consecuencias.
En sus conclusiones, los magistrados han denunciado que la protección de menores en España "no funciona" y que, por ello, se ven obligados a "judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social".
Han instado también a las instituciones penitenciarias a disponer de los medios necesarios para que en el caso de los jóvenes sometidos a medidas de larga duración "se cumpla siempre la finalidad reeducativa de la Ley del Menor". EFE mac/jc/jmi
EC
VALENCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió hoy de que la mayoría de centros previstos para menores no dispone de recursos "necesarios" para poder aplicar tratamientos terapéuticos, al tiempo que insistió en la falta de recursos administrativos.
Bravo se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de clausurar las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde resumió algunas de la conclusiones sobre problemas de la jurisdicción del menor.
Uno de los "problemas", según dijo, es que la mayor parte de los centros previstos para menores no cuenta con recursos suficientes para aplicar tratamientos terapéuticos; y otro es que, en materia de protección, no se puede dar ninguna respuesta a menores con problemas de conducta que no han cometido ningún delito porque "no hay protección". Por este motivo, instó a la Administración del Estado a que afronte "de forma adecuada" la cuestión de la salud mental infanto-juvenil en España, y la "necesaria" coordinación de los recursos sanitarios y de justicia penal.
En general, indicó que la protección de menores en España "no funciona adecuadamente" por "falta de medios", por lo que los jueces "se ven obligados a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito de la protección, en el ámbito familiar y en el social". Además, considera, como otra de las conclusiones de la jornada, que rebajar la edad penal a 12 años es reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español.
En este punto, señaló que, en cuanto al presente y futuro de la jurisdicción de menores, se acordó, tras las jornadas, fomentar la celeridad en el proceso penal del menor, con la finalidad de que éste reciba una respuesta "inmediata" a su conducta infractora. Junto a ello, abogaron por implicar a las entidades públicas, encargadas de la ejecución de las medidas, para que se doten de los medios materiales y efectivos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias.
También, en materia de ejecución penal de las medidas, previstas en la Ley Penal, afirmó que la falta de recursos administrativos en la ejecución "no puede frustrar los principios fundamentales que inspiran la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor". Así, indicó que desde la Fiscalía de Menores y las distintas administraciones "debe impulsarse el expediente único del menor como único medio para una mayor respuesta jurisdiccional", y recomendó a los Colegios de los Abogados la adopción de protocolos para la designación de un único letrado por menor, que ejerza su defensa en todas las causas.
También instó a las administraciones penitenciarias a que se dote de los medios necesarios para que, en el caso de jóvenes sometidos a medidas de larga duración, se cumpla la final reeducativa de la Ley del Menor; e instó a las administraciones para que doten a esta jurisdicción de los medios "adecuados" para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores, "puesto que en esta materia es uno de los espacios donde más carencias tenemos", dijo.
DELITOS CIBERNÉTICOS
En cuanto a los problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores, se concluyó en las jornadas, según comentó Bravo, "evitar espacios de impunidad en el caso de delitos cometidos por menores en internet, y regular oportunamente las responsabilidades civiles derivadas de éstos".
También, como mecanismo para evitar el uso o acceso indebido de menores a la red, "se deben de instar técnicas de filtros que garanticen la autenticidad de los datos que se introducen en las páginas", señaló.
Respecto a la violencia escolar, se concluyó que es responsabilidad de los poderes públicas incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores como garantía de la educación.
"Es necesario, además, que los menores, en el ámbito educativo, tengan pleno conocimiento de la justicia penal juvenil para prevenir estas actitudes violentas", por lo que instaron a la comunidad educativa y a organismos competentes la detección de variables como el fracaso escolar que inciden de forma significativa en la delincuencia juvenil.
EP
Valencia acoge las Jornadas Nacionales...
Los jueces reclaman filtros en internet para evitar el acceso indebido de menores
Tildan de «fracaso» rebajar la edad penal y denuncian que la protección de adolescentes en España «no funciona» • Proponen que empresas de internet sean responsables de los delitos de menores
— Fiscalía y Fuerzas de Seguridad intensifican el control de extranjeros que fingen ser niños
A. CHECA | VALENCIA (LAS PROVINCIAS)
Controlar los peligros de internet para los más jóvenes, difundir entre los escolares las consecuencias penales de cometer un delito y lamentar lo poco que hace la Administración por evitar que un niño simplemente conflictivo acabe convertido en un delincuente y sea carne de cañón del sistema penal. Tres días después de iniciarse en Valencia las jornadas nacionales sobre jueces de menores, los togados alcanzaron ayer conclusiones de este cariz, muchas de ellas con una importante carga de crítica.
