Educación CV deberá indemnizar a una menor que sufrió acoso en dos institutos de Almoradí (Alicante)
La Conselleria tendrá que pagar 3.987 euros a la familia de la niña al existir «responsabilidad patrimonial de la Administración educativa»
No dio a los incidentes la suficiente importancia
— La niña fue cambiada de instituto tras denunciar acoso psicológico y amenazas, pero la presión continuó en el nuevo centro
EFE, 20 AGO 2009 | ALICANTE (LA VERDAD)
La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años que vivió una situación de reiteradas amenazas y acoso psicológico en varios centros educativos. Las intimidaciones le causaron un estrés postraumático con el consiguiente daño moral.
Así lo propone un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que aprecia que, en este caso, existe responsabilidad patrimonial de la Administración educativa y unos daños que la menor no tiene el deber jurídico de soportar.
Los hechos se remontan al curso 2004-2005, cuando una alumna de un IES de Almoradí (Alicante) sufrió acoso escolar por parte de algunas compañeras. La madre de la menor expuso a la dirección del centro los incidentes, que se habían iniciado tres años antes y que habían empeorado hasta llegar a una situación «insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar».
Desde la jefatura de estudios y la dirección del centro se acordó hacer cambios de clase para el curso siguiente con el fin de que no coincidieran en el mismo grupo, pues a su juicio se trataba más de «posible rechazo» que de acoso.
Dicha situación llevó a que los padres solicitaran un cambio de centro, y trasladaron a su hija a otro IES para el curso 2005-2006.
A finales de 2005, la menor comunicó al director que tres alumnas y otra menor que no pertenecía al centro, le habían insultado y amenazado.
Se formuló una denuncia ante la Guardia Civil de las intimidaciones. El órgano consultivo de la Generalitat considera que la alumna sufrió amenazas por parte de determinadas alumnas en dos institutos.
Asimismo, el CJC opina que aunque los responsables de los centros educativos adoptaron medidas correctoras, «no se le dio a los incidentes la importancia que según los declarantes realmente tenían, pues en ningún momento se estimó existente un supuesto de posible acoso escolar».
Los reclamantes pedían una indemnización de 63.421 euros, si bien el CJC considera, basándose en un informe de la Comisión de valoración del daño corporal, que la indemnización por los daños debe ser de 2.432 euros, a lo que cabe sumar 1.555 en concepto de gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico.
El pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al Colegio Suizo de Madrid a indemnizar con 30.000 euros por daños morales al padre de un menor de 11 años que sufrió acoso por parte de varios compañeros.
LA VERDAD
LEVANTE-EMV, VALENCIA
La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años, residente en Alicante, que vivió una situación de repetidas amenazas y acoso psicológico en varios centros educativos. Así lo ha propuesto en un dictamen el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que aprecia que existe responsabilidad patrimonial por parte de la Administración educativa. Las repetidas agresiones causaron en la niña un estrés postraumático, con el consiguiente daño moral, considerado "imposible de de soportar juridícamente" por la niña.
La alumna sufrió acosos por parte de algunas compañeras durante tres años, iniciándose los mismos en el curso 2004-2005. Ante esa situación, su madre expuso a la dirección del centro el proceso, agudizado por momentos hasta llegar a una situación "insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar", según afirma la propia madre de la víctima.
Hechos infravalorados
El director del instituto decidió, en ese momento, separar a las agresoras de la niña agredida, considerando como única solución el cambio de grupo, al entender que se trataba más de un "posible rechazo" que de acoso. Dicha situación condujo a que los padres solicitaran un cambio de centro escolar, y trasladaran a su hija a otro IES para el curso 2005-2006, en el que también habría recibido insultos y amenazas por parte de distintas alumnas.
Tras tres denuncias a la Guardia Civil, por parte tanto de la familia como del centro, y la puesta en conocimiento del Inspector de Educación de Alicante, éste habló con el director del centro y le manifestó "que no había para tanto" y que "aquellas chicas eran buenas", según consta en el informe del CJC.
