Policías piden que los menores de 13 años sean imputables
El «Rafita», el «asesino de la catana», los imputados en el crimen de Maores, «El Cuco»...
Son menores de edad y la Ley del Menor contempla que la pena máxima para los delincuentes de entre 14 y 16 años sea de cuatro años. Esta semana dos casos más relacionados con menores nos sobrecogían: las violaciones mútilpes a dos niñas de 13 años, en Baena y en Isla Cristina.
— El PP presentará una reforma para «acotar la impunidad» del menor • El Defensor del Pueblo, contrario a la reforma ↓ La educación de los violadores
>¿Crees que se deben endurecer las penas para los menores?
>¿Habría que rebajar la edad penal de 14 a 12 años en delitos más graves?
C. GARRIDO | MADRID, 20-07-09 (ABC)
Violó, atropelló y quemó a una joven deficiente de 22 años en mayo de 2003, pero está en la calle. Su crimen atroz le costó sólo cuatro años de internamiento en un centro de menores y tres años de libertad vigilada. ¿Por qué? Pues por algo tan circuntancial como tener 14 años cuando cometió su delito. El «Rafita» era menor de edad y la Ley del Menor contempla que la pena máxima para los delincuentes de entre 14 y 16 años sea de cuatro años, a pesar de que acabara brutalmente con la vida de Sandra Palo.
No es el único caso. Ahí está el joven conocido como el «asesino de la catana», que acabó con la vida de sus padres y su hermana con el arma que le da el apodo cuando tenía 17 años y cumplió por ello cinco años de internamiento en un centro de menores.
O la sevillana Marta del Castillo que fue presuntamente violada y asesinada por dos jóvenes: su ex novio Miguel Carcaño, mayor de edad, y un joven de 15 años apodado «El Cuco», al que Carcaño acusa de terminar con la vida de la joven. Una última confesión que no sabemos si obedece a la verdad o al hecho de que conoce perfectamente que el menor no pagará con la cárcel por este delito.
Esta semana dos casos más relacionados con menores nos sobrecogían. El primero el de una niña de 13 años en Baena que fue chantajeada y violada en la calle y a plena luz del día por seis menores, uno de ellos deficiente, y por un joven de 22 años. En el segundo caso, una niña de 13 años en Isla Cristina, que además sufre una discapacidad psíquica, a la que siete menores agredieron sexualmente en la playa durante las fiestas del Carmen. En ambos casos, un denominador común: delincuentes muy jóvenes que no cumplirán la pena que correspondería moralmente a un delito tan horrible. Es más, cuatro de los jóvenes implicados -un menor de 13 años y un deficiente mental en el primer caso, y dos menores de 13 años en el segundo- están ya tranquilamente en su casa y ni siquiera tendrán castigo porque, según la actual ley, son «inimputables».
La Ley del Menor ha sido siempre causa de controversia y debate en nuestra sociedad. Actualmente, tras la última reforma de la ley en 2006, la medida de internamiento en régimen cerrado puede alcanzar una duración máxima de 10 años para los delincuentes de 16 y 17 años, y de seis años para los menores de 15 y 14 años. Para muchos demasiado laxa y para otros suficiente para conseguir que los menores se reinserten, aunque los hechos demuestren en ocasiones lo contrario. Es el caso del «Rafita», que, además de vivir cómodamente del Estado, ha sido detenido recientemente por el robo de una casa en Benalmádena.
El Defensor del Pueblo y el Menor de Andalucía ha pedido «una reflexión» al poder judicial y político para que los menores que por ley son inimputables reciban algún castigo. En esta línea, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que llevará al Congreso una reforma de la Ley del Menor porque, a su juicio, la actual «protege a los menores delincuentes».
De la misma opinión es el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que considera urgente que los menores de 14 años puedan ser imputables además de un endurecimiento de los castigos para los delincuentes de entre 14 y 18 años, porque «hay muchos jóvenes que se están aprovechando de esta circunstancia y son auténticos delincuentes».
López ha indicado que su sindicato sostiene que hay que modificar la Ley del Menor para "aproximarla al concepto de penalidad de los adultos". Al mismo tiempo, se ha referido al hecho de que la nueva ley del aborto permita a adolescentes de 16 años interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres, mientras que con esa edad no se es responsable penalmente.
ABC
Básicamente Virgilio Zapatero viene a coincidir con las palabras pronunciadas por Rajoy en Málaga el pasado miércoles en el transcurso de un foro de ABC. El líder de la oposición reiteró que la pérdida de valores en la escuela está en la raíz del fracaso social e insistió en la necesidad de alcanzar un gran pacto educativo para abordar los males generados por la Logse y demás engendros. En esta misma línea, salvando las distancias logsianas, se ha pronunciado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que en su discurso de investidura sostuvo que la reforma de la educación era su prioridad.
Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. La clara consciencia de que es necesario alcanzar un gran pacto de estado para reformar el sistema educativo no es óbice para que por ejemplo en Andalucía, rompeolas de todos los fracasos escolares, se practique una política educativa sectaria e ideologizada que cercena la libertad de los padres de elegir la educación que desean para sus hijos. La nueva consejera de Educación, Mar Moreno, se ha cargado en lo que lleva de mandato los conciertos con los colegios no mixtos por una cuestión ideológica, sin contar con los afectados y haciendo gala de un despotismo que no cuadra con la oferta de consenso del presidente. Porque para alcanzar un gran pacto educativo lo primero es tener muy clara la diferencia entre educar y adoctrinar, que es lo que algunos pretenden.
ABC
La agresión a dos niñas reabre el debate sobre la imposibilidad de imputar a menores de 14 - El PP propone una reforma urgente de la ley - Los expertos prefieren un debate sereno a actuar en caliente
100 condenas al año
ENCUESTA >¿Habría que rebajar la edad penal de 14 a 12 años en delitos más graves? 437+... Resultados
PERE RÍOS 21/07/2009 MADRID (EL PAIS)
La violación múltiple de dos niñas ocurridas recientemente en Córdoba y Huelva en la que participaron varios menores de 14 años ha reavivado el debate sobre la necesidad de modificar la ley del menor, para que se les pueda imputar penalmente por debajo de esa edad, en contra de lo que ocurre ahora.
La mayoría de los expertos sostienen que sería un error rebajar la edad penal del menor por esos dos sucesos, por graves que resulten, y precisan que cualquier modificación ha de realizarse de manera serena y no en caliente. Algunos sostienen que la ley está bien y que la reflexión que han de producir estos casos es qué jóvenes estamos criando. Otros consideran que la ley debería distinguir los supuestos graves de los que no lo son y que un menor de 14 años debería cumplir algún tipo de castigo por delitos graves.
"Populismo punitivo". Así define la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán, la reacción que se produce en la clase política y en la sociedad cuando se comete un asesinato violento o un delito sexual, siempre contra una joven, y se desata el debate sobre la necesidad de incrementar el castigo penal para los autores, sean menores o adultos.
El PP se subió ayer a este carro y anunció que tras el verano presentará una proposición de ley en el Congreso para rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años en caso de delitos muy graves. Según la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, "en España hay una ley que protege a los menores que cometen actos delictivos, pero no a las víctimas de esos delitos, muchas de los cuales son menores". El PSOE, de la mano de la secretaria de Organización, Leire Pajín, respondió que estas leyes de tanto calado no deben modificarse a partir de "casos concretos".
"¿Qué quiere esta gente? ¿Sentar en el banquillo a un niño de 13 años, que el fiscal pida una pena para él y que se le condene?", se preguntó García Arán. "Lo grave es que haya niños de 13 años que violen, no que la ley penal no les castigue. Lo que deberíamos preguntarnos es qué estamos haciendo mal como sociedad para que ocurran casos tan espantosos. Hagamos estudios serios con toda clase de profesionales y si llegamos a la convicción que se ha de cambiar la ley, pues cambiémosla, pero no a partir de un caso mediático", explica.
En términos parecidos se expresa el fiscal de menores de Barcelona Juan José Márquez. "No es bueno legislar a golpe de noticia. La ley es mejorable y la edad es discutible, pero el debate se ha de hacer con serenidad y distinguiendo los casos graves de los que no lo son". En este sentido, Márquez planteó el supuesto de un niño de 13 años que roba un CD en unos grandes almacenes. ¿Se debe intervenir penalmente contra él? El fiscal considera que no, pero también asegura que "algo debe hacerse contra el que comete una violación con esa edad". En opinión de Márquez, el castigo es necesario en esos casos, aunque sea por la vía civil o contra la familia. "Cuando esos niños sean adultos no comprenderán que no les haya ocurrido nada por hechos tan graves", aseguró.
Frente a esa opinión, Mercedes García Arán recordó que la ley del menor permite la intervención asistencial y educativa para los delincuentes por debajo de 14 años. "Otra cosa es cómo funciona ese mecanismo y de qué medios se dispone", dijo.En el mismo sentido se mostró el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, quien recordó que el artículo 3 de la ley del menor permite al fiscal solicitar el internamiento del menor en un centro educativo en casos de delitos graves.
Por su parte, el juez de menores de menores de Barcelona Ramón Mariñosa se mostró partidario de rebajar la edad penal a los 12 años en supuestos de delitos muy graves, como violación, homicidio y asesinato, o ante la existencia de una reiteración delictiva, como sucede con las bandas de menores que cometen robos con fuerza e intimidación con el apoyo de sus familias. "La Fiscalía General del Estado ya lo propuso hace unos meses pero no se le hizo caso", recordó Mariñosa.