Porque no se puede catalogar de otra forma frases como la que sigue: «La protección de menores en España no funciona». Los jueces lamentan así que se vean «obligados» a judicializar asuntos que deberían ser resueltos por la familia, los educadores o los servicios sociales. Y la solución de rebajar a 12 años la edad penal no parece convencer a los togados. «Sería reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español», sostienen en las conclusiones expuestas en la Ciudad de la Justicia por Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Evitar el lado pernicioso de la red es otro objetivo colocado en el horizonte. Los jueces de menores buscan acabar con los «espacios de impunidad» en internet. Empresas que ponen sus webs al servicio de todo el que quiera colgar un video y que luego se lavan las manos al asumir culpas. «Hay que regular oportunamente las responsabilidades civiles derivadas», proclamaron los jueces.
Pero no sólo siguen aumentando los delitos cometidos por menores en internet -o sobre estos a través de la red-, como confesaron con «preocupación» los propios magistrados en las jornadas. El permanente auge de las agresiones cometidas por adolescentes en el ámbito familiar es otro motivo de alarma entre los juristas.
Trabajar entre pupitres
Dos de las conclusiones van dirigidas a tratar de paliar este problema. Trabajar, en primer lugar, entre pupitres. «Que los menores, en el ámbito educativo, tengan pleno conocimiento de la justicia penal juvenil». Trasladar a los más jóvenes que cometer un delito no sale gratis. Y, al mismo tiempo, afrontar el conflicto en la intimidad de los hogares. Poner en marcha campañas divulgativas sobre «normas y pautas educativas» a tener en cuenta por los progenitores para intentar evitar la aparición de esos malos tratos. Los jueces reunidos en Valencia también alcanzaron dos conclusiones encaminadas a lograr una mejor lucha judicial contra los delincuencia juvenil. Instar a «Fiscalía y Administraciones» para que pongan en marcha el expediente único en esta jurisdicción, es decir, unificar la investigación de las diferentes infracciones que afecten a un sólo menor. Y, en un sentido similar, recomendar a los Colegios de Abogados que se designe siempre el mismo letrado para un menor, para lograr así una «asistencia especializada».
Como ayer publicó LAS PROVINCIAS, una nueva oleada de extranjeros que se hacen pasar por menores es una de las últimas preocupaciones parea la Fiscalía de Valencia. Desde el ministerio público confirmaron ayer que «todos los implicados en esta lucha» (Fuerzas de Seguridad, Administración y Fiscalía) han «intensificado» los controles para detectarlos. Radiografías de los huesos, de las piezas dentales y una mayor coordinación con los países africanos de origen son las principales armas.
LP
La protección de menores no funciona en España
Los jueces rechazan bajar la edad penal porque sería un fracaso del sistema
LYDIA GARRIDO - Valencia - 18/06/2009 (EL PAIS)
"La protección de menores en España no funciona". Es una de las conclusiones que ayer hicieron públicas los jueces de menores que durante tres días han debatido en Valencia sobre el escenario en el que trabajan. Los magistrados aseguran que las deficiencias en el sistema de protección a menores con problemas "obligan a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social". Por eso, Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la clausura de las jornadas medios materiales e implicación real de las administraciones para poder corregir las disfunciones que existen en materia de menores.
Los magistrados recomiendan a los poderes públicos que realicen estudios rigurosos y fiables sobre cuántos menores pasan de protección a reforma, para prevenir que todos ellos se conviertan en delincuentes. Dos cosas, pues, coinciden: la dificultad de detectar y actuar sobre los menores que tienen comportamientos difíciles o algún tipo de trastorno, y ejecutar una protección eficaz que evite que ese mismo comportamiento lleve a los menores a la infracción penal.
A pesar de reconocer que cada año la conflictividad entre menores y con menores es mayor, los jueces rechazan la rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 años. Sería, aseguran en las conclusiones, "reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español".
La prevención es la reclamación más reiterada. Los jueces consideran que es la clave para superar situaciones que están dificultando seriamente la elaboración de diagnósticos acertados y el diseño de políticas adecuadas. Los jueces, tal como señaló Bravo, piden que se favorezcan la mediación y la conciliación como propuestas de futuro para superar conflictos, especialmente los de maltrato familiar, y evitar una penalización mayor al menor.