Por todo ello, dicho órgano consultivo de la Generalitat opina que los responsables de los centros educativos "no dieron suficiente importancia a los incidentes", puesto que, en ningún momento "se consideró que los hechos tenían la consideración de acoso escolar".
Pese a que los padres reclamaban una indemnización de 63.421 euros, el CJC considera, basándose en varios informes, que la indemnización por los daños debe ser de 3.900 euros.
Falta de control por parte de los centros
La familia de la menor que recibirá la indemnización de casi 4.000 euros denuncia que, en el segundo centro al que se trasladó la niña -tras no encontrar solución a las agresiones en el primero-, fue insultada repetidamente en los pasillos por tres alumnas, una de las cuales no pertenecía al IES en cuestión. Esa intervención, por parte de una menor ajena al centro evidencia, según el CJC y su informe relativo al caso, "una insuficiencia de control" en el acceso al recinto educativo, que agravaría más si cabe la situación de dejadez hacia los hechos sucedidos.
LV
La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años víctima de reiteradas amenazas y acoso psicológico en dos centros educativos que le causaron "estrés postraumático con el consiguiente daño moral". Son las conclusiones del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que ha emitido un dictamen en el que aprecia que existe responsabilidad patrimonial de la administración educativa por unos daños que la menor "no tiene el deber jurídico de soportar".
El acoso escolar por parte de compañeras de clase se remontaría a 2001, según la versión de la familia, que acudió en el curso 2004-2005 al director de uno de los dos Institutos de Educación Secundaria (IES) de Almoradí (Azud de Alfeitamí y Antonio Sequeros). Según expuso la madre, las agresiones se habían ido agudizando hasta llegar a una situación "insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar". El director habló entonces con el jefe de estudios, el tutor, los profesores y los padres de las alumnas implicadas, tras lo que propuso hacer cambios de clase para el curso siguiente con el fin de que no coincidieran en el mismo grupo, pues creyó que se trataba más de "posible rechazo" que de acoso.
El descontento con esa medida llevó a los padres a pedir un cambio de centro escolar para su hija, a la que trasladaron a otro IES. Lejos de solventarse el problema, en noviembre de 2005 la niña comunicó a su nuevo director que tres alumnas la habían insultado y amenazado por los pasillos, y en diciembre sufrió amenazas por parte de tres compañeras del centro y por otra que no pertenecía a él. En enero de 2006 sufrió nuevas amenazas, esta vez por parte de dos chicas, una alumna del centro y otra que no lo era. Por ello, además, el CJC llama la atención al IES por una "insuficiencia de control" de los accesos al recinto educativo.
Cada incidente fue denunciado ante la Guardia Civil. En la denuncia de noviembre, además, se expone que acudieron al Inspector de Educación de Alicante, pero que éste contestó "que había hablado con el director y, al parecer, no había para tanto, y que aquellas chicas eran buenas".
El CJC, órgano consultivo de la Generalitat, considera que la alumna sufrió amenazas por parte de otras alumnas en los dos institutos y opina que los responsables de los centros educativos adoptaron medidas correctoras, pero que "no se le dio a los incidentes la importancia que, según los declarantes, realmente tenían, pues en ningún momento se estimó existente un supuesto de posible acoso escolar". Por todo ello, cree que hubo una situación de reiteradas amenazas y acoso psicológico dentro del servicio educativo público que no fue advertida como tal por el profesorado ni por la administración educativa. Los daños sufridos por la niña "tuvieron origen en la convivencia escolar" y, aunque inicialmente se intentaron evitar los hechos, las medidas adoptadas no obtuvieron éxito.
Los padres pedían una indemnización considerablemente más alta (63.421 euros), pero el el CJC basa en un informe de la "comisión de valoración del daño corporal" que la indemnización debe ser de 2.432 euros, más 1.555 euros por "gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico".