Otro juez, Ramón Sáez, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se mostró muy contundente en contra de la reforma. "Castigar a los menores de 14 años es superar los límites de la civilización, porque cualquier persona razonable sabe que lo que necesitan esos chavales es educación y no castigo", explicó. Sáez recordó que España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de presos por cada 100.000 habitantes (170), frente a los 153 de Reino Unido, donde la legislación penal contra los menores en más dura que aquí, aunque para Sáez, "ese no debe ser ejemplo a seguir". En su opinión, los menores de 14 años que participaron en esas dos violaciones "son el espejo de la sociedad que tenemos, y ese es el problema".
El fiscal Márquez recuerda que si a los 14 años se puede contraer matrimonio y si a los 12 los jueces de familia escuchan a los hijos en los procesos de separación, "no es descabellado plantear que algún castigo debe haber si se comete una violación con tan corta edad". Es lo que se llama capacidad de obrar y que no siempre provoca la unanimidad de los juristas. "Lo que está mal es que los partidos políticos intenten sacar rédito de esa situación", explicó el fiscal Márquez, aunque recordó que el debate de la edad penal arranca de la antigua Roma y que a lo largo de la historia ha sufrido un sinfín de modificaciones legales en todos los países.
PA
Los menores de 13 años no tienen responsabilidad penal
Esther Mucientes | Madrid, 21 JULK 2009 (EL MUNDO)
Las violaciones cometidas por varios menores en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva) han reabierto de nuevo el siempre polémico debate de la Ley del Menor. La pregunta sobre si los menores de 18 años deben ir a la cárcel ha vuelto a la actualidad.
La Ley ha sufrido hasta 5 modificaciones desde que se aprobara en el año 2000 todas ellas dirigidas a endurecer el castigo a los menores. Sin embargo, para muchos sigue siendo demasiado benévola. En la actualidad, los jóvenes de 14 y 15 años pueden estar internados en un centro de menores un máximo de seis años. Esta cifra se eleva a diez para los de 16 y 17 años y queda en manos de los jueces decidir si el delito cometido es lo suficientemente grave como para trasladar al menor a una cárcel al cumplir la mayoría de edad.
De ahí que tras los casos de Baena e Isla Cristina, la oposición y varias instituciones hayan pedido de nuevo una reforma de la ley. De hecho, este domingo el líder de los 'populares' anunciaba que llevará ante el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley del Menor.
Desde ese año 2000 muchos han sido los casos que han puesto en duda la ley:
-El asesino de la katana: En abril del 2000, José Rabadán, un adolescente de Murcia, mató a sus padres y a su hermana con una katana. El caso generó una gran conmoción además de por el debate que se creó sobre la violencia y los videojuegos, también por la edad del joven, 16 años, y la condena a la que se le sentenció.
El Juzgado de Menores de Murcia, en aplicación de la Ley penal del Menor de 2000, le condenó a la medida reeducativa de 6 años de internamiento en un centro terapéutico por los tres asesinatos, aunque en cumplimiento de la Ley del Menor quedaba reducida a ocho años de internamiento y otros dos de libertad vigilada.
Siete años y nueve meses después, Rabadán salió en libertad después de la que fuera titular del Juzgado de menores de Murcia, Ascensión Martín, decidiera cambiar los últimos meses de internamiento del parricida por la libertad vigilada.
-El caso de Sandra Palo: 'El Malaguita', el único mayor de edad enviado a prisión, 'El Ramón', 'El Ramoncín' y 'El Rafita' violaron, atropellaron y quemaron a la joven de Leganés Sandra Palo, de 22 años.
Con tan sólo 14 años 'El Rafita' lideró un ataque que acabó con la vida de Sandra. Aplicando la Ley del Menor, 'Rafita' fue condenado por el Juzgado de Menores número 5 de Madrid a cuatro años de internamiento en un centro de menores de la Comunidad de Madrid y con 18 años salió del centro para pasar tres bajo el régimen de libertad vigilada.
Junto a 'Rafita', el Juzgado de Menores condenó a J.R.M., conocido como 'El Ramoncín', y a R.F.C., 'El Ramón', a ocho años de internamiento y cinco años de libertad vigilada. Mientras, a Francisco Javier Astorga, 'El Malaguita', se le impuso una pena de 64 años de prisión por participar en el secuestro, violación y asesinato de la joven.
-El crimen de San Fernado: Clara García, de 16 años, siguió engañada a Iria y Raquel, de 16 y 17 años, hasta una zona apartada de la localidad gaditana de San Fernado donde vivían las tres. Sin darle ni una sola oportunidad para defenderse, Iria y Raquel asestaron 32 puñaladas a Clara para por último degollarla.
Durante su declaración ambas aseguraron que no tenían nada en contra de Clara y que sólo lo hicieron "para saber que se sentía al matar a una persona". Iria y Raquel se enfrentaban a una pena de 25 años de prisión y gracias a la nueva Ley del Menor se quedó en ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada, el máximo que se podía aplicar. Ahora ambas disfrutan de la libertad.