Hay problemas con la ejecución de las sentencias, de las medidas que se imponen a menores infractores. Y los jueces de menores reunidos en Valencia, tal como trasladó ayer Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, quieren una "mayor implicación de las entidades públicas". Más aún, reclaman "celeridad en el proceso con la finalidad de que el menor reciba respuesta inmediata a su conducta infractora".
Los jueces reunidos en Valencia han repasado durante tres días las distintas áreas de conflicto en las que se ven habitualmente implicados menores. Internet ha sido objeto de uno de los debates más intensos. Los magistrados consideran urgente que se acabe con la "impunidad en caso de los delitos cometidos por menores utilizando como medio la Red". Y, además, "la regulación de las responsabilidades civiles derivadas". Una de las recomendaciones es la de "establecer la obligación de constituir una representación legal de los operadores de Internet en el territorio español". Al mismo tiempo, sugieren la conveniencia de "establecer mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red", a través de filtros que garanticen "la autenticidad de los datos que se introducen en la página web".
La violencia en la escuela ha sido otro de los problemas sobre los que han reflexionado los magistrados. Entienden, tal como consta en las conclusiones, que "es responsabilidad de los poderes públicos incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y en valores". Consideran importante que los menores sepan de la legislación penal que les atañe para prevenir "actitudes violentas y fomentar conductas prosociales". Afirman los magistrados que es determinante "la adopción de políticas preventivas en materia de acoso escolar para evitar que el Estado social se convierta en Estado policial, apostando por políticas públicas con componentes fundamentalmente preventivos, debiendo ser la respuesta punitiva siembre subsidiaria".
Los técnicos creen que es también urgente que haya un único expediente sobre un menor, un único abogado, una unificación en los procesos que permita conocer todo aquello en lo que el menor es protagonista. Y lo es también que la Administración penitenciaria se dote de los medios para que los jóvenes sometidos a medidas de larga duración las cumplan con la finalidad reeducativa que indica la Ley del Menor.
Por último, los magistrados piden una adecuada cobertura de la salud mental de menores y jóvenes, así como la coordinación entre Sanidad y Justicia para afrontar situaciones dramáticas que hoy no tienen respuesta.
PA
Jueces piden "medios adecuados" para ejecutar medidas terapéuticas a menores
Valencia, 17 jun (EFE /EL CONFIDENCIAL).- Medio centenar de jueces y expertos en legislación de menores han pedido hoy a las administraciones autonómicas que doten a esta jurisdicción de los medios adecuados para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores de edad que cometen actos delictivos.
Esta es una de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores, celebradas en Valencia y en las que, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados y técnicos han debatido los diferentes delitos cometidos por este grupo de la población.
El seminario, que ha abordado asuntos como la violencia escolar, los delitos cibernéticos y la violencia cometida por menores en el ámbito familiar, ha sido clausurado hoy en la Ciudad de la Justicia por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien ha destacado las carencias de los centros para menores y ha pedido "más medios" para dotarlos.
"La mayoría de centros de menores no disponen de los recursos necesarios para poder aplicar los tratamientos terapéuticos", se ha quejado.
En ese sentido, ha señalado que en materia de protección, cuando se trata de un menor con problemas de conducta pero que no ha cometido ningún delito, "no se le puede dar respuesta en el ámbito social porque no la hay".
En cuanto a los problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores, los asistentes a las jornadas han concluido que hay que evitar "espacios de impunidad" para la comisión de esos actos delictivos así como regular "oportunamente" las responsabilidades civiles derivadas de éstos.
La responsabilidad civil debería recaer, a su juicio, en las páginas web que "permiten" la comisión de esos delitos -por ejemplo, en las que se "cuelgan" vídeos de agresiones- o, en su defecto, en el Estado.
Como mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red proponen instituir técnicas de filtros que garanticen la autenticidad de los datos que se introducen en la página web, fundamentalmente la edad.
Respecto a la violencia escolar, que ha sufrido un aumento "considerable" en los últimos años, los magistrados han instado a los poderes públicos a incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores como garantía de la educación.
Consideran, además, que es necesario que en el ámbito educativo los menores tengan "pleno conocimiento de la justicia penal juvenil con el fin de prevenir estas actitudes violentas".