DI
No dio a los incidentes la suficiente importancia
— La niña fue cambiada de instituto tras denunciar acoso psicológico y amenazas, pero la presión continuó en el nuevo centro
EFE, 20 AGO 2009 | ALICANTE (LA VERDAD)
La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años que vivió una situación de reiteradas amenazas y acoso psicológico en varios centros educativos. Las intimidaciones le causaron un estrés postraumático con el consiguiente daño moral.
Así lo propone un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que aprecia que, en este caso, existe responsabilidad patrimonial de la Administración educativa y unos daños que la menor no tiene el deber jurídico de soportar.
Los hechos se remontan al curso 2004-2005, cuando una alumna de un IES de Almoradí (Alicante) sufrió acoso escolar por parte de algunas compañeras. La madre de la menor expuso a la dirección del centro los incidentes, que se habían iniciado tres años antes y que habían empeorado hasta llegar a una situación «insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar».
Desde la jefatura de estudios y la dirección del centro se acordó hacer cambios de clase para el curso siguiente con el fin de que no coincidieran en el mismo grupo, pues a su juicio se trataba más de «posible rechazo» que de acoso.
Dicha situación llevó a que los padres solicitaran un cambio de centro, y trasladaron a su hija a otro IES para el curso 2005-2006.
A finales de 2005, la menor comunicó al director que tres alumnas y otra menor que no pertenecía al centro, le habían insultado y amenazado.
Se formuló una denuncia ante la Guardia Civil de las intimidaciones. El órgano consultivo de la Generalitat considera que la alumna sufrió amenazas por parte de determinadas alumnas en dos institutos.
Asimismo, el CJC opina que aunque los responsables de los centros educativos adoptaron medidas correctoras, «no se le dio a los incidentes la importancia que según los declarantes realmente tenían, pues en ningún momento se estimó existente un supuesto de posible acoso escolar».
Los reclamantes pedían una indemnización de 63.421 euros, si bien el CJC considera, basándose en un informe de la Comisión de valoración del daño corporal, que la indemnización por los daños debe ser de 2.432 euros, a lo que cabe sumar 1.555 en concepto de gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico.
El pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al Colegio Suizo de Madrid a indemnizar con 30.000 euros por daños morales al padre de un menor de 11 años que sufrió acoso por parte de varios compañeros.
LA VERDAD
Educación indemnizára con 4.000 euros a una niña por acoso escolar
El CJC considera que la conselleria no dio a los incidentes la suficiente importanciaLEVANTE-EMV, VALENCIA
La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años, residente en Alicante, que vivió una situación de repetidas amenazas y acoso psicológico en varios centros educativos. Así lo ha propuesto en un dictamen el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que aprecia que existe responsabilidad patrimonial por parte de la Administración educativa. Las repetidas agresiones causaron en la niña un estrés postraumático, con el consiguiente daño moral, considerado "imposible de de soportar juridícamente" por la niña.
La alumna sufrió acosos por parte de algunas compañeras durante tres años, iniciándose los mismos en el curso 2004-2005. Ante esa situación, su madre expuso a la dirección del centro el proceso, agudizado por momentos hasta llegar a una situación "insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar", según afirma la propia madre de la víctima.
Hechos infravalorados
El director del instituto decidió, en ese momento, separar a las agresoras de la niña agredida, considerando como única solución el cambio de grupo, al entender que se trataba más de un "posible rechazo" que de acoso. Dicha situación condujo a que los padres solicitaran un cambio de centro escolar, y trasladaran a su hija a otro IES para el curso 2005-2006, en el que también habría recibido insultos y amenazas por parte de distintas alumnas.
Tras tres denuncias a la Guardia Civil, por parte tanto de la familia como del centro, y la puesta en conocimiento del Inspector de Educación de Alicante, éste habló con el director del centro y le manifestó "que no había para tanto" y que "aquellas chicas eran buenas", según consta en el informe del CJC.
Por todo ello, dicho órgano consultivo de la Generalitat opina que los responsables de los centros educativos "no dieron suficiente importancia a los incidentes", puesto que, en ningún momento "se consideró que los hechos tenían la consideración de acoso escolar".