-El crimen de Albacete: en mayo de 2001 la policía encontró el cadáver de Francisco Martínez Sarrión ataviado sólo con ropa interior y cubierto de señales que mostraban una gran violencia en su asesinato.
La policía detuvo a seis jóvenes, tres de ellos menores de edad, uno de ellos con tan sólo 13 años que quedó bajo la tutela al estar fuera de la jurisdicción de la Ley del Menor.
-Las violaciones de Baena e Isla Cristina: Son los últimos casos que han puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre las condenas a menores. Cinco menores y un joven, de entre 13 y 21 años, la violaron a plena luz del día en el patio común de unos bloques de viviendas de la localidad cordobesa de Baena a un niña de 13 años.
El único adulto, de 21 años, ha sido enviado a prisión, los menores de 14 y 15 años a un centro de internamiento mientras que los otros dos menores, de 13 años, han sido enviados a casa con sus padres.
Ni siquiera una semana después una niña disminuida psíquica era violada también por siete de menores durante las fiestas de El Carmen en Isla Cristina (Huelva), dos con menos de 14 años.
-El crimen de Ripollet: Sergio, de 15 años, y Luis, de 14, asesinaron en noviembre de 2008 a María Dolores, conocida como Maores, una compañera de clase en Ripollet (Barcelona), después de recogerla en su casa. Ambos fueron condenados a penas de hasta cinco años de internamiento y una multa conjunta de 525.000 euros por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.
EL MUNDO
___
PS
MADRID, 20-08-09 (ABC)
LAS presuntas violaciones de menores por otros menores, ocurridas en Baena e Isla Cristina, abren interrogantes sobre dos facetas de una misma realidad: la actuación frente a los niños y adolescentes que realizan acciones gravemente lesivas, y la protección de las víctimas de estos delitos.
La actuación pública debe ir orientada a prevenir la delincuencia juvenil, para lo cual es necesario que la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia (ONU Directrices Riad 1990). La familia es el elemento central encargado de la integración social primaria del niño, pero también el sistema educativo debe fomentar la tolerancia y el sentido de la responsabilidad, sin olvidar unos medios de comunicación que transmitan la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad y una imagen desfavorable de la violencia. Habría que preguntarse si las políticas del Gobierno actual avanzan en esta dirección.
Cuando un menor comete un delito, la respuesta del Estado debe ser su reeducación, evitando la reincidencia, pero también debe trasladar a los otros jóvenes y al resto de la sociedad que los delitos no quedan impunes. Los hechos de los últimos días y otros similares ocurridos anteriormente demuestran que la legislación actual no cubre estas exigencias, por lo que debería ser revisada, incrementando la intensidad de las consecuencias jurídicas sobre el autor de delitos graves y en los casos de multirreincidencia.
Habría que reflexionar sobre la reducción de la edad mínima de responsabilidad de los catorce a los doce años, estableciendo medidas de reeducación adecuadas a sus circunstancias. También sería necesario aumentar las medidas de internamiento y plantear la posibilidad de cumplimiento en prisión cuando el autor alcance la mayoría de edad en determinadas circunstancias.
La otra cara de la moneda son los menores agredidos. Son víctimas más vulnerables debido a su limitada madurez y desarrollo evolutivo, por lo que tienen una mayor probabilidad de sufrir un intenso impacto emocional. En estos casos los poderes públicos deben realizar un especial esfuerzo para mitigar los efectos negativos del delito, garantizando la prestación de la debida asistencia psicológica, social y jurídica y prestando apoyo a sus familias.
ABC
El «Rafita», el «asesino de la catana», los imputados en el crimen de Maores, «El Cuco»... Son menores de edad y la Ley del Menor contempla que la pena máxima para los delincuentes de entre 14 y 16 años sea de cuatro años. Esta semana dos casos más relacionados con menores nos sobrecogían: las violaciones mútilpes a dos niñas de 13 años, en Baena y en Isla Cristina.
— El PP presentará una reforma para «acotar la impunidad» del menor • El Defensor del Pueblo, contrario a la reforma ↓ La educación de los violadores
>¿Crees que se deben endurecer las penas para los menores? >¿Habría que rebajar la edad penal de 14 a 12 años en delitos más graves?
C. GARRIDO | MADRID, 20-07-09 (ABC)
Violó, atropelló y quemó a una joven deficiente de 22 años en mayo de 2003, pero está en la calle. Su crimen atroz le costó sólo cuatro años de internamiento en un centro de menores y tres años de libertad vigilada. ¿Por qué? Pues por algo tan circuntancial como tener 14 años cuando cometió su delito. El «Rafita» era menor de edad y la Ley del Menor contempla que la pena máxima para los delincuentes de entre 14 y 16 años sea de cuatro años, a pesar de que acabara brutalmente con la vida de Sandra Palo.