Asimismo, han instado a la comunidad educativa y de los organismos competentes a la detección de variables como el fracaso escolar que, en su opinión, inciden de forma significativa en la delincuencia juvenil, "para poder prevenirla".
Respecto a la violencia cometida por los menores en el ámbito familiar, han abogado por el desarrollo de una política de prevención del maltrato de los hijos hacia los padres con campañas divulgativas sobre normas y pautas educativas para prevenir el problema y sus consecuencias.
En sus conclusiones, los magistrados han denunciado que la protección de menores en España "no funciona" y que, por ello, se ven obligados a "judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social".
Han instado también a las instituciones penitenciarias a disponer de los medios necesarios para que en el caso de los jóvenes sometidos a medidas de larga duración "se cumpla siempre la finalidad reeducativa de la Ley del Menor". EFE mac/jc/jmi
EC
Bravo (CGPJ) advierte de que la mayoría de centros para menores no tiene recursos para aplicar tratamientos terapéuticos
VALENCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió hoy de que la mayoría de centros previstos para menores no dispone de recursos "necesarios" para poder aplicar tratamientos terapéuticos, al tiempo que insistió en la falta de recursos administrativos.
Bravo se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de clausurar las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde resumió algunas de la conclusiones sobre problemas de la jurisdicción del menor.
Uno de los "problemas", según dijo, es que la mayor parte de los centros previstos para menores no cuenta con recursos suficientes para aplicar tratamientos terapéuticos; y otro es que, en materia de protección, no se puede dar ninguna respuesta a menores con problemas de conducta que no han cometido ningún delito porque "no hay protección". Por este motivo, instó a la Administración del Estado a que afronte "de forma adecuada" la cuestión de la salud mental infanto-juvenil en España, y la "necesaria" coordinación de los recursos sanitarios y de justicia penal.
En general, indicó que la protección de menores en España "no funciona adecuadamente" por "falta de medios", por lo que los jueces "se ven obligados a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito de la protección, en el ámbito familiar y en el social". Además, considera, como otra de las conclusiones de la jornada, que rebajar la edad penal a 12 años es reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español.
En este punto, señaló que, en cuanto al presente y futuro de la jurisdicción de menores, se acordó, tras las jornadas, fomentar la celeridad en el proceso penal del menor, con la finalidad de que éste reciba una respuesta "inmediata" a su conducta infractora. Junto a ello, abogaron por implicar a las entidades públicas, encargadas de la ejecución de las medidas, para que se doten de los medios materiales y efectivos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias.
También, en materia de ejecución penal de las medidas, previstas en la Ley Penal, afirmó que la falta de recursos administrativos en la ejecución "no puede frustrar los principios fundamentales que inspiran la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor". Así, indicó que desde la Fiscalía de Menores y las distintas administraciones "debe impulsarse el expediente único del menor como único medio para una mayor respuesta jurisdiccional", y recomendó a los Colegios de los Abogados la adopción de protocolos para la designación de un único letrado por menor, que ejerza su defensa en todas las causas.
También instó a las administraciones penitenciarias a que se dote de los medios necesarios para que, en el caso de jóvenes sometidos a medidas de larga duración, se cumpla la final reeducativa de la Ley del Menor; e instó a las administraciones para que doten a esta jurisdicción de los medios "adecuados" para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores, "puesto que en esta materia es uno de los espacios donde más carencias tenemos", dijo.
DELITOS CIBERNÉTICOS
En cuanto a los problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores, se concluyó en las jornadas, según comentó Bravo, "evitar espacios de impunidad en el caso de delitos cometidos por menores en internet, y regular oportunamente las responsabilidades civiles derivadas de éstos".
También, como mecanismo para evitar el uso o acceso indebido de menores a la red, "se deben de instar técnicas de filtros que garanticen la autenticidad de los datos que se introducen en las páginas", señaló.
Respecto a la violencia escolar, se concluyó que es responsabilidad de los poderes públicas incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores como garantía de la educación.
"Es necesario, además, que los menores, en el ámbito educativo, tengan pleno conocimiento de la justicia penal juvenil para prevenir estas actitudes violentas", por lo que instaron a la comunidad educativa y a organismos competentes la detección de variables como el fracaso escolar que inciden de forma significativa en la delincuencia juvenil.
EP
Valencia acoge las Jornadas Nacionales...