Pese a que los padres reclamaban una indemnización de 63.421 euros, el CJC considera, basándose en varios informes, que la indemnización por los daños debe ser de 3.900 euros.
Falta de control por parte de los centros
La familia de la menor que recibirá la indemnización de casi 4.000 euros denuncia que, en el segundo centro al que se trasladó la niña -tras no encontrar solución a las agresiones en el primero-, fue insultada repetidamente en los pasillos por tres alumnas, una de las cuales no pertenecía al IES en cuestión. Esa intervención, por parte de una menor ajena al centro evidencia, según el CJC y su informe relativo al caso, "una insuficiencia de control" en el acceso al recinto educativo, que agravaría más si cabe la situación de dejadez hacia los hechos sucedidos.
LV
Educación indemnizará a una niña de 13 años que sufrió acoso en dos institutos
El Consell Jurídic Consultiu fija la compensación en 3.987 euros y reconoce que ninguno de los directores dio suficiente importancia al maltrato y a las amenazas sufridas por la menor
E. G. B. / ALICANTE (DIARIO INFORMACIÓN)La Conselleria de Educación deberá indemnizar con 3.987 euros a los padres de una niña de 13 años víctima de reiteradas amenazas y acoso psicológico en dos centros educativos que le causaron "estrés postraumático con el consiguiente daño moral". Son las conclusiones del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que ha emitido un dictamen en el que aprecia que existe responsabilidad patrimonial de la administración educativa por unos daños que la menor "no tiene el deber jurídico de soportar".
El acoso escolar por parte de compañeras de clase se remontaría a 2001, según la versión de la familia, que acudió en el curso 2004-2005 al director de uno de los dos Institutos de Educación Secundaria (IES) de Almoradí (Azud de Alfeitamí y Antonio Sequeros). Según expuso la madre, las agresiones se habían ido agudizando hasta llegar a una situación "insoportable, por el continuo maltrato del que era objeto y que repercutía en su rendimiento escolar". El director habló entonces con el jefe de estudios, el tutor, los profesores y los padres de las alumnas implicadas, tras lo que propuso hacer cambios de clase para el curso siguiente con el fin de que no coincidieran en el mismo grupo, pues creyó que se trataba más de "posible rechazo" que de acoso.
El descontento con esa medida llevó a los padres a pedir un cambio de centro escolar para su hija, a la que trasladaron a otro IES. Lejos de solventarse el problema, en noviembre de 2005 la niña comunicó a su nuevo director que tres alumnas la habían insultado y amenazado por los pasillos, y en diciembre sufrió amenazas por parte de tres compañeras del centro y por otra que no pertenecía a él. En enero de 2006 sufrió nuevas amenazas, esta vez por parte de dos chicas, una alumna del centro y otra que no lo era. Por ello, además, el CJC llama la atención al IES por una "insuficiencia de control" de los accesos al recinto educativo.
Cada incidente fue denunciado ante la Guardia Civil. En la denuncia de noviembre, además, se expone que acudieron al Inspector de Educación de Alicante, pero que éste contestó "que había hablado con el director y, al parecer, no había para tanto, y que aquellas chicas eran buenas".
El CJC, órgano consultivo de la Generalitat, considera que la alumna sufrió amenazas por parte de otras alumnas en los dos institutos y opina que los responsables de los centros educativos adoptaron medidas correctoras, pero que "no se le dio a los incidentes la importancia que, según los declarantes, realmente tenían, pues en ningún momento se estimó existente un supuesto de posible acoso escolar". Por todo ello, cree que hubo una situación de reiteradas amenazas y acoso psicológico dentro del servicio educativo público que no fue advertida como tal por el profesorado ni por la administración educativa. Los daños sufridos por la niña "tuvieron origen en la convivencia escolar" y, aunque inicialmente se intentaron evitar los hechos, las medidas adoptadas no obtuvieron éxito.
Los padres pedían una indemnización considerablemente más alta (63.421 euros), pero el el CJC basa en un informe de la "comisión de valoración del daño corporal" que la indemnización debe ser de 2.432 euros, más 1.555 euros por "gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico".
DI