No es el único caso. Ahí está el joven conocido como el «asesino de la catana», que acabó con la vida de sus padres y su hermana con el arma que le da el apodo cuando tenía 17 años y cumplió por ello cinco años de internamiento en un centro de menores.
O la sevillana Marta del Castillo que fue presuntamente violada y asesinada por dos jóvenes: su ex novio Miguel Carcaño, mayor de edad, y un joven de 15 años apodado «El Cuco», al que Carcaño acusa de terminar con la vida de la joven. Una última confesión que no sabemos si obedece a la verdad o al hecho de que conoce perfectamente que el menor no pagará con la cárcel por este delito.
Esta semana dos casos más relacionados con menores nos sobrecogían. El primero el de una niña de 13 años en Baena que fue chantajeada y violada en la calle y a plena luz del día por seis menores, uno de ellos deficiente, y por un joven de 22 años. En el segundo caso, una niña de 13 años en Isla Cristina, que además sufre una discapacidad psíquica, a la que siete menores agredieron sexualmente en la playa durante las fiestas del Carmen. En ambos casos, un denominador común: delincuentes muy jóvenes que no cumplirán la pena que correspondería moralmente a un delito tan horrible. Es más, cuatro de los jóvenes implicados -un menor de 13 años y un deficiente mental en el primer caso, y dos menores de 13 años en el segundo- están ya tranquilamente en su casa y ni siquiera tendrán castigo porque, según la actual ley, son «inimputables».
La Ley del Menor ha sido siempre causa de controversia y debate en nuestra sociedad. Actualmente, tras la última reforma de la ley en 2006, la medida de internamiento en régimen cerrado puede alcanzar una duración máxima de 10 años para los delincuentes de 16 y 17 años, y de seis años para los menores de 15 y 14 años. Para muchos demasiado laxa y para otros suficiente para conseguir que los menores se reinserten, aunque los hechos demuestren en ocasiones lo contrario. Es el caso del «Rafita», que, además de vivir cómodamente del Estado, ha sido detenido recientemente por el robo de una casa en Benalmádena.
Menores y violencia de género
Por enésima vez se reabre un debate que la mayoría de las veces queda en agua de borrajas: el de la reforma y endurecimiento de la Ley del Menor. Pero esta vez con un componente añadido: la relación de estos casos con la violencia de género. Una dicotomía para los que quieren castigar duramente la violencia contra las mujeres, por una parte, pero no creen en la responsabilidad penal de los menores. En este sentido, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha reivindicado los criterios de igualdad de la sociedad española y ha advertido que «siempre» son los chicos los que cometen este tipo de delitos.El Defensor del Pueblo y el Menor de Andalucía ha pedido «una reflexión» al poder judicial y político para que los menores que por ley son inimputables reciban algún castigo. En esta línea, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que llevará al Congreso una reforma de la Ley del Menor porque, a su juicio, la actual «protege a los menores delincuentes».
De la misma opinión es el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que considera urgente que los menores de 14 años puedan ser imputables además de un endurecimiento de los castigos para los delincuentes de entre 14 y 18 años, porque «hay muchos jóvenes que se están aprovechando de esta circunstancia y son auténticos delincuentes».
La ley del «todo vale»
La Confederación Española de Policía (CEP) también ha exigido para los menores un tratamiento legal «más riguroso». Ignacio López, secretario general de la CEP, ha señalado, en declaraciones a Servimedia, y en referencia a la Ley del Menor, que «la norma lejos de cumplir las funciones que se le encomiendan, más bien parece que se está estableciendo un escenario de "todo es válido" por el hecho de ser menor».López ha indicado que su sindicato sostiene que hay que modificar la Ley del Menor para "aproximarla al concepto de penalidad de los adultos". Al mismo tiempo, se ha referido al hecho de que la nueva ley del aborto permita a adolescentes de 16 años interrumpir el embarazo sin el consentimiento de los padres, mientras que con esa edad no se es responsable penalmente.
ABC
La educación de los violadores
ÁLVARO YBARRA PACHECO, DIRECTOR DE ABC DE SEVILLASEVILLA, 20 JUL 2009 (ABCsevilla)
La violación múltiple de una menor en Baena por parte de un grupo de jóvenes de su misma edad se ha convertido durante la pasada semana en el paradigma extremo de hasta dónde han llegado las consecuencias del fracaso educativo. Sin reponernos de la impresión, ayer se conocía otro caso similar en Isla Cristina, donde siete menores han sido detenidos tras violar a una niña disminuida psíquica. La sexualidad se ha banalizado hasta el punto de crear «monstruitos» como los de la localidad cordobesa, que violan por turnos y a plena luz del día a una adolescente de trece años mientras graban las imágenes con la más absoluta impunidad. Como escribía el sábado en estas páginas Juan Manuel de Prada, «las sociedades sanas se dedican con esmero a fortalecer los frenos morales que inhiben las conductas criminales». Está claro que en España hemos roto demasiados frenos; tantos que cuando confluyen una serie de circunstancias fatales pueden desencadenarse episodios tan tremendos como el de Baena.
Básicamente Virgilio Zapatero viene a coincidir con las palabras pronunciadas por Rajoy en Málaga el pasado miércoles en el transcurso de un foro de ABC. El líder de la oposición reiteró que la pérdida de valores en la escuela está en la raíz del fracaso social e insistió en la necesidad de alcanzar un gran pacto educativo para abordar los males generados por la Logse y demás engendros. En esta misma línea, salvando las distancias logsianas, se ha pronunciado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que en su discurso de investidura sostuvo que la reforma de la educación era su prioridad.
Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. La clara consciencia de que es necesario alcanzar un gran pacto de estado para reformar el sistema educativo no es óbice para que por ejemplo en Andalucía, rompeolas de todos los fracasos escolares, se practique una política educativa sectaria e ideologizada que cercena la libertad de los padres de elegir la educación que desean para sus hijos. La nueva consejera de Educación, Mar Moreno, se ha cargado en lo que lleva de mandato los conciertos con los colegios no mixtos por una cuestión ideológica, sin contar con los afectados y haciendo gala de un despotismo que no cuadra con la oferta de consenso del presidente. Porque para alcanzar un gran pacto educativo lo primero es tener muy clara la diferencia entre educar y adoctrinar, que es lo que algunos pretenden.
ABC
Violaciones impunes por tener 13 años
“Sólo lloro cuando veo mi noticia por la ‘tele”La agresión a dos niñas reabre el debate sobre la imposibilidad de imputar a menores de 14 - El PP propone una reforma urgente de la ley - Los expertos prefieren un debate sereno a actuar en caliente
100 condenas al año
ENCUESTA >¿Habría que rebajar la edad penal de 14 a 12 años en delitos más graves? 437+... Resultados
PERE RÍOS 21/07/2009 MADRID (EL PAIS)
La violación múltiple de dos niñas ocurridas recientemente en Córdoba y Huelva en la que participaron varios menores de 14 años ha reavivado el debate sobre la necesidad de modificar la ley del menor, para que se les pueda imputar penalmente por debajo de esa edad, en contra de lo que ocurre ahora.
La mayoría de los expertos sostienen que sería un error rebajar la edad penal del menor por esos dos sucesos, por graves que resulten, y precisan que cualquier modificación ha de realizarse de manera serena y no en caliente. Algunos sostienen que la ley está bien y que la reflexión que han de producir estos casos es qué jóvenes estamos criando. Otros consideran que la ley debería distinguir los supuestos graves de los que no lo son y que un menor de 14 años debería cumplir algún tipo de castigo por delitos graves.
"Populismo punitivo". Así define la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán, la reacción que se produce en la clase política y en la sociedad cuando se comete un asesinato violento o un delito sexual, siempre contra una joven, y se desata el debate sobre la necesidad de incrementar el castigo penal para los autores, sean menores o adultos.
El PP se subió ayer a este carro y anunció que tras el verano presentará una proposición de ley en el Congreso para rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años en caso de delitos muy graves. Según la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, "en España hay una ley que protege a los menores que cometen actos delictivos, pero no a las víctimas de esos delitos, muchas de los cuales son menores". El PSOE, de la mano de la secretaria de Organización, Leire Pajín, respondió que estas leyes de tanto calado no deben modificarse a partir de "casos concretos".
"¿Qué quiere esta gente? ¿Sentar en el banquillo a un niño de 13 años, que el fiscal pida una pena para él y que se le condene?", se preguntó García Arán. "Lo grave es que haya niños de 13 años que violen, no que la ley penal no les castigue. Lo que deberíamos preguntarnos es qué estamos haciendo mal como sociedad para que ocurran casos tan espantosos. Hagamos estudios serios con toda clase de profesionales y si llegamos a la convicción que se ha de cambiar la ley, pues cambiémosla, pero no a partir de un caso mediático", explica.
En términos parecidos se expresa el fiscal de menores de Barcelona Juan José Márquez. "No es bueno legislar a golpe de noticia. La ley es mejorable y la edad es discutible, pero el debate se ha de hacer con serenidad y distinguiendo los casos graves de los que no lo son". En este sentido, Márquez planteó el supuesto de un niño de 13 años que roba un CD en unos grandes almacenes. ¿Se debe intervenir penalmente contra él? El fiscal considera que no, pero también asegura que "algo debe hacerse contra el que comete una violación con esa edad". En opinión de Márquez, el castigo es necesario en esos casos, aunque sea por la vía civil o contra la familia. "Cuando esos niños sean adultos no comprenderán que no les haya ocurrido nada por hechos tan graves", aseguró.
Frente a esa opinión, Mercedes García Arán recordó que la ley del menor permite la intervención asistencial y educativa para los delincuentes por debajo de 14 años. "Otra cosa es cómo funciona ese mecanismo y de qué medios se dispone", dijo.En el mismo sentido se mostró el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, quien recordó que el artículo 3 de la ley del menor permite al fiscal solicitar el internamiento del menor en un centro educativo en casos de delitos graves.
Por su parte, el juez de menores de menores de Barcelona Ramón Mariñosa se mostró partidario de rebajar la edad penal a los 12 años en supuestos de delitos muy graves, como violación, homicidio y asesinato, o ante la existencia de una reiteración delictiva, como sucede con las bandas de menores que cometen robos con fuerza e intimidación con el apoyo de sus familias. "La Fiscalía General del Estado ya lo propuso hace unos meses pero no se le hizo caso", recordó Mariñosa.
Otro juez, Ramón Sáez, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se mostró muy contundente en contra de la reforma. "Castigar a los menores de 14 años es superar los límites de la civilización, porque cualquier persona razonable sabe que lo que necesitan esos chavales es educación y no castigo", explicó. Sáez recordó que España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de presos por cada 100.000 habitantes (170), frente a los 153 de Reino Unido, donde la legislación penal contra los menores en más dura que aquí, aunque para Sáez, "ese no debe ser ejemplo a seguir". En su opinión, los menores de 14 años que participaron en esas dos violaciones "son el espejo de la sociedad que tenemos, y ese es el problema".
El fiscal Márquez recuerda que si a los 14 años se puede contraer matrimonio y si a los 12 los jueces de familia escuchan a los hijos en los procesos de separación, "no es descabellado plantear que algún castigo debe haber si se comete una violación con tan corta edad". Es lo que se llama capacidad de obrar y que no siempre provoca la unanimidad de los juristas. "Lo que está mal es que los partidos políticos intenten sacar rédito de esa situación", explicó el fiscal Márquez, aunque recordó que el debate de la edad penal arranca de la antigua Roma y que a lo largo de la historia ha sufrido un sinfín de modificaciones legales en todos los países.
PA
Menores bajo sospecha
Los jóvenes de 14 y 15 años pueden estar internados en un centro de menoresLos menores de 13 años no tienen responsabilidad penal
Esther Mucientes | Madrid, 21 JULK 2009 (EL MUNDO)
Las violaciones cometidas por varios menores en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva) han reabierto de nuevo el siempre polémico debate de la Ley del Menor. La pregunta sobre si los menores de 18 años deben ir a la cárcel ha vuelto a la actualidad.
La Ley ha sufrido hasta 5 modificaciones desde que se aprobara en el año 2000 todas ellas dirigidas a endurecer el castigo a los menores. Sin embargo, para muchos sigue siendo demasiado benévola. En la actualidad, los jóvenes de 14 y 15 años pueden estar internados en un centro de menores un máximo de seis años. Esta cifra se eleva a diez para los de 16 y 17 años y queda en manos de los jueces decidir si el delito cometido es lo suficientemente grave como para trasladar al menor a una cárcel al cumplir la mayoría de edad.
De ahí que tras los casos de Baena e Isla Cristina, la oposición y varias instituciones hayan pedido de nuevo una reforma de la ley. De hecho, este domingo el líder de los 'populares' anunciaba que llevará ante el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley del Menor.
Desde ese año 2000 muchos han sido los casos que han puesto en duda la ley:
-El asesino de la katana: En abril del 2000, José Rabadán, un adolescente de Murcia, mató a sus padres y a su hermana con una katana. El caso generó una gran conmoción además de por el debate que se creó sobre la violencia y los videojuegos, también por la edad del joven, 16 años, y la condena a la que se le sentenció.
El Juzgado de Menores de Murcia, en aplicación de la Ley penal del Menor de 2000, le condenó a la medida reeducativa de 6 años de internamiento en un centro terapéutico por los tres asesinatos, aunque en cumplimiento de la Ley del Menor quedaba reducida a ocho años de internamiento y otros dos de libertad vigilada.
Siete años y nueve meses después, Rabadán salió en libertad después de la que fuera titular del Juzgado de menores de Murcia, Ascensión Martín, decidiera cambiar los últimos meses de internamiento del parricida por la libertad vigilada.
-El caso de Sandra Palo: 'El Malaguita', el único mayor de edad enviado a prisión, 'El Ramón', 'El Ramoncín' y 'El Rafita' violaron, atropellaron y quemaron a la joven de Leganés Sandra Palo, de 22 años.
Con tan sólo 14 años 'El Rafita' lideró un ataque que acabó con la vida de Sandra. Aplicando la Ley del Menor, 'Rafita' fue condenado por el Juzgado de Menores número 5 de Madrid a cuatro años de internamiento en un centro de menores de la Comunidad de Madrid y con 18 años salió del centro para pasar tres bajo el régimen de libertad vigilada.
Junto a 'Rafita', el Juzgado de Menores condenó a J.R.M., conocido como 'El Ramoncín', y a R.F.C., 'El Ramón', a ocho años de internamiento y cinco años de libertad vigilada. Mientras, a Francisco Javier Astorga, 'El Malaguita', se le impuso una pena de 64 años de prisión por participar en el secuestro, violación y asesinato de la joven.
-El crimen de San Fernado: Clara García, de 16 años, siguió engañada a Iria y Raquel, de 16 y 17 años, hasta una zona apartada de la localidad gaditana de San Fernado donde vivían las tres. Sin darle ni una sola oportunidad para defenderse, Iria y Raquel asestaron 32 puñaladas a Clara para por último degollarla.
Durante su declaración ambas aseguraron que no tenían nada en contra de Clara y que sólo lo hicieron "para saber que se sentía al matar a una persona". Iria y Raquel se enfrentaban a una pena de 25 años de prisión y gracias a la nueva Ley del Menor se quedó en ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada, el máximo que se podía aplicar. Ahora ambas disfrutan de la libertad.
-El crimen de Albacete: en mayo de 2001 la policía encontró el cadáver de Francisco Martínez Sarrión ataviado sólo con ropa interior y cubierto de señales que mostraban una gran violencia en su asesinato.
La policía detuvo a seis jóvenes, tres de ellos menores de edad, uno de ellos con tan sólo 13 años que quedó bajo la tutela al estar fuera de la jurisdicción de la Ley del Menor.
-Las violaciones de Baena e Isla Cristina: Son los últimos casos que han puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre las condenas a menores. Cinco menores y un joven, de entre 13 y 21 años, la violaron a plena luz del día en el patio común de unos bloques de viviendas de la localidad cordobesa de Baena a un niña de 13 años.
El único adulto, de 21 años, ha sido enviado a prisión, los menores de 14 y 15 años a un centro de internamiento mientras que los otros dos menores, de 13 años, han sido enviados a casa con sus padres.
Ni siquiera una semana después una niña disminuida psíquica era violada también por siete de menores durante las fiestas de El Carmen en Isla Cristina (Huelva), dos con menos de 14 años.
-El crimen de Ripollet: Sergio, de 15 años, y Luis, de 14, asesinaron en noviembre de 2008 a María Dolores, conocida como Maores, una compañera de clase en Ripollet (Barcelona), después de recogerla en su casa. Ambos fueron condenados a penas de hasta cinco años de internamiento y una multa conjunta de 525.000 euros por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.
EL MUNDO
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PS
Menores agresores y menores agredidos
ANÁLISIS· FERNANDO DE ROSA, Vicepresidente del CGPJMADRID, 20-08-09 (ABC)
LAS presuntas violaciones de menores por otros menores, ocurridas en Baena e Isla Cristina, abren interrogantes sobre dos facetas de una misma realidad: la actuación frente a los niños y adolescentes que realizan acciones gravemente lesivas, y la protección de las víctimas de estos delitos.
La actuación pública debe ir orientada a prevenir la delincuencia juvenil, para lo cual es necesario que la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia (ONU Directrices Riad 1990). La familia es el elemento central encargado de la integración social primaria del niño, pero también el sistema educativo debe fomentar la tolerancia y el sentido de la responsabilidad, sin olvidar unos medios de comunicación que transmitan la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad y una imagen desfavorable de la violencia. Habría que preguntarse si las políticas del Gobierno actual avanzan en esta dirección.
Cuando un menor comete un delito, la respuesta del Estado debe ser su reeducación, evitando la reincidencia, pero también debe trasladar a los otros jóvenes y al resto de la sociedad que los delitos no quedan impunes. Los hechos de los últimos días y otros similares ocurridos anteriormente demuestran que la legislación actual no cubre estas exigencias, por lo que debería ser revisada, incrementando la intensidad de las consecuencias jurídicas sobre el autor de delitos graves y en los casos de multirreincidencia.
Habría que reflexionar sobre la reducción de la edad mínima de responsabilidad de los catorce a los doce años, estableciendo medidas de reeducación adecuadas a sus circunstancias. También sería necesario aumentar las medidas de internamiento y plantear la posibilidad de cumplimiento en prisión cuando el autor alcance la mayoría de edad en determinadas circunstancias.
La otra cara de la moneda son los menores agredidos. Son víctimas más vulnerables debido a su limitada madurez y desarrollo evolutivo, por lo que tienen una mayor probabilidad de sufrir un intenso impacto emocional. En estos casos los poderes públicos deben realizar un especial esfuerzo para mitigar los efectos negativos del delito, garantizando la prestación de la debida asistencia psicológica, social y jurídica y prestando apoyo a sus familias.
ABC
